Nicaragua: migrantes y el muro de contención Orteguista

Por Alternativa Anticapitalista

“Los nicaragüenses tienen derecho a circular y fijar su residencia en cualquier parte del territorio nacional; a entrar y salir libremente del país” Constitución política Nicaragüense. Artículo 31.

Hace menos de 1 mes en pleno pico pandémico, la dictadura Ortega Murillo negó el ingreso de unos 500 migrantes nicaragüenses varados por más de 10 días en la frontera de Peñas Blancas, entre Nicaragua y Costa Rica, y fuerzas policiales bloquearon el ingreso de migrantes que intentaban regresar al país, en las peores condiciones. A esta situación se suma la negativa de la dictadura de garantizar un retorno asistido oportuno a unos 160 nicaragüenses que se encuentran varados en las Islas Caimán, y 800 más que hasta hace muy poco tiempo han podido ingresar vía terrestre desde Panamá; y unos 80 que retornan de Guatemala. Esto implica una violación de los derechos fundamentales de las personas migrantes que el Estado de Nicaragua ha asumido tanto por ley internacional como constitucional y doméstica, y representa una excepción para los flujos de migrantes y refugiados nicaragüenses a Costa Rica.

Aunque los flujos migratorios entre ambos países tienen una amplia historia, el reciente episodio se diferencia por su perfil y condición particular: les migrantes retornados en su mayoría son opositores a la dictadura de Ortega, hombres y mujeres jóvenes en edad laboral, muchos con educación superior; activistas del movimiento campesino, indígenas y afrodescendientes de zonas afectadas por la represión orteguista. En resumen: son refugiados o solicitantes de asilo en otros países, sumado a cientos de otros migrantes económicos irregulares, que ante el recrudecimiento de la precarización que provocó la pandemia de COVID-19, y los altos niveles de desempleo y falta de oportunidades para integrarse, decidieron retornar a Nicaragua; cuyo gobierno les cerró violentamente la frontera.

El “muro de contención” de Ortega^[1] en las fronteras sur y norte de Nicaragua, se relaciona con la praxis de toda su política migratoria desde que regresó al poder, que evidencia un desprecio sistemático por los derechos fundamentales de los ciudadanos nicaragüenses y principalmente de los migrantes, sobre todo de aquellos más desposeídos. Esta es una situación sin precedente en la historia de las migraciones entre Nicaragua y Costa Rica, y también confirma el contradictorio discurso de un Ortega “cristiano, socialista y solidario” que no deja retornar a sus ciudadanos en condiciones vulnerables, pero que invita a entrar, a quienes tienen el capital para invertir, turistas europeos en cruceros y priorizando las ganancias privadas y no la vida de migrantes en retorno y circulación. ¡El FSLN no es Socialista! Y como sociedad dentro y fuera de Nicaragua debemos exigir al gobierno de Ortega: ¡Déjenlos entrar! garantizando además la realización de las pruebas de detección de COVID-19, de forma gratuita y acompañada de atención humanitaria inmediata.

La respuesta de Costa Rica, ¿hasta dónde llega?

Con el estallido de la crisis sociopolítica y debido a la represión desmedida de la dictadura Orteguista y todas sus instituciones, han salido de Nicaragua en condición de exiliadas más de 150,00 personas, cuyo principal destino ha sido Costa Rica, país que desde abril de 2018 ha recibido a unos 80,000 nicaragüenses solicitantes de refugio, y que se suman a los miles de migrantes que por motivos económicos ya estaban en situación irregular en el vecino país del sur. Hasta ahora, con relación a la crisis reciente, la respuesta del gobierno de Costa Rica, ha sido brindar atención humanitaria y asistencial, apoyada por la solidaridad de la diáspora nicaragüense radicadas en esas zonas, así como organismos de DDHH. Sin embargo, desde el gobierno central tico todavía, no se han desarrollado programas efectivos que den respuestas integrales con todas las condiciones necesarias y garantías de protección.

El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, ha tomado medidas para asistir a aquellos nicas que permanecen en el territorio costarricense y que presenten una prueba negativa de COVID-19; mismas que han sido facilitadas y realizadas por la Fundación Arias, una ONG con un director acusado de abuso sexual. Los migrantes que den positivo a la prueba diagnóstica de COVID-19 deberán hacer su cuarentena obligatoria en un albergue en la zona fronteriza. Aunque este enfoque humanitario y asistencialista resuelve la crisis inmediata, no apela al reconocimiento de las causas estructurales que provocan el retorno, ni a las políticas excluyentes que perpetúan la explotación de migrantes nicaragüenses tanto por Nicaragua como por Costa Rica, por lo que no es una solución de largo plazo a la crisis de refugiados y retornados.

