Por Impulso Socialista
Los últimos tres años en Colombia han marcado una etapa de ascenso de la lucha social, cuyas características han cambiado la dinámica política en nuestro país. El gran estallido social del 28 de abril de 2021 como continuación del estallido social del 21 de noviembre de 2019, fue la respuesta de la clase trabajadora y los sectores populares a una arremetida orquestada por el Gobierno uribista de Duque junto a las organizaciones multilaterales del imperialismo como la OCDE, el FMI, para descargar la crisis económica profundizada por la pandemia sobre los hombros del pueblo explotado y oprimido así, salvar a las élites financieras y rentistas del país.
Ya han pasado más de dos meses del gran proceso de movilización que marcó un periodo histórico de lucha con la juventud a la cabeza, dejando conclusiones importantes para explicar la actual etapa del desarrollo de la lucha, donde las y los revolucionarios debemos recoger para plantear política de intervención frente a este nuevo momento:
- La crisis capitalista actual profundizada en pandemia debela el carácter reaccionario y autoritario de los regímenes burgueses para poder mantener sus ganancias, cuya principal herramienta es la profundización del terrorismo estatal para contener el auge social. Esta tendencia se mantendrá mientras no haya una salida desde la clase trabajadora y los sectores populares a la crisis capitalista.
- La burguesía del país encontró aliados en el movimiento social: la burocracia sindical, los partidos reformistas y la socialdemocracia cristalizados en el Comité Nacional de Paro, pues su principal objetivo se centró en llegar a acuerdos con el régimen y así darle una salida parlamentaria y electoral a la crisis, cuestión que generó:
1- Que la clase trabajadora organizada y el campesinado no participará directamente y desarrollará un paro general de la producción.
2- Que las asambleas populares no se convirtieran como el escenario genuino y democrático de organización y articulación social.
3- Que el gobierno cayera vía movilización.
4- El desmonte progresivo de la desmovilización, iniciando con el levantamiento del paro docente estatal, el abandono de los puntos de resistencia y el avance a tramitar el pliego de emergencia como iniciativas de ley.
- La fuerza social desplegada en la calle al carecer de dirección consecuente, democrática y revolucionaria, solo pudo contener temporalmente el avance de la política de precarización, pero aún así demostró que es en la calle donde las victorias de nuestra clase son posibles, pues logró debilitar al gobierno, agrietar el régimen y poner en cuidados intensivos a un sector de la burguesía: el uribismo.
Es claro que los resultados de este proceso del estallido social no corresponden al contenido expresado en la calle, puesto que el gobierno logró recuperarse gracias al papel del CNP y el aparato represivo estatal y paramilitar. A pesar de ello, el pueblo oprimido adquirió una experiencia de lucha traducida en niveles de conciencia democrática que será la base para peleas próximas y pone a los partidos burgueses, reformistas y la socialdemocracia, bajo alerta permanente, máxime que no se han solucionado las contradicciones que generaron el levantamiento social y tienden a profundizarse, este país políticamente no será el mismo y el panorama de lucha sigue más abierto que nunca.
Está más que claro que el movimiento social no logró un triunfo categórico y esto lo llevó a que paulatinamente retrocediera en la organización y movilización y terminará imponiéndose la salida electoral como canalizador del estallido social. Los partidos reformistas y socialdemocracia están desplegando todas fuerzas para agrupar a la mayoría de luchadores y luchadoras en las filas de los frentes electorales, bajo la consigna que “si no es este momento no habrá otro para transformar el país”, elevando al Pacto Histórico que lidera Gustavo Petro como la única salida para el país mientras este hace alianzas con sectores de la burguesía y levanta un programa cada vez más derechizado. Por otro lado, la ultraderecha debilitada por el estallido busca reacomodarse pero su principales figuras están desgastadas cuestión que la pone en aprietos, mientras surgen apuestas más moderadas pero que defienden los mismos intereses burgueses como la Coalición de la Esperanza, Rodolfo Hernández, Federico Gutierrez, entre otros.
