Por Alberto Giovanelli
Este miércoles Haití amaneció con la noticia de la muerte a tiros de su presidente, Jovenel Moïse, a manos de un grupo de individuos que asaltó de madrugada su residencia privada en el barrio de Pelerin de Puerto Príncipe.
Este suceso pone de nuevo en relieve el estado de la catastrófica situación del país y la región, azotado por turbulencias políticas, sociales y por la concatenación de desastres naturales que agobian permanentemente al país mas pobre de América Latina. En Haití se calcula, de acuerdo a la información de organismos internacionales, que mas del 70 % de la población vive con menos de 2 dólares diarios la ONU estima que casi 5 millones de haitianos, entre una población de cerca de 11,5 millones, padece inseguridad alimentaria. Un quinto de la población, cerca de dos millones de personas, se ha visto forzado a emigrar.Hace 11 años que el país fue devastado además por uno de los desastres naturales más importantes de la historia reciente, un terremoto de magnitud 7 que tuvo epicentro en Léogâne, a unos 15 kilómetros al suroeste de la capital Puerto Príncipe.Fue el sismo más grave sucedido en Haití desde 1842.El terremoto y las dos réplicas que le sucedieron dejaron 316.000 muertos, 350.000 heridos, miles de casas desplomadas razón por la que se calcula que alrrededor de 1.5 millón de personas se quedaron sin hogar y el 60% de las infraestructuras médicas destruidas.
No sería el único desastre natural que sucedería desde entonces, pues en 2016 el huracán Matthew barrió el suroeste del país causando 573 muertes y dejando unos dos millones de damnificados y el huracán Laura pasó por el país en agosto de 2020 causando también decenas de muertos y daños materiales a su paso.Del mismo modo, las epidemias han diezmado a la población. La de cólera de 2010 infectó a 520.000 personas y causó la muerte de por lo menos 7.000.Esta epidemia se volvió endémica y, aunque los casos han disminuido, el coronavirus ha vuelto a poner en jaque al ya casi inexistente sistema de salud haitiano pues no se realizan test de control, no hay ningún tipo de datos confiables y la llegada de las nuevas variantes está multiplicando incesantemente el ritmo de contagios.En esta situación de catástrofe humanitaria, la inestabilidad politica e institucional es el resultado previsible, con numerosas bandas armadas, de sectores parapoliciales y narcotraficantes que son los que verdaderamente ejercen el control del funcionamiento del país.Sólo en el último mes de junio, los registros oficiales ( nunca confiables ) declaran más de 150 personas asesinadas y otras 200 secuestradas en la zona metropolitana de Puerto Principe.El Ejército, que fue eliminado en 1994 para evitar intentonas golpistas (e instaurado de nuevo en 2017), apenas tiene 500 miembros, y los 15.000 policías con los que cuenta el país están divididos en numerosas sub bandas que combaten entre sí por ocupar y explotar diferentes zonas del territorio.Esto explica las numerosas denuncias contra esas fuerzas que han sido acusadas de cometer matanzas indiscriminadas e incluso el Consejo de Seguridad de la ONU ha pedido a Haití que investigue las masacres de La Saline en 2018 y de Bel-Air en 2019, en las que murieron decenas de civiles.
Como decíamos en líneas anteriores, este asesinato ratifica que la inestabilidad política es una constante en el país; solo a modo de ejemplo podemos destacar que desde la caída de la dicatadura de los Duvalier ( Papa Doc y Baby Doc ) en el año 1986 hasta hoy, más de 20 gobiernos se sucedieron sin lograr la mas mínima salida ni «orden institucional». Muy por el contrario, probablemente a partir del 2015, la crisis ha tenido un salto exponencial. En ese año el entonces presidente Michel Martelly finalizó su gestión, y debía sucederle Moise luego de polémicos comicios que obligaron a nombrar un presidente interino de otro partido. Mas de un año después la autoridad electoral reconoció la victoria del ahora asesinado, Jovenel Moïse, quien era un empresario «exitoso», que a pesar de su origen humilde logró con emprendimientos agrícolas , fundamentalmente bananeros, convertirse en uno de los hombres más rico del país. Pero en este 2015 era aún un total desconocido en el mundo político, cuando el expresidente Martelly lo nominó como candidato a la presidencia del partido de centroderecha Tèt Kale, copiando la muy en boga para esos años, postulación de «un nuevo outsider» de la politica.Toda la gestión de Moise, atravesada como decíamos, por crisis, movilizaciones, epidemias, terremotos, protestas, asesinatos etc etc debía culminar según la oposición el pasado 7 de febrero, cuando se cumplían los cinco años del fin del gobierno de Martelly en 2016.Moïse, sin embargo, insistía en que debía gobernar un año más porque no tomó posesión hasta el 7 de febrero de 2017.En enero de 2020, Moïse disolvió el Parlamento y desde entonces gobernó Haití por decreto, siendo «el único y exclusivo poder en el país».La ola de protestas que esta situación generó estuvo además incentivada por nuevos escándalos de corrupción en el que funcionarios del gobierno habrían malversado US$3.800 millones en ayudas de PetroCaribe, un programa de asistencia petrolera.Tambien debemos recordar y es imposible obviar el rol nefasto de las «misiones humanitarias» y las intervenciones militares de los organismos interncaionales en esta crisis. Después del golpe de Estado que derrocó a Jean-Bertrand Aristide en 2004, Haití fue intervenido militarmente por Estados Unidos, Francia y Canadá. Los norteamericanos encontraron un aliado ideal e inesperado en Brasil en aquel momento gobernado por Lula, quien fue un entusiasta impulsor de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah) entre 2004 y 2017, enviando el mayor contingente militar ( casi 30.000 soldados ) y manteniendo el comando de la misión. El resultado de la misma fue catastrófico, centenas de mujeres haitianas fueron violadas y sus hijos abandonados por cascos azules. Los “hijos de la Minustah” se agregan a una larga lista de males que incluye, además de delitos sexuales, ejecuciones sumarias, y el uso excesivo de la fuerza contra la población más pobre.