La inhabilitación del TS al President Quim Torra es una nueva venganza política contra el pueblo catalán a la cual no se puede responder con medias tintas.
Por Rubén Tzanoff
Por unanimidad, el Tribunal Supremo (TS) ha ratificado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya confirmando la condena de un año y medio de inhabilitación en cargos públicos y una multa de 30.000 euros al actual President de Catalunya, Quim Torra (JxCat). Fue acusado del delito de desobediencia a la Junta Electoral Central por no retirar del balcón de la Generalitat una pancarta con el lema “llibertat presos polítics i exiliats” con un lazo amarillo, durante el período electoral de abril de 2019. En las consideraciones del fallo, los magistrados dicen que “no vulneraron los derechos a la libertad ideológica y la libertad de expresión de Torra, que han defendido el “sufragio libre” y que la pena es “proporcional”.
En realidad, estamos en presencia de un nuevo atropello político, disfrazado con argumentaciones judiciales, como continuidad de la venganza de los poderes del Estado español ante el reclamo catalán por la autodeterminación. A instancias de la Fiscalía, la “justicia” ha colocado a la JEC como un órgano superior al ejecutivo autonómico, transformando en un delito el simple hecho de exhibir una pancarta sin identificación partidaria, que, además, luego fue reemplazada por otra distinta. La resolución vulnera la libertad de expresión y, lejos de defender la realización de elecciones transparentes las pisotea, ya que Torra fue electo por el Parlament, con acuerdo a los mecanismos basados en el voto popular. La pena sólo es “proporcional” con el sistemático ataque del régimen desde la realización del Referéndum del 1-O en adelante.
No se trata de una “inhabilitación” sino de una destitución por la cual Torra no llegará al final de su mandato, como tampoco pudo hacerlo Carles Puigdemont (JxCat), exiliado en Bélgica a partir de la aplicación del artículo 155 por parte del gobierno de Mariano Rajoy (PP). Hay que recordar que es la misma justicia que: bloqueó a Jordi Sánchez y Jordi Turull para que fueran investidos, encarceló a lxs dirigentes del “Procés” con un juicio farsa, les impidió el beneficio del tercer grado carcelario y persiguió penalmente a centenares de activistas. No es sólo un “problema catalán”, ya que interviene la misma institucionalidad que legisló sobre la Ley Mordaza, que no hizo nada ante la huida del emérito Juan Carlos I denunciado por corrupción y que no castiga a las cúpulas políticas del poder cuando se destapan las “cloacas del Estado”.
Señalar estas cuestiones y rechazar los ataques antidemocráticos no implica un apoyo político a la gestión conjunta JxCat-PdeCat- ERC que actúa desde el Govern y el Parlament. En distintos momentos, han cedido a las promesas de concordia efectuadas por la “coalición progresista” PSOE-UP, que en realidad son maniobras para intentar apaciguar los ánimos, conseguir que apoyen su presupuesto y que se implemente una “mesa de diálogo” acotado, en el marco de una autonomía retaceada. No se puede tener expectativas en el gobierno burgués catalán que prioriza los intereses empresariales sobre la salud y la educación públicas en plena pandemia y que apela a los Mossos de Esquadra para reprimir las luchas. Sólo depositamos confianza en los trabajadores y el pueblo catalán movilizados.
Rechazamos la resolución de inhabilitación del TS y seguimos exigiendo la amnistía de lxs presxs politicxs y exiliadxs. Lo hacemos llamando a la unidad de acción, como se expresó hoy mismo en las manifestaciones que se replicaron en toda Catalunya y en las cuales participamos. Torra ha preparado su salida haciendo un pacto JxCat-ERC para blindar al Govern, que “intensifica los mecanismos de coordinación y delimita la representatividad del vicepresidente Pere Aragonés como sustituto…” colocando la próxima convocatoria electoral en función de la evolución de la pandemia, entre el 31 de enero y el 7 de febrero. Más allá del enredado andamiaje acordado e incluso de la exigencia de implementar un “referéndum consensuado”, lo fundamental para avanzar hacia la República Catalana, serán las movilizaciones permanentes, la desobediencia civil, la huelga general y la autoorganización popular. Para tomar este rumbo, es necesario construir una nueva alternativa política desde abajo, un frente de la izquierda radical que enfrente consecuentemente a los gobiernos y partidos del régimen, a la derecha y a la ultraderecha, luchando por los derechos democráticos y sociales que hacen falta.
Es indispensable luchar por los reclamos inmediatos, pero con esto no alcanzará, hay que plantear propuestas transicionales para encarar problemas de fondo. El régimen monárquico-parlamentario moldeado por el franquismo, no puede brindar respuestas progresivas para las grandes mayorías, es anacrónico y conserva los peores vicios de la vieja política. Frente a los que no quieren ni tocar la Constitución o que dejan entrever la posibilidad de realizar cambios puntuales, creemos que hace falta un proceso constituyente, basado en la movilización y en la lucha popular, en dónde se puedan debatir y decidir cambios de fondo, hacia un gobierno de los trabajadores y el pueblo, con un modelo de socialismo con democracia.