Por Marea Socialista
Es el instrumento de un asalto privatizador a gran escala, con entrega de empresas públicas al capital extranjero.
Contiene violaciones masivas a la Constitución, a la soberanía, a los derechos ciudadanos y sería fatal para los trabajadores.
Con motivo del lanzamiento del proyecto de “Ley Anti Bloqueo”, el presidente Maduro ha tenido que reconocer y dar algunas cifras de parte del desastre en que se encuentra el país, pero todo lo presenta como “culpa del imperio”, ocultando el papel de la burocracia y de la corrupción.
El bloqueo agrava enormemente la crisis en Venezuela
Indudablemente, el bloqueo y las sanciones tienen gran impacto en la situación de la economía y extreman el sufrimiento del pueblo venezolano. Impiden o dificultan considerablemente, en estos momentos, la importación de productos esenciales para el funcionamiento económico y la actividad social, como sucede con la gasolina y otros derivados del petróleo que no se están generando en Venezuela como se hacía antes. También afectan a la importación de productos de todo tipo, que son requeridos para la actividad productiva, para la alimentación, para la salud, para el funcionamiento adecuado de los servicios. En este sentido, el bloqueo, apoyado por sectores de la derecha opositora venezolana, es una operación criminal y violadora de Derechos Humanos, aplicada por el imperialismo norteamericano y por todos aquellos que se pliegan a su disciplina en el mercado mundial.
Los partidos de la burguesía tradicional no se han pronunciado contra el sentido económico de la “Ley Antibloqueo” porque comparten su carácter privatizador
El apoyo al bloqueo por sectores de la burguesía y sus partidos en Venezuela equivale a una agresión contra los venezolanos que no puede tolerarse ni quedar impune. Pero su finalidad, en parte, se daría por cumplida si el gobierno abre la economía al capital extranjero y se reparte con él los recursos nacionales. Y a eso es a lo que quiere forzar el imperialismo yankee, pero no con los chinos y rusos como beneficiarios, ni con la burocracia del PSUV como socio preferente, por supuesto. De ahí que, más allá de algunos aspectos democráticos y constitucionales, la oposición tradicional no cuestiona el planteamiento económico de la “Ley Anti-bloqueo”, porque le da la posibilidad a los capitalistas y a las transnacionales de participar en el negocio del reparto de las empresas y propiedades del Estado venezolano. No arman un alboroto contra esto porque es parte de su política.
Pero el bloqueo no es la causa inicial de la situación que sufrimos
El bloqueo ha agravado condiciones pre-existentes, que ha sido el resultado, principalmente, del manejo desastroso del Estado por la burocracia gubernamental y por la incidencia de las políticas capitalistas y anti-obreras que desde hace tiempo, antes de este bloqueo, se han estado aplicando por voluntad política y a conveniencia de la burocracia gobernante: destrucción de la capacidad productiva de PDVSA, ruina de las empresas básicas, liquidación de las capacidades productivas en todas las áreas, eliminación del salario (Salario Cero), disolución de las prestaciones sociales, desaparición de los sistemas de salud para los trabajadores, suspensión de las contrataciones colectivas, colapso de todos los servicios públicos hasta llevarnos a límites de barbarie…
El gobierno no reconoce, por supuesto, algo muy importante y determinante para la situación de quiebra y miseria extrema en que está sumido del país: su propia responsabilidad, el resultado de sus malas políticas, la acción depredadora del desfalco, del pago de la deuda ilegítima y el impacto de las medidas anti-obreras que ha provocado una miseria nunca vista en el seno del pueblo.
Maduro argumenta en favor del contenido de esta Ley como instrumento de un “Estado de Guerra”, en vez de referirse sólo al “Estado de Excepción” con el que venía justificando sus medidas. Esto sin duda encierra algo significativo, pues en este contexto busca asumir mayores poderes y competencias por encima de otras instituciones del Estado, reforzando el autoritarismo y agravando la violación de derechos.
