Sentencia, revuelta catalana, elecciones, investidura, crisis política, régimen agotado…
Por Rubén Tzanoff Dirigente de SOL – Estado Español
El Estado español deambula por la cornisa y no tiene una buena perspectiva. Es indispensable poner en pie una nueva alternativa de izquierda anticapitalista: construir un partido revolucionario y socialista para lograr cambios estratégicos.
La lucha del pueblo catalán está escribiendo un nuevo capítulo de su larga historia como nacionalidad oprimida. En la actualidad ha recibido un nuevo envión a partir de una sentencia injusta, vengativa y repudiable a los presos políticos. El lunes 14 de octubre el Tribunal Supremo (TS) español dio a conocer la sentencia a los dirigentes del Procés independentista. No hubo discrepancias entre los siete magistrados presididos por Manuel Marchena, que decidieron por unanimidad un castigo de 9 a 13 años de prisión por “sedición” para el ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras; los ex consejeros Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Raül Romeva y Dolors Bassa; la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell, y los líderes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium, Jordi Sanchez y Jordi Cuixart. Junqueras y los otros cinco ex consejeros ya encarcelados preventivamente también fueron condenados por “malversación de fondos”.
La instrucción de la fiscalía fue armada en base al delito de “rebelión con violencia” y avalada por las mentiras, contradicciones y ocultamientos de altos funcionarios y miembros de la Guardia Civil. La acusación fue rebatida por los testigos de la defensa, cuyos testimonios fueron acompañados de videos clarificadores. Finalmente, el TS dictaminó que se promovieron movilizaciones “tumultuarias” para obstaculizar la aplicación de las leyes y la actuación de la justicia. Además, consideró que los acusados usaron dinero destinado a sus departamentos para la realización del referéndum “ilegal”, con lo cual la “sedición” no se hubiera podido producir sin la “malversación”. Las defensas apelarán ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La inquisición judicial no ha finalizado. Todavía hay seis independentistas en el exilio, entre ellos el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, que el Tribunal espera poder juzgar a partir de la reactivación de las euroórdenes de detención. Y hay centenares de activistas perseguidos, detenidos y/o procesados.
La condena a los doce presos políticos consumó el castigo a los dos millones de catalanes que ejercieron su derecho a la autodeterminación. Caracteriza a una justicia dependiente del poder político, cuyos magistrados son sus empleados designados a dedo en vez de ser elegidos por voto popular. Fue una sentencia dictada para ejemplificar lo que le puede suceder a quienes se movilicen para lograr la independencia. Creyeron que con la represión, sentando a los dirigentes en el banquillo de los acusados y sembrando miedo derrotarían las aspiraciones de autodeterminación. Pero no fue así.
Estalló la revuelta
Lejos de causar miedo, la sentencia hizo desbordar la indignación y provocó una revuelta popular que abrió un nuevo momento de polarización y una dinámica impredecible, que ha vuelto a poner en primer plano el reclamo por la República Catalana. Los protagonistas son independentistas, pero no son los únicos actores: también protestan personas que no lo son y ven amenazados sus derechos democráticos. En el mismo momento en que el fallo se hizo público, el estudiantado secundario y universitario inició una huelga y hubo concentraciones vecinales en los ayuntamientos. Miles de personas se movilizaron hacia Plaza Catalunya y desde allí pusieron rumbo hacia el aeropuerto de El Prat, donde colapsaron el funcionamiento de la Terminal T1 durante casi diez horas de resistencia a las cargas policiales.
El 15 de octubre comenzaron las Marchas por la Libertad. Cinco enormes columnas partieron desde Girona, Tarragona, Tàrrega, Berga y Vic; hubo una sexta columna de los CDR (Comités de Defensa del Referéndum/República) que partió desde Castelldefels. Las carreteras se inundaron de banderas esteladas que confluyeron el 17 en Barcelona. La huelga general fue un éxito, con mucha fuerza en enseñanza, administración, comercio, transportes públicos y otras empresas. La convocaron la Intersindical CSC, el Sindicato de Estudiantes y otras organizaciones, sin apoyo de Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO). Fue una jornada histórica con la participación unificada de trabajadores y estudiantes. La onda expansiva generó acciones de apoyo en Madrid, Bilbao, Zaragoza, Valencia, Mallorca, Alicante, Castellón y otras ciudades, y en países como Francia, Argentina y Hong Kong, solo por mencionar algunos ejemplos.
