La historia de nuestro sistema de pensiones de reparto, la de su desguace, las sucesivas “reformas” y los discursos que las acompañan es esencial para entender el proyecto de Macron, el último avatar en una serie ininterrumpida de ataques desde 1991 por los gobiernos de derecha e “izquierda”. La Comuna ofrece su dossier en 10 preguntas y respuestas.
1. ¿Cómo es el sistema actual de jubilación por reparto?
Es parte del sistema de Seguridad Social establecido en 1945, resultado de la conquista de les trabajadores en la ola de huelgas insurreccionales en la inmediata posguerra. Se basa en dos principios:
· No recibir de inmediato una parte del salario. Hablamos de salarios diferidos: el salario neto se paga al empleado al fin de cada mes, una vez que la parte del salario diferido (aportes) se paga a la Seguridad Social. La suma, salario neto y salario diferido, forma el salario bruto. Este salario bruto pertenece a les trabajadores: ¡eximir al patrón de su contribución a la seguridad social, transformándola en impuesto, es robar al trabajador/a!
· Poner ese salario diferido en un fondo común para asegurarnos mutuamente en cada momento de la vida (enfermedad, desempleo, jubilación, familia) según el principio de solidaridad obrera: cada une aporta para todes y todes para cada une. Cada une aporta según su salario y recibe según sus necesidades: por lo tanto, las prestaciones de salud o jubilación no corresponden al aporte individual de cada une (a diferencia de los fondos de pensión o la jubilación por puntos).
2. Antes de 1945, ¿cómo funcionaba?
Antes de 1945, quienes se lo podían permitir reservaban dinero en organismos financieros privados: por lo tanto, era un sistema basado sobre todo en la capitalización. Solo quienes trabajaban en ciertos sectores tuvieron planes previsionales específicos desde el siglo XIX (1858 para trabajadores de gas de la Compañía parisina; 1860 para ferroviarios de ciertas compañías; 1890 para todos los ferroviarios; 1894 para mineros). Fueron las luchas sociales y la relación de fuerzas las que impusieron su instauración para dar respuesta ante los salarios de pobreza y las grandes dificultades.
En su mayoría, después de la crisis económica de los años ’30, les jubilades viven en la miseria y la indigencia si ya no pueden trabajar más ni ser alojados y alimentados por sus familias.
3. ¿Cuáles fueron los ataques anteriores al actual sistema jubilatorio de reparto?
Bajo pretexto de preservar el régimen de reparto, asegurar su sostenibilidad y viabilidad financiera, el Estado aliado a las patronales llevó a cabo operaciones de desguace. Desde 1991, el objetivo de las diversas reformas siempre fue el mismo: ¡bajar el monto de las jubilaciones por reparto y desarrollar las jubilaciones por capitalización!
Durante treinta años, el Estado no dejó de interferir en la gestión de los ingresos (aportes) y gastos (beneficios sociales) del presupuesto de la Seguridad Social, que es mayor al suyo[1], para controlarlo, disponer de él y asfixiarlo.
· El primer ataque data de 1991: Rocard instara la contribución social generalizada (CSG), un impuesto obligatorio para participar en el financiamiento de la Seguridad Social y, desde 2018, en el del seguro de desempleo, en vez de los aportes salariales. ¡La tasa de la CSG pasó del 1.1% sobre los ingresos al 9.2% en 2019!
· En julio de 1993, la ley Balladur-Veil impuso a les trabajadores del sector privado 40 años de trabajo (en vez de 37.5) y el cálculo de los mejores 25 años (en vez de los mejores 10 años). Las jubilaciones, desindexadas de la evolución salarial, ahora están alineadas con la inflación.
· En 1995, el plan Juppé atacó a los regímenes especiales y se enfrentó a las huelgas de noviembre-diciembre de 1995 que lo derrotaron.
· Sin embargo, siguiendo el desguace de la Seguridad Social iniciado por la CSG de Rocard, el gobierno de Juppé impuso en febrero de 1996 el principio de las leyes de financiamiento de la Seguridad Social y para hacerlo cambia la Constitución: “Las leyes de financiación de la seguridad social determinan las condiciones generales de su equilibrio financiero y, considerando sus previsiones de ingresos, fijan sus objetivos de gasto, en las condiciones y bajo las reservas previstas por una ley orgánica”[2]. También en 1996 los acuerdos ARRCO-ARGIC (jubilación complementaria), firmada en especial por la central sindical Fuerza Obrera, hacen bajar el monto de las jubilaciones en el sector privado.
· La “izquierda plural” gobernante (PS-PCF-Verdes-PRG) siguió con varias medidas que distorsionaron el sistema de reparto: en 1999, la creación del Fondo Previsional de Reserva, y en 2001, la ley Fabius sobre el ahorro salarial…
· En 2003, la ley de Fillon alineó a los empleados públicos en las 40 anualidades del sector privado y prevé para todos (excepto los regímenes especiales) un aumento gradual del período de aporte de 41.5 años.