Se trata de una Ley que a todas luces viola la Constitución vigente y todo el ordenamiento legal, se coloca por encima de ella, quedando el Ejecutivo sin trabas ni controles efectivos de ninguna especie, para modificar los mecanismos de creación, propiedad, gestión, administración y funcionamiento de empresas públicas o mixtas, tanto en el territorio nacional como en el exterior.
No es una Ley Anti-Bloqueo, es una ley de despojo al pueblo venezolano
La llamada “Ley Anti Bloqueo” en realidad no implanta ninguna clase de mecanismos anti-bloqueo y lo que sirve es para abrirse por completo a la privatización y semi-privatización de empresas del Estado y de los servicios públicos, cediendo soberanía para atraer “inversiones extranjeras”. O sea; “inversiones” imperialistas, privilegiando, a las chinas y rusas, sin descartar por ello a las gringas y europeas; al capital transnacional que se mueve en el mundo capitalista globalizado. Colocamos el término “inversiones” entre comillas, porque en muchos casos va a ser un remate o un canje de deuda externa por acciones en las empresas, dejando por supuesto, una buena mascada o una participación accionaria sustancial para la burocracia administradora del Estado venezolano, para permitir con ello que los burócratas cristalicen su conversión en nueva burguesía: la “burguesía revolucionaria”, como la llama el ministro Castro Soteldo.
Ellos dicen que es para impedir nuevas confiscaciones a Venezuela en el exterior, pero ya el “lomito” lo dejaron perder de la manera más irresponsable, al mantener a la filial de PDVSA, CITGO, en Estados Unidos, y dar chance a que la tomaran con el pretexto de cedérsela al “gobierno interino” de Guaidó. Por otro lado, el mismo gobierno de Maduro fue el que le entregó oro monetario venezolano a la banca inglesa, en garantía para sus operaciones financieras, poniendo en riesgo los recursos del país, que se encuentran en litigio.
Es decir; la ley llega tarde para los propósitos a los que falsamente dice servir y no es, obviamente, para lo que dice ser. Su propósito real es otro: dar la oportunidad a la burocracia y a la neo-lumpen-burguesía gobernante, creada a partir de la acumulación de capital privado con fondos y recursos del Estado, para asociarse con el capital extranjero, para tomar posesión de los activos públicos en conjunción con las transnacionales y, especialmente pero no exclusivamente, con los imperialismos emergentes (China, Rusia). Y esto lo están preparando después de haber raspado la olla en todas partes y tras haber arruinado la economía.
¿Por qué el gobierno hace esto?
Es preciso explicar por qué el gobierno lanza este proyecto en estos momentos, a qué intención obedece; porque no se trata de simples “errores” de “socialdemócratas” y “reformistas”. Para ello, queremos advertir que no apelamos a calificativos susceptibles a la aplicación de la tristemente famosa “Ley Contra el Odio”, sino que estamos haciendo caracterizaciones de clase, basadas en el método marxista. Este gobierno no es “reformista”, pues no reforma, sino que desmantela lo que fue reformado en el período de Chávez; es un gobierno francamente reaccionario y absolutamente retrógrado, que viene aplicando, desde hace bastante tiempo, una profunda contrarreforma y una política abiertamente antiobrera, con la finalidad de liquidar todas las conquistas y transformaciones que se dieron a lo largo de la revolución bolivariana. ¿Y eso por qué? Porque todo ello se hace al servicio de sectores de la burocracia de Estado y de nuevos burgueses oportunistas, alimentados con la corrupción y con el abuso autoritario: se trata de una casta de funcionarios de gobierno y del partido PSUV, militares, neo-burgueses y testaferros, que se ha instalado a partir de la degeneración y derrota de un proceso revolucionario, de la destrucción de una revolución democrática y anti-imperialista que existió en Venezuela durante algunos años con Chávez, y que ya no existe más.
Resulta que, una simple burocracia depende de mantener el control político y administrativo del Estado, pero si no tiene poder económico propio: propiedades, inversiones, industrias, tierras, bancos… no tiene cómo reproducir el capital acumulado con la captura delictiva de la renta, y si perdiera ese control político y administrativo, quedaría despojada de su fuente de ingresos. Por eso necesita consumar su conversión en clase capitalista y es lo que viene haciendo la casta que hoy controla el Estado burgués; ese Estado que nunca ha querido reemplazar en favor del “Poder Popular”, sino que, al contrario, ha venido reforzando como su instrumento de dominación contra la clase obrera y contra el pueblo, en competencia y disputa con la vieja burguesía que lo administraba anteriormente.