Pasaron los días y continuaron las acciones llamadas por la ANC-Òmnium, los CDR y un nuevo actor: Tsunami Democrático. Se trata de una plataforma con una estructura desconocida, que utiliza aplicaciones propias con acceso restringido, redes sociales y un canal de Telegram para orientar las protestas sin sufrir castigos judiciales. Hasta el momento ha convocado a acciones sorpresivas de enorme magnitud y apoyo: el colapso del aeropuerto, una jornada de “reflexión” colectiva y callejera el 9N y los cortes de carreteras fronterizas con Francia, en Catalunya y Euzkadi los días 11, 12 y 13N. Los organismos del Estado les hacen ataques cibernéticos sin éxito y los persiguen.
La juventud dijo basta
Ha irrumpido una poderosa juventud que desborda cada manifestación de color, ingenio y combatividad. Hay quienes los quieren desprestigiar diciendo que son “niños ricos de Sarriá”, “indepes radicales” o “antisistema”. Lo cierto es que se trata de una amplia vanguardia juvenil que se hartó de las injusticias y las humillaciones: son nietos de abuelos antifascistas, son hijos políticos de los Indignados y del 1-O y por eso cuentan con simpatía social y apoyo activo. Una muestra de ello es el acto realizado el jueves 24 en la Plaza de la Universidad, convocado por sindicatos y entidades educativas bajo la consigna ¡No toquen nuestra juventud! y la participación activa en todos los grandes eventos.
Los estudiantes declararon la huelga indefinida con piquetes en las puertas de las universidades y acamparon en la Gran Vía, en pleno centro de Barcelona, haciendo asambleas, charlas y acciones sorpresivas. En suma, lo que está en el fondo de la cuestión es que el capitalismo empeora las condiciones de vida democrática y social de las mayorías y los jóvenes del mundo no están dispuestos a quedarse de brazos cruzados mirando cómo les arrebatan el presente y el futuro.
La actual coyuntura ha reavivado el debate sobre la violencia, en el que hay distintas posiciones. La represión de la Policía Nacional, los Mossos d’Esquadra[1] y las fuerzas especiales de la Brimo es brutal. Sólo en la primera semana desde la sentencia han causado 21 detenidos, más de 600 heridos, cuatro de los cuales perdieron un ojo por los impactos de pelotas de goma y un joven perdió un testículo. Una mujer se encuentra en grave estado por un traumatismo craneal. Marginalmente, pero en sintonía con la violencia estatal, asoman la cabeza grupos fascistas que agreden físicamente y provocan con la bandera española en una mano y el saludo nazi en la otra.
La violencia de las porras se ordena en los despachos. Pedro Sánchez (Partido Socialista Obrero Español, PSOE) continúa con la política del ex presidente Mariano Rajoy (Partido Popular, PP): no reconoce la autodeterminación, no dialoga, rechaza un referéndum pactado y amenaza con volver a aplicar el nefasto artículo 155 de la Constitución, mientras la derecha exige que se tomen medidas de excepción. Según algunos analistas, existen sectores del ejército dispuestos a intervenir.
Quienes sostienen que el pueblo catalán es violento y terrorista mienten. Encuentran el estímulo de los medios de comunicación unionistas que ocultan, parcializan y/o tergiversan la realidad ante la opinión pública, sobre todo fuera de Catalunya. No es casual que en las marchas se cante “prensa española, manipuladora”. La verdad es que los catalanes responden a la represión movilizados, muchos con los brazos en alto cantando “somos gente de paz”, otros sentados en el piso mientras son aporreados y ahora también levantando barricadas de autodefensa ante el avance de la maquinaria represiva del Estado. El que aplica y genera violencia es el régimen que castiga con la cárcel a quienes se autodeterminan, persigue y encausa a los activistas. Violento es el opresor, no el oprimido que se defiende como puede.
Segunda elección presidencial
Sánchez llegó al poder en 2018 mediante una moción de censura a Rajoy. Cuando la socialdemocracia no logró hacer aprobar los Presupuestos Generales del Estado, la Legislatura quedó agotada y Sánchez tuvo que convocar a elecciones anticipadas para el 28 de abril pasado, ocasión en que fue el más votado. Sin embargo, fracasó su investidura. Sánchez acusó a Podemos porque “ha bloqueado por cuarta vez la investidura de un socialista”. Pablo Iglesias (Podemos) señaló a Sánchez por preferir a Ciudadanos (Cs) y “querer ser presidente a cambio de nada”. Gabriel Rufián (ERC) los cuestionó a ambos porque “han perdido la oportunidad histórica” de lograr un “gobierno de izquierdas”. Las expresiones de derecha apuntaron al PSOE argumentando que nunca tuvo la intención de acordar y su estrategia siempre fue volver a las urnas.
