Reproducimos este artículo de Justin Akers Chacón, militante de la Organización Socialista Internacinoal (ISO) de Estados Unidos, autor de Radicals in the barrio (radicales en el barrio) y co-autor con Mike Davis de No One is Illegal (Nadie es ilegal), en el que analiza en profundidad la perturbadora historia y práctica de una agencia gubernamental a la que cada vez más personas abolir.
En todo el país, viene aumentando la oposición a la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) catalizada por la »política de cero tolerancia» del gobierno de Trump de separar por la fuerza a familias y detener niños en la frontera con México, manteniéndolos en los centros de detención de ICE.
Cientos de miles de personas protestaron el pasado 30 de junio en distintas ciudades. Entre ellas, Portland, San Diego, Detroit, Los Angeles, San Francisco, Columbia, McAllen, Atlanta, Nueva York y Washinton D.C., donde los manifestantes ocuparon temporalmente o bloquearon las entradas y salidas estratégicas de los centros de detención de ICE con el objetivo de interrumpir efectivamente sus operaciones.
En el terreno electoral, la sorpresiva victoria en las elecciones primarias, de Alexandria Ocasio-Cortez en el distrito 14 de Nueva York sacudió al establishment del Partido Demócrata y realzó el creciente número de demócratas de izquierda, que, como Ocasio-Cortez, piden la abolición de ICE.
Cyntia Nixon, candidata a gobernadora del Partido Demócrata en Nueva York, llegó al extremo de llamar a ICE »una organización terrorista».
La profundidad y amplitud de la indignación por el brutal tratamiento de las familias migrantes y refugiados por parte de ICE se ha extendido incluso a la propia agencia.
Por lo menos 19 investigadores de ICE involucrados en las áreas de tráfico humano y crimen internacional, han pedido públicamente la reorganización del DHS (Departamento de Seguridad Nacional, al cual ICE pertenece) para efectivamente traspasar a una entidad separada a aquellas subdivisiones a cargo de la aplicación de la ley de inmigración. Ellos afirman que los abusos -y la resultante reacción pública negativa- de las operaciones doméesticas de ICE están dificultando su trabajo.
Respondiendo a esta ola de oposición, los diputados demócratas Mark Pocan, Pramila Jayapal y Adriano Espaillat introdujeron un proyecto de ley de Sistema Humanitario de Aplicación de la Inmigración, la semana pasada.»El presidente Trump ha abusado tanto de ICE», explicó Pocan, «que la agencia ya no puede cumplir sus objetivos de manera efectiva«.
¿Es posible abolir a ICE? Si es así, ¿qué se necesitará para lograrlo? Para responder a esas preguntas, se necesita una comprensión de la historia y la función de la agencia, una que sea más profunda que los abusos actuales de Trump.
ICE fue fundada sobre la base de un consenso político bipartidista para incrementar la vigilancia policial de los inmigrantes en un período de una incrementada competencia económica mundial, y una mayor desigualdad y volatibilidad social en el país.
En su relativamente corta existencia, ICE se ha convertido en una rama muscular del aparato represivo. Se ha desarrollado junto a la militarización de las fronteras y el aumento de la violencia policial en los barrios.
El fenómeno de la intensificación de la policía nacional ha estimulado aun más el aumento de la expansión militar a nivel internacional, ha aumentado la explotación de la mano de obra inmigrante a través de su criminalización y ha creado nuevos mercados de acumulación mediante la privatización del encarcelamiento y otras funciones represivas del Estado.
En manos de Trump, ICE también ha sido más abiertamente revelado como un instrumento al servicio del nacionalismo blanco.
Para que un movimiento por la abolición de ICE tenga éxito, tendrá que desenmascarar y enfrentar las raíces económicas de la represión hacia los inmigrantes como una función del capitalismo en EEUU y las resultantes políticas nacionales e internacionales.
