El desalojo y la represión en Guernica obraron a manera de bisagra en la realidad. El relato nacional y popular que ante las evidencias de ajuste y promesas incumplidas se venía desmoronando, dio paso a una desilusión marcada. Un punto de inflexión para miles que tuvieron expectativas u optaron por el mal menor y ahora empiezan a buscar otra alternativa.
Por Emilio Poliak y Guillermo Pacagnini
Durante estos once meses de gobierno señalamos que lejos
de los discursos de cambio que Alberto prometía, sus medidas centrales favorecían a las grandes corporaciones capitalistas. Hay quienes adjudicaban a la irrupción de la pandemia y la herencia macrista la imposibilidad de encarar un rumbo progresista que priorizara a los más humildes.
Las imágenes de las topadoras arrasando las casillas y la bonaerense prendiendo fuego las pocas pertenencias de quienes no tienen casi nada sepultaron el discurso progresista para develar el verdadero rostro del gobierno. La represión a las familias de Guernica dejó en claro hasta qué punto está dispuesto a llegar el gobierno para defender los intereses capitalistas.
No fue la orden judicial ni la intransigencia de la izquierda. Fue una decisión política de Fernández y Kicillof ejecutada por el reaccionario Berni, que apenas pasado el desalojo difundió un spot oficial del gobierno de la provincia de Bs As donde dejaba en claro que la propiedad privada está garantizada aun a costa de la miseria de los sectores más postergados.
No existieron roces ni diferencias cualitativas entre los principales dirigentes del FdT. Como reconocieron los propios protagonistas, hubo acuerdo y contactos permanentes entre el presidente, el gobernador y la vicepresidenta. La acción represiva y los discursos –tan parecidos a los de la derecha- dejaron tan en evidencia los intereses defendidos por el gobierno que para intentar desviar la atención desataron una campaña macartista –y ridícula- contra la izquierda. Las imágenes de Patricia Bullrich en Entre Ríos y Berni en Buenos Aires festejando el triunfo de la sacrosanta propiedad privada fueron repulsivas para cualquiera que se considere mínimamente progresista.
El Gran Acuerdo Nacional en funciones
El desalojo en Guernica no fue un hecho aislado. El mismo día se desalojó Casa Nueva (Santa Elena) en Entre Ríos y como si fuera una señal de largada hubo desalojos en distintas ocupaciones de tierras a lo largo del país. El momento tampoco fue casual, pocos días antes Cristina había publicado la carta reclamando un acuerdo con todos los sectores para enfrentar la crisis. Curiosamente, o no tanto, Duhalde había pontificado en el mismo sentido. Al mismo tiempo Alberto dedicaba sus días a recibir a los dueños de las principales empresas del país con el mismo objetivo.
Los hechos hablan por sí mismos, el acuerdo propuesto es para descargar la crisis sobre el pueblo trabajador. Una versión aggiornada, en vías de institucionalización y que incluye a la burocracia sindical, del Pacto Social, de alianza de clases al servicio que los conflictos se apaciguen y el movimiento obrero y popular acepte mansamente el ajuste y las reformas estructurales reaccionarias de la mano de las recetas del FMI. Aún no formalizado, empezó a funcionar, aunque que cumpla cabalmente sus objetivos está por verse, con el horizonte conflictivo que está por delante.
El gobierno buscó en Guernica despejar la desconfianza de la burguesía en el kirchnerismo a pesar de que, como reconoce Cristina en su carta, nunca ganaron tanto como durante su gobierno. El acuerdo nacional enarbolado por Alberto, Cristina y hasta Duhalde hizo su debut en Guernica, pero siguió con nuevos desalojos y con el guiño de la oposición de derecha para aprobar el presupuesto del FMI. La celeridad en las medidas contra los sectores populares contrasta con el recule permanente de cualquier medida que afecte mínimamente las ganancias capitalistas, cuya última expresión es el sueño eterno del proyecto de impuesto a las grandes fortunas.
