El jueves 12 de Julio la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa impulsada por el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, el proyecto de Ley del Estatuto Laboral para jóvenes. Con 83 votos a favor, 53 en contra y 4 abstenciones, la normativa que se había presentado en abril por parte del Ejecutivo busca profundizar la precarización laboral en la juventud con la argumentación de incentivar el empleo para estudiantes que trabajan.
“Con este proyecto de ley sigue manteniendo el plan familiar de salud, sigue manteniendo todos los beneficios sociales relacionados con la educación, como la beca a la gratuidad, pero al mismo tiempo puede trabajar hasta 30 horas a la semana sin perder ningún beneficio. Pero los empleadores, además, deben ofrecer a los jóvenes jornadas flexibles de 30 horas, para que ellos puedan ir a clases y dar pruebas”, explicaba el ministro Monckeberg previo a la votación, con dicha lógica el gobierno de Piñera gestionaba la ofensiva contra la juventud vía una ley para regularizar a los estudiantes trabajadores, teniendo acuerdo generales en la cámara de diputados entre el oficialismo y sectores de la ex – Nueva Mayoría. Bajo esa promesa extiende la flexibilización laboral a ritmos extremos, anula las mínimas garantías acudiendo un nuevo tipo de contrato, trabajos rotativos y jornadas irregulares para los jóvenes entre 18 y 29 años.
¿Cuáles son los objetivos del Estatuto Laboral para Jóvenes?
- La Ley consta de 30 horas a la semana repartidas con un máximo de 10 horas diarias, en donde los empresarios tienen la facultad de interrumpir la jornada de trabajo arbitrariamente en varios turnos en un día, aumentando costo de traslados para los jóvenes, riesgos de accidentes, disminución calidad de vida y nula capacidad para compatibilizar estudios.
- El empresariado no tienen la obligación de compatibilizar la carga académica de los estudiantes con los horarios laborales, por lo tanto aumenta la capacidad de flexibilizar el empleo por parte de la empresa.
- Al cumplir los 29 años se da termino al contrato pudiendo la empresa despedir sin indemnización. En ese sentido aumenta el incentivo al despido y trabar la sindicalización.
- No hay regulación respecto al descanso dominical actual.
- No hay derechos por licencias medicas, ni se respeta el derecho a las mujeres embarazadas.
Según el propio ministerio del trabajo basado en el INE en febrero del 2018, los jóvenes desocupados son un 17,0%, mientras que el promedio del país es de un 6,4%, siguiendo la misma medición, los jóvenes con trabajo en su mayoría son informal con un porcentaje del 38,3% y un 27% son cuenta propia, por lo tanto precarizados. A partir de los propios índices que expone el gobierno es sin dudas un problema de magnitud social importante.
Las señalas enviadas por parte del Gobierno son bastante brutales, por un lado institucionalizando la precarización como mecanismo acorde a los intereses del capital a costa de la juventud, mientras que para todas y todos los trabajadores es un aleccionamiento al desproveer derechos con medidas contractuales, acudiendo de esa forma a una doctrina de remplazo fácil, abaratamiento de la mano de obra y disminución -aún más- de la sindicalización. La contraofensiva permanente contra la clase trabajadora aumenta su cualidad con leyes como el Estatuto Laboral para Jóvenes, en una guerra declarada hacía la juventud principalmente a las jóvenes mujeres, ya que del porcentaje de desocupados 6 de cada 10 son mujeres, cifra que acompaña el incentivo para el empresariado de anular derechos maternales. Aquella lógica es parte de una serie de reformas a nivel global que apuntan sus directrices a la flexibilización y precarización laboral a partir de las reformas laborales y de reformas provisionales, buscando el reimpulso económico de un capitalismo en crisis, es de esa forma que es esperable la acción directa que emprenden los gobiernos empresariales como el de Piñera.
Frente al actuar del gobierno sería esperable la acción de las organizaciones sindicales y políticas en desmantelar los planes de precarización, la CUT únicamente mediante declaraciones se opuso sin tomar medidas concretas de movilización. Por su parte en el parlamento, el Frente Amplio fue participe de la Comisión del Trabajo con dos diputadas, Gael Yeomans de Izquierda Libertaria y Maite Orsini de Revolución Democrática, ambas aplicaron indicaciones al proyecto sin tocar de fondo el texto que se llegó a votar el pasado 12 julio. Si bien el FA posteriormente votó positivamente en contra, esto no bastó para detener la Ley que aplicaba el gobierno con mayoría en el parlamento. Los limites del parlamentarismo y la nula oposición apoyada en la organización y movilización ante la actual avanzada con Contratos Basuras pone de manifiesto la necesidad de articular un debate de la Izquierda Anticapitalistas, tomando un rol central en pensar unitariamente una nueva referencias que se pueda plantear como alternativa ampliamente.
Por nuestra parte vemos la necesidad de aportar en dicho debate en un contexto de agudización de la precarización de las condiciones laborales a nivel global, partiendo por oponerse firmemente al Estatuto Laboral Joven y proponer contra el desempleo la reducción y repartición de horas de trabajo sin disminución de sueldos, prohibir los despidos y como medidas de urgencia para la juventud en nuestro país, la eliminación de la deuda del CAE y la educación gratuita universal. Ante la ofensiva del capital la organización y movilización social es fundamental para desmantelar los planes de precarización, esa es nuestra propuesta desde el Movimiento Anticapitalista.
Joaquín Araneda