Por Impulso Socialista
En las últimas semanas, Colombia se ha sumido en una espiral de violencia y represión por parte del Estado y el paramilitarismo que suman 33 masacres y 97 asesinatos a defensores de derechos humanos durante el 2020. Hoy, el pueblo expresa un repudio generalizado en contra de la masacre de 8 personas de una familia campesina en Samaniego (Nariño) y por el asesinato de 5 jóvenes afrocolombianos entre 14 y 16 años encontrados en un cultivo de caña de azúcar cerca de la ciudad de Cali.
¿De dónde viene y por qué se perpetúa este tipo de represión?
El pueblo Colombiano se caracteriza por su fuerte experiencia de lucha. A pesar de la represión por parte de las fuerzas militares y paraestatales, las calles y los campos se llenan de bloqueos y movilizaciones cada vez con más fuerza. Los tres últimos años han estado marcados por un ascenso de las luchas sociales donde el movimiento estudiantil, de mujeres, los pueblos indígenas, el campesinado y las comunidades afrodescendientes han sido protagonistas.
Una de las razones que fue combustible potente para las movilizaciones de finales del 2019, es la evidente y descarnada relación entre el Estado, los asesinatos sistemáticos, las masacres y los grupos paramilitares: toda una herencia de la cada vez mayor lumpenización de la burguesía en Colombia que, desde la década del 80, generó estrechos lazos entre las instituciones del Estado, el narcotráfico y el paramilitarismo.
Es importante establecer una cronología respecto de dónde surgen estas formas de represión: en las décadas del 60 y 70 hubo un auge de la lucha de la clase trabajadora en el país con grandes paros de la producción, donde el último y más grande se inició el 14 de septiembre de 1977 que marcó significativamente nuestra historia. Además, existió una fuerte influencia de los movimientos guerrilleros gracias a las revoluciones nicaragüense y cubana, donde proliferaron guerrillas en diferentes territorios y crecían otras, entre ellas las FARC, el ELN y el EPL.
Bajo este panorama, la burguesía y el imperialismo llevaron adelante un plan contrarevolucionario que ya aplicaban desde la década del 60 bajo el nombre de la Doctrina de Seguridad Nacional, donde la categoría insurgencia incluía a individualidades, grupos y organizaciones sociales que potencialmente representaran una amenaza para el orden establecido: sindicatos, partidos políticos de izquierda, movimientos sociales, organizaciones guerrilleras, periodistas, maestros y maestras, artistas, docentes universitaries, representaciones de pensamiento crítico, entre otros.
Para la década del 80, la burguesía colombiana y el imperialismo estadounidense con apoyo de Israel, fortalecieron, financiaron y entrenaron a grupos paramilitares. A la vez que, multinacionales, trasnacionales, empresarios y terratenientes armaban ejércitos paraestatales bajo los atentos ojos del Estado con el objetivo de combatir el “terrorismo”. Durante esta época, Álvaro Uribe Vélez fue director de la aeronáutica civil, quien daba vía libre al tráfico de drogas del cartel de Medellín y posteriormente fue gobernador de Antioquia donde impulsó la formación de grupos paramilitares como las CONVIVIR. Es así, como este proyecto contra el “terrorismo” lo único que provocó fue la liberación de territorios para la expansión del extractivismo, el latifundismo, y por supuesto, el narcotráfico; todo esto a partir del desplazamiento forzado de comunidades enteras, masacres sistemáticas, persecución política y aplacamiento de la lucha de clases.
Este avance contrarevolucionario no habría sido posible de manera tan contundente si las direcciones más influyentes del movimiento de masas no hubieran llamado a la conciliación de clases con un programa reformista a partir de diálogos fallidos, donde en nombre de la paz, se le cedía a la burguesía un programa radical, mientras sus bases y el movimiento de masas combatían el avance represivo del Estado. Esto, además, generó una adaptación mayor de estas direcciones del movimiento de masas a la democracia burguesa, poniendo a la clase trabajadora a la defensiva, cuya principal consecuencia fue el abandono de los métodos históricos de la clase obrera como las huelgas, las asambleas democráticas y la organización desde abajo, pues el reformismo armado priorizó la táctica guerrillera convirtiéndola en objetivo estratégico para tener beligerancia política dentro del Estado. Con ello, otros sectores tomaron como única estrategia las elecciones y esto llevó a la burocratización de los sindicatos combativos y las organizaciones campesinas, cercenando la democracia y dando espacio al régimen autoritario para avanzar con la represión bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo.
Con este panorama, el proyecto neoliberal, conservador y paramilitar de Álvaro Uribe Vélez fue levantado por la burguesía y el imperialismo estadounidense, permitiendo convertir al país en un satélite del imperialismo para ejercer control sobre Latinoamérica. Si bien todos los gobiernos anteriores eran de derecha, neoliberales y conservadores en su ideología, estos le abonaron el terreno a Uribe para profundizar la represión, por ejemplo, en el gobierno de Andrés Pastrana, EEUU financió el Plan Colombia, el cual terminó con unos diálogos de paz fallidos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que darían paso a una contraofensiva brutal con La política de Seguridad Democrática en los ocho años de gobierno de Uribe (2002 -2010). Durante este periodo, se formalizaron y legalizaron métodos cívico-militares que disfrazaron al paramilitarismo con el aval del Estado por medio de entrenamiento militar y la financiación de armas. Por esto, debemos luchar en contra del Uribismo, el régimen autoritario en su conjunto y toda su medida de Doctrina de seguridad Nacional Contrainsurgente que sólo produce más muerte y terror.