Reorientando la »Guerra contra el Terror» hacia adentro – contra inmigrantes
Después del 11 de septiembre (de 2001), los sucesivos gobiernos llevaron a cabo -en acuerdo con ambos partidos (el republicano y el demócrata)- una acumulación militar masiva y una proyección agresiva del poder de Estados Unidos en todo el mundo, gastando unos asombrosos 5,6 billones de dólares en la conducción de guerras en varios continentes. Al mismo tiempo, ha habido una militarización de las fuerzas de seguridad internas, reposicionándolas como si estuviesen en pie de guerra también.
A finales de 2002, el gobierno de Bush llevó a cabo una rápida reorganización de las agencias federales de seguridad. El nuevo y escalofriante nombre del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) integró 22 agencias federales diferentes y un cuarto de millón de personal, incluyendo ICE y la Patrulla Fronteriza, bajo una única cadena de mando directa.
La misión declarada de ICE prioriza la lucha contra el terrorismo, la inmigración y el control fronterizo, la regulación aduanera, la ciber-seguridad y la prevención y gestión de siniestros. Operativamente, la agencia rápidamente se despojó de cualquier pretexto de ser la fuerza de primera línea que defiende la seguridad nacional contra las amenazas internas. En cambio, surgió como un instrumento abierto de represión contra los trabajadores inmigrantes.
Esta contradicción entre su misión y su función verdadera, llevó a los investigadores del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de Syracuse University, uno de los centros de recopilación de datos sobre inmigración más importantes del país, a concluir en 2007:
A pesar de la reiterada declaración del DHS de que detener el terrorismo y prevenir el delito grave son sus principales misiones, el registro muestra que desde que se estableció el DHS después del 11 de septiembre de 2001, la mayor parte del trabajo real registrado de la agencia en los Tribunales de Inmigración fue enfocado en asuntos de inmigración tradicionales.
En lugar de cumplir su propósito declarado, las redadas dirigidas por ICE, la detención sistemática y la práctica institucionalizada de deportación selectiva y continua, están diseñadas para infundir miedo en la comunidad inmigrante de acuerdo con la estrategia derechista de «desgaste a través de la aplicación de la ley».
La teoría detrás de esta doctrina, articulada primero por una consultora del nacionalismo blanco y defendida por el ideólogo anti-inmigrante Kris Kobach, es que se alentará a las personas indocumentadas a «auto-deportarse» si sus vidas se vuelven lo suficientemente miserables a través de medidas opresivas, castigos selectivos y al ser mantenidas en un estado de temor constante de captura, detención y deportación.
Ambos partidos han seguido inyectando miles de millones de dólares adicionales en la «aplicación de la ley» de inmigración, enmarcándola en la misma retórica de la «guerra contra el terrorismo» como un medio para proteger la seguridad nacional.
Entre 2003 y 2016, el presupuesto de ICE casi se duplicó de $ 3,3 mil millones a $ 6,1 mil millones bajo Bush y Obama, y ha aumentado nuevamente bajo Trump: a $ 7,3 mil millones en 2018 y una propuesta de $ 8,3 mil millones en 2019.
En 2013, el gobierno de Estados Unidos ya estaba gastando más en las fuerzas de seguridad federales de inmigración que en el FBI, la DEA, el Servicio Secreto y todas las demás agencias federales de seguridad combinadas.
ICE también se ha internacionalizado, trabajando junto con otras agencias federales en más de 70 países de todo el mundo para hacer cumplir la «prohibición de viajar» anti-musulmana, vigilar e investigar a las personas que ingresan a los Estados Unidos, y participar en operaciones de la ley antidrogas.
Con este aumento de fondos, ha llegado la rápida extensión de las operaciones de ICE en todo el interior del país, la expansión de las instalaciones de detención y el aumento de las deportaciones. ICE actualmente opera en 24 «oficinas de campo» regionales con más de 20,000 agentes, oficiales, investigadores y otros puestos de apoyo en campo, un complejo en expansión con mínima supervición.
Como característica de su rápida encarnación, carácter encubierto y falta de supervición y escrutinio, la agencia opera cada vez más con una cultura de impunidad; abriendo la puerta a una corrupción desenfrenada. Como señaló un informe del Guardian en 2015: «Los sistemas para monitorear la gran red de directores de campo, oficiales de detención y oficiales de arresto [de ICE] bajo su alcance, o no existen o están plagados con la misma corrupción que pretenden evitar«.
