Por Mick Armstrong
El último paquete de rescate de Scott Morrison, que incluye un subsidio salarial de $ 750 por semana, ni se acerca a lo necesario para salvarnos de la devastadora crisis económica y sanitaria que se está desarrollando.
Algunos puestos de trabajos se salvarán, y algunos trabajadores recibirán un poco más dinero con el esquema de Morrison del que obtendrían con el seguro de desempleo. Eso es indudablemente positivo. Pero el paquete no evitará que sea despedida mucha gente que trabaja en pequeñas empresas. Además, por las diversas exclusiones del subsidio, aproximadamente un millón de trabajadores contratados que no hayan cumplido un año con su empleador actual, y muchas otras categorías de trabajadores, incluidos aquellos con visas temporales, no recibirán un centavo.
Todo trabajador despedido en esta crisis debería recibir inmediatamente el salario promedio como mínimo. El pago “JobKeeper” de Morrison ($ 1,500 por quincena) implica un recorte salarial sustancial para muchos trabajadores. No supera el salario mínimo por mucho y solo alrededor del 70 por ciento del salario medio. Además, el esquema de Morrison estipula que los pagos no comenzarían hasta el final de la primera semana de mayo como muy pronto, y solo se mantendrían durante seis meses. Después de ese plazo pasarían al seguro de desempleo.
Esto significa que algunos trabajadores que perdieron sus trabajos hace dos semanas tendrán que mantenerse sin ingresos durante casi dos meses. Quien no tenga ahorros o amigos y parientes a quienes pedir dinero prestado, tendrá que ver cómo sobrevivir durante esta emergencia sanitaria. Y una demora tan larga en poner dinero en manos de los trabajadores solo acelerará el ritmo del colapso económico.
La dura realidad es que la mayor parte del dinero de este paquete de rescate de Morrison, al igual que con sus dos paquetes anteriores y los diversos paquetes del gobierno, no tiene como objetivo proteger los empleos y los medios de vida de los trabajadores, jubilados y pobres, sino preservar las ganancias de las grandes empresas.
Los gobiernos de todo el mundo están invirtiendo billones de dólares para apuntalar a los bancos y otras grandes corporaciones. Pero esto no evitará una depresión devastadora ni que decenas de millones de trabajadores sean arrojados a la basura. Esto se ve claramente aquí en Australia, donde Qantas y Virgin Airlines recibieron un paquete de rescate gubernamental de $ 675 millones e inmediatamente después despidieron a 28,000 trabajadores. Ahora Qantas está exigiendo otros $ 4,2 mil millones al gobierno sin ninguna garantía de salvar empleos.
Es necesario mantener industrias clave como las aerolíneas y los empleos de sus trabajadores. Pero en lugar de entregar miles de millones de dólares a personas como Alan Joyce, estas industrias vitales deberían ser expropiadas de inmediato por el gobierno sin ninguna compensación a los ricos parásitos que han hecho una fortuna a lo largo de los años.
Lo mismo ocurre con los hospitales privados y las empresas de atención médica. Es obsceno que, en medio de una devastadora emergencia de salud, los gobiernos estén desperdiciando cientos de millones de dólares apuntalando sus ganancias. Sus instalaciones vitales deben incorporarse al sistema público de atención de salud y se debe realizar un esfuerzo centralmente planificado y coordinado para manejar la pandemia.
El colapso del transporte público debido a las restricciones impuestas a los movimientos de personas también ha llevado a pedidos de grandes paquetes de rescate para empresas como Metro Trains. Eso sería un obsceno desperdicio de dinero y no salvaría empleos. En cambio, el transporte público debería volver a ser público, sin compensación para los proveedores privados.
Sin embargo, no solo empresas en quiebra como Qantas deben ser nacionalizadas y sometidas al control democrático de sus trabajadores y el público en general. Es necesario tomar el control de las principales cadenas de supermercados que se están beneficiando de esta crisis y no están haciendo frente al aumento de la demanda.
El suministro seguro de alimentos y artículos básicos para el hogar es vital para todos nosotros en esta crisis. No se puede dejar en manos de empresas cuya principal preocupación es la ganancia.
Es necesario reorganizar toda la industria de suministro de alimentos: los almacenes, las empresas de transporte y las cadenas de supermercados para garantizar que no haya escasez de alimentos y que los trabajadores que realizan este trabajo vital lo hagan en las condiciones más seguras posibles.
La gente no debería tener que congregarse en pasillos de supermercados abarrotados o hacer fila en condiciones inseguras, tanto para los clientes como para el personal, para hacer sus compras. Sería mucho más seguro si se entregaran alimentos y suministros vitales directamente a los hogares de las personas. Esto debería comenzar primero con los enfermos y personas vulnerables y luego extenderse a toda la población.
Las fábricas deben dedicarse a producir ventiladores, máscaras, equipos de testsde coronavirus, desinfectantes y otros suministros médicos vitales que producen en masa, y a garantizar un suministro adecuado de todas las necesidades. Se deben construir rápidamente nuevos hospitales y centros de recuperación.
Los centros de investigación deben coordinar para generar una vacuna para tratar el virus lo antes posible y proporcionarla gratuitamente a la población mundial.
Los hoteles y las propiedades vacantes deben ser tomados para alojar a las personas sin hogar, víctimas de violencia de género, personas que necesitan aislarse y aquellos que viven en condiciones de hacinamiento o insalubres.
Para lograr todo esto, necesitamos planificación, coordinación, apertura, responsabilidad pública y control democrático por parte de los trabajadores directamente involucrados y la comunidad en general. Necesitamos una economía planificada democráticamente dirigida principalmente a satisfacer las necesidades humanas.
Esta severa crisis ha revelado claramente que una economía impulsada por los dictados del mercado y que coloca la búsqueda de ganancias por encima de todo lo demás, no puede ofrecer ni siquiera lo más básico en términos de salud pública y trabajo seguro y gratificante. No puede planificar con anticipación para hacer frente a emergencias totalmente previsibles, y no puede evitar el estallido periódico de recesiones que arruinan millones de vidas.
La naturaleza anárquica de este sistema capitalista impulsado por las ganancias significa que, por un lado, se nos dice a todos que nos encerremos en casa y no visitemos amigos, pero por otro lado, a millones de trabajadores se les dice que continúen yendo a trabajar en un transporte público inseguro para realizar trabajos que no son esenciales para enfrentar la crisis sanitaria ni para satisfacer las necesidades básicas de la vida.
Toda la economía tiene que ser drásticamente reorganizada para invertir toda nuestra energía en superar la emergencia sanitaria y proporcionar los elementos esenciales para la vida de todos. Pero esto debe hacerse de una manera que proteja la salud y la seguridad de esos heroicos trabajadores en la primera línea de fuego: las enfermeras, personal de limpieza, médicos, conductores de ambulancias, repositores de supermercados, trabajadores de transporte, de sanidad, de alimentos y muchos más.
No podemos esperar que el mercado o las grandes empresas hagan nada de eso. Solo se puede hacer a través de una economía planificada controlada democráticamente por aquellos que brindan todos los servicios y producen todas las necesidades de la vida: el pueblo trabajador.