Por Alejandro Bodart y Vicente Gaynor
Después de un mes desde que se realizaron las elecciones y toda clase de maniobras para tratar de desconocer la voluntad popular que le dio el triunfo a Pedro Castillo, finalmente el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció que podrá proclamar oficialmente al ganador de las elecciones presidenciales antes del 15 de julio. ¿Se concretará la proclamación? ¿Qué rumbo tomará Castillo?
El vocero del JNE, Luis Alberto Sánchez, afirmó que se han revisado y rechazado como infundadas 27 de las 270 solicitudes que fueron elevadas al JNE, y que estima “que la proclamación no excederá de la quincena de julio”. De concretarse la proclamación, se consumaría la derrota de las tentativas golpistas de la derecha fujimorista que viene intentando por todos los medios a su alcance cambiar los resultados de la elección.
Desde que el ex sindicalista y docente rural Pedro Castillo le ganó el balotaje presidencial a la derechista Keiko Fujimori por 44.000 votos el pasado 6 de junio, el régimen cerró filas detrás de la hija del ex dictador, que denunció fraude e impulsó una serie de maniobras para intentar desconocer la voluntad popular y quedarse con la presidencia.
En paralelo con los pedidos de anular cientos de mesas de las zonas rurales, el fujimorismo buscó incentivar la intervención judicial y militar. El ex presidente de la Corte Suprema de Justicia Javier Villa Stein, presentó una acción de amparo para intentar anular la segunda vuelta. El ex general y electo Congresista Jorge Montoya también se pronunció públicamente pidiendo la anulación de las elecciones. Lo apoyó una asociación de militares retirados que llamaron a los altos mandos del ejército a desconocer el triunfo de Pedro Castillo.
Luego el ex fiscal Luis Arce renunció al JNE, buscando dilatar los procedimientos del organismo con el objetivo de evitar que se declare formalmente como ganador a Pedro Castillo antes del 28 de julio, lo cual le permitiría al Congreso, de mayoría derechista, imponer un presidente interino y presionar con mayor fuerza por la anulación del triunfo de Castillo. Por último, una delegación de Keiko se presentó ante la OEA en Washington para solicitar la intervención del imperialismo.
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Varios de los voceros de la conservadora aristocracia peruana, incluso algunos que hasta ayer eran duros críticos “del dictador Fujimori y su hija”, como el escritor Vargas Llosa han planteado que se debería desconocer el voto de las zonas serranas “porque hasta allí no llega la información que le permite a esos ciudadanos evaluar con objetividad” o directamente que se debería llamar a nuevas elecciones porque “el resultado fue demasiado ajustado” como declaró oficialmente el APRA.
Pero todas estas tentativas resultaron insuficientes contra la movilización del pueblo peruano que se mantuvo en las calles en defensa de su decisión democrática y obligó a las direcciones sindicales a amenazar con llamar a una Huelga General si no se proclama a Castillo. Frente a este panorama diversos sectores del régimen y hasta el imperialismo yanqui fueron abandonando las acusaciones de fraude, y dejando aislada a Keiko. Según el diario limeño La República, al rechazar los 27 recursos legítimamente presentados, el JNE «categóricamente excluyó que haya existido un intento de fraude, como previsto por Fujimori».
El pueblo peruano tendrá que mantenerse en alerta y movilizado para asegurar su voluntad democrática hasta el final, pero todo indicaría que Castillo será proclamado presidente electo en los próximos días y asumirá el 28 de julio, día del bicentenario de la independencia de Perú.
¿Al centro o a la izquierda?
Sin embargo, la incógnita hoy es cuánto de sus propuestas de cambio podrá materializar desde la presidencia, y qué está dispuesto a hacer para lograrlas. En el Congreso tendrá una mayoría opositora de derecha comandada por el mismo fujimorismo que hoy conduce las tentativas golpistas. Los medios de comunicación hegemónicos expresan preocupación por la gobernabilidad de su gobierno y el establishment empresarial, eclesiástico, judicial y los organismos internacionales lo presionan para que modere su discurso y deje a un lado las medidas más radicales que prometió en campaña.
La incógnita que se despejara rápidamente es si Castillo se apoyara en la fuerza de la movilización del pueblo para sobrepasar al Congreso y al resto de las instituciones del maltrecho régimen fujimorista e imponer los cambios de fondo que se necesitan para sacar de la pobreza a los trabajadores y el pueblo, o se adaptará rápidamente al propio régimen como han hecho otros presidentes en el pasado reciente.
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Castillo no es un socialista revolucionario y nunca planteó terminar con el capitalismo. Son conocidas sus posiciones reaccionarias en temas de género y diversidad. Pero gano el apoyo del campesinado, la juventud y el pueblo pobre, transformándose en la sorpresa de la primera vuelta, con propuestas radicales como el llamado a una Constituyente para cambiar la constitución neoliberal del 93 impuesta por el dictador Alberto Fujimori, la nacionalización de industrias clave, una fuerte reforma tributaria progresiva y aumentos generales de salarios entre otras. Pero ya en la segunda vuelta relativizó muchas de ellas, enfatizando que respetaría el orden constitucional existente y que los empresarios no tienen que temer porque él buscaría inversiones privadas.
