Una rebelión con final abierto
Por Alberto Giovanelli
Desde que el 1º de octubre Lenin Moreno anunció un paquetazo neoliberal en base a las exigencias de ajuste presupuestario implementadas por el FMI, Ecuador ya no fue lo que era.
Se abrió un riquísimo proceso, todavía en desarrollo, donde el pueblo ecuatoriano acorraló al gobierno, jaqueó a las instituciones del régimen y peleó denodadamente pese a las vacilaciones de sus dirigentes.
El presidente anunciaría en aquel momento que, mediante el Decreto Presidencial 883, se eliminaría el subsidio al combustible, además de reducir un 20% la masa salarial de todos los contratos ocasionales en la función pública que se vayan renovando, reducir el período anual de vacaciones de los estatales de 30 a 15 días, así como obligar a los trabajadores de las empresas públicas a aportar un día de salario mensual obligatorio al erario público. En paralelo, se decretaban una serie de medidas laborales que implicaban la flexibilización del mercado de trabajo privado, justificándolo bajo el argumente de la necesidad de implementar un modelo “acorde con los nuevos tiempos”…
Movilización popular y crisis institucional
El anuncio provocó primero el rechazo y paro del transporte; al día siguiente, la Confederación Nacional Indígena del Ecuador (CONAIE) junto a otras organizaciones sindicales y sociales anunciaban la convocatoria a un gran paro nacional contra las medidas económicas del gobierno.
Entre ese mismo miércoles 2 y el domingo 6 de octubre se sucedieron múltiples asambleas populares, en especial en provincias de fuerte presencia indígena -como en zonas de Sierra Centro- y en territorio amazónico. En paralelo, comenzaban los cortes de carretera y las movilizaciones en diferentes localidades. El fin de semana, los cortes de ruta ya tenían paralizado todo el Ecuador. De la misma manera, en Quito los estudiantes universitarios salían a las calles en solidaridad al llamamiento indígena reivindicando la derogación del Decreto 883 y demás medidas económicas anunciadas por el presidente. La respuesta gubernamental fue la represión, acompañada por una sorpresiva declaración del estado de excepción: limitación de los derechos de tránsito, asociación y reunión, libertad de información, inviolabilidad de domicilio y correspondencia.
Un muy nervioso Lenín Moreno anunció dicho estado de excepción en una nueva cadena televisiva en la que apareció rodeado por su vicepresidente, Otto Sonnenholzner, un joven empresario sin experiencia política y llegado de las élites costeñas; su ministro de Defensa y los principales mandos de las Fuerzas Armadas. Para sorpresa de la sociedad ecuatoriana, la emisión de ese espacio televisivo se hacía desde Guayaquil, segunda ciudad del país. El gobierno había abandonado la sede del Ejecutivo en Quito, la capital. Lo que pretendía ser un acto de fuerza con la declaración del estado de excepción se convirtió en la evidencia más palpable de debilidad gubernamental.
Moreno había abandonado el Palacio de Carondelet porque tenía miedo de que las instalaciones fuesen tomadas por los manifestantes. Pensar en esa posibilidad no fue “exagerado”, como tampoco lo era pensar a su vez en que sus fuerzas armadas permitieran el acceso de los manifestantes: algunos enfrentamientos entre policías y soldados, no pocas deserciones y las imágenes de policías retenidos por los indígenas abonaron esa posibilidad.
Esa misma noche y durante los días siguientes, Oswaldo Jarrín, actual ministro de Defensa, amenazó en reiteradas ocasiones a los movilizados con usar armamento letal si es que se ocupaban instalaciones que el gobierno considerase como estratégicas. Nada importó: las movilizaciones continuaron a escala nacional.
Todos en la calle
El lunes 7 de octubre empezaron a llegar a Quito columnas de miles de manifestantes provenientes de las provincias indígenas. Las entradas a la capital estaban fuertemente resguardas por contingentes de operativos especiales de la Policía Nacional. Pese a ello y ante el número cada vez mayor de manifestantes, los indígenas entraron en Quito, no sin que antes hubiese fuertes altercados e incluso tanquetas y patrulleros quemados. Los detenidos y heridos en las reyertas comenzaban a contabilizarse por centenares.
