Por Carlos Carcione
El acuerdo con el FMI, cuya medida de anular los subsidios a los combustibles llevó al estallido de octubre, se empezó a construir en marzo pasado, pero tiene una continuidad que es necesario analizar.
La Carta Intención enviada a Cristine Lagarde el 1º de marzo de 2019[1] era un intento de reestablecer la relación con el Fondo como prestamista de última instancia, después de que el país saliera del mismo en 2009 y de que en 2014 Correa hubiera empezado el camino de retorno a los organismos financieros internacionales.
Luego de más de cinco años de estancamiento económico, la perspectiva inmediata de una recesión y la presión de los capitalistas locales y globales que se convirtieron en su principal apoyo político llevaron a Lenín Moreno a buscar el respaldo del FMI y a la aplicación de sus planes, profundizando un rumbo que había empezado ya en los últimos años del gobierno de la “Revolución Ciudadana”.
Ecuador tiene una economía sin capacidad soberana por haber renunciado a su propia moneda atando su destino al dólar. Se quedó así sin herramientas para maniobrar frente a los impactos de la crisis capitalista global[2]. La dolarización anunciada públicamente en enero de 2000 y el cierre del ciclo de precios extraordinarios del petróleo y de las materias primas llevaron al estancamiento económico que suplantó al crecimiento relativo del quinquenio anterior.
En este contexto, la alternativa era definir quién pagaría los efectos de la crisis en el país. Como ya lo había hecho el gobierno de Correa, el de Moreno definió que los costos los pagaran los trabajadores, los campesinos-indígenas y otros sectores populares. El acuerdo con el FMI de 2019 incluye eliminar los subsidios al combustible, pero esa no es la única contrarreforma que se propone Moreno. El acuerdo con el Fondo, que no fue repudiado por el gobierno, a pesar de haber retirado el Decreto 883 como concesión a la rebelión de octubre, es una de las claves fundamentales que dio origen a ese estallido.
Promesas y realidad de la “Revolución Ciudadana”
Correa llega al gobierno con propuestas adaptadas a la convulsiva realidad del país y del continente en el contexto de la última década del Siglo XX y la primera del XXI[3]. Incluye la denuncia de la ilegitimidad de la deuda externa, el rechazo a la sumisión del país al FMI, el freno a las privatizaciones y hasta la eliminación de la flexibilización laboral, que adquirió carácter constitucional en la Constituyente de Montecristi en 2008.
Y aunque en ningún momento se propuso rescatar la soberanía monetaria anulando la dolarización y recuperando la moneda nacional, su iniciativa de auditar la deuda pública generó expectativas que pronto fueron defraudadas. El ejemplo de esta auditoría es quizás uno de los más emblemáticos de la distancia entre las promesas y la realidad del gobierno de Correa. La comisión encargada de realizarla demostró que la deuda ecuatoriana era en su absoluta mayoría ilegítima e ilegal y por lo tanto repudiable. No obstante el gobierno decidió recomprarla[4], justificando así la estafa que había sido probada.
La evolución de la “modernización” del capitalismo ecuatoriano iniciada por Rafael Correa va desde ratificar el modelo extractivista petrolero y minero a rechazar la reforma agraria, reiniciar las privatizaciones de campos petroleros maduros, entre muchas otras medidas que estaban prohibidas o resguardadas por la Constitución de Montecristi y que el propio Correa había definido como traición a la patria en 2005. Por otra parte, en contra de fortalecer el sistema público de salud y hacerlo universal, el Estado, principal empleador del país, contrata seguros con clínicas y hospitales privados, debilitando la salud pública y facilitando una desigualdad creciente en este derecho básico. El rumbo se profundiza hacia mediados del tercer mandato de Correa cuando, en función del inicio de la caída de los precios del petróleo en 2014, lleva al país de vuelta al FMI como condición de los prestamistas privados internacionales para darle nuevos créditos[5].