La clase trabajadora-migrante Nicaragüense aporta una significativa parte del Producto Interno Bruto a Nicaragua y Costa Rica^[2], por ejemplo aportaron 10.1% del PIB de Nicaragua en 2017, a través de remesas. Mientras en Costa Rica, los migrantes y trabajadores nicaragüenses, aportaron 12% del PIB en 2018, enfocado primordialmente en la industria agropecuaria, de cuidados y de construcción. Pese a esto en ninguno de los dos países se les garantiza el acceso universal a salud, o seguro social de calidad. La voluntad política de ambos gobiernos, como muchos otros, está enfocada a preservar los privilegios de las farmacéuticas, del sistema de salud privatizado, tercerizado y de los grandes capitales. Mientras esto no cambie seguirá como necesidad urgente responder con todas las condiciones e insumos para la atención sanitaria que permita salvaguardar la vida de las y los ciudadanos durante esta pandemia, causada a su vez por la descomposición general del sistema capitalista.

La salud es un derecho, no un privilegio, sin importar nuestro estatus migratorio ni en cuál territorio nos encontremos, es deber de todos los Estados garantizar el retorno seguro de sus ciudadanos, incluso de aquellos que hoy presentan síntomas y contagio de COVID-19, puede que incluso más, por su necesidad de atención médica inmediata.

Honduras, Nicaragua y Guatemala: Gobiernos y complicidad capitalista

Por su parte el gobierno de Juan Orlando Hernández en Honduras, un país expulsor de su propio pueblo (un 10% de la población de Honduras son emigrantes^[3]), ha creado un muro de contención contra los retornados nicaragüenses que llegan desde Guatemala. Cada nicaragüense que se acerca a fronteras hondureñas no tiene permiso de transitar por el país, salvo que tenga autorización de ingreso emitida por el gobierno de Nicaragua.

Sucede que, a partir del 22 de julio de 2020, el Ministerio de Salud nicaragüense por decreto ministerial 358-2020, indica que: “todo viajero debe presentar el resultado negativo de la prueba Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR-rt) en tiempo real para COVID-19, realizada en un período no mayor a las 72 horas antes de ingresar al país”. Dicha prueba puede llegar a costar hasta 160 dólares, una cifra que la mayoría de migrantes retornados no pueden pagar, y como resultado están obligados a quedarse varados en condiciones de total vulnerabilidad en la frontera de Aguas Calientes, frontera con Honduras, sin que algunos de los dos gobiernos centroamericanos asuman ninguna responsabilidad.

En retrospectiva: el primer grupo de nicas que se encontró con este muro de contención fueron 92 migrantes laborales que intentaron retornar de El Salvador en abril 2020.^[4] El segundo grupo de 44 personas, 38 de ellas exiliadas en Guatemala^[5] se encontraron ante un muro diferente, el impuesto por Juan Orlando Hernández en Honduras: luego de pasar dos semanas en la frontera de Aguas Calientes, entre Guatemala y Honduras, la mayoría consiguió transitar para volver a Nicaragua. Sin embargo, algunos no consiguieron el “permiso de retorno” de Ortega, y el 1 de agosto José Herrero Osorio de 64 años, contagiado de COVID-19 y adulto mayor con diabetes, falleció en Chiquimula, Guatemala, zona fronteriza con Honduras.

De esta forma, el gobierno de JOH en Honduras le sirve de aliado a Ortega, al bloquear el paso a retornados durante la pandemia, de la misma forma que antes ha intentado bloquear a las caravanas de migrantes hondureños. Las acciones de JOH y Ortega atentan contra la dignidad humana, presidentes que -discursivamente- se denominan opuestos en sus espectros políticos, se alían para excluir y violentar los derechos de los migrantes centroamericanos. Estas políticas clasistas y excluyentes obligan a los migrantes a permanecer en condiciones inhumanas, de hacinamiento y hambre, expuestos a condiciones insalubres que aumentan el riesgo de contraer COVID-19. Ante ello, los pueblos han articulado formas de solidaridad para apoyarse humanitariamente en las fronteras.

