La segunda oleada no es sólo atribuible al virus. La UE y los gobiernos también son responsables de la repetición del desastre sanitario y social.
El gobierno PSOE-UP ha decretado un nuevo estado de alarma en el Estado español, al considerar las incidencias de la pandemia en un nivel de muy alto riesgo. El decreto tiene uan vigencia de 15 días, pero plantea que la medida regirá hasta el 9 de mayo de 2021, su ampliación dependerá de la aprobación del Congreso. Las principales medidas ya en vigor son: la aplicación del toque de queda nocturno de 23.00 a las 06.00 horas, la limitación de reuniones, públicas o privadas, a seis personas y la posibilidad de limitar, condicionar o prohibir manifestaciones “cuando en la previa comunicación presentada por los promotores no quede garantizada la distancia personal necesaria para impedir los contagios”. Las excepciones de movilidad se permitirán para ir a trabajar, comprar medicamentos, bienes de primera necesidad y otras acciones especificadas, los bares, restaurantes y locales se ocio nocturno seguirán cerrados. Las autonomías podrán confinar parcial o totalmente el territorio y limitar tanto la entrada como la salida de él. Sí las medidas no funcionan, el próximo paso puede ser el confinamiento total, es decir, domiciliario.
Una gran parte de los gobiernos autonómicos presionaron para que se adoptaran estas medidas y las están ejecutando. En general, las consideran “proporcionadas a la extrema gravedad de la situación” y afirman que “no suponen la suspensión de ningún derecho fundamental”. España se encuentra nuevamente ante una grave situación sanitaria, entre las peores de Europa, al límite del colapso de los hospitales, con un número de contagios en aumento que ya ha superado el millón de personas y centenares de fallecimientos diarios. Sí el peligro de llegar a esta situación ya se había anunciado expresamente, entonces ¿Por qué se ha producido? Se debe a que advirtieron sobre los riesgos, pero no actuaron en consecuencia. Desde ya, rechazamos que nuevamente se estén cargando las tintas sobre la responsabilidad individual de las personas, fundamentalmente sobre lxs trabajadorxs, lxs inmigrantes y lxs jóvenes. Por supuesto que el cuidado individual es importante, pero lo central es la responsabilidad de las gestiones de gobierno.
Cuando comenzaron a sentirse las consecuencias de la expansión del virus por el mundo, las autoridades dijeron que no tenían experiencia “por tratarse de algo nuevo para todos”. Con falsas excusas intentaron justificar las medidas insuficientes, injustas y autoritarias que adoptaron durante la primera oleada, que ahora se repiten en la segunda, agravadas por acción u omisión en el lapso de tiempo transcurrido entre una y otra.
Se apresuraron en decretar el inicio de una falsa “nueva normalidad” para sostener la obligatoriedad de asistir al trabajo, recuperar las ganancias empresariales y recibir turistas. La cantidad de rastreadores de contacto en actividad fue irrisoria comparada con los necesarios para controlar la epidemia, la realización de test PCR fue irregular y estuvo muy lejos de alcanzar el nivel necesario para ser determinante. Tampoco se hizo una inversión cualitativa en hospitales ni CAPs, a pesar de que se demostró indispensable por la falta de insumos, instalaciones e infraestructura. No se atendieron los reclamos del personal sanitario en cuanto a la precariedad y las injusticias laborales que enfrentaron en la primera línea, ni se revirtieron los recortes ni las privatizaciones realizados por los gobiernos durante décadas.
La situación del empleo y la precariedad empeoró, al igual que las condiciones de vida de los más vulnerables, de lxs trabajadorxs, los jóvenes, las mujeres, lxs inmigrantes, lxs pensionistas y todo el pueblo. Lo que hay es más paro, más desigualdad social, más pobreza e incertidumbre. La responsabilidad principal es del gobierno de “coalición progresista” PSOE-UP, cuyos funcionarios afirman que “lo fundamental es tomar medidas sanitarias afectando lo menos posible a la economía”, es decir, las ganancias empresariales que siguieron priorizando por encima de la vida entre la primera y la segunda oleada.
Tampoco pueden eludir sus responsabilidades los gobiernos autonómicos, entre ellos, el ejecutivo catalán, que en este caso actuó para justificar el estado de alarma en España. Por eso, coincidimos con la CUP cuando señala que “El Gobierno está supliendo la falta de recursos públicos para hacer frente a la Covid-19 con limitaciones de derechos fundamentales y responsabilizando la población” y apoyamos tanto las medidas que propone como la convocatoria a movilizar.
Cabe señalar que la UE volvió a actuar tan desastrosamente como en la primera oleada, dejando a cada país librado a su suerte y por vía libre frente al virus. Las acciones no se tomaron de conjunto, son insuficientes y hasta contradictorias de estado a estado. En el continente más rico de la tierra los recortes en salud pública, la falta de inversiones y el avance de las privatizaciones han provocado un desastre social. El capitalismo y sus defensores nos llevan sistemáticamente hacia el desastre.
Por estos motivos, insistimos en proponer las medidas sanitarias y sociales que ya hemos puesto en consideración desde la Liga Internacional Socialista por un sistema de único de salud, público, universal y gratuito, a la vez de señalar que no hay pandemia que implique recortar derechos sociales y profundizar el autoritarismo, sino más bien, todo lo contrario: es en momentos la crisis donde más hay que apelar a la población y poner todos los recursos públicos al servicio de atender las necesidades de las grandes mayorías. No dejemos que normalicen el desastre sanitario, las desigualdades sociales, el autoritarismo e impongan el miedo y la resignación. La movilización y la organización marcan el camino para que no seamos lxs trabajadorxs y los pueblos los que paguemos los costos de la crisis, ni con nuestras vidas, ni con hambre miseria y desempleo.