Pese a la fuerte campaña de miedo articulada en las redes sociales por influencers de perfil conservador, entre los barrios humildes de la periferia quiteña hubo multitud de gestos solidarios ante la llegada de los indígenas. Éstos se congregaron en El Arbolito, parque céntrico quiteño donde han tenido lugar históricos episodios que terminaron derrocando gobiernos durante la década de inestabilidad política que precedió a la llegada de Rafael Correa al poder.
Durante el 8 y 9 de octubre siguieron llegando numerosos grupos a Quito, mientras en el resto del país eran tomadas diversas instalaciones gubernamentales, se mantenían los cortes de carretera e incluso eran ocupados pozos petroleros en la zona amazónica, clausurando su bombeo. Los últimos en llegar en la noche del jueves 10 fueron otros mil indígenas llegados de territorios amazónicos.
El grito era unísono en todo el país: “La movilización es indefinida hasta que el gobierno nacional derogue el Decreto 883 y el paquetazo neoliberal, se rompa con el FMI y Lenín Moreno se vaya”. Mientras, en Quito, había marchas por doquier y a todas horas, intensificándose paulatinamente la represión policial sobre los manifestantes. En territorios indígenas e incluso en la capital fueron retenidos distintos destacamentos militares y efectivos de la Policía Nacional: todos fueron luego entregados a las autoridades del Estado sin daños ni lesiones, mientras en paralelo las detenciones de manifestantes se elevaban por encima de mil, se socorría a más de medio millar de heridos y se contabilizaban hasta la noche del 12 de octubre siete víctimas mortales. Algunos de los uniformados retenidos fueron obligados a cargar sobre sus hombros los féretros de los indígenas caídos durante las jornadas de movilización, bajo la consigna de que “sientan sobre sus hombros el peso de nuestros muertos”.
Una amplia movilización popular
Dos condiciones interesantes se dieron en la capital ecuatoriana: por un lado, era palpable la estrategia de twitteros, generadores de opinión pública en diversos medios de comunicación y varios periodistas descalificando al movimiento indígena en las redes sociales; por otro lado, en la vida real, la solidaridad con los manifestantes era más que palpable. Mientras, estudiantes universitarios de todo tipo de disciplinas, en especial de Medicina y Enfermería, sostenían la asistencia diaria a los heridos en los recintos universitarios. En paralelo, amplios sectores de la sociedad quiteña entregaban mantas, ropa, zapatos, víveres y agua en los recintos en los que pernoctan los recién llegados a la capital. Por último, se creó un amplio despliegue de medios alternativos para dar cobertura a las movilizaciones que estaban siendo criminalizadas en los medios de comunicación tradicionales. No funcionó la estrategia de enfrentar a blancos con cobrizos habitantes de las zonas rurales del país, como tampoco les funcionó atemorizar a las clases acomodadas quiteñas para enfrentarlas a los pobres venidos de lejos. De hecho, según la encuestadora Cedatos, nada sospechosa de ser izquierdista, el 76% de los ecuatorianos apoya la consigna indígena de derogar el Decreto 883.
Las marchas fueron acompañadas activamente por miles de jóvenes pobres de barrios periféricos, que no respondían a la dirección de los dirigentes de los movimientos sociales. Se autoconvocaron y enfrentaron a las bandas represivas con un valor y un nivel de autoorganización que conmovió al mundo.
En la tarde del 12 de octubre, “Día de la Interculturalidad y la Plurinacionalidad” en Ecuador, el gobierno nacional, que en innumerables ocasiones reiteró que no discutiría sobre el Decreto 883, se vio obligado a acceder y analizar su contenido con los movilizados. Horas antes, el movimiento de mujeres quiteño había salido a las calles junto a las mujeres indígenas declarando a María Paula Romo, ministra del Interior y que se autodefine como feminista, responsable de la represión y traidora al movimiento de mujeres.