Finalmente, el 10N se realizaron las segundas presidenciales en siete meses y las cuartas en cuatro años: un caso único en Europa. El hartazgo de la población se expresó en una caída de la participación del 76 al 70%. Los resultados generales (gráfico ) le volvieron a dar el triunfo al PSOE, pero con la pérdida de votos, escaños y la mayoría absoluta en el Senado. Su aspiración de llegar a gobernar solo no tuvo éxito. Unidas Podemos siguió retrocediendo.
El “Trifachito” PP-Cs-VOX no llegó a ser mayoría y se alteró su balanza de pesos. El PP tuvo una mejoría parcial. Cs se hundió al perder más de dos millones y medio de votos y 47 escaños, dato importante por dos motivos: 1) configuró la caída del partido que hasta hace unos meses era el más dinámico de la derecha reciclada, 2) los votos que perdió alimentaron a la ultraderecha de VOX, que saltó de 2,6 a 3,6 millones de votos (24 a 52 escaños) y se transformó en la tercera fuerza del Congreso. Su auge tiene explicaciones y responsabilidades.
En Catalunya el independentismo siguió creciendo, lo que expresa la vitalidad del proceso por la autodeterminación y libertad de los presos políticos. Fue un hecho muy positivo que la Candidatura de Unidad Popular (CUP) se haya presentado por primera vez a las elecciones españolas y haya obtenido dos diputados: la compañera Mireia Vehí y el compañero Albert Botrán. Desde Socialismo y Libertad hemos sido parte de la campaña de esta formación anticapitalista para ser “ingobernables” también en “el corazón de la bestia” con las banderas de autodeterminación, amnistía, derechos democráticos y sociales.
La mutación Sánchez-Iglesias
Entre la elección del 28 A y la elección del 10N pasaron siete meses en los que nunca se expresó la posibilidad de un consenso de investidura. Sin embargo, al otro día de las elecciones Sánchez e Iglesias dejaron de lado a sus negociadores, se reunieron secretamente y a las 24 horas mutaron de políticos irreconciliables a socios de confianza, abrazados en torno a un acuerdo de 10 puntos generales y cargos de gestión. ¿Por qué cambiaron diametralmente y con tanta celeridad? Lo hicieron porque España recorre un camino sinuoso, insostenible para los burgueses y la Unión Europea que exigen el urgente fin de la incertidumbre política. Y, fundamentalmente, porque un débil gobierno en funciones está navegando sobre una vigorosa tempestad: la rebelión catalana que no puede controlar, que decide cuándo y cómo cierra fronteras nacionales y vías de circulación, ocupa espacios públicos y aeropuertos. El régimen necesita formar gobierno “sí o sí” como expresó Sánchez. Iglesias y sus socios de Izquierda Unida (IU) son funcionales a estas necesidades y ahora van por nuevos actores políticos para presentar un Ejecutivo lo más sólido posible. Ya se verá qué hacen formaciones como Anticapitalistas, ERC, PNV y otros que vienen siendo ambiguos y/o cambiantes en cuanto a la investidura.
Reformistas en acción
No vale la pena abundar sobre el PSOE: más allá de lo que diga, su larga y comprobada trayectoria demuestra que no es un partido ni socialista, ni obrero ni de izquierda. Sí es necesario referirse a Unidas Podemos, porque para muchos es algo distinto. Sin embargo, si se terminara de conformar el gobierno que se vislumbra, sería el corolario de la bancarrota política de UP como una alternativa de cambios por izquierda. Un gobierno burgués de coalición superaría todas las fronteras de clase y diplomaría a Iglesias como servidor “crítico” del régimen monárquico-parlamentario. La duda de algunos ante la mentada “equidistancia” entre España y Catalunya se tendría que disipar como lo que siempre fue: una posición favorable a mantener el statu quo, que acercóa la dirigencia podemita a los opresores y la alejó de los oprimidos. El reformismo sigue demostrando sus limitaciones para responder a los desastres del capitalismo. A la hora de evaluar por qué existen jóvenes y luchadores que primero los siguen, luego se decepcionan e incluso emigran a la derecha, hay que señalar el derrotero de adaptación y claudicaciones de esos dirigentes de centroizquierda: son responsables de desmoralizar y sembrar desconfianza en camadas de honestos luchadores.