Con la justificación de la caída de los precios petroleros también comenzó una política de ajuste fiscal complementaria del creciente endeudamiento. Así se eliminó de hecho la protección de los derechos laborales justificando, por ejemplo, la reducción salarial en función de la reducción de la jornada, medida funcional a las empresas privadas; reducción drástica de los aumentos del salario mínimo o eliminación del derecho de cesantía con la excusa de implantar un seguro de desempleo. De igual manera actúa contra el pueblo que vive de su salario el aumento del IVA para reducir el déficit fiscal y garantizar el cumplimiento del pago del nuevo endeudamiento.
Entre tanto se desarrollaba este ajuste que rebajaba el nivel de vida de los ecuatorianos, la banca y las grandes empresas obtenían ganancias multimillonarias. Por ejemplo, entre 2015 y 2018, las 30 principales empresas registraron utilidades por 4.900[6] millones de dólares y el sistema financiero obtuvo en esos años casi 1.800 millones de dólares de ganancias. Este es el legado económico de Correa: estancamiento, creciente deuda externa , caída del nivel de vida de los trabajadores y los sectores populares, ganancias exorbitantes para los grupos capitalistas más concentrados.
Pero hay otra herencia que deja el período de Correa y se profundiza en el actual gobierno: la evolución represiva y de persecución a los sectores sociales que se oponían a esos cambios regresivos impulsados desde la “Revolución Ciudadana” y la limitación de derechos democráticos. Este cambio llevó a una ruptura abierta de Correa con la CONAIE y otros movimientos y sectores sociales. Estas prácticas reaccionarias junto con el deterioro económico y del nivel de vida popular explican la imposibilidad de ganar en primera vuelta y el mínimo margen con que el partido de Correa logra elegir a Lenín Moreno en la segunda. Lo mismo que la derrota en la consulta popular y referéndum de 2018, en donde Correa hizo campaña apoyando la opción No contra la posición de Moreno.
La “traición” de Lenín Moreno
El pobre resultado electoral con el que obtuvo la presidencia hizo del de Lenín Moreno un gobierno débil de origen. Con una economía estancada, obligado a hacer ajustes para reimpulsarla en función de la presión de los grandes sectores capitalistas, con la presión política de Correa que era una sombra muy fuerte para él, Moreno dio un giro: buscó el respaldo de políticos de derecha como Abdala Bucaram y Nebot, y organizó, aprovechando el desgaste de su mentor, un referéndum cuyo objetivo era evitar la posibilidad de que Correa volviera al gobierno. Encarceló a su propio vice, Jorge Glas, más leal a Correa, e inició una persecución judicial hacia el ex presidente obligándolo al exilio.
En este contexto, Moreno lleva al extremo los dos legados del correísmo: el ajuste económico -ahora de la mano del FMI y EE.UU.- y el manejo reaccionario del Estado, como vimos en la despiadada represión en octubre durante el alzamiento y con la persecución a dirigentes del correísmo primero y luego a dirigentes y activistas de la CONAIE.
Paquetazo y rebelión
El objetivo del gobierno de Moreno es entrar de la mano del FMI a la posibilidad de obtener otros créditos de distintos organismos internacionales y regionales, con la promesa de que una vez recibidos y producidos los brutales ajustes que estos requieren, la economía volvería a crecer. Pero como muestra Alberto Acosta, ex ministro del primer período de Correa que rompió con él en 2009, los préstamos que estaría buscando el actual presidente no tienen claros objetivos. Acosta dice: “En efecto, Lenín Moreno anunció que el acuerdo con el FMI abriría la puerta de nuevos créditos por 6.700 millones de dólares del Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo de Reservas Latinoamericano (FLAR). De esos recursos, 4.600 millones se desembolsarían en 2019, 3.150 millones 2020 y 2.500 millones en 2021. Del monto total por recibir, que llegaría a unos 10.200 millones de dólares, 3.500 millones serían para proyectos (todavía no especificados) mientras que 6.700 millones serían de libre disponibilidad. Ni las condiciones ni las características de dichos créditos aún han sido difundidas en detalle”. [7]
Lo que sí se sabe es en qué consiste el ajuste que pide el FMI para que Ecuador logre el equilibrio fiscal para abrir la puerta a esos créditos. Se trata del típico plan de ajuste y entrega, en donde la eliminación de los subsidios a los combustibles es apenas una de las medidas. Algunas otras son: reducción de salarios y profundización de la flexibilización laboral, aumento de los impuestos más regresivos como el IVA, privatización de campos petroleros, hidroeléctricas, más de 20 empresas distribuidoras de energía eléctrica, refinerías y el Banco del Pacífico. Todo esto además de la consabida “austeridad”, que reduce a su mínima expresión la inversión pública por ejemplo amenazando el suministro de medicamentos.