El pueblo se levanta contra el gobierno de Duque – Uribe y contra el asesinato de líderes y lideresas sociales
Una década después, se levanta una generación en contra del régimen autoritario y paramilitar que representa el Uribismo. Las últimas elecciones estuvieron marcadas por un amplio sentimiento anti-Uribe, y aunque ganó en las urnas, por muy poca diferencia de votos, Iván Duque en menos de un año de gobierno, ya tenía encima un paro nacional universitario, uno indigena y campesino, junto a movilizaciones que poco a poco estallaron en un gran 21 de noviembre que se extendió por semanas, donde miles de personas se movilizaron en contra del asesinato de líderes y lideresas sociales. Después del asesinato de Dilan Cruz, en el calor de las movilizaciones de dicho momento, se levantó con más fuerza la consigna por el desmantelamiento del Escuadron Móvil Antidisturbios (ESMAD).
Es claro que el gobierno de Duque está debilitado ante el conjunto del pueblo, en consecuencia también el Uribismo. A pesar de todo el apoyo del imperialismo en cabeza de Trump, la realidad es que la presión ejercida por las movilizaciones y el repudio generalizado, han hecho que la burguesía colombiana busque alternativas, se divida y demuestre ante la opinión pública que algo está haciendo en contra del genocida de Uribe, después de las demandas y denuncias que han hecho sectores de la oposición, organizaciones sociales y de DDHH, ONG’s, organismos internacionales, entre otras. Esta situación hizo incluso que la Corte Suprema tomara una medida cautelar de casa por cárcel contra el expresidente, mientras se llevaban a cabo investigaciones en su contra, cuestión que debilita aún más al partido del gobierno.
Para vencer la represión: Organización democrática, movilización y lucha
Si bien es un síntoma positivo el zarpazo que tuvo Uribe y el gobierno, la burguesía va a seguir adelante con su ofensiva en contra de la clase trabajadora y los sectores populares, para hacer pasar el ajuste que requiere el FMI, el BM, y la OCDE con el paquetazo de reformas laboral, pensional y tributaria que, en medio de la crisis económica y pandémica, lleva adelante con despidos masivos y reducción de salarios. Esto solo puede logralo a partir de mayor represión y terrorismo de Estado usando las fuerzas militares, un claro reflejo son la masacre del ejército a 8 niños y niñas en Caquetá en noviembre de 2019 o la violación multuaria por parte de varios militares a una niña indígena en junio de este año, y del mismo modo usan las fuerzas paramilitares, que en lo que va del año suman más de una decena de masacres.
La represión se ha agudizado después de las grandes movilizaciones. La realidad es que las masacres y los asesinatos a líderes y lideresas sociales aumentaron con el descenso de la lucha en la calle. Por un lado, el Comité Nacional de Paro compuesto por la burocracia sindical, cuyos dirigentes hacen parte de partidos que actúan como la pata izquierda del régimen, junto a organizaciones sociales reformistas, han jugado un papel importante en frenar las luchas, pues cuando se estaba en el mejor momento de la movilización social, no llamó a un paro real de la producción sino que se sentó con el gobierno a espaldas del movimiento, burocratizó las asambleas regionales y los encuentros nacionales, fomentando la confianza en el Estado, poniendo como única salida las elecciones y como cereza del pastel llamando a cacerolazos a las 5 pm ¡cuando un fuerte sector de vanguardia lograba sacar movilizaciones desde la mañana para bloquear las vías de las principales ciudades del país! Este conjunto de situaciones le dio respiro al gobierno para llevar adelante políticas de ajuste, pero también para profundizar la represión.
Aunque en medio de la pandemia por la COVID-19 se hace más difícil la movilización, el pueblo ha demostrado que incluso en estas circunstancias sale a la calle. Hemos visto movilizaciones por la renta básica universal, sobretodo cuando la tasa de desempleo va en ascenso y no hay condiciones para garantizar la vida digna en cuarentena; movilizaciones en contra de los femicidios y la violencia de género; en contra de los desalojos en diferentes barrios populares del país; luchas del movimiento indígena; huelgas de hambre por la matrícula cero; paro de miles de jóvenes repartidores en Bogotá. Esto, junto a todas las expresiones de indignación del pueblo colombiano, muestra que hay mucha energía de lucha y que el 21 de noviembre está vivo. Por eso, para detener el terrorismo de Estado y la represión, es necesario fortalecer espacios democráticos de la clase trabajadora y los sectores populares materilizados en asambleas regionales articuladas a los encuentros nacionales, donde se construyan asambleas de trabajadores por sector productivo, ello como elemento fundamental para preparar el paro general indefinido y así defender un programa que contenga las reivindicaciones del conjunto del pueblo.
Parte del programa debe tener en esencia una fuerte salida antirepresiva que demande:
- El desmantelamiento de todas las fuerzas represivas del estado, destrucción del aparato paramilitar y destrucción de la doctrina contrainsurgente, que es la que posibilita el actuar actual de las fuerzas represivas. Disolución inmediata del ESMAD
- Un juicio y castigo a los responsables directos y políticos de los crímenes y masacres ocurridos sobretodo dentro de las fuerzas represivas y el aparato político de la represión, asesinato, masacre, genocidio y violencia de género.
- La destitución inmediata de alcaldes, jueces y fiscales que ordenan, encubren y protegen a represores y genocidas.
Las fuerzas represivas nunca han estado en discusión por parte del Estado capitalista, por eso tenemos muy claro que: ¡Solo la revolución hará justicia!