Una cosa es sacar dinero al Estado para provecho propio de una casta y de un grupo de altos funcionarios públicos, y otra, es echar raíces con propiedades en industrias importantes y negocios muy jugosos, teniendo como socios a burgueses y capitales extranjeros, en una impresionante operación antinacional. Por otra parte, es bastante lo que podrían sacar de las comisiones y “coimas” en el reparto, para tener más capital que invertir en la apropiación de los bienes públicos o en la instalación de empresas privadas, como las que han venido estableciendo, por ejemplo, en el sector comercial importador.
La alta dirección política del chavismo y particularmente la madurista, no solamente no rompió con el capital, sino que ha venido buscando maneras de hacerse clase propietaria, en vez de socializar la economía. Por lo que, muchas de las políticas causantes de la crisis son las mismas que ha venido aplicando la burguesía en los países en los cuales se implantaron duros ajustes neoliberales contra la clase obrera y contra el pueblo, en favor de sectores capitalistas. Por consiguiente, lo que hay en Venezuela no tiene nada que ver con el socialismo y es su más absoluta negación, no solamente en el plano económico, de las relaciones sociales de producción y de propiedad, sino en lo político, porque el plan de la burocracia pro-capitalista la condujo a imponer un régimen autoritario, muy represivo, contra la clase trabajadora y los sectores populares, que se supone eran el sujeto de la revolución. Se desmanteló lo poco que había de organización y poder popular para establecer un dominio social y político casi absoluto de la burocracia.
Sectores de la izquierda y de la periferia del chavismo se han visto en la obligación de salir al paso de esta Ley, pero necesitamos una Oposición de Izquierda y no una izquierda satélite
Sectores de izquierda se han venido deslindando tímidamente del gobierno, frente a su marcado rumbo pro-capitalista y autoritario. Es el caso del Partido Comunista de Venezuela (PCV) y de los agrupamientos de la Alternativa Popular Revolucionaria (APR). Estas organizaciones anunciaron un “deslinde electoral” con candidaturas propias a las elecciones parlamentarias previstas para el 6D, aclarando que no significaba estar en contra del gobierno de Maduro. Pero con la aparición de un proyecto tan inaceptable como la “Ley Anti-bloqueo”, ahora se están viendo empujadas a una definición más contundente. Siendo así, está planteada ahora la necesidad y la posibilidad de una amplia confluencia de izquierda y de movimientos populares para ir en contra de la aprobación de esta ley y acordar la unidad de acción frente a las políticas anti-obreras que ha venido aplicando y pretende seguir imponiendo el gobierno burocrático. Todo esto podría forzar al PCV, al sector Uzcátegui del PPT y a los demás miembros de la APR a discutir si es el momento de atreverse a dar el paso de una ruptura clara y definitiva con el gobierno, lo que podría abrir camino a la discusión de la idea de conformar una “oposición de izquierda” que aspire a ofrecerle una alternativa anti capitalista a los trabajadores y al pueblo en general.
Algunas falacias y engaños del gobierno para confundir a los trabajadores y al pueblo
En maniobra de engaño, el gobierno balbucea la oferta de esta Ley como una supuesta vía para recuperar salarios y prestaciones, lo que le sirve para decir que hay que “aguantar” en silencio y esperar que el plan funcione, esforzándose en “recuperar la producción” sin salario, sin alborotos obreros y populares de ninguna especie, porque en el marco del bloqueo y del “Estado de Guerra” toda protesta sería aprovechada por el imperialismo (el gringo) y por la derecha opositora (la otra derecha, la tradicional, porque éstos otros son la oficial, la “burguesía revolucionaria” con ropaje “rojito” de “izquierda”, ya bastante desteñido).
