Se abrió una aguda crisis política en Bolivia tras las elecciones presidenciales del 20 de octubre. El presidente Evo Morales anunció su triunfo por un margen poco superior al 10%, con el cual ganaría en primera vuelta. El principal candidato de la oposición, Carlos Mesa denunció fraude y exige la realización de una segunda vuelta, y Evo respondió que se trata de un intento de golpe de Estado. Se desataron movilizaciones y choques entre ambos bandos, cada uno adjudicándose la defensa de la democracia, y una fuerte crisis institucional y de legitimidad.
Evo Morales llegó a esta elección con un deterioro avanzado de su base social y su legitimidad general. Al poco tiempo de asumir la presidencia traicionó el Programa de Octubre de las revoluciones de 2000 y 2003 que destituyeron a Sánchez de Lozada y llevaron al MAS de Evo al poder, al pactar con la derecha y el capital la Constitución Política del Estado, por encima de la Asamblea Constituyente de 2008.
Desde entonces, aunque entregando concesiones al movimiento de masas e incrementando la participación estatal en la economía, Evo se ubicó como garante de los negocios capitalistas en Bolivia, sosteniendo el modelo económico dependiente y extractivista. Esto lo llevo a chocar y romper con sectores de la clase trabajadora y el propio campesinado indígena que compone el grueso de su base social. Una expresión central de esta ruptura ha sido la represión y criminalización estatal de la protesta social, incluyendo los mineros y los cocaleros del norte de La Paz, que ya cuentan con más de 200 campesinos procesados.
En 2016 Evo convocó un referéndum para modificar la constitución y habilitar su tercera reelección, que terminó perdiendo. Pero al año siguiente el Tribunal Constitucional Plurinacional desconoció el referéndum, declaró los artículos de la Constitución que impiden una segunda reelección, habilitando a Evo postularse este año para su cuarto mandato presidencial. De esta manera, el mandatario llegó a la elección actual con su legitimidad democrática fuertemente cuestionada.
Carlos Mesa, por su parte, es un exponente de la derecha tradicional. Fue vicepresidente del propio Sánchez de Lozada, asumió la presidencia cuando éste fue echado por la movilización popular en 2003 y tuvo que renunciar él mismo también ante masivas movilizaciones en su contra dos años después. Hoy se presenta como alternativa, pero representa todo lo viejo que ya gobernó y hundió a Bolivia en la dependencia y la pobreza.
La crisis actual estalló durante el escrutinio. Cerca de la 20h con el 83,8% de los votos escrutados la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares le otorgaba a Evo Morales el 45,3% de los sufragios, siete puntos arriba de Mesa, lo cual implicaba una segunda vuelta. Pero a esa hora el Tribunal Supremo Electoral suspendió el conteo y transmisión de los resultados, hasta 15 horas más tarde, cuando publicaron los resultados definitivos, que mostraron un drástico cambio en la tendencia y dieron a Evo ganador con el 47% y 10,5 puntos arriba de Mesa, lo cual implica un triunfo en primera vuelta.
El anuncio detonó una serie de movilizaciones masivas, los tribunales de Sucre y Potosí fueron incendiados y en varias ciudades se produjeron enfrentamientos entre la policía y manifestantes. Mesa denunció fraude y lanzó una heterogénea Coordinadora de Defensa de la Democracia, detrás de la cual se monta la vieja derecha oligárquica y racista, así como el imperialismo. La OEA declaró que solo reconocería el resultado de la elección si los mismos estuvieran sujetos a una auditoría “vinculante” y “recomendó” la realización de una segunda vuelta incluso si Evo termina sosteniendo una diferencia mayor a 10%. Los gobiernos de Estados Unidos, Brasil y Argentina también exigen la convocatoria de una segunda vuelta “en el caso que la Misión de Observación Electoral de la OEA no esté en condiciones de verificar los resultados de la primera vuelta”. Se trata de una abierta injerencia en la política interna y ataque a la soberanía de Bolivia.
Sin embargo, la adhesión masiva a las protestas es indicio de la creciente desilusión con el modelo de Morales. Además de la participación masiva de estudiantes, se ha sumado a la protesta la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (Fejuve), uno de los protagonistas de la Guerra del Gas de 2003 que catapultó a Evo al poder dos años después.
Otras organizaciones sindicales y campesinas, como la CONALCAM, la COB y la COR, se movilizaron en defensa de Evo, argumentando que la oposición quiere desconocer el voto campesino e indígena que habría revertido la tendencia en el escrutinio.
Ambos bandos levantan la defensa de la democracia en pos de sostener un sistema que garantiza las ganancias capitalistas por encima de las necesidades y los derechos populares. Es indicativo en este sentido la posición de la Cámara Nacional de Industrias, que emitió un cuidadoso comunicado pidiendo que se respete la Constitución Política del Estado y la Ley Electoral y llamando a la ciudadanía preservar el normal desenvolvimiento de la actividad económica. El comunicado refleja que los intereses del empresariado se sienten asegurados gane quien gane, y están más preocupados por mantener la estabilidad de sus negocios en el marco de una crisis mundial que obligará al próximo gobierno a avanzar en medidas de ajuste similares a las que están provocando estallidos sociales en otros países de la región como Ecuador y Chile.
Ninguna solución a favor de los trabajadores y campesinos vendrá de un gobierno de Mesa ni de Evo Morales. Los problemas del pueblo boliviano no se resolverán con que haya una segunda vuelta o no la haya. Por lo tanto, es imprescindible una posición e clase independiente que rechace, en primer lugar, cualquier injerencia imperialista en el país o intento golpista de la derecha oligárquica. Pero que también reclame una salida de fondo, mediante una asamblea constituyente libre y soberana, en la cual los trabajadores y campesinos bolivianos discutan y decidan sobre qué bases políticas, económicas y sociales organizar su país. Y la construcción de una alternativa clasista y revolucionaria que luche por un gobierno de los trabajadores y campesinos y una Bolivia y Latino América socialistas.
Corresponsal