Del trabajo a la comunidad: el Reino del Terror de ICE
Los trabajadores inmigrantes comprenden alrededor del 17% de la fuerza laboral de los Estados Unidos y los trabajadores de México y América Central representan aproximadamente la mitad de esa población total.
Este sector de la fuerza de trabajo está desproporcionadamente concentrada en puestos de trabajo manuales de bajo salario, cobrando aproximadamente un 15% menos que los trabajadores nativos por el mismo trabajo, y distribuidos por toda la economía y el país. Esta parte de la clase obrera de los Estados Unidos también ha sido una fuente vital para el crecimiento y la revitalización sindical desde los años ochenta.
En 2006, al menos 3 millones de trabajadores inmigrantes, sus familias y personas en apoyo, salieron a las calles para protestar contra la aprobación en la Cámara de Representantes del proyecto de ley Sensenbrenner-King (HR4437), que hubiera convertido en delito grave el ser indocumentado dentro de los límites territoriales de los Estados Unidos.
Cientos de miles se declararon en huelga o se ausentaron del trabajo, abandonaron la escuela, se negaron a gastar dinero y participaron en otras actividades bajo el lema «un día sin inmigrantes» para demostrar su importancia social y económica. Como resultado, el proyecto de ley fue derrotado en el Senado.
Ante una demostración tan potente de desafío colectivo, el gobierno de Bush liberó a los agentes de ICE para atacar, detener y deportar a los trabajadores inmigrantes en varios puntos de producción.
Cubiertos por la potestad de ICE de investigar el «fraude documental» (una división de Investigaciones de Seguridad Nacional), agentes fuertemente armados comenzaron a atacar lugares de trabajo en todo el país después de la aprobación de la Ley REAL ID en 2005. Estas razias se intensificaron después de mayo de 2006, aparentemente para suprimir protestas a través de objetivos selectivos y punitivos. Diferentes lugares de trabajo fueron invadidos por equipos de ICE fuertemente armados y miles de trabajadores fueron trasladados a centros de detención. Solo en 2008, hubo cientos de razias, que culminaron con el arresto y la detención de más de 6.000 personas.
Como parte de sus «operaciones de aplicación y remoción», las razias de ICE se han desplegado por de comunidades de inmigrantes en todo el país. A pesar de su retórica de la supresión de “extranjeros criminales”, estos allanamientos altamente publicitados, en gran medida detuvieron a “infractores de inmigración no criminales”, que pueden ser más simplemente descritos como hombres, mujeres y niños indocumentados que salieron de sus casas.
Tomen, por ejemplo, el «Programa de Operaciones Fugitivas» de ICE, que estableció 24 oficinas de campo regionales, cuya directiva operativa es localizar y detener a «individuos peligrosos» con «órdenes de expulsión» existentes. Un estudio del Instituto de Política Migratoria descubrió que, de 2003 a 2008, el 73% de las casi 100.000 personas arrestadas en «operaciones de recuperación fugitiva» no tenían antecedentes penales ni cargos pendientes.
Este patrón continuó en el gobierno de Obama. Las operaciones de remoción de ICE en el primer año de Obama llevaron a la deportación de 389.834 personas, de las cuales 253.491 -el 65%- eran “infractores de inmigración no criminales”.
Estos números bajaron más adelante en el gobierno de Obama, ya que los «memorandos de prioridad» emitidos por su oficina le restaron importancia a la detención y el deportación de infractores no criminales. Pero datos más recientes muestran una continuación e intensificación bajo Trump, quien ha anulado las prioridades de la era Obama y las ha reemplazado por las suyas.
En 2017, las Operaciones de Aplicación de Remoción de ICE llevaron a cabo un total de 226.119 deportaciones, un aumento del 30% desde el año fiscal 2016. Mientras ICE hace la increíble afirmación de que el 92% de los arrestados y deportados tenían condenas penales o cargos pendientes, el informe de la agencia omite descaradamente que llegó a un número tan alto agrupando a los acusados de delitos civiles (no criminales) con los acusados de «delitos criminales».