Como puede verse, es un plan de ajuste integral, de captura de patrimonio público, saqueo y ampliación del extractivismo, de ataques al nivel de vida de la población y profundización de la desigualdad social, de desmantelamiento de las políticas sociales que se mantenían de la primera época del correísmo.
Derrotado el Decreto 883, movilizar y organizarnos para derrotar el ajuste y el modelo
El retroceso del gobierno de Lenín Moreno en la implementación del Decreto 833 que habilitaba eliminar los subsidios al combustible, para reemplazarlo por otro acordado con la CONAIE, no cierra el período de movilización y lucha del pueblo ecuatoriano. Por el contrario, plantea la posibilidad de que todo el plan de ajuste sea enfrentado.
En nuestra opinión, el triunfo obtenido es relativo, si se quiere contradictorio, porque -como quedó demostrado en las jornadas de lucha de octubre- había fuerza y condiciones suficientes para voltear todo el plan de ajuste, al propio gobierno e imponer un nuevo proceso constituyente que rediseñara a favor de los trabajadores, campesinos e indigenas el conjunto del país. Aun así, el retroceso del decreto y el posterior retiro de la CONAIE de la mesa de negociaciones con el gobierno no puede ser leído más que como un triunfo del movimiento de masas. Todo esto a pesar de que la dirección del proceso una vez más defeccionó.
Los indígenas, los campesinos e incluso los trabajadores que participaron de la rebelión salen fortalecidos. Esa fuerza puede crecer y desarrollarse si al calor del balance de lo sucedido y la movilización emergen nuevos dirigentes antiburocráticos que disputen la dirección en la CONAIE y la democraticen, que se planteen refundar todas las organizaciones sindicales y sociales para que dejen de ser apéndices del poder de turno y vuelvan a representar los intereses de los trabajadores y el pueblo de Ecuador.
La tarea que sigue planteada es la derrota del acuerdo global con el FMI, pero hay que ir por más. Hay que recuperar los recursos naturales, hoy en manos de las multinacionales que se enriquecen empobreciendo al pueblo y destruyendo la naturaleza. Terminar con una casta política que se disputa el control del Estado, pero lo hace al servicio de sus propios intereses. Hablamos de una planificación económica soberana, desconociendo la deuda externa y rompiendo la atadura con el dólar, profundamente conectada con el continente, para avanzar a partir de la integración solidaria a un nuevo esquema en América. Y todo en la perspectiva de terminar con el sistema capitalista dependiente y avanzar hacia un modelo diferente, anticapitalista y socialista, un modelo que Correa nunca buscó construir y que Lenín Moreno vino a clausurar como posibilidad.
Para
esto, no se puede confiar en quienes tuvieron la oportunidad y la
desperdiciaron durante más de una década abriendo el
camino de la llegada al poder de derechistas y “traidores”.
Lo que necesitamos es construir, al impulso de la movilización popular, una
nueva organización socialista y revolucionaria capaz de organizar la enorme
fuerza que tiene el pueblo ecuatoriano y prepararnos para las batallas que se
vienen en Ecuador y en todo el continente. En ese camino estamos desde la LIS.
[1] https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/03/LOI-MEFP-Espa%C3%B1ol.pdf
[2] Uno de estos impactos fue la abrupta caída de los precios del petróleo.