Ortega el Capitalista: Necropolítica migratoria

“Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país.” Declaración Universal DDHH . arto. 13

No nos confundamos: La praxis política del gobierno de Ortega, y sus instituciones desde el 2007, es a todas luces capitalista, extractivista, patriarcal y colonialista; sus políticas migratorias no son la excepción. Aunque Nicaragua cuenta con la Ley No. 761 de migración con un enfoque en derechos humanos, el régimen de Ortega ha establecido una política de muerte que viola los derechos humanos fundamentales. Esto afecta directamente a migrantes y refugiados en territorio nicaragüense, y más recientemente a nicaragüenses exiliados que intentaron retornar a su país.

Algunos ejemplos concretos de esa política son la negación de ingreso a cientos de migrantes cubanos, haitianos y extracontinentales desde 2015^[6]; y la violencia física, psicológica y sexual que la fuerzas de “seguridad” del régimen ha ejercido contra migrantes en tránsito por Nicaragua, y también al criminalizar las acciones solidarias del pueblo nica que les apoyó. Ponemos otros ejemplos: la muerte por ahogamiento de 8 migrantes afrodescendientes aún no identificados en el Lago Cocibolca en 2016^[7], el asesinato del migrante camerunés Mbang Atanga Azhefor a manos del Ejército en 2017^[8], el ataque policial contra la comunidad de El Tamarindo, Carazo por ayudar a migrantes abandonados por los “coyotes” en la playa^[9]; o el caso de la maestra Nilamar Alemán, detenida y condenada por auxiliar humanitariamente a una migrante de origen Congolés y su hija menor de edad mientras transitaban por Nicaragua, hacia el norte^[10]. A esto se suman violaciones sistémicas más silenciosas, como el hecho de que Nicaragua prácticamente dejó de conceder la condición de refugiados a solicitantes del norte de Centroamérica desde 2016; aún yendo contra sus responsabilidades ante la comunidad internacional^[11].

Todos estos ejemplos son precedentes de la situación actual y dejan en evidencia que Ortega ha servido de “muro de contención” al servicio de Estados Unidos, y que como buen capitalista busca satisfacer los intereses de estos patrones imperialistas del norte, y de otros poderes geopolíticos en la región, a fin de mantener beneficios económicos y políticos para su propio gobierno. Muy similar a las políticas antimigrantes que se implementaron el norte de Centroamérica y México, para desarticular las caravanas de migrantes en 2018 integradas por más de 4000 migrantes a pie^[12]; para evitar que llegaran a EEUU según las demandas de Trump^[13].

Ortega insiste en mantener vigente su falso discurso “cristiano, socialista y solidario”, pero en la práctica fortalece dinámicas propias del capitalismo más brutal, depredador de la vida de ciudadanxs y migrantes. Por ejemplo, en 2019 lanzó un engañoso “Programa de Retorno Voluntario Asistido”^[14] que supuestamente garantizaba condiciones de seguridad para migrantes y refugiados que hubieran dejado el país en 2018. Sin embargo, las condiciones de entonces y las actuales contradicen la posibilidad de retornar a un país gobernado por el paramilitarismo asalariado de la dictadura, la persecución y el asedio permanente, el encarcelamiento político, violencia policial desmedida, el asesinato selectivo a sangre fría; la carestía de la vida y el desempleo; en una Nicaragua donde las vidas de sus ciudadanos no valen, más que para ser explotadas como mano de obra barata por las empresas e industrias del gran capital.

En Nicaragua, más del 10% del Producto Interno Bruto (el PIB de Nicaragua fue de 12.5 billones USD en 2019) proviene de las remesas, y estas fueron el único indicador macroeconómico positivo en 2019 ^[15]. Por eso, mientras sus políticas internas legitiman y promueven la explotación laboral a manos del capital nacional y extranjero, el gobierno de Ortega se sigue beneficiando de la migración forzada de cientos de miles de nicaragüenses, sobre todo de quienes se encuentran en condiciones irregulares, a fin de obtener las ganancias producto de la explotación del pueblo, con fragmentación familiar y desarraigo de por medio.

UNAB y ACJD: reformistas funcionales del régimen

Hace pocas semanas la UNAB, promovió campañas de ayuda para nicas retornando, proponiendo denuncias ante a organismos internacionales que hasta ahora no han logrado hacer nada sustancioso contra Ortega, además de canalizar donaciones de nicaragüenses en el territorio nacional y la diáspora para comprar pruebas y otros insumos de asistencia humanitaria, y resolver la necesidad inmediata de quienes se encuentran con el obstáculo migratorio en su tránsito. Ante la precariedad y la urgente necesidad de brindar ayuda a las caravanas de migrantes, se dan soluciones transitorias, pero sin propuestas para ahondar en las causas estructurales que llevan a esos migrantes a intentar retornar en las condiciones más crudas de la represión y el abandono estatal.