Un gobierno contra las cuerdas
Bastó el anuncio de que la CONAIE estaba reuniendo a sus dirigencias para analizar la propuesta de diálogo de Lenín Moreno, exigiendo garantías mínimas y que dicho diálogo fuera público y retransmitido por los medios de comunicación, para que la sensación de que se podía avanzar, de que se podía derrotar los planes del gobierno y el FMI, llenara de algarabía las calles de Quito. La noche cerró con un fuerte cacerolazo que se expandió por toda la ciudad.
El pedido de derogación de las medidas económicas implementadas por el gobierno demostró que el conjunto de la población ecuatoriana le decía al presidente de la República que estaban haciendo sentir su voz de rechazo a la gestión gubernamental y sus planes de entrega.
Un plan para detener la revolución
En la tarde del domingo 12 de octubre se dio la mesa de diálogo entre el gobierno y diferentes dirigentes sociales, con los pueblos y nacionalidades indígenas a la cabeza. Bajo el nombre de mesas para un acuerdo de paz, el gobierno se vio obligado a cumplir antes cada una de las exigencias indígenas formales: se retransmitió en directo por diversas cadenas de televisión y se hizo en un complejo hotelero en las afueras de la ciudad, lugar imparcial. Con el auxilio de la ONU y la Conferencia Episcopal del Ecuador, Lenín Moreno intentaba detener la movilización llamando al “diálogo” y para ello contó con la inestimable colaboración de los propios dirigentes de la CONAIE, que en esa mesa sólo exigieron la derogación del Decreto 883 y se comprometieron a sentarse a discutir un nuevo decreto, abandonando el resto de los reclamos.
Tras tres horas de debate la CONAIE acordaba con al presidente Moreno el retiro del Decreto 883 a cambio de “la vuelta a la paz”. Moreno y su gabinete de ministros terminarían aceptando la derogación del decreto, pero a la vez comenzaron las detenciones y persecuciones a los mismos dirigentes de las movilizaciones, se ratificaba en sus puestos a los ministros Jarre y Romo, y buscando retomar la iniciativa, se culpó al correísmo y se detuvo a algunos de sus dirigentes con la excusa de que ellos habían sido responsables de los desmanes. Sin embargo, a los cinco días del acuerdo la misma CONAIE, presionada desde sus bases, anunció su retiro de la “negociación” hasta que cese la represión y se reelabore “con sinceridad” una agenda de discusión de todo el plan económico.
Primer triunfo y final abierto
En los próximos tiempos, y en la medida en que avanza la resistencia en toda América Latina contra los planes del FMI, en Ecuador se librarán nuevas batallas. Lenín Moreno pende de un hilo, el resto de las instituciones como la Asamblea Nacional están paralizadas, las FF.AA. tienen crisis interna, el correísmo trata de tomar distancia de la situación y el pueblo retoma la tradición de lucha que le permitió ganar el primer round de una larga pelea.
La principal debilidad del proceso es el papel lamentable que jugaron las organizaciones sindicales del desarticulado movimiento obrero ecuatoriano: han estado ausentes o, lo que es peor, jugaron un rol nefasto. Las viejas direcciones estalinistas, sobre todo maoístas, que antiguamente dirigieron importantes organizaciones sindicales, hoy están recluidas en algunos sectores de empleados públicos y no llamaron a centralizar ninguna acción: apenas alguna declaración en los días posteriores al 12 de octubre, llamando una vez más a la paz y la unidad nacional.
La CUT, central sindical impulsada durante el correísmo, ha llegado al extremo de sentarse a negociar con el Ministerio de Trabajo. Mientras en las calles miles de indígenas, jóvenes, vecinos, organizaciones sociales, trabajadores en general, arriesgaban su vida enfrentando al gobierno de Lenín Moreno, los dirigentes se reunían con el ministro Madero, quien anunciaba: “Hemos llegado a consensos con la CUT, que son parte del Consejo Nacional de Salarios”. “A través del diálogo se soluciona el tema laboral”, señalaban a su vez Agustín Lindao y Richard Gómez, dirigentes de la CUT[1].
Por estas razones, al aguerrido pueblo
ecuatoriano se le hace indispensable superar las debilidades de una dirección
que solo se propone “negociar” y buscar una salida política dentro del actual
marco institucional del Estado capitalista y semicolonial. De allí el esfuerzo
denodado de nuestros compañeros en la búsqueda de la organización que centralice
e impulse la formación de nuevas direcciones de estos procesos de lucha.
