Por Rubén Tzanoff SOL Estado español
Hace tiempo que el debate del indulto ocupa un lugar central en el escenario político. Pedro Sánchez fue preparando el terreno para su implementación con el objetivo de “restablecer la concordia y la convivencia en el seno de la sociedad catalana y española”. Tan es así que el Consejo de ministros realizado el martes 22 le dio luz verde al indulto y el presidente español lo presentó en La Moncloa como una necesidad basada en “razones de utilidad pública”. Una vez que la decisión sea comunicada oficialmente por el Poder Ejecutivo, el Tribunal Supremo acordará la puesta en libertad de los independentistas presos en Lledoners, Wad Ras y Puig de les Basses: Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Teresa Forcadell y Dolors Bassa.
Obviamente es un alivio para los nueve presos políticos injustamente encarcelados, pero al mismo tiempo es una trampa para profundizar la política de “pasar página” del 1-O. Se trata de una medida de gracia a quienes fueron sometidos a un juicio farsa, montado sobre causas inventadas, mentirosas y vengativas. Lo cierto es que los dirigentes independentistas fueron encarcelados por defender sus ideas políticas y plantear el derecho de autodeterminación. Por eso, más que el “magnánimo” perdón de Sánchez y del régimen del ‘78, lo que hace falta es anular todas las causas penales, liberar a los presos políticos y dejar de perseguir a los exiliados y activistas.
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Es necesario aclarar que los indultos son reversibles, es decir, están condicionados a que los presos políticos condenados no repitan “lo que hicieron”, lo que implica una nueva vulneración sobre sus derechos democráticos. Sólo para tomar un ejemplo, en el juicio Jordi Cuixárt dijo “Ho tornarem a fer” (Lo volveremos a hacer) lo cual implica que, de cumplirse, lo querrán encarcelar nuevamente. El perdón no es total, ya que quedarán de lado los delitos por “malversación” y “sedición” pero se mantendrá la inhabilitación proveniente del delito de “desobediencia”. Además, no serán indultados los políticos catalanes exiliados: Carles Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí, Marta Vilalta y Anna Gabriel. Y tampoco se anularán las causas sobre alrededor de 3.000 activistas populares, entre otros, Marcel Vivet, condenado a cinco años de prisión por una manifestación contra el sindicato policial de Jusapol, en donde la Generalitat ejerció como acusación particular.
La derecha y la ultraderecha del PP, Ciudadanos y Vox, esgrimen argumentos miserables para que sigan existiendo presos políticos y que se profundice la represión; amenazan con emprender querellas en la sala Penal del Tribunal Supremo y con otras apelaciones. Cada vez se reafirma con más fuerza la necesidad de derrotarlos en las calles, con la organización y la movilización popular, para que no ganen terreno.
Los indultos forman parte de un paquete de decisiones: la “mesa de diálogo”, la intención de adoptar un nuevo estatuto de autonomía y las negociaciones a nivel político y económico, manteniendo el pulso persecutorio, pero momentáneamente en segundo plano. Pedro Sánchez no aplica la misma política que Mariano Rajoy (PP), pero los objetivos estratégicos son los mismos: desactivar la movilización del pueblo catalán, sepultar el reclamo por la República y mandato del 1-O por la autodeterminación. Todo bajo el manto sacrosanto de la unidad de España y el sostén del descompuesto régimen monárquico-parlamentario diseñado por el franquismo. Con algún que otro matiz, los reformistas de Unidas Podemos, UGT, CC.OO., sectores empresariales y eclesiásticos se han sumado al apoyo a las líneas del poder central. Están en el extremo opuesto de presentar el indulto como lo que es: una nueva maniobra del Estado español para imponer sus intereses.
Esta política no podría implementarse sin la colaboración de ERC, con sus “cheques en blanco” a Sánchez, a los Presupuestos y sin las inconsecuencias de JxCat. Por algo comandan en sociedad un Govern burgués, que privilegia las ganancias de un puñado de capitalistas privilegiados, por encima de las vidas y las necesidades del pueblo trabajador. Que no privilegia ni la educación, ni la salud pública ni siquiera en plena pandemia de Covid-19. No se puede depositar confianza en los que vociferan un discurso “independentista” para camuflar una política “autonomista”. Lamentablemente, la CUP está oscilando entre la contradicción de sostener un consenso dialoguista con el Govern, mientras que al mismo tiempo levanta posiciones de lucha y algunas propuestas anticapitalistas.
En todo el Estado español necesitamos poner de pie una nueva alternativa política de izquierda, anticapitalista y consecuente. Desde SOL y la LIS (Liga Internacional Socialista) seguiremos impulsando la recuperación del gigantesco potencial movilizador del pueblo catalán para lograr la anulación de todas las causas contra los perseguidos, los exiliados y presos políticos, por autodeterminación y la República. Todo ello en el camino de una salida estratégica: un gobierno de los trabajadores y el pueblo con el único sistema que puede garantizar que haya plenos derechos para las grandes mayorías: el socialismo con democracia. Construir un gran partido revolucionario y socialista, es la gran tarea por emprender todos los días para cambiar el rumbo y dar vuelta todo.