Pero esto sólo comienza a contar la historia de cómo ICE estira la definición de «criminal» más allá de todo reconocimiento.
Bajo Trump, ICE ha establecido una nueva prioridad para atacar a los inmigrantes en el país con «órdenes finales de deportación».
En esta condición legal se encuentra una población de más de un millón de personas que tienen órdenes permanentes de deportación o procesos pendientes de deportación que han resultado de circunstancias «civiles» no penales, como arrestos colaterales, rechazo de la tarjeta verde (de residencia legal) o solicitudes de refugio y decenas de otros escenarios.
Hasta el 10% de esta población participa en los «check-ins» (controles) anuales en las oficinas de ICE, con la esperanza de lograr una condición legal normalizada, convirtiéndolos en un blanco fácil para que el gobierno los encuentre y los arreste. Sin esta duplicidad, se estima que el número de «fugitivos criminales» bajaría del 92% al 58%.
Además, muchas de las condenas o cargos pendientes contra otros inmigrantes indocumentados son por varias categorías de infracciones, delitos menores y crímenes no violentos, sin víctimas.
Durante su segundo mandato, el gobierno de Obama fue presionado para reducir el porcentaje de personas que fueron deportadas por crímenes menores no violentos mediante la implementación de un sistema de prioridad de deportación. Un esquema de tres niveles clasificaba los delitos deportables de graves a leves, con agentes y funcionarios del DHS instruidos para disminuir los números de deportados por delitos de bajo nivel.
Trump ha eliminado el esquema por completo y anulado las prioridades para fabricar números que coincidan con su retórica, usando ICE como su arma de propaganda.
Desde entonces, Trump amplió aún más el alcance de ICE y le otorgó más licencias con su llamada «política de tolerancia cero», que comenzó con una serie de memorandos y directivas del DHS que eliminaron otros protocolos de la era de Obama que establecían un conjunto de reglas básicas para la vigilancia de ICE.
La nueva regla de Trump es que no hay reglas, al menos cuando se trata de la vigilancia directa de personas indocumentadas. Los agentes federales ahora pueden deportar a las personas indocumentadas que fueron declaradas culpables de cualquier delito, sin importar cuán menor sea, incluidas las cosas por las cuales «podrían ser acusados», es decir, cosas determinadas únicamente por los propios agentes.
Esto incluye la lógica orwelliana de que un agente puede detener a cualquiera que encuentre que sea indocumentado como alguien que «potencialmente cruzó la frontera sin autorización». Estas pautas hacen que cada persona indocumentada sea deportable, independientemente de las circunstancias.
Trump también ha intentado quitar todas las protecciones a los 700.000 beneficiarios del programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA), y ha usado a ICE como un instrumento de represión política que apunta a los activistas de los derechos de los inmigrantes en todo el país.
Trump y sus compañeros nacionalistas blancos pretenden renovar y expandir los programas de asociación e intercambio de información entre ICE y los departamentos de policía locales como el 287 (g) y «Comunidades Seguras», ampliar el período habilitado para «remoción acelerada» dentro de las 100 millas de frontera, de dos semanas a dos años, y reducir la aceptación de refugiados y los recursos para el proceso de refugiados, que está en su tasa más baja desde 1980.
Para lograr estos planes, Trump ha ordenado al DHS que contrate a 10.000 nuevos agentes adicionales de ICE y 5.000 de la Patrulla Fronteriza. Para poder expandirse lo más rápido posible, el DHS planea tercerizar el proceso de contratación a contratistas privados.
ICE planea contratar a 6.597 empleados de personal de apoyo, que a su vez se encargarán de contratar a 10.000 nuevos agentes. El DHS ya firmó un contrato de $297 millones con la firma de la consultora Accenture para ayudarlos a contratar a los agentes de la Patrulla Fronteriza, 2.000 funcionarios de aduanas y otros 500 agentes para sus operaciones aéreas y marítimas.