Esta semana ratificó que cuando asuma una de sus primeras iniciativas será impulsar una asamblea constituyente: “Llegando al poder no seremos sordos ni mudos, como siempre hemos criticado. Por eso, el 28 de julio, iniciando el mensaje a la nación, vamos a poner frente al Congreso el primer pedido del pueblo: que agende inmediatamente la instalación de la asamblea nacional constituyente para redactar la primera Constitución del pueblo.”
El problema con el que chocará de inmediato será la negativa del Congreso a llamar a una Constituyente realmente Libre y Soberana, única forma de discutir los cambios de fondo que hacen falta para sacar al pueblo de la pobreza. Si esto sucede, se decidirá a pasar por encima de esa cueva de bandidos apoyándose en la movilización, o “respetará el orden institucional de la actual Constitución”, con mayoría fujimorista, como viene declarando.
El compromiso con las instituciones del régimen que expresa en sus declaraciones hace imposible también los aspectos económicos más radicales de su programa. En un acto realizado el 26 de junio, dijo: “Somos democráticos, respetamos la gobernabilidad y la institucionalidad peruana y por eso estamos acá. Seremos respetuosos de esta Constitución y en ese contexto pido al doctor Julio Velarde para que su trabajo sea permanente y coherente frente al Banco Central de Reserva”.
Luego reforzó esta idea desde su Twitter: “Nuestro compromiso es mantener el equilibrio fiscal y mejorar la calidad del gasto público, promover las inversiones y respetar la independencia y autonomía del BCRP. Por ello nuestra voluntad de ratificar al Dr. Julio Velarde como presidente de esta importante institución”.
Julio Velarde Flores es presidente del Directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), desde 2006, cuando fue nombrado por el ex presidente aprista Alan García Pérez. Ya había estado al frente del BCRP de 1990 a 1992 cuando gobernaba Alberto Fujimori y durante en 2001 a 2003 con Toledo. En los últimos años mantuvo estable la política económica del Banco Central durante los convulsionados y breves gobiernos de Kuczynski, Vizcarra, Merino y Sagasti.
Velarde proviene de las filas del derechista Partido Popular Cristiano PPC, y es una especie de encarnación del régimen neoliberal impuesto por la constitución fujimorista. Ha sido una garantía de ganancias para las corporaciones multinacionales y responsable de las políticas que han hundido al pueblo peruano en la pobreza durante décadas. Difícilmente logrará Castillo su promesa electoral de “no más pobres en un país rico” con la continuidad de Valverde.
A su vez, Pedro Franke, quien fue funcionario del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el Banco Mundial y los gobiernos de los presidentes Alejandro Toledo y Ollanta Humala, y suena como posible ministro de Economía de Castillo, dijo en una entrevista publicada en el diario Gestión, que se pueden hacer cambios en el país, sin cambiar la constitución de 1993 y que no era necesario cambiar el capítulo económico, donde está legalizado el saqueo capitalista de Perú.
Incluso en materia de política internacional pese a que en campaña dijo que rompería con las ataduras del país al imperialismo, Castillo dejó trascender que está buscando su ministro de Relaciones Exteriores entre ex funcionarios de gobiernos anteriores, cuando es sabido que todos ellos son defensores del Grupo de Lima y la Alianza del Pacífico con Estados Unidos a la cabeza.
Sabemos que todas estas ambigüedades han generado muchos debates en la fuerza que lo llevó como candidato a presidente.
Castillo se encuentra en la disyuntiva en la que tantos otros dirigentes reformistas se han encontrado. De un lado tienen al pueblo movilizado, a la ofensiva, apoyando y exigiendo cambios radicales; del otro, a un miserable régimen capitalista de opresión y explotación, golpeado y a la defensiva, pero que hará todo para defender sus privilegios y perpetuarse en el poder. No se pueden resolver los grandes problemas del pueblo sin derrotar al régimen, no hay punto intermedio. El pueblo tiene la fuerza para hacerlo, necesita que sus dirigentes quieran y se animen. Las primeras señales de Castillo no son buenas en este sentido. Desde la Liga Internacional Socialista estaremos con el pueblo peruano, para derrotar toda tentativa golpista de la derecha, para enfrentar todo obstáculo que se interponga y para exigir a Castillo que cumpla sus promesas. Llamamos a la juventud, que ha estado a la cabeza de las movilizaciones durante los últimos años, a las mujeres y al pueblo trabajador a que confíen únicamente en sus fuerzas, que son invencibles cuando se despliegan en su total magnitud, para lograr todos los cambios y derechos que se merecen.