Un Ejecutivo basado en la dupla PSOE-UP sería un gobierno de doble discurso, “progre” en sus dichos e incluso en adoptar algunas medidas, pero conservador de las viejas y anacrónicas estructuras políticas y económicas, garante de la unidad de España y obediente a las imposiciones de la Troika[2]. Están jugando con fuego ya que el hartazgo social aumenta, la revuelta catalana no les da tregua y, viendo los estallidos en Ecuador, Chile, Hong Kong y otros lugares del mundo, se demuestra que las irrupciones del movimiento de masas no llegan con aviso previo. Está en curso una crisis profunda y sostenida, que no se resolverá con la elección de tal o cual presidente ya que su origen y génesis se encuentran en el régimen del ’78.
Independencia sí, pero no…
El pueblo catalán ha vuelto a patear el tablero y ha colocado a las formaciones mayoritarias Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Partit Demòcrata europeu Català (PDeCAT) y Junts per Catalunya (JxCAT) en la disyuntiva de ponerse a la altura de las circunstancias o ser desbordados. La continuidad de los ataques del poder central español coloca blanco sobre negro que no sirven las medias tintas: se derrota al régimen o se profundiza la opresión. Ha quedado demostrado con la declaración de la independencia, suspendida a los pocos segundos de proclamarse, cuando había fuerza de sobra y voluntad movilizada para ir hasta las últimas consecuencias haciendo efectiva la República y desarrollando el Proceso Constituyente.
Hay ejemplos que indican un creciente descontento con quienes desde el Govern y el Parlament dicen una cosa y hacen otra: hablan de República, pero ponen rumbo a la limitada autonomía; alientan la desobediencia, pero avalan la represión de los Mossos o justifican que haya detenidos; reivindican medidas sociales, pero impulsan la nefasta Ley Aragonés de privatizaciones. Algunos dirigentes de ERC se están ganando el repudio de la vanguardia luchadora, al no defender a los detenidos en la revuelta ni cuestionar severamente al conseller de Interior Miquel Buch por la represión de los Mossos, cuando se extiende la exigencia de su renuncia. El diputado Gabriel Rufián se tuvo que ir de una concentración al grito de botifler, sinónimo de traidor. El diputado José Rodríguez intentó convencer a los manifestantes para que se retiraran de la Avenida Vía Laietana y se encontró con una firme respuesta: “Ni un paso atrás”.
Un régimen agotado
Luego de la II República y la Guerra Civil, Francisco Franco instauró una dictadura que no finalizó como producto de una derrota causada por la acción del movimiento de masas sino por su muerte en 1975. De hecho, éste ya había designado como su sucesor al rey Juan Carlos I de Borbón. El traspaso de mando facilitó que los crímenes no tuvieran castigo, que los funcionarios amigos siguieran enquistados en puestos clave y que las instituciones fueran moldeadas por la ideología fascista. Con la Transición, los pactos firmados en el Palacio de la Moncloa en 1977 y la redacción de la Constitución en 1978, los partidos burgueses y sus cómplices maquillaron algunos cambios, pero las fuerzas armadas, la justicia, el sistema bipartidista y la monarquía tutelaron décadas de funcionamiento “democrático”.
Valgan como otro ejemplo los honores a Franco perdurables en el tiempo. El 24 de octubre, recién luego de 44 años de entierro en el Valle de los Caídos, su cadáver fue exhumado y trasladado al cementerio de Mingorrubio-El Pardo. El siniestro cementerio en que se encontraba es el único conjunto monumental europeo dedicado a un dictador fascista, cuya construcción fue definida una vez finalizada la Guerra Civil. Sánchez presentó la exhumación como “fruto del perdón”, pero fue una acción para dar vuelta la página, sellar la impunidad y, de paso, disputar algunos votos en los sectores “progresistas”. Sigue pendiente hacer justicia y castigar a los golpistas y sus cómplices, que fueron feroces con los republicanos, los trabajadores y los pueblos. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben.