· La reforma de Sarkozy de 2007 alinea a les trabajadores de los regímenes especiales (ferroviarios, transporte público e industrias de electricidad y gas) en las 40 anualidades.
· En 2010, la reforma de Woerth toma toda una serie de medidas, siendo las más emblemáticas la suba de la edad legal de jubilación (de 60 a 62) y la suba de la edad jubilatoria sin descuento (de 65 a 67 años).
· El PS retoma la mano en 2013 con la reforma Hollande-Touraine, que impuso el pase a las 43 anualidades para 2035.
4. El sistema actual, ¿no es inequitativo? ¿No es una buena idea el sistema universal, en vea de 42 regímenes diferentes?
Hasta 1929 y las primeras leyes jubilatorias, los primeros llamados regímenes especiales (creados en el siglo XIX), se consideran una referencia: la nivelación se hace hacia arriba. Cuando hay una uniformidad (en 1919 para la jubilación del sector correo, tabaco, fósforos y monedas, en 1922 para ferroviarios), se realiza según el modelo de los regímenes más favorables y ventajosos.
No fue sino desde 1991 que los diferentes gobiernos empezaron a hablar de desigualdad, de privilegios (regímenes especiales, estatales) para nivelar hacia abajo los distintos regímenes y reducir gradualmente el monto de las jubilaciones para todes.
5. Entonces, ¿cuál es el objetivo del gobierno con esta reforma?
¡Siempre el mismo! Reducir el monto jubilatorio administrado por el sistema de reparto y desarrollar las jubilaciones por capitalización.
Durante treinta años, la cámara patronal Medef y el gobierno han querido recuperar esa parte de los salarios que está fuera de su control y no han dejado de implementar medidas para eximir las contribuciones patronales, llamadas “cargas sociales”.
Los sucesivos gobiernos desde Rocard han introducido el reemplazo progresivo de los aportes sociales por impuestos para hacer desaparecer la realidad del salario diferido y poner a la Seguridad Social bajo la tutela del Estado. El resultado es claro: en 2018, los aportes sólo representan el 54.2% de los ingresos de la Seguridad Social (contra el 77% en 1959).
Reducir los aportes y, por lo tanto, los gastos: así es como la reforma de Macron prevé limitar el gasto jubilatoria al 14% del PIB. Para eso, todos los medios son buenos: edad eje (de retiro), cálculo del monto jubilatorio sobre los salarios de toda la carrera, fin de los regímenes especiales…
6. ¿Qué consecuencias tendrá esta reforma para les trabajadores?
Una disminución general del monto jubilatorio para todas y todos. Sindicatos y colectivos ciudadanos han realizado simulaciones que permiten verlo bastante claro:
· Un/a trabajador/a del sector privado, nacido/a en 1961, recibe con el sistema actual una jubilación que equivale al 73% de su último salario; un/a empleado/a del sector privado, nacido en/a 1990, con el sistema de puntos de Macron sólo recibirá el 56% de su último salario[3];
· Para un/a asistente administrativo/a o técnico/a (categoría C) de la función pública del Estado, entre el sistema actual y el sistema de puntos de Macron la pérdida mensual varía entre 280 y 336 euros; para un/a secretario/a administrativo/a o técnico/a (categoría B), entre 232 y 352 euros; para un/a profesor/a certificado/a, entre 426 y 626 euros; para un/a asistente administrativo/a con prima promedio (categoría A), entre 454 y 538 euros de pérdida[4].
¡Estas pérdidas, calculadas antes del anuncio de la edad eje a 64 años, se deben reevaluar aún más!
7. Sí, pero ¿no es necesaria la reforma debido a los problemas de financiamiento?
Este es, de hecho, el argumento recurrente de los distintos gobiernos durante treinta años: habría demasiados jubilades en comparación con el personal activo… El Consejo de Orientación de Jubilaciones (COR) estima que en 2025 el sistema tendrá un déficit que oscila entre 8 y 17 mil millones de euros.
Este déficit es una construcción, fruto de elecciones conscientes por parte de los sucesivos gobiernos y sus gastos de “reformas”. Los gastos (unos 340 mil millones por jubilaciones pagadas cada año) es bastante estable. En cambio, los ingresos están disminuyendo por las medidas de austeridad decididas o por las exenciones fiscales otorgadas a las patronales por el Estado.
Así es como la reducción en el número de estatales (y, por lo tanto, en el monto de aportes pagados por el Estado y las comunidades) y la política de exención de las cargas sociales aumentan el déficit.
Lo mismo la reforma de Macron, que lejos de restablecer el equilibrio va a hacer explotar el déficit. Por dar un solo ejemplo, la baja del tope máximo de ingresos sujetos a aporte (de 27.000 a 10.000 euros por mes) va a debilitar de modo notorio el financiamiento del sistema de reparto: ¡esto significará casi 4.800 millones de euros menos en aportes por año, pese a que será necesario por varias décadas seguir pagando pensiones calculadas sobre ingresos muy altos[5]!
