El gobierno ha enviado al Congreso un
proyecto de ley que negocia aceleradamente con la “oposición” y
secretamente con representantes de los acreedores.
Con el pomposo nombre de “Ley de Gestión de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa”,
realiza una verdadera declaración jurada de reconocimiento y compromiso
de pago y pide al Congreso manos libres para negociar con los usureros.
Superpoderes y un cheque en blanco a la medida de los acreedores con
renunciamiento de soberanía incluida y sometimiento del país a la
jurisdicción de los tribunales internacionales.
La letra chica
Hay una parrafada de considerandos haciendo un racconto de las herramientas legales con las que el gobierno de los K se transformó en pagador serial y puntual. También de críticas al macrismo por haber aumentado el endeudamiento y dejar al país “fuera de los mercados internacionales”. Pero lo importante, la verdadera carta de intención, viene después.
1) Plantean que es prioridad la restauración de la “sostenibilidad de la deuda pública externa”. Ello significa el reconocimiento de la deuda y el compromiso de ordenar la economía para poder pagar. Atrás quedaron los argumentos de campaña, cuando Alberto F. hablaba de la puerta giratoria, donde casi la totalidad de lo que ingresó del FMI salió en fuga de capitales. Recordemos que de 44.867 millones de dólares que entraron del préstamo del FMI, 36.640 se fugaron. ¡Ocho de cada diez dólares! Siendo una deuda “odiosa”, el gobierno actual igualmente la reconoce. Ni siquiera está dispuesto a plantear una auditoría, una investigación independiente, para ratificar ese carácter ilegítimo suspendiendo los pagos.
2) Se autoriza al Poder Ejecutivo a negociar con el Fondo y los buitres como le plazca. Es decir: renegociar, reestructurar, reperfilar…. es decir las diferentes tácticas para pagar intereses y capital.
3) Designa al Ministro de Economía “autoridad de aplicación” y le da vía libre para bajar a tierra lo conducente para los acuerdos y los pagos. A saber: emitir títulos, designar asesores financieros (léase todo el poder a los bancos) para coordinar y operar los acuerdos y pagos. Para aprobar y suscribir contratos con cuanto agente financiero o institución bancaria quiera.
4) Faculta al Jefe de Gabinete a realizar las modificaciones presupuestarias pertinentes para imputar los gastos a pagos de la deuda. Otra vez sopa. Por eso se prorrogaron presupuestos nacional y bonaerense hasta definir con el Fondo y los usureros.
5) La frutilla del postre: autoriza al Ejecutivo a “contemplar en la normativa e incluir en los documentos pertinentes las aprobaciones y cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros”. Y renuncia expresamente a “oponer la defensa de inmunidad soberana” en caso de reclamos. Es decir, nada que envidiarle a los acuerdos de Menem, Cavallo y los propios de los K, que aceptaron la injerencia imperialista de los tribunales de Nueva York. Una vergüenza.
Por supuesto que, en consonancia con la consigna de “crecer para pagar”, dice muy al pasar que deberá ser compatible con la recuperación de la economía productiva y con la mejora de los indicadores sociales básicos. Y por ello no se pueden comprometer las reservas del Banco Central. Por supuesto nada dice del salario, los presupuestos sociales o la jubilación.
Porque tienen en claro que el marco económico es muy diferente al del
inicio del gobierno de los K, con viento de cola proveniente de la
economía mundial, el valor de los comodities y el rebote
económico que permitió una importante acumulación. Hoy domina la crisis
capitalista internacional, hay un endeudamiento récord, una brutal
estanflación con despidos y miseria y los estrechos márgenes no permiten
meter la tierra debajo de la alfombra. El dilema hoy es otro. O se
ajusta a les trabajadores y sectores medios y populares para pagar la
deuda, o se ajusta al FMI y a las corporaciones y con la plata de la
usura se aumentan los presupuestos sociales.
Movilizar para repudiar la deuda
Se impone una fuerte campaña de repudio a la deuda, por la auditoría independiente y el no pago. Por el aumento de salarios, jubilaciones (con el 82% móvil) y de los planes sociales, todos con cláusula gatillo de actualización automática según inflación.
Desde el MST venimos planteando esta política en el movimiento obrero y popular y diversos ámbitos con el objetivo de impulsar acciones de debate y movilización.
En ese sentido le hemos hecho una propuesta a la mesa del Frente de Izquierda Unidad. Para encarar una enérgica campaña de difusión y acciones, de rechazo del proyecto oficialista y postulación de una propuesta alternativa de la izquierda. Elaborando una declaración conjunta, realizando una conferencia de prensa el día anterior al tratamiento legislativo del proyecto donde plantear la postura de les diputades del FIT Unidad y llamando para el día de su tratamiento a una concentración con un acto frente al Congreso.
Guillermo Pacagnini