La corrupción y la rentabilidad de la industria de detención alimentada por ICE
Otra faceta de las operaciones del ICE, la detención de inmigrantes, ilustra en profundidad el nefasto historial de la agencia y la corrupción que ha perforado hasta su núcleo.
En 2018, se estima que ICE gastará más de $3,6 mil millones -aproximadamente la mitad de su presupuesto- en la detención de inmigrantes a través de contrataciones privadas, cárceles y prisiones con fines de lucro y «sin fines de lucro». Este es un aumento de mil millones de dólares en comparación con 2017, reflejando el boom especulativo en la encarcelación de inmigrantes que se anticipa para el segundo año del mandato de Trump.
En la guerra contra los inmigrantes, la industria de la detención se ha desarrollado como compañero de ruta, aumentando mediante generosas contrataciones de ICE, arreglos de remuneraciones garantizadas y protegida por la desregularización.
Actualmente, ICE opera o alquila un estimado de 51.000 plazas de detención esparcidas en una vasta red oculta de cientos de centros de detención (estimando hasta 637 sitios en 2015), de los cuales casi tres cuartos están destinados a empresas privadas.
Las detenciones de ICE son una fuerte fuente de ingreso para las empresas de detenciones privadas, que se benefician de la superexplotación del trabajo de los detenidos.
Kevin Landi, ex-funcionario de ICE durante el gobierno de Obama, afirmó ante la NPR (Radio Pública Nacional) el año pasado que «los contratistas ahorran grandes cantidades de dinero con el trabajo de los detenidos, ya que realizan tareas que de otra forma deberían ser ejecutadas por empleados remunerados«. Esas tareas incluyen cocinar y limpiar a cambio de un dólar -o menos- al día.
El Grupo GEO, el mayor contratista de centros de detención de inmigrantes en el país, ha ganado más de $2,26 mil millones en ingresos en 2017 por hospedar a más de 600.000 detenidos en diferentes centros de detención y prisiones. La compañía orgullosamente proclama en su reporte financiero que el 64% de sus ingresos provienen de operaciones ligadas a centros correccionales y penitenciarios, y un 22% a proveer servicios privados de educación y salud dentro de sus instalaciones. ICE es su mayor cliente.
Anticipando una gran recompensa, el Grupo GEO donó $475.000 a la campaña electoral de Trump y a sus fiestas de inauguración a comienzos del 2018. CoreCivic, otra gran corporación contratista de prisiones privadas en los EEUU, donó $250.000 a su campaña y su inauguración.
Desde el día de las elecciones, el precio de las acciones del Grupo GEO han aumentado en un 63% y las de CoreCivic un 81%.
El desmantelamiento de la regulación gubernamental, y la relación incestuosa entre los funcionarios de ICE y las empresas inversionistas que deberían controlar, han creado una industria infestada de corrupción.
Los acuerdos de GEO con ICE, por ejemplo, han crecido constantemente desde el año 2012, cuando contrataron a David Venturella, ex-jefe de operaciones durante el mandato de Obama. En julio de 2017, la compañía contrató a Daniel Rasgade, director de operaciones ejecutivas de ICE.
Southwest Key Programs, una organización de Texas sin fines de lucro contratada por ICE, opera una serie de instalaciones que hospedan hasta 11.900 niños migrantes detenidos, incluyendo un Walmart transformado que se ha convertido en un centro de atención nacional.
La compañía ha generado casi mil millones de dólares en contratos gubernamentales desde 2016, y el CEO de esta organización “sin fines de lucro” ha aumentado su salario anual a $1.5 millones.
El veloz crecimiento de ICE ha sido acompañado de una disminución en la supervisión. El aumento en la contratación de agentes, planta jerárquica y personal de apoyo los ha llevado a una abundancia de elementos abusivos y corruptos en la agencia, mientras que un régimen de inspección ineficiente contribuye con la degradación de las condiciones y supervisión. Según el New York Times:
“En la última década, decenas de agentes de ICE y guardias privados responsables de la detención y el traslado de inmigrantes indocumentados, fueron arrestados y acusados de golpear a personas, introducir drogas en los centros de detención, tener relaciones sexuales con detenidos y aceptar sobornos para retrasar o detener deportaciones, los documentos de la agencia y los registros judiciales lo demuestran.”