En el proyecto de Ley nos hablan de “incentivos”, tanto para inversionistas como para “trabajadores” y “profesionales” que desarrollen “iniciativas”, lo que en realidad vendría a ser la previsión de ciertas migajas para la burocracia sindical y para funcionarios del aparato estatal. Es indudable que con los cambios en la propiedad de las empresas o con la constitución de nuevas empresas capitalistas con recursos del Estado, no vendrán más empleos ni remuneraciones mucho mejores, porque ya las transnacionales que están, vienen reduciendo personal y aplicando despidos y se benefician con la ventaja de contar con un gobierno que ha logrado implantar el Salario Cero, la mano de obra no remunerada, que no llega ni a medio dólar diario. Esto no es ninguna promesa para la clase trabajadora, sino una golilla para el capital, con condiciones de super-explotación semi-esclava y ganancias garantizadas, en un régimen laboral altamente represivo, para la contención de la lucha de clases.
El Gobierno aplica la política económica de la derecha opositora (como si se guiase por el Programa de la MUD y el Plan País de Guaidó)
Políticamente, esta ley le sirve a la burocracia para justificarse y tratar de enmascarar sus acciones de entreguismo y rapiña, y de paso, dejar mal parada a la oposición de derecha tradicional como corresponsable del bloqueo. Como dijimos, la derecha opositora se está mostrando cautelosa y prefiere guardar silencio frente al fondo de esta Ley, lo cual no es extraño, porque en gran medida responde a su propia política y el gobierno, definitivamente, parece haber cambiado el Programa de la Patria por el Programa de la MUD y el Plan País de Guaidó. Con semejante ley, prácticamente se borrarían las distancias entre el gobierno de Maduro y esa derecha clásica en materia económica.
Habría que preguntarse si con esta ley de privatización y entrega se abriría algún tipo de negociación del gobierno con la derecha opositora, que responde a la burguesía tradicional, y si piensan dejar algún margen para hacer tratos con los Estados Unidos (los negocios llevan a la política, y viceversa) o si es sólo para la burocracia y para los factores que en el ámbito económico global y en la geopolítica mundial disputan con el capitalismo Occidental, como es el caso de los chinos. Si nos ponemos a ver, a la patronal y a Guardó no se les ha tocado casi en nada; mantienen sus propiedades y se mueven políticamente en la impunidad, a pesar de clamar para que Estados Unidos invada militarmente al país y andar constantemente tramando golpes de Estado.
El secreto, para impedir la información y permitir la impunidad burocrática
Algo completamente escandaloso es la implantación del secreto de las informaciones, que ya es una práctica habitual de la burocracia en contra de las leyes y de la Constitución. La ciudadanía pierde todo derecho a informarse de las transacciones que con las propiedades del Estado o con las nuevas inversiones (transferencias de capital) se hagan. Formalmente se dice que es en nombre de la “seguridad” y contra el bloqueo, pero sabemos que se trata del secreto al servicio de los negocios turbios y de la impunidad, al margen de la soberanía nacional. Será criminalizado y judicializado quien se atreva a hacer uso de la Contraloría Social y el corrupto entreguista quedará en el secreto impune, como sucede ahora con la “Ley del Odio” usada para amordazar y reprimir a todo aquel que denuncia las atrocidades del gobierno contra el pueblo.
Sin ninguna traba, la burocracia se garantiza a sí misma ser parte de la apropiación de los bienes públicos
Estando tajantemente en contra de las privatizaciones y de la ampliación accionaria privada en empresas del Estado, y rechazando de plano esa falsa “Ley Antibloqueo” como hipócrita tapadera de la privatización, hay que cuestionar, sin embargo, que no haya en el adefesio “legal” impedimentos para evitar que se aprovechen de manera particular y ventajista los funcionarios de gobierno, sus familiares o testaferros. Para emplazarlos públicamente habría que preguntar por qué no colocaron artículos que prohíban expresamente la participación de funcionarios, familiares y allegados directos en los negocios, tomando en cuenta la Ley Anticorrupción, los conflictos de intereses o las disposiciones contra el nepotismo. Las respuestas son obvias.