Somos más de 80,000 nicaragüenses solo en Costa Rica, no es sostenible alimentar el lucro de los gobiernos, farmacéuticas locales y transnacionales privadas que adquieren los insumos para el desarrollo y producción de pruebas PCR-rt a muy bajo costo o donadas por el BCIE, para luego venderlos por varias veces su valor/costo de producción, el gobierno de Ortega en Nicaragua representa el ejemplo más cínico de esta situación.

La solución medular para enfrentar esta pandemia, debe ser la generación de políticas públicas que den respuestas de fondo y propongan organizarnos en todos los niveles contra la violencia y desigualdad sistémicas. Somos una región vulnerable de las políticas capitalistas de los Estados burgueses nacionales. Impulsemos un plan de movilización de los pueblos Centroamericanos, precarizados y marginados; para que Ortega, y los demás gobernantes de turno, no sigan lucrando con las necesidades del pueblo, y aperturen entrada a todo migrante que quiera retornar a su país. Mientras eso pasa, los gobiernos de los países donde se encuentran, deben responder garantizando condiciones dignas y derechos a nuestros hermanos y hermanas nicaragüenses.

¡Organicemos la lucha y acción Internacional!

Desde Alternativa Anticapitalista, sostenemos que la lucha de los pueblos oprimidos de Centroamérica y el mundo están interconectadas, y que nuestros procesos de lucha también deben unirse, por eso es urgente convocar a la resistencia internacional coordinada, que no pasa por las burocracias institucionales. Enfatizamos que las élites políticas y económicas nacionales y transnacionales se han organizado para perpetuar nuestra opresión, y ante ello:

Denunciamos a los organismos internacionales y regionales cómplices de Ortega -SICA, PARLACEN, OEA, y a los gobiernos de la región- por su postura laxa que favorece la perpetuación del régimen dictatorial en Nicaragua.

Convocamos a los pueblos de Centroamérica y el mundo a solidarizarse públicamente con la lucha del pueblo nicaragüense, y que denunciemos por todos los medios posibles las violaciones sistemáticas de la dictadura Orteguista contra el pueblo de Nicaragua, y ahora especialmente denunciar la violencia contra los refugiados que intentan retornar sin condiciones dignas para entrar al país.

Llamamos a que activemos organización internacionalista militante para derrotar a estos gobiernos que nos explotan y nos dejan a merced de un virus, que ante la voracidad capitalista se volvió pandemia. Por la más amplia unidad en la acción en toda Centroamérica. En esta solidaridad reside nuestra lucha.

Es urgente impulsar la creación de Comités de Emergencia que discutan democráticamente planes de acción y toma de decisiones para garantizar todas las condiciones y recursos necesarios frente a la pandemia, en cada hospital y lugar de trabajo, barrios, comunidades, mercados, centros educativos y otros espacios de interacción.

Desde la Liga Internacional Socialista y nuestra organización para la región, Alternativa Anticapitalista, ante la imperante necesidad de organizarnos bajo la más amplia solidaridad de clase, obrera y estudiantil, con un programa superador para lograr que los gobiernos centroamericanos dispongan las pruebas COVID-19 de manera gratuita, asegurar el tránsito seguro a migrantes y personas en busca de refugio, y todas las condiciones para la atención médica sanitaria necesaria. Luchemos por la implementación de un Sistema Único de Salud, bajo control de trabajadores sanitarios y médico, que sea puesto a disposición de todes los ciudadanos, con presupuesto en base al rompimiento con el FMI y el no pago de la deuda externa. La salud no es un negocio, es un derecho humano básico.

^[1] Resultados del supuesto “Muro de contención” contra el Crimen Organizado en Nicaragua https://www.lavozdelsandinismo.com/nicaragua/2019-10-03/nicaragua-destaca-en-onu-resultados-de-estrategia-muro-de-contencion/

Migrantes atrapados en el “muro de Contención” en Nicaragua https://rebelion.org/migrantes-atrapados-en-muro-de-contencion-de-nicaragua/

^[2]Fuentes: https://www.efe.com/efe/america/economia/remesas-de-ee-uu-hacia-nicaragua-crecieron-un-11-5-en-2017/20000011-3550813, https://www.ameliarueda.com/nota/inmigrantes-aportan-12-por-ciento-pib-costa-rica-estudio-ocde

^[3] https://datosmacro.expansion.com/demografia/migracion/emigracion/honduras