Entre junio de 2010 y julio de 2016 (es decir, durante el mandato de Obama), la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles (una agencia de supervisión dentro del DHS) recibió más de 33.000 denuncias de abuso sexual y agresión física hacia niños, mujeres, hombres y personas de la comunidad LGBT detenidas, ocasionadas por agentes del DHS -en su mayoría parte del ICE. El inspector general, el oficial a cargo de revisar dichas denuncias, investigó menos del 1% de estos casos.
Las protestas públicas contra esta negligencia constante llevó al actual inspector general a reconocer el problema con la publicación de un informe interno que describe las fallas continuas de ICE para proporcionar una supervisión básica.
Existen múltiples ejemplos de cómo la matriz de represión y rentabilidad crea las condiciones para que prospere la violencia, la corrupción y el abuso.
En 2014, el inspector general del DHS, Charles K. Edwards, se vio obligado a renunciar luego de que fuera revelado que él habría cambiado o retrasado varios reportes, incluidas auditorías centradas en transgresiones dentro de ICE, tales como numerosos casos de abuso dentro del programa “Comunidades Seguras”.
Una evaluación, realizada por grupos de defensa civil, de cinco años de inspección a ICE y sus centros de detención entre 2007 y 2012 encontró que ICE no examinó adecuadamente las instalaciones bajo su jurisdicción y ocultó sus métodos operativos.
El costo humano de esta corrupción e impunidad es enorme. Al menos 172 detenidos han muerto bajo custodia de ICE entre 2003 y 2017. Más recientemente, Efraín De La Rosa se suicidó en un centro de detención privado de ICE en Lumpkin, Georgia.
El julio de 2017, ICE solicitó autorización para destruir los registros de sus operaciones, incluidos aquellos sobre los detenidos bajo su custodia.
Parece interminable la lista de historias de corrupción y abuso -y corrupción para cubrir el abuso- dentro de ICE.
Un ex-agente especial a cargo de la oficina del inspector general del DHS fue sentenciado a prisión en 2014 por conspirar con otros tres agentes especiales para falsificar documentos y alterar investigaciones criminales de corrupción por parte de la Patrulla Fronteriza y el personal de ICE.
En 2015, una prisión con fines de lucro llamada «Tent City» en el condado de Willacy, Texas, se vio forzada a cerrar luego de que los presos organizaron una huelga laboral y un levantamiento contra las condiciones abusivas, incluida la falta de acceso a servicios básicos de atención médica. La compañía que administraba la prisión, Management & Training Corp., recientemente ganó un nuevo contrato de ICE para reabrir las instalaciones como centro de detención de inmigrantes.
La Oficina de Reacentamiento de Refugiados (ORR), que se asocia con ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), actualmente alberga a 11.000 niños. Como resultado de la creciente cantidad de detenidos generados por la política de «cero tolerancia» de Trump, la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas ha permitido que 15 de las instituciones con fines de lucro que contratan con ORR alberguen a más niños de lo que permiten sus licencias de cuidado infantil.
Los centros de detención «sin fines de lucro» también son culpables. Reguladores de Texas encontraron más de 150 infracciones en más de una decena de albergues administrados por Southwest Key en los últimos dos años.
La agencia recientemente se convirtió en un centro de atención nacional tras la prohibición al senador de Oregon, Jeff Merkley, de ingresar a sus instalaciones de Brownsville, un Walmart transformado que alberga a casi 1.500 niños inmigrantes entre las edades de 10 y 17 años.
La obstaculización de la supervisión pública se ha relacionado con la forma en que los funcionarios de ICE interpretan la orden ejecutiva de Trump de que «tomen todas las medidas apropiadas para garantizar la detención de extranjeros arrestados por violaciones a la ley de inmigración a la espera del resultado de su proceso de deportación o su remoción el país, en la medida permitida por la ley«.
