¨Compañero, ese río que le llama la atención, hoy es el Río Plomo, se llama así oficialmente…..hace 30 años era el Río Verde», nos comentaban los dirigentes agrarios de Moquegua, provincia del sur del Perú casi en el límite con Chile
Corporaciones saqueadoras
Casi diariamente nos encontramos en América latina con repercusiones de los efectos de la contaminación ambiental producto de la actividad minera. En nuestra región recordamos una y otra vez esta anécdota que marca a fuego los efectos devastadores de una industria que condena a la marginalidad a miles de pequeños agricultores y que pone en riesgo la salud de millones de habitantes.
Cuando regularmente estalla el conflicto minero Tía María en la región de Arequipa, o cuando vemos los efectos devastadores en Ecuador, Chile, Argentina, la selva amazónica en Brasil, ó México nos vemos en la necesidad de continuar investigando así como desde hace años lo hacemos desde la RED ECOSOCIALISTA, los alcances, las razones y las consecuencias que esta actividad criminal tiene para cientos de miles de trabajadores cotidianamente.
Por eso es que hoy dedicamos estas líneas a informarnos sobre los antecedentes de Southern Copper y el Grupo México (GM), de la que es subsidiaria. El Gobierno peruano ha decidido otorgarle una vez más a esta empresa la licencia para que construya la mina en Arequipa, cuando coincidentemente esta compañía vuelve a ser noticia en México por haber contaminado el mar.
Al día siguiente de que Southern anunciara que el Ministerio de Energía y Minas de Perú (Minem) le dio luz verde para explotar los yacimientos de cobre Tía María y La Tapada, el GM derramó 3,000 litros de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés, «una zona de enorme riqueza biológica», informa el diario El País y que fue considerado por la experta en agua de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Elena Burns, como un «crimen ambiental». «Son sustancias que envenenan la fauna marina», dijo.
Este nuevo derrame se produce a pocos años del mayor desastre natural en la historia de México: el derrame de 40,00 metros cúbicos de metales tóxicos en el río Sonora, responsabilidad del GM.
El 6 de agosto del 2014, Buenavista del Cobre, empresa del GM, derramó 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre a los ríos Bacanuchi y Sonora en México. La Comisión Permanente que se formó consideró que este es un caso de ecocidio, ya que el derrame también ha afectado las actividades ganaderas y agrícolas en la zona. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de México ha estimado que el costo por el derrame es de $1.800 millones. Greenpeace consideró que el daño ambiental en la zona es irreversible.
¿Y quién es el dueño de esta compañía? En su página web se indica que el presidente del GM es el mexicano Germán Larrea Mota-Velasco, un hombre misterioso, ya que es el segundo más millonario de su país, pero casi invisible para la opinión pública.
En setiembre del 2014, Forbes México le dedicó un artículo debido a su aparición en público junto al ex presidente Enrique Peña Nieto. Según Forbes, la fortuna de Larrea es de 15,700 millones de dólares. Y cuando quisieron entrevistarlo para que responda sobre los cuestionamientos a sus empresas, desapareció. En el 2015, el semanario Proceso de México publicó un artículo titulado «Grupo México exporta a Perú… huelgas, muertos, contaminación y corrupción», en el que daba cuenta del conflicto socioambiental en Arequipa.
Volviendo a Perú
Vayamos al origen. Southern Copper Corporation Perú fue creada en 1952 y siempre ha actuado en el sur del país con las minas Toquepala y Cuajone.
«Cuando Southern empezó sus operaciones en los años cincuenta, contaminó severamente la costa producto de sus procesos de fundición y la creación de relaves. Al menos el Valle de Ilo quedó contaminado producto de sus emisiones toxicas realizadas».
Por ejemplo, por su actividad minera desde 1960 hasta 1996, la empresa vertió 785 millones de toneladas de relaves mineros en la bahía tacneña de Ite. En el 2015, la municipalidad de este distrito denunció contaminación minera en la zona de los humedales y exigió que Southern remedie los daños. La empresa se había comprometido a ejecutar el «drenaje y recuperación de tierras», pero jamás cumplió.
En la provincia de Ilo (el puerto de Moquegua ), se denunció ya en el 2013, un sobre índice de contaminación por dióxido de azufre en la fundición de Southern con un nivel superior a 190 ug/m (microgramos por metro cúbico) en la zona (el límite máximo permisible es 80 ug/m3). En marzo pasado, la minera anunció la construcción de una nueva fundición en Ilo y dijo que esto no estaba condicionado por Tía María.
En el distrito de Torata-Mariscal Nieto, agricultores protestaron contra la empresa, a la que acusaron de contaminar el agua y al aire producto de las actividades extractivas de Cuajone. El dirigente Samuel Coayla dijo que Southern se estaba burlando de sus demandas.
En enero del 2015, la Fiscalía Ambiental pidió dos años y medio de pena privativa de la libertad y el pago de una reparación civil de 1 millón de dólares para el presidente ejecutivo de Southern Perú, el mexicano Óscar González Rocha, por el presunto delito de contaminación ambiental en el mar de Ilo.
Por otro lado, en Apurímac, para el proyecto “Los Chancas”, Southern construyó carreteras, destruyó campos de cultivo e instaló motobombas para llevar agua a las maquinarias de perforación, con lo que contaminó el agua que regaba los pastos naturales. En el 2001, se pidió la suspensión de los trabajos de exploración. Sin embargo, las autoridades no lo tomaron en cuenta y se han producido varios enfrentamientos entre comuneros y trabajadores de la empresa. El último registrado es de octubre del 2014, cuando los ciudadanos reaccionaron cuando la minera trasladó equipos y maquinaria pesada al campamento de la mina.
Los dirigentes denunciaron que el problema es la actitud de la empresa, que parece acostumbrada a imponer y luego buscar «diálogo».
«No es la primera vez que la empresa Southern Perú quiere imponer sus criterios. Hace 14 años que estamos enfrentados por esa misma actitud, la cual rechazamos», dijo Eulogio Perez, activista de Abancay.
Estos y otros datos explican por qué del norte al sur de nuestra América empresas como Southern generan tanto rechazo entre la población.
Claro que Southern, ni ninguna de las compañías similares, podrían haberse desarrollado sin la complicidad de los distintos gobiernos que una y otra vez insisten en este tipo de proyectos altamente rentables para las empresas. El capitalismo muestra una vez más, una de sus caras más duras, la ganancia a costa de la condena a millones. Nuevamente, serán solo las comunidades, eligiendo democraticamente los modelos productivos de desarrollo, quienes con el apoyo de la planificación estatal podrá resolver este dilema de hierro en el que se juega la vida y el futuro de varias generaciones, para que así el Rio Plomo vuelva a ser Verde.
Alberto Giovanelli.