Convoquemos al pueblo y a todos los sectores de izquierda a oponerse a esta ley capitalista e inconstitucional
Es preciso luchar y hacer una gran campaña política, dentro de la más amplia unidad de acción, para que no se apruebe esta ley de saqueo de la propiedad pública. Todos los factores políticos, corrientes críticas, movimientos y agrupaciones de la clase trabajadora y los sectores populares que luchan tenemos que declararnos en emergencia y en negativa radical a la aprobación de esta ley, exigiendo que sea retirada por el gobierno o negada por la ANC (más allá de nuestra postura sobre la validez de ese organismo). El PCV y la APR tienen el deber de asumir ante esto una posición radical y combativa; y frente a ello no puede haber otra respuesta que la ruptura franca con el gobierno.
Hay que emplazar al pronunciamiento de aquellos constituyentes que no estén dispuestos a hacerse cómplices de este asalto, e igualmente llamar a conciencia a quienes puedan tener todavía algún apego a lo que fueron los principios fundacionales del PSUV, para que denuncien y se nieguen a aprobar esta monstruosidad. Algunas voces muy autorizadas como la de Luís Brito García ya han dado un paso adelante en este sentido, que otros intelectuales y figuras reconocidas no deberían demorarse en dar.
Por otra parte, una materia como esta, tendría ser sometida a Referendo Consultivo por sus graves implicaciones y trascendencia nacional. Y, si aun así, llegaran a aprobarla, tendríamos que emprender de inmediato la pelea para que la ley sea anulada, en el marco de la más activa vigilancia y denuncia (a pesar de las amenazas y sanciones a quienes proporcionen información sobre las transacciones de compra-venta de activos del Estado), como parte del ejercicio del derecho a la Contraloría Social. Jamás podremos aceptar una ley de este tipo, y tendremos que batallar para que sea dejada sin efecto o someterla a un Referéndum Abrogatorio.
Necesitamos un gobierno de los trabajadores y el pueblo, y liberarnos del dominio de la burocracia y del capital
Más allá de esto, frente a un gobierno que promueve la apropiación de los bienes nacionales, que son de carácter público, y que en nombre del Anti Bloqueo realiza él mismo los fines últimos de ese bloqueo -someter y vender al país- se nos coloca en la necesidad de plantear que tenemos que superar a este gobierno reaccionario, a esta otra derecha que ha traicionado a la Revolución Bolivariana y ha negado sus claves económicas, sociales, políticas y antiimperialistas. Con la movilización de la clase trabajadora y los sectores populares de Venezuela necesitamos ir a una verdadera Constituyente, auténticamente Democrática, Popular y Soberana, que permita transformar de verdad al país, recuperar los derechos perdidos y arreglar los entuertos reaccionarios creados por el gobierno burocrático de Maduro-Militares-PSUV y por la ANC.
Ahora bien, en contraposición a la ruta capitalista y pro-imperialista que marca esta Ley, ¿cuál es nuestra alternativa para sacar a Venezuela de la crisis?, ¿cuál es la salida verdaderamente revolucionaria, obrera y popular, desde nuestro punto de vista?
Para justificar la ley de despojo y entrega, el gobierno hoy apela a los mismos argumentos con los que antes se le rebatía a la derecha tradicional: que para recuperar la economía y generar bienestar es necesario “abrir la economía al capital privado y atraer inversiones extranjeras” que manejen las áreas fundamentales de la producción y los servicios, incluso las estratégicas que la revolución bolivariana y la Constitución de 1999 reservaron exclusivamente para el dominio del Estado venezolano por razones socio-económicas, de soberanía y de seguridad nacional.
Pero los mejores tiempos que vivió el pueblo venezolano no fueron producto del control privado de las áreas estratégicas de la economía y los servicios sino de su manejo por parte del Estado venezolano para atender a las necesidades públicas. No fue la propiedad estatal sino la corrupción lo que fundió la economía. Y otra hubiese sido la situación si se hubiese desarrollado la propiedad social y el control genuino y democrático de los trabajadores y de la ciudadanía organizada sobre la economía, así como sobre todo el ámbito de lo público, impidiendo el saqueo realizado por la burocracia y por los sectores burgueses que se beneficiaron de ello. Así que el problema no fue la propiedad estatal o la propiedad social (que esta última realmente nunca la hubo) sino la falta de suficiente participación democrática, control de la gestión y ejercicio profundo de la contraloría social.