En definitiva, el régimen monárquico-parlamentario del ’78 no puede brindar opciones progresivas a los problemas políticos, sociales y económicos de las grandes mayorías: por eso hay que derrotarlo. Si un pueblo como el catalán quiere la autodeterminación, la respuesta es judicialización, represión y cárcel. Si los trabajadores quieren mejores salarios y condiciones laborales, la respuesta es aumentos de precios, precariedad laboral y desempleo. El Tribunal Constitucional acaba de dictar un fallo mediante el cual avala el despido por faltar al trabajo, aunque esté justificado por enfermedad. Si el pueblo quiere mejores condiciones de vida, la respuesta es salvar a los banqueros y empresarios dándoles millones de euros a costa de recortar en salud y educación públicas. Si los pensionistas quieren vivir dignamente, la respuesta es un incremento de céntimos que no alcanza ni para los medicamentos. Si las mujeres exigen medidas concretas contra el machismo patriarcal, la respuesta es otorgar fondos irrisorios y formalidades institucionales. Si la sociedad exige terminar con la corrupción y las “cloacas del Estado”, la respuesta es la impunidad para los máximos responsables. En suma, todo se hace para cumplir con los lineamientos económicos del bloque imperialista de la UE y el Ibex 35[3], sostener al régimen y al sistema capitalista.
De la realidad histórica y presente se desprende una gran cantidad de tareas pendientes que no se resolverán con modificaciones parciales, como ya insinúan algunos tramposos. Es necesario debatir democráticamente en una Asamblea Constituyente libre y soberana, sin condicionantes a la hora de decidir un nuevo orden económico, político y social favorable a las grandes mayorías ¡Que el pueblo defina cuál debe ser su destino! Si el régimen y el gobierno tienen márgenes de maniobra se debe a que cuentan con el sostén de los partidos patronales, los dirigentes sindicales y la Troika de la UE. La perspectiva vislumbra un panorama de crisis y polarización, abonados por el fuerte reclamo del pueblo catalán que no fue derrotado, la desaceleración económica de cara a un nuevo episodio de crisis capitalista mundial, la definición del Brexit y el propio resultado de las elecciones del 10N. Ante los grandes desafíos planteados, es una necesidad imperiosa construir una nueva alternativa política, anticapitalista, de izquierda, firme junto a la lucha de los trabajadores, las mujeres que reclaman por sus derechos, los pensionistas y los pueblos, y hacerlo en todo el Estado español.
Avanza o se estanca y retrocede
En todos los continentes se libran grandes batallas. Con cada triunfo popular se fortalece la lucha contra los explotadores y opresores, contra el sistema capitalista y el imperialismo. Por eso llamamos a la más amplia unidad de acción para apoyar el reclamo catalán. Es un gran momento para que irrumpan en la escena los trabajadores y el pueblo e impongan su propia agenda política y social en el conjunto del Estado español, como sucedió el 15M. Para lograr cambios importantes es indispensable que el malestar se transforme en acción y sacuda la pasividad de las centrales sindicales. Además, éstos son los mejores antídotos para derrotar a la derecha y a la ultra allí donde asomen la cabeza.
Están en juego los derechos democráticos que se le niegan a los catalanes, pero también a todos los españoles con la aplicación de la Ley Mordaza y la Ley Antiterrorista. Llamamos a quienes se dicen republicanos, progresistas, democráticos o de izquierda a manifestarse activamente por la autodeterminación y la amnistía. No hacerlo con claridad implica, de hecho, ponerse del lado del rey. El triunfo de la República dependerá del surgimiento de nuevos dirigentes democráticos y consecuentes que les den la espalda al simbolismo y a las “jugadas maestras”. La clave está en el protagonismo determinante de la movilización, las huelgas de trabajadores y estudiantes, la desobediencia y la organización popular. Es necesario echar a andar el Proceso Constituyente por abajo, con el motor del debate en los CDRs y asambleas barriales masivas y democráticas.
Desde Socialismo y Libertad (SOL – Estado español) somos parte de la lucha
popular catalana y desde la Liga Internacional Socialista hemos profundizado la
campaña de solidaridad con acciones a las representaciones diplomáticas de España en distintos países y así
continuaremos.
Derrotar al régimen sería un paso muy progresivo, aunque insuficiente.
Los revolucionarios socialistas seguiremos impulsando ir más allá.