[3] Ver recuadro La rebelión de 2019…
[4] Una vez suspendidos los pagos a la espera de la investigación de la Comisión, Correa recompró la deuda a valores similares a los que renegoció el gobierno de Néstor Kirchner en Argentina.
[5] Préstamos a altísimas tasas de interés y de muy corto plazo de vencimiento.
[6] Cantidad superior a la que Moreno le está pidiendo al FMI.
[7] Acosta, Alberto; Del estancamiento al abismo fondomonetarista, en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=258219
La rebelión de 2019 reanuda el hilo histórico de lucha popular
La rebelión indígena, campesina y popular que se desarrolló en la primera quincena de octubre será recordada como el levantamiento que terminó de consolidar el reingreso de los procesos mundiales de lucha a Sudamérica.
En Ecuador el movimiento popular, indígena, campesino, estudiantil y de trabajadores fue protagonista de un largo periodo de sublevaciones que terminaron anticipadamente con tres presidentes, impulsó rebeliones en donde la CONAIE fue una de las principales referentes, entre diversos movimientos sociales que encabezaron esas luchas. A través del partido indígena Pachakutik participó de elecciones, llegó al viejo parlamento, montado en el proceso de ascenso integró un triunvirato de gobierno que fue derrocado y participó con ministros en otros gobiernos. Este proceso se desarrolla desde 1990 hasta ya entrado el siglo XXI, con la llegada al gobierno de la Revolución Ciudadana, expresión local de la ola bolivariana que recorrió el continente durante la primera década de este siglo.
Un breve repaso de estas luchas muestra una enorme acumulación de experiencia y, aunque durante un período fue adormecida, reaparece en el proceso de 2019, reanudándose el ascenso de las luchas populares. Lo hace partiendo de sus fortalezas y debilidades: con una dirección como la de la CONAIE y otras direcciones de los movimientos sociales que repiten sus prácticas de conciliación vacilante y acuerdista, y con un movimiento de masas que ratifica su potencia, valentía y decisión para luchar y que en varias oportunidades produjo el reemplazo de direcciones durante los mismos procesos de lucha.
De la toma de la Catedral a la rebelión de los forajidos
La primera gran rebelión indígena y campesina del Ecuador moderno se desarrolla en mayo de 1990, cuando un grupo de indígenas toman la Catedral de Quito reclamando el derecho a la tierra. Afuera la CONAIE, fundada en 1986, convoca a una movilización general con cortes de rutas y marchas hasta que el presidente Rodrigo Borja llama a una mesa de negociación para tratar las demandas. Aunque las demandas quedaron a mitad de camino, se había realizado la primera gran prueba de fuerza que abrió paso a más de una década de luchas, levantamientos populares y caídas de gobiernos.
Los otros grandes movimientos, en el umbral del siglo XXI, fueron contra las políticas del FMI que impulsaron los presidentes Abdala Bucaram, Jalil Mahuad y Lucio Gutiérrez.
Bucaram logra ser electo presidente en 1996, en la tercera oportunidad que presenta su candidatura. Gana la elección rechazando a la oligarquía local, con un discurso contra los políticos tradicionales y un sistema político desprestigiado. Pero en cuanto asume, enmascarando sus medidas de sumisión al FMI con la puesta en marcha de un plan de viviendas populares, lanza un plan de privatizaciones y eleva los precios del gas y los combustibles eliminando los subsidios al consumo de la población. Al mismo tiempo busca y recibe asesoramiento de Domingo Cavallo, el ex ministro de Economía argentino, para implementar un sistema similar a la convertibilidad del peso, que fracasa. La revuelta estalla a seis meses de su asunción, obligándolo a renunciar. Al levantamiento se suman los indígenas, pero es en esencia una revuelta urbana, de estudiantes y trabajadores. Este levantamiento es capitalizado por los partidos tradicionales.