La recuperación es posible con otras medidas económicas, que apunten hacia la socialización, en lugar del estatismo burocrático o la propiedad monopolista. En vez de hacer lo que está llevando a cabo el gobierno en pro de los intereses del capital, se podría abrir una discusión democrática y libre en el seno de los trabajadores, de los profesionales y técnicos de las empresas estatales, con participación de la ciudadanía y de las comunidades, para discutir qué y cómo hacer con las empresas que son patrimonio público de venezolanos y venezolanas, como alternativa a la pretensión de arrancárselas para beneficio del capital privado.
Hacer esto sí estaría en concordancia con el planteamiento socialista, con la construcción de un sistema donde predomine la propiedad colectiva del pueblo y donde el gobierno lo ejerza el pueblo mismo a través de organismos democráticos propios y no del viejo Estado burgués que crearon los capitalistas a su imagen y semejanza para ejercer su dominación de clase y garantizarse el disfrute de las ganancias de la explotación de la gran mayoría.
Así que lo que planteamos es socializar en lugar de privatizar, y hacer una planificación democrática a partir de la participación de los trabajadores, los campesinos, las comunidades y los ciudadanos organizados, para resolver el problema de la energía, los servicios, el combustible, la producción y abastecimiento, la recuperación del salario, entre tantos otros. Pero esto no lo podrá hacer ni un gobierno de los burócratas que quieren ser capitalistas ni de los burgueses que quieren volver a controlar su Estado como lo hacían antes; esto no lo puede ni querrá hacer jamás un gobierno como el de Maduro, ni un gobierno como el que se propone implantar Guaidó, quien por cierto, a pesar de ser “interino” ya está robándose los recursos que le confiscó el imperialismo al Estado venezolano.
Por eso desde MS decimos: Ni burocracia ni capital, ni Maduro con los chinos, ni Guaidó con Trump (o con quién asuma la administración del gobierno de los Estados Unidos). Estamos por un gobierno de los trabajadores y el pueblo y por una relación soberana con los demás países.
Para llegar a tener un gobierno de ese tipo necesitamos una nueva revolución y en función de eso necesitamos construir una herramienta política propia de la clase trabajadora y los sectores populares, independiente de la burguesía y sin burocracia, forjando una cultura de clase que impida que se reproduzcan los vicios burgueses y burocráticos en su seno, como lamentablemente ocurrió con el PSUV.
Nos referimos a la creación de un partido revolucionario democrático o un gran movimiento que responda a los intereses de la clase trabajadora, campesina y sectores populares, en lugar de ser instrumento para el arribismo de burócratas y militares con vocación capitalista o de patronos que utilizan la política para someter al pueblo.
Estamos en contra tanto del modelo de las privatizaciones como del Estatismo burocrático, y en vez de ello, estamos a favor de la socialización de las áreas claves de la economía y de los servicios fundamentales. Reivindicamos la necesidad de retomar el rumbo perdido de la revolución el camino que había comenzado a transitar a partir del año 2002 y que la burocratización frustró, especialmente desde los últimos años de Chávez. Por eso decimos que hace falta una segunda revolución en Venezuela, e insistimos en que la salida no está hacia la derecha sino que es hacía la izquierda; pero no llamando “izquierda” a políticas de derecha como las que aplica el gobierno de Nicolás Maduro y de la casta burocrática.
El desastre actual del mundo es justamente el fracaso de estas políticas de privatizaciones y de saqueo de los países a manos del capital extranjero.