No
fomentamos un cambio de los patrones españoles por los patrones catalanes: la burguesía explotadora es la misma y no tiene más bandera que la ganancia. Nos movilizamos por
conquistas democráticas como un paso indispensable en
la estrategia de romper con el bloque imperialista de la UE, de satisfacer las
necesidades sociales de salud, vivienda y educación para mejorar cualitativamente
las condiciones de vida de las grandes mayorías, no las de un puñado de ricos y
empresarios que se adueñan de los medios de producción y de la riqueza
socialmente producida por la clase trabajadora. En definitiva, luchamos por el
socialismo con democracia obrera, en el camino de la estrategia de instaurar un
gobierno de los trabajadores y el pueblo y una libre Federación de Repúblicas Socialistas de la Península Ibérica.
[1] Policía catalana.
[2] Banco Central Europeo (BCE), Comisión Europea (CE) y FMI.
[3] Índice bursátil español.
Una nacionalidad oprimida
En el mundo dominado por el imperialismo, las fronteras nacionales son producto de las decisiones de los vencedores sobre los vencidos. Los opresores hacen de las imposiciones económicas, políticas, sociales y culturales una práctica común. Pero no deben ser mansamente normalizadas por los oprimidos. Catalunya es una nacionalidad oprimida desde hace siglos. Tiene una identidad basada en antiguos derechos civiles, instituciones, idioma y cultura propios, forjados durante siglos de historia. Luego del largo asedio y la caída de Barcelona el 11 de septiembre de 1714, las Cortes Catalanas fueron disueltas. La guerra de Sucesión y la entronización de Felipe V de Borbón implicaron la pérdida del autogobierno del principado, reemplazado por instituciones castellanas.
El largo recorrido histórico de la relación España-Catalunya tiene idas y vueltas, acercamientos y alejamientos según los cambios en el poder y las relaciones de fuerza en cada etapa. Más allá de las opiniones divididas sobre la historia y el presente, un porcentaje social mayoritario no se siente español y considera que la autodeterminación es un derecho, no un delito. Por eso no se limita a la autonomía concedida por España: desea ir más allá y definir su destino. Aunque el Procès independentista se desarrolla en la Catalunya actual, el reclamo libertario de algunos sectores excede los límites vigentes y aspira a reunir a los Països Catalans -los territorios donde se habla la lengua catalana-, que incluyen a las Islas Baleares, la Comunidad Valenciana, la Franja de Aragón, El Carche (Región de Murcia), la ciudad de Alguer (Cerdeña) y el Rosellón (departamento francés de Pirineos Orientales).
Algunas fechas del Procés
En la última década, el Procés es un hito ineludible para abordar la realidad actual. Durante los días 6 y 7 de septiembre de 2017, el Parlament aprobó las leyes de convocatoria al Referéndum y de Transitoriedad. La fiscalía querelló al gobierno de Puigdemont por “desobediencia, prevaricación y malversación”. El 11 y 12S se produjo una Diada -movilización- multitudinaria y el Tribunal Constitucional suspendió la ley de Transitoriedad a instancias del entonces presidente de España, Rajoy (PP). El 20S la justicia ordenó registrar el Departament d’Economia, encontrando como respuesta una manifestación espontánea y multitudinaria, por la cual Jordi Sánchez (ANC) y Jordi Cuixart (Òmnium) fueron acusados de “sedición”.
Aunque el Referéndum fue declarado ilegal, el 1-O votaron más de dos millones de personas. La participación popular superó la requisa de papeletas, sobres, urnas y las violentas cargas policiales. El 27-O el Parlamentdeclaró y suspendió la independencia en un mismo acto. Rajoy cesó al president Puigdemont, disolvió el Parlament y llamó a elecciones para el 21 de diciembre, en aplicación del nefasto artículo 155 de la Constitución española. Puigdemont y otras autoridades se exiliaron en distintos países europeos, mientras que otros líderes fueron encarcelados. El juicio-farsa empezó el 12 de febrero y finalizó con la sentencia del 14 de octubre de 2019, luego de 52 sesiones y las declaraciones de 422 testigos.