Similar es el caso de Mahuad, electo en 1998. En enero de 2000, luego de haber implementado, por un acuerdo con el FMI, la dolarización de la economía ecuatoriana, intenta de nuevo aplicar un plan de ajuste y eliminar los subsidios a los combustibles. Esto termina desatando una sublevación popular de la que participan los indígenas y campesinos desde el inicio, junto a un sector de las fuerzas armadas con un discurso nacionalista encabezado por el coronel Lucio Gutiérrez.
Para conducir dicho proceso se conforma un triunvirato que integra el partido indígena Pachakutik. Al poco tiempo éste se aleja desarmando el triunvirato, ya que Gutiérrez no cumple sus compromisos con los indígenas. Gutiérrez es separado del cargo por acusaciones de corrupción pero vuelve al gobierno dos años después, esta vez para aplicar los planes del FMI. Una potente rebelión popular conocida como la “Revolución de los Forajidos” obliga a la salida del gobierno. El movimiento indígena, que no lo apoya políticamente, tampoco participa de esta rebelión.
La relativa estabilidad conseguida durante los gobiernos de Rafael Correa contó en un primer momento con la cooperación de los movimientos sociales. Sin embargo, el movimiento indígena tuvo varios enfrentamientos con ese gobierno a partir del proyecto de ley de aguas, que la CONAIE denunció como privatista. Las organizaciones tradicionales del movimiento obrero fueron perdiendo fuerza, algunos sectores fueron cooptados, mientras que otros, como los sindicatos de educadores, fueron divididos y debilitados por la política de Correa. Los relativos avances sociales durante la Revolución Ciudadana y la cooptación por parte del Estado de sectores de los movimientos sociales o la persecución de otros derivaron en la aparición de capas privilegiadas en el movimiento sindical y de sectores populares, que limitaron y debilitaron el proceso de organización y lucha.
La CONAIE, enfrentada a Correa, apoyó desde el inicio del gobierno de Lenín Moreno. Pero ese apoyo se fue diluyendo, hasta que se produjo el estallido por la eliminación del subsidio al combustible. Más allá de las vacilaciones de su dirección, el recule del Decreto 883 abre un nueva etapa donde el movimiento de masas recupera su tradición de lucha social y política, y plantea nuevas oportunidades para renovar las direcciones sindicales, de los movimientos sociales y, sobre todo, es más favorable para la construcción de una organización política revolucionaria anticapitalista y socialista.
Represión brutal y persecución a opositores
La represión y el autoritarismo del gobierno de Lenin Moreno durante las movilizaciones de octubre dejaron un alto costo: más de 20 muertos según distintas fuentes, 1.340 heridos y 1.152 detenidos, todos acusados de terrorismo. Se persiguió a los profesionales de la salud y se atacó a los hospitales públicos y maternidades. Como vemos, la represión que se ejerció fue brutal y si hay algún terrorismo es el terrorismo de Estado que hace uso desmedido de su fuerza.
Luego de las jornadas de octubre continuó la persecución a dirigentes de la revuelta y también se aprovechó selectivamente para atacar a algunos dirigentes del correísmo, como la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, la ex presidenta de la Asamblea Nacional Gabriela Rivadeneira y el ex asambleísta Virgilio Hernández, que se suma a la ya larga detención del ex vicepresidente Jorge Glas.
Desde la LIS exigimos el cese del ataque al pueblo ecuatoriano y que una comisión independiente investigue los asesinatos y detenciones.
Asimismo, y a pesar de las diferencias que hemos expresado más de una vez con el correísmo, también exigimos se termine la persecución a todos los opositores. No le reconocemos al ilegitimo gobierno de Lenin Moreno ni a ninguna de sus instituciones autoridad alguna para juzgar a nadie. Solo las autoorganzaciones populares serán capaces de determinar qué responsabilidad deberán asumir los diferentes actores en la política ecuatoriana en el desarrollo de la crisis.
Mientras tanto, sumamos nuestro reclamo por la libertad de todos los presos políticos en Ecuador y el cese de la persecución a opositores y luchadores.