Por: Alberto Giovanelli
Tal como ya vinimos informando, Perú atraviesa una fuerte crisis política, con un Gobierno de transición instituido tras la caída de dos mandatarios en el lapso de una semana a mediados de noviembre. A esto se le suma la crisis sanitaria agudizada por la llegada de la «segunda ola» de Covid 19 y un deterioro acelerado de la ya crítica y débil economía de los países andinos, que provoca protestas de diferentes sectores: desde el de los trabajadores agrarios contra leyes heredadas del fujimorismo, hasta el de los trabajadores del sistema de salud, cansados de estar en la primera línea sin el equipamiento adecuado, insumos y una remuneración justa.
Perú ha sido uno de los epicentros mundiales de la pandemia y el país latinoamericano con peores datos: su tasa de mortalidad por coronavirus es la más alta en la región en relación con su población.
Ahora, mientras se espera la llegada de las primeras vacunas procedentes del laboratorio chino Sinopharm, prevista para finales de enero, nos encontramos en la etapa inicial de la segunda ola de contagios del SARS-CoV-2, que ya ha dejado más de 1.078.675 casos confirmados y cerca de 39.160 fallecidos, según cifras oficiales, contabilizadas a fines de la tercera semana del corriente mes de enero.
El drama sanitario y el descalabro económico han dejado a millones de familias en una grave situación y sin recursos para afrontarla.
Mientras tanto, el Colegio Médico de Perú (CMP) ha advertido este último domingo 24 de enero que la nueva ola de coronavirus que azota al país «ha arrasado el sistema sanitario» y «está casi incontrolable».
Destacan los profesionales que han hecho saber al Gobierno la difícil situación que encara el sistema de salud peruano. La situación «está al borde de que se convierta en incontrolable» reafirman.
En ese sentido, criticaron la «clara debilidad» que ha mostrado el actual Gobierno y el Ministerio de Salud, cuyas medidas para hacer frente el avance de la pandemia han sido «tibias y tímidas».
Defendieron, además, la necesidad de «anteponer la vida humana antes que la economía», y han propuesto imponer cuarentenas focalizadas en aquellos distritos con mayor incidencia de la pandemia.
Además cerca de una docena de médicos del sindicato nacional de seguridad social ha estado protestando frente al Ministerio de Trabajo de Perú, donde iniciaron una huelga de hambre el pasado martes. Exigen más inversiones en el sector de la salud y rechazan el manejo de la pandemia que se está haciendo en el país, según un comunicado del Sindicato Médico Nacional de Seguridad Social de Perú (SINAMMSOP) .
Estas expresiones se suman a las numerosas protestas en diferentes puntos del país. Los médicos y otros trabajadores de la salud están exigiendo más equipamiento médico, ajuste salarial y un “aumento en el presupuesto para el sector salud”. Afirman: «Nuestras UCI se están derrumbando y no estamos recibiendo ninguna respuesta y estamos viendo la indiferencia de un gobierno que nos asigna el presupuesto. El Estado peruano tiene la obligación constitucional de garantizar la accesibilidad de los servicios de salud y ahora mismo están negando el acceso a los hospitales porque ya no tenemos la capacidad de brindar a los pacientes lo que tanto necesitan».
Estas son las razones por las que urge un incremento significativo del presupuesto al sector salud. Hay que parar ya el ajuste del sector. Exijamos que todos los recursos necesarios se utilicen para mejorar los hospitales públicos, los laboratorios, camas UCI, y todo lo necesario para poder brindar un servicio verdaderamente esencial.
Como hemos denunciado en reiteradas oportunidades, durante la anterior fase de la pandemia, es decir, durante la primera ola los testeos masivos fueron insuficientes y de muy poca calidad. Por esa razón, hoy es urgente implementar una campaña masiva de testeo molecular gratuito que llegue a toda la población.
También el aumento de salarios, el nombramiento de nuevos profesionales y un análisis de la infraestructura por parte de los trabajadores serán indispensable, y para ello debemos suspender el pago de la deuda pública y aplicar fuertes impuestos a la riqueza para obtener los recursos que nos permitan implementar estas tareas.