El Tribunal Supremo de España juzga al “Procés” en medio de una profunda crisis del gobierno y del régimen. El juicio podría durar tres meses, con más de 500 testigos. En el banquillo de los acusados están: el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, los exconsellers Joaquim Form (Interior), Jordi Turull (Presidencia) Raúl Romeva (Exteriores), Dolors Bassa (Trabajo), Josep Rull (Territorio), Meritxell Borràs (Gobernación), Carles Mundó (Justicia) y Santi Vila (Empresa); la expresidenta de la Mesa del Parlament Carme Forcadell; el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y el exlíder de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez. Sin embargo, el juicio no es solamente contra las 12 personas para las cuales la Fiscalía pide entre siete y 25 años de cárcel; sino que es contra el pueblo catalán que votó por la República en el Referéndum del 1-O en 2017.
Las acusaciones de la Fiscalía apuntan a demostrar que hubo rebelión, sedición y malversación de fondos con una argumentación central: la existencia de violencia. En la segunda jornada el fiscal Javier Zaragoza argumentó: “Los independentistas trazaron un plan criminal de gran alcance y complejidad” empleando “métodos violentos”. Que, según su consideración lo configuraron más de dos millones de personas votando para decidir su futuro y “las murallas humanas lanzadas contra los cuerpos de seguridad”, que fueron las personas que recibieron las cargas policiales en los colegios en que se votaba. La única violencia desplegada durante todo el “Procés” estuvo a cargo del Estado español. Superadas las intervenciones por cuestiones previas, es posible que el jueves comiencen a declarar los imputados.
Se trata de un juicio totalmente parcial, político y vengativo hacia los dirigentes y con un mensaje hacia el pueblo catalán movilizado: “No aceptaremos la autodeterminación”. Hay una cruzada alineada en defensa del régimen monárquico parlamentario impuesto por la reaccionaria Constitución del ´78. El proceso previo fue armado por el Juez Pablo Llarena, bajo los lineamientos políticos de Mariano Rajoy y el beneplácito del rey Felipe VI. Hoy es encabezado por Manuel Marchena, con la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación particular de la agrupación de ultraderecha Vox. Cuenta con el total apoyo del PSOE en el gobierno y el PP, Ciudadanos y Vox en la oposición. El pasado domingo las fuerzas de derecha convocaron a una concentración en Madrid en la que se pronunciaron por el castigo a los presos políticos, contra el indulto y por la convocatoria a elecciones anticipadas.
El juicio farsa vulnera derechos democráticos y políticos elementales, teniendo como graves antecedentes: la ilegalización del Referéndum y el impedimento a la investidura del presidente catalán electo el 21-D. Aunque lo nieguen, en España hay presos políticos y un régimen reaccionario que no tiene nada que ver con la “democracia moderna” que dicen representar. Lo que existe es represión, censura, recortes de libertades democráticas, falsas acusaciones de terrorismo y judicialización de la protesta, tanto a nivel de los dirigentes como de estudiantes, vecinos y activistas catalanes.
Cuando se acercan las elecciones los partidos se “enfrentan y diferencian”, pero cierran filas cuando se trata de defender el régimen heredado del franquismo y los ajustes a los trabajadores que ordena el bloque imperialista de la UE. Las “izquierdas y las derechas” dejan de lado sus matices y se unifican para garantizar la opresión de los pueblos y la explotación de las grandes mayorías. En tal sentido es una vergüenza que haya expresiones que se dicen de izquierda y no hayan denunciado consecuentemente al PSOE y a Pedro Sánchez como pilares del régimen y del ataque al pueblo catalán.
No hay nada que indique un fallo favorable a los independentistas catalanes. No se puede depositar ni un gramo de confianza en una justicia politizada y parcial, ni en las organizaciones que impulsaron la aplicación del 155 y pretenden reeditarlo. Sólo confiamos en la movilización del pueblo catalán que se mantuvo desde que comenzaron los encarcelamientos. Con el inicio del juicio se multiplicaron los cortes de ruta, calles y vías, las manifestaciones, concentraciones y otras acciones en toda Catalunya, los lazos amarillos son un símbolo que todo luchador democrático debería adoptar, se encuentre en el país que se encuentre.
Todo aquel que se diga republicano, de izquierda o progresista, debería salir a apoyar la exigencia de libertad a los presos políticos y exiliados y el respeto a la autodeterminación catalana. Entre los reclamos que se realizarán durante el juicio, se encuentra convocada una huelga general en Catalunya para el 21 de febrero. Hay que transformarla en una gran medida de lucha, contundente, extendida y fuerte, como parte de la desobediencia al Estado español y el régimen del ´78 que es necesario llevar a la práctica.
A la par, ha tenido un final anunciado el debate de los Presupuestos Generales del Estado. El Congreso ha tumbado los presupuestos de Pedro Sánchez, que no se tramitarán y volverán al Gobierno. El heterogéneo bloque de organizaciones que permitió la moción de censura a Mariano Rajoy no se repitió, y la Legislatura que había nacido muerta con sólo 84 diputados propios del partido de gobierno, vuelve a recibir una palada de tierra a partir de la cual se ha vuelto a plantear con fuerza la posibilidad de una convocatoria anticipada a elecciones. Trascendió que Pedro Sánchez convocará al Consejo de Ministros y que estaría considerando realizar comicios posiblemente el 28 de abril, mientras que el 26 de mayo se celebrarán elecciones municipales, autonómicas y europeas.
La crisis política del régimen del ´78 es muy profunda y su regresión es continua, también la del Gobierno que nadie votó y se encuentra prácticamente en el aire. No se trata de una crisis coyuntural, sino que lleva décadas y cuestiones no resueltas que provienen desde la dictadura franquista. Los problemas planteados no se resolverán sólo eligiendo presidente entre los partidos que sostienen el orden político actual. Por eso, es necesario conformar una nueva alternativa política de izquierda, amplia, anticapitalista, que luche por los derechos democráticos y sociales de los trabajadores explotados y los pueblos oprimidos, de los jóvenes, los estudiantes, las mujeres, los pensionados, en suma, de las grandes mayorías. Es necesaria una gran movilización unitaria por la convocatoria a una Asamblea Constituyente, Libre y Soberana, que debata y decida democráticamente sobre los temas en cuestión no resueltos por la reaccionaria Constitución del ´78.