8. Sí, pero con la extensión de la vida útil, ¿no deberíamos trabajar más?
Este supuesto argumento de sentido común, como el del déficit, utilizado por diferentes gobiernos desde hace treinta años, se choca con la realidad económica sufrida y vivida por el 50% de les trabajadores mayores de 60 años, que sufren despidos y/o enfermedades: aumentar la edad de jubilación no permite que les trabajadores trabajen más tiempo, sino que les obliga a esperar más tiempo en desempleo, enfermedad o con subsidio mínimo antes de poder jubilarse[6]. Y aún más: ese porcentaje del 50% corresponde a un promedio porque si, a los 35 años, un ejecutivo puede esperar 34 años de vida saludable, para un obrero eso se reduce a 24 años…
9. ¿No se deberían gravar los ingresos financieros para pagar las jubilaciones?
Eso es parte de las falsas “buenas ideas” que presentan la CGT y los partidos que se dicen de izquierda. Eso equivale a meter al lobo a cuidar las ovejas, o sea meter a las instituciones financieras, bursátiles y bancarias en el financiamiento de la Seguridad Social.
Insistimos: nuestro sistema se basa en la solidaridad obrera, independiente de las patronales; nuestras jubilaciones deben seguir siendo financiadas sólo por los aportes en relación a los salarios.
Para perpetuar y financiar el sistema actual, se pueden y se deben implementar soluciones simples. Aumentar los salarios es aumentar los ingresos para las jubilaciones; prohibir los despidos significa menos personas desempleadas y miles de millones más en jubilaciones…
10. ¿Qué dicen los sindicatos y los empresarios al respecto?
Las organizaciones patronales en su mayoría están a favor del proyecto del gobierno y han entendido que, para ellas, serían menos salarios diferidos a pagar.
Todas las centrales sindicales han acordado, sin excepción, dialogar con el gobierno durante veinte meses. Solo la radicalización y la ausencia de pactos de la base trabajadora los obligó a cambiar su posición. La decisión de los sindicatos del transporte público de proponer a les trabajadores declarar la huelga indefinida el 5 de diciembre de 2019 hasta que se retire el proyecto, y el éxito de ese llamado, que se extendió más allá del transporte y el ferrocarril, obligó a los dirigentes de la CGT y de FO a ponerse a tono y exigir, bajo amenaza de rechazo a su autoridad, que se retire el proyecto.
Esos dirigentes se vieron obligados a ocultar balo mesa sus eternos pedidos de negociar “otra reforma” o una “buena reforma”. Los obstáculos que intentaron ponerles a les trabajadores se deshicieron como polvo: el traidor llamado de la CGT en la noche del 18 de diciembre de 2019 a manifestar un día, el 9 de enero, no afectó la moral ni la determinación de les trabajadores, que los desbordaron…
Isabelle Foucher
31/12/19, actualizado al 13/1/20
Nuestra posición: ¡ni ley ni reforma!
Todas y todos en huelga por:
- el retiro del proyecto de Macron
- la restitución de la Seguridad Social sobre sus bases fundacionales de 1945: derogación de los decretos de 1987 y las leyes de Balladur, Fillon, Sarkozy et Hollande
- la recuperación y el fin de todas las exenciones de cotizaciones sociales
- la vuelta al derecho de iniciar la jubilación a los 60 años
- la vuelta a los 37,5 años de aporte para una jubilación a tasa plena privada o pública
- la vuelta al cálculo de la jubilación del sector privado sobre los 10 mejores años
- la indexación de las jubilaciones sobre los salarios de los activos
- la continuidad del Código de jubilaciones civiles y militares y de todos los regímenes especiales y de la armonización hacia arriba de todos los regímenes de previsión y jubilación
- ninguna jubilación inferior al salario mínimo y salario mínimo a 1.800 euros netos
- aumento de 400 euros a los salarios y subsidios sociales mínimos; igualdad salarial entre mujeres y varones
- una ley de prohibición de despidos
[1] “La Seguridad Social paga 470 mil millones de euros en prestaciones por año, más que el presupuesto estatal: 350 mil millones de euros. Esto equivale al 25% de la riqueza nacional: el PIB ronda los dos billones de euros” (en la web www.securite-sociale.fr, ¿Qué es la Sécu? Cifras clave).
[2] Artículo 34 de la Constitución.
[3] Estimaciones del colectivo Nuestras Jubilaciones, citado en Reforma jubilatoria: las verdaderas cifras, por Dan Israel, en Mediapart, 5/9/19.
[4] Nota UFSE sobre simulaciones de la reforma de Macron comparada al régimen actual de los estatales en el Informe Delevoye, 9/9/19 (en la web ufsecgt.fr).
[5] Reforma jubilatoria: lo revelador de los altos salarios, por Dan Israel, en Mediapart, 30/12/19.
[6] Jubilaciones: no, no todos los mayores pueden trabajar más tiempo, por Dan Israel, en Mediapart, 24/9/19.