VOX y sus normalizadores
La realidad mundial se polariza cada vez más, atravesada por enormes rebeliones obreras y populares, con marchas masivas, huelgas y toda clase de acciones, con duros enfrentamientos con las fuerzas represivas. En ese marco, también aparecen expresiones de derecha, ultraderecha y/o fascistas con distinto grado de aceptación. Esta realidad, que en Europa se manifiesta hace tiempo, no había tenido una inserción institucional en España hasta hace muy poco, pero eso ha cambiado con la irrupción de VOX. Hay quienes cínicamente plantean que la lucha catalana es la responsable de su crecimiento. Lo cierto es que un sector social comulga con el franquismo y la monarquía, la represión, la xenofobia y la homofobia y, como consecuencia de ello, es afín al mensaje de VOX. Los dirigidos por Santiago Abascal también se montan sobre necesidades insatisfechas y falsas conciencias patrióticas.
Sin embargo, la magnitud de su rápido crecimiento se ve acrecentada con la actitud de quienes se dicen “democráticos” pero normalizan la presencia de la ultraderecha. El Tribunal Supremo permitió que dos de sus dirigentes desarrollaran el rol de la acusación popular en el juicio-farsa a los líderes independentistas. Aunque todos disputan un mismo espacio político, el PP y Ciudadanos catapultaron a los fachos al gobernar en coalición con ellos en Madrid y Andalucía. La socialdemocracia y la centroizquierda tampoco se pueden lavar las manos: los utilizan para polarizar electoralmente y postularse como “dique de contención”, en vez de centrarse en derrotarlos en las calles y cercarlos en todo ámbito político y social. También reciben el espaldarazo de algunos medios de comunicación masiva que les brindan amplia cobertura, canjeando la dignidad antifascista por algo más de audiencia.
De la República a la dictadura
El 16 de febrero de 1936, el Frente Popular (FP) triunfó en las elecciones españolas y proclamó la IIª República. El 18 de julio la derecha fascista dio un golpe de Estado y comenzó la Guerra Civil de tres años que dividió a España en dos bandos irreconciliables: por un lado, los fascistas con sus falanges; por el otro, los trabajadores con sus milicias, patrullas de control y una red de comités que unieron a las organizaciones obreras y populares. En la España Republicana hubo una situación de doble poder, desigual por regiones, en donde las masas limitaron severamente a las autoridades tradicionales, en particular a la Iglesia Católica, tomaron las fábricas, las tierras y comenzaron a ejercer el poder a través de sus comités.
La posibilidad de darle un golpe mortal al fascismo, cumplir las tareas democráticas pendientes y avanzar al socialismo era concreta. Pero no fue esa la orientación del FP, cuya decisión era mantener el proceso en los límites de una república burguesa. Pese al enorme heroísmo de la clase obrera y los sectores populares, la traición abierta del Partido Comunista Español (PCE) a las órdenes de Moscú y del PSOE llevó a una derrota del proceso revolucionario. El 1º de abril de 1939 Franco ganó la guerra y se dio una contradicción enorme: mientras nazis y fascistas eran derrotados y entraban en decadencia en toda Europa, el franquismo surgía triunfador e iniciaba una sanguinaria dictadura militar que duraría cuatro décadas.
Transición y Constitución del ’78
El 25 de abril de 1974 estalló en Portugal la Revolución de los Claveles y, luego de gobernar desde 1926, cayó la dictadura de António de Oliveira Salazar. En España, el 20 de noviembre de 1975, a los 82 años, murió Francisco Franco. Varios años antes de su muerte, el dictador había designado como sucesor a Juan Carlos I de Borbón, quien el 22 de noviembre de 1975 fue proclamado rey y jefe de Estado. Así se inició el período histórico conocido como Transición. El impacto de ambos hechos desencadenó en España un enorme ascenso obrero y el despertar de las nacionalidades, con los vascos al frente.
Este proceso hizo crujir el orden social y político que había construido el franquismo y, de no ser por la traición de las direcciones, podía terminar siendo superior al portugués. Pero PSOE-UGT y PCE-CC.OO. desarticularon el movimiento, salvando al rey y a la dictadura de una derrota revolucionaria. Pactaron con el debilitado régimen franquista las primeras elecciones generales tras 44 años, que fueron el 15 de junio de 1977, y una nueva Constitución, que se promulgó a fin de 1978. Así quedó formalmente reinstalada la monarquía, asegurando la continuidad de Juan Carlos I, los principales mandos del ejército, la policía, la justicia franquista, los privilegios de la Iglesia y de los bancos que sostuvieron el régimen. La impunidad quedó garantizada, con el nacionalismo burgués vasco y catalán como parte del “gran acuerdo”, en donde renunciaron expresamente al derecho de autodeterminación de sus nacionalidades a cambio de administrar una autonomía retaceada.