Existe el temor de la existencia de múltiples centros de detención en operación que no sean públicamente conocidos o que no tengan ningún tipo de supervisión pública, los llamados «sitios negros». En marzo, más de 400 organizaciones y defensores de los derechos de los inmigrantes emitieron una declaración pidiéndole a ICE que proporcione acceso público a todas sus instalaciones.
¿Qué se necesita para abolir ICE?
En todas las facetas de su supuesta misión, ICE no ha podido resolver más problemas de los que ha generado.
En el mejor de los casos, se ha convertido en un esquema de generación de dinero totalmente corrupto que sirve para enriquecer a un segmento de la clase capitalista que ha trasladado sus inversiones a los mercados en auge de la industria de la represión. En el peor de los casos, es una rama cuasi-fascista del aparato represivo estatal que funciona como poco más que un vigilante -fuertemente armado, agresivo y sin control- de la población inmigrante de la clase trabajadora.
Puede que ICE trabaje como una agencia descontrolada, pero sirve bien al capitalismo neoliberal, subyugando a una parte considerable de la población trabajadora en un estado precario, maduro para la hiper-explotación, mientras también crea mercados secundarios para inversores ansiosos por explotar nuevas oportunidades de obtener ganancias.
Eso significa que, a pesar del crecimiento repentino e inspirador de las llamadas para abolir ICE, esta agencia no será eliminada fácilmente, ni sin una resistencia coordinada de ambos partidos políticos, así como del aparato represivo del Estado.
Una de las primeras tácticas del incipiente movimiento «Abolish ICE» (Abolir ICE) ha sido una serie de ocupaciones de las instalaciones de ICE para interrumpir las operaciones en los centros de detención regionales y sus alrededores. A diferencia del punto más alto del movimiento Occupy, la mayoría de estos bloqueos a ICE no han atraído números suficientes para evitar ser reprimidos y desmantelados por la policía.
Los crecientes pedidos de los políticos para desfinanciar y disolver ICE han instalado el tema. Pero existen limitaciones en el camino electoral, que traslada la iniciativa hacia funcionarios electos que trabajan dentro de partidos financiados y controlados, en gran medida, por los mismos intereses corporativos que buscan enfrentar.
La falta de «voluntad política» para que los demócratas respalden «Abolish ICE» se hizo evidente cuando los mismos demócratas que presentaron el proyecto de ley para abolir ICE, rápidamente abandonaron sus esfuerzos.
Introdujeron el proyecto de ley sólo para ganar puntos con el movimiento por los derechos de los inmigrantes, sabiendo muy bien que nunca se aprobaría en un Congreso controlado por los republicanos. Cuando los republicanos advirtieron su farol y amenazaron con someter el proyecto de ley a votación en la Cámara de Representantes, estos mismos demócratas anunciaron que no votarían por su propio proyecto de ley.
Algunos de los pasos iniciales más prometedores del movimiento provienen de los trabajadores de Amazon, Microsoft y otras compañías donde los empleados se niegan a colaborar con las continuas atrocidades de ICE.
Estos esfuerzos son pasos modestos pero importantes hacia nuestra mayor fuente de poder como trabajadores. También será importante profundizar los esfuerzos existentes, como las presiones hacia gobiernos locales y estatales para que aprueben resoluciones que creen “santuarios” (ciudades o estados que no colaboran con ICE) o para fortalecerlos donde existen.
ICE está diseñado precisamente para reprimir ese poder que tienen los trabajadores inmigrantes y para fomentar el racismo y las divisiones entre sus compañeros de trabajo y vecinos no inmigrantes. En última instancia, sólo la re-emergencia de un movimiento de trabajadores inmigrantes en lucha a una escala que se vio por última vez en 2006, podrá conducir al desmantelamiento del ICE.
Aún no hemos llegado, pero el estallido inicial de acciones -desde ocupaciones hasta consignas de campaña y peticiones de trabajadores- es un paso crucial para atraer a más personas hacia campañas organizadas y coordinadas, y sentar las bases de un movimiento que deslegitime a ICE en la opinión popular y lleve a la agencia un paso más cerca de su merecido final.
Justin Akers Chacón
*Originalmente publicado en socialistworker.org