Con los tapones de punta
A partir de Guernica y con el Pacto Social en marcha, el gobierno tomó impulso para empezar a llevar adelante su hoja de ruta. Ante la oposición y movilizaciones crecientes contra el acuerdo de factorías porcinas con China impulsa acuerdos por provincia para intentar desarticular la resistencia. Relanzó la ofensiva megaminera conformando la «Mesa Nacional del Plan Estratégico para el Desarrollo Minero» dispuesto a implementarla como sea en lugares que hace años vienen resistiendo el avance de esta industria depredatoria y de saqueo, como el pueblo de Chubut. Pagó U$D 300 millones de intereses de la deuda al FMI y se apresta a una nueva supervisión del organismo, a quien solicitaría un programa de facilidades extendidas, que significa una nueva entrega de soberanía y sometimiento para afrontar las reformas estructurales reclamadas por el organismo que preside Kristalina Georgieva. A todas luces una medida bien «ortodoxa».
El nuevo proyecto de movilidad jubilatoria es otro golpe al bolsillo de los sectores más postergados que ratifica el rumbo del gobierno. Renunciando definitivamente a toda movilidad y disponiendo una fórmula de cálculo a la baja que no toma en cuenta nada más ni nada menos que la inflación. Justamente una de las exigencias del FMI.
La finalización del ASPO, en función de garantizar la temporada turística -intentado apaciguar el malestar social- aumenta el riesgo de un rebrote de la pandemia cuando ni siquiera finalizó la primera oleada. Mientras tanto el personal de salud, que está luchando, sigue reclamando una mejora sustancial en las condiciones laborales y salariales.
Se trata de una hoja de ruta que no deja lugar a dudas: para los de arriba más beneficios, para los de abajo ajuste y represión. Ese es el contenido político del «acuerdo con todos los sectores.»
Crecen los reclamos
Mientras tanto la crisis sigue deteriorando las condiciones de vida de los sectores populares y queda en evidencia que la unidad por arriba es para ajustar al pueblo trabajador. Por eso cada vez más sectores salen a luchar a pesar del rol entregador de las conducciones sindicales y crecen las autoconvocatorias en el movimiento obrero: enfermeras, metalúrgicos, choferes, estatales en distintas provincias. La incorporación al pacto social de todas las alas de la burocracia sindical hace las peleas más complejas, porque ya no sólo habrá que enfrentar a las patronales y gobiernos, sino a la burocracia y sus maniobras o a sus patotas. De ahí la importancia de la solidaridad y la coordinación por abajo impulsando el surgimiento de nuevos dirigentes y un método democrático para decidir, apoyando a quienes se organizan de manera independiente de las conducciones burocráticas.
La dinámica de la situación, en el marco de la crisis y el ajuste es a que estas luchas crezcan y que se produzcan desbordes a las direcciones sindicales, procesos que desde la izquierda es preciso impulsar y apoyar en la perspectiva de ir forjando una nueva dirección clasista, democrática y combativa en el movimiento obrero. Nuestras agrupaciones sindicales articuladas en ANCLA, bregarán por ello y para que el Plenario del Sindicalismo Combativo supere su parálisis y pueda jugar un rol positivo en las luchas y el proceso de recambio de dirección.
Es la hora de la izquierda
Los hechos de las últimas semanas muestras que para los sectores populares no hay perspectivas de mejoras por el camino que impulsa el FdT. La repulsión a la derecha no puede ser una justificación para seguir apoyando un proyecto político que no sólo no enfrenta a la derecha, sino que decididamente sigue el mismo rumbo en las cuestiones principales. Es tiempo de asumir el desafío de construir una nueva alternativa política del pueblo trabajador. Que levante un programa anticapitalista, para responder a las necesidades sociales mayoritarias, apoyada en la movilización de la clase trabajadora, los movimientos socioambientales, juveniles, de las mujeres y disidencias. La ilusión de conciliar con la derecha y las patronales es un camino sin salida. Es necesario un camino que enfrente la dependencia del FMI investigando y dejando de pagar la deuda fraudulenta para volcar esos recursos a las necesidades obreras y populares; que se proponga que la crisis la paguen los capitalistas con una reforma impositiva progresiva, nacionalizando la banca y el comercio exterior para que sea el Estado, con control social, y no las corporaciones quien controle todos los recursos del país. A ese desafío que impulsamos desde el MST y el Frente de Izquierda Unidad invitamos a sumarse a quienes no están dispuestos a seguir apoyando un rumbo que conduce a nuevas frustraciones.