Seguiremos dialogando con los mejores luchadores sociales, con los dirigentes
obreros y los campesinos pobres, tratando de articular y continuar la pelea
para dar vuelta todo y así ganar definitivamente la batalla para que gobiernen
los que nunca gobernaron, los trabajadores y el pueblo,
en el camino de la revolución socialista.
[1] Diario El Comercio, 9/10/19.
¿Qué es la CONAIE?
El principal actor de la revuelta en Ecuador ha sido el movimiento indígena, organizado fundamentalmente alrededor de la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas Ecuatorianas, que integra naciones indígenas de las tres regiones del país: andina, costera y amazónica.
La CONAIE es desde los ’90 un protagonista central de la política ecuatoriana, tanto por su capacidad de movilización para destituir presidentes, como lo hizo en 1997, 2000 y 2005, como para imponer agendas reivindicativas y políticas o también participar en diferentes gobiernos aportando ministros y funcionarios a alguna de las gestiones que luego ayudó a destituir. Es lo que sucedió cuando apoyaron y luego enfrentaron a Gutiérrez, Correa o el propio Lenin Moreno.
El acceso a la tierra y la incursión de grupos indígenas en la comercialización de productos agropecuarios permitieron el surgimiento de capas acomodadas, una suerte de nueva oligarquía indígena, que han constituido la base para el desarrollo de una nueva intelectualidad andina. Este fenómeno acontece en la mayor parte de grupos étnicos. La propia dirigencia de la CONAIE es producto de este proceso.
La CONAIE, siendo la organización mayoritaria, no representa, sin embargo, a la totalidad del movimiento indígena. La conciencia étnica se manifiesta también en otras organizaciones como la Federación Ecuatoriana de Indígenas Evangélicos (FEINE) y la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras (FENOCIN).
La FEINE, por ejemplo, se formó en 1980 por iniciativa de las iglesias protestantes norteamericanas. Actualmente está integrada por 14 asociaciones provinciales, abarcando a las nacionalidades quichua, shuar, achuar, siona, secoya, huaorani, cofán, tsáchila, chachis y awa. Aunque su organización es sobre todo rural, se ha extendido a Quito y Guayaquil, ciudades en las que hay significativas migraciones indígenas. La FEINE es una organización de carácter confesional y se ha ubicado siempre a la derecha de todos los procesos de movilización.
Estas razones, la naturaleza diversa y la pretendida representación de sectores pobres y otros acomodados de las mismas organizaciones indígenas, explican no solo sus oscilaciones sino también sus limitaciones objetivas para avanzar en la lucha anticapitalista. También se explican así las numerosas crisis en la CONAIE: Jaime Vargas, presidente desde 2017 y protagonista fundamental en las movilizaciones de octubre, es parte de una nueva dirección surgida contra los viejos dirigentes cooptados por el gobierno de Lenin Moreno.
Han sido los indígenas pobres quienes han expresado el grado de descontento que se siente en las clases populares tras la crisis provocada por la caída del precio del petróleo y el paquetazo del FMI. Las bases arrastraron a la dirección y en especial a Vargas a llamar a las manifestaciones, y otros colectivos se fueron integrando.
El eje político del movimiento indígena es el Estado plurinacional y el eje económico es el sumak kawsay (buen vivir, en quechua), en referencia al modelo económico ambientalista defendido por los indígenas, que incluye la suspensión de todas las concesiones petroleras y mineras. A estas medidas se oponen los sectores más moderados de la CONAIE, representados entre otros por Salvador Quispe, el anterior presidente de la confederación.
Vargas, entonces, emerge por estos días como el principal dirigente y ya manifestó su voluntad de postularse como alternativa política “si el pueblo se lo pide”. Claro que su rol en la negociación, las idas y vueltas, las vacilaciones y retrocesos que describimos en otras notas, expresan las limitaciones de la CONAIE y la necesidad de que el pueblo trabajador, junto a los campesinos pobres, la juventud y el pueblo, se autoorganice bajo un programa que continúe el camino en la pelea anticapitalista.