Por un Plan de Emergencia para superar la crisis, al servicio de los trabajadores y el pueblo venezolano
En anteriores oportunidades hemos propuesto una Ruta de Emergencia Económica como alternativa frente a las políticas adoptadas por el gobierno y las propuestas de la oposición de derecha. Entre esas propuestas, que planteamos para su discusión democrática, se encuentran algunas medidas como las siguientes, que creemos necesario aplicar para salir de la actual situación en favor de los intereses de los trabajadores y el pueblo, en lugar de favorecer a la burocracia y al capital privado nacional y extranjero. Por supuesto, aquí sólo exponemos una parte de las medidas esenciales que a nuestro juicio deben formar parte de ese programa:
*Luchar para que no se apruebe o para que se abrogue cualquier instrumento equivalente a la llamada Ley Anti Bloqueo, que suponga la privatización y entrega de activos y recursos nacionales, o la concesión de ventajas a los capitales extranjeros y nacionales que sean lesivos para la soberanía o los intereses del país y de nuestro pueblo. Advertir a los países, a las transnacionales y a los capitales foráneos o nacionales sobre la invalidez de cualquier “acuerdo”, transacción, negociación o tratado, dado el carácter anticonstitucional de estas leyes, que les expondría a los efectos de la reversión de todas las decisiones írritas. Derogar todas las leyes anticonstitucionales de Protección de Inversiones aprobadas por la ANC.
* Acciones para la recuperación de los recursos desfalcados y capitales fugados, extraídos delictivamente del país. Expropiación de los desfalcadores y de quienes se encontrasen incursos en hechos de corrupción.
* El país ya está en Default para algunos tramos de la Deuda Externa, pero es preciso suspender todos los pagos y efectuar una Auditoría Pública y Ciudadana, para identificar la deuda corrupta e ilegítima y destinar esos recursos en atención a las necesidades derivadas de la pandemia, en las necesidades sociales y en la recuperación del aparato productivo nacional. Rechazar cualquier operación de canje de Deuda que suponga la entrega o transferencia de propiedad de empresas del sector público, trátese de PDVSA y sus filiales, de las industrias básicas, de los grandes servicios operados por el Estado venezolano o de empresas estatales creadas para la producción de bienes esenciales de consumo.
* Detener la destrucción de la naturaleza provocada por el Arco Minero del Orinoco y utilizar los recursos que sea posible sin comprometer la integridad ambiental, para dedicarlos realmente al desarrollo nacional y a aliviar el impacto de la crisis sobre el pueblo.
* Establecer altos impuestos para el gran capital y destinar lo recaudado a un Fondo de Recuperación Económica y Ayuda Social para el Pueblo. Eliminar el IVA. Establecer un presupuesto en divisas. Desaplicar los tratados de no doble tributación que exoneran a los capitales extranjeros de pagos de impuestos en el país.
* Abrogación de la Ley de promoción y Protección de la Inversión Extranjera, que favorece a capitales de los mismos países que acosan, sancionan y bloquean a la República Bolivariana de Venezuela. Aplicar medidas recíprocas de confiscación de empresas y bienes que puedan poseer los Estados Unidos en Venezuela, en respuesta por la confiscación de CITGO, así como la expropiación de empresas y capitales a quienes promueven y colaboran en la llamada “Guerra Económica” con acciones especulativas o de sabotaje económico, especialmente a aquellos sectores capitalistas vinculados con Juan Guaidó y con María Corina Machado, en vez de estar persiguiendo a trabajadores que hacen reclamos laborales. Colocar estas empresas bajo control democrático de los trabajadores, profesionales y técnicos, comisiones de los gremios científicos y académicos, bajo vigilancia estrecha de organismos de contraloría social.
* Elaborar un plan productivo asociado a la recuperación progresiva del salario, que permita en principio que el salario mínimo cubra el costo de la Canasta Alimentaria y al más breve plazo posible ir escalando hasta cubrir el costo de la Canasta Básica como establece el Art 91 de la CRBV. Ajustar los salarios en correspondencia con el Art 91 cada vez que el costo de la Canasta Básica rebase la capacidad adquisitiva de éstos.
* Restituir a los trabajadores y trabajadoras el valor de sus prestaciones sociales, anulado por la reconversión monetaria y por otras circunstancias. Revalorizar las pensiones y restablecer los mecanismos de salud y seguridad social para la clase trabajadora.
*Poner a funcionar las empresas del Estado al máximo de su capacidad, para la recuperación de la producción y potencial de abastecimiento, bajo control de sus trabajadores y en ejercicio de una estricta contraloría social.