Para los y las revolucionarias, construir política para cada escenario que genera la lucha de clases es fundamental para avanzar en las tareas del momento, construir dirección revolucionaria, por eso es fundamental sacar buenas conclusiones del panorama actual para elevar una política que nos permita incidir en sectores consecuentes del movimiento social que fueron arrastrados a las filas de las coaliciones electorales, puesto al no haber otra alternativa las falsas salidas cobran fuerza.
La crisis del uribismo y las contradicciones en el Pacto Histórico
El estallido social no desembocó en una salida realmente revolucionaria, uno, porque aún no se ha construido una dirección lo suficientemente fuerte que impulse al pueblo movilizado a sacar conclusiones políticamente más profundas para tirar el gobierno y el régimen con el objetivo de construir otro tipo de sociedad; y dos, porque la Burguesía y el imperialismo necesitan una salida ordenada que mantenga a las instituciones del Estado intactas para las elecciones del 2022. En este sentido, la ultraderecha está mirando cómo organizarse, pues después del estallido social la legitimidad del régimen está cuestionada. Tanto es así, que para las elecciones venideras les ha costado incluso encontrar una figura política que encante o genere confianza en el pueblo colombiano.
La debilidad del Uribismo, condensada principalmente en el Centro Democrático, ya no se puede ocultar más, pues no pueden avanzar en medidas de ajuste, porque saben que hay un pueblo que rápidamente puede volver a levantarse y con más fuerza, y, por ende, les es conveniente y tácticamente útil participar electoralmente con figuras como Federico Gutiérrez y Alejandro Gaviria, porque son caras lavadas de la ultraderecha y que pueden polarizar en contra de la figura de Gustavo Petro.
La Coalición de la Esperanza llega cuestionada a estas elecciones, por su papel traidor en la rebelión social y con una vanguardia que claramente lo identifica, pues la alcaldía de Claudia López expresó un gobierno de represión y ajuste contra el pueblo en el marco de la pandemia y la protesta social, además, la bancada del Partido Verde y la figura de Sergio Fajardo, es cuestionada. Por otro lado, El Pacto Histórico tiene una característica particular: si bien está recogiendo, reagrupando y cooptando sectores de la vanguardia que fueron protagonistas en el estallido -donde la candidatura de Francia Márquez tiene fuerza dentro de varios sectores del movimiento de masas, pues encarna buena parte de los reclamos de las mujeres, los territorios y los sectores más empobrecidos-, es contradictorio al mismo tiempo, debido que contiene en su interior representantes de la burguesía como Armando Benedetti, quien fue parte del Partido de la U cuando fue reelecto Uribe en el 2010, o Roy Barreras, que no solo fue parte del Partido de la U, también del Partido Cambio Radical, ambos sectores marcadamente uribistas que acompañaron los mandatos de Uribe y Santos. Ellos son, sin duda, parte del régimen genocida y paramilitar, que refleja una política al interior del Pacto Histórico, de conciliación de clases donde pretenden mostrar una cara favorable para los empresarios y terratenientes que han financiado estas candidaturas en el pasado.
La derecha, en el proyecto de Gustavo Petro, se ha convertido en un eje de campaña importante para ganar la presidencia, no solo porque intentó hacer acuerdos con sectores retrógrados y anti-derechos de las iglesias Evangélicas buscando el apoyo de Alberto Saade, sino que, además, le está planteando a Fajardo que se pase al lado del Pacto Histórico, a pesar del cuestionamiento en materia de corrupción, el caso de Hidro-Ituango y su cercanía al paramilitarismo.
Las reivindicaciones que levantó el pueblo movilizado y el programa de la burguesía y el imperialismo son irreconciliables. Esta situación ha hecho que el Pacto Histórico carezca de un programa conjunto, pues el programa que levantó el pueblo en las asambleas populares implica cambios estructurales, antiimperialistas y anticapitalistas que seguramente los sectores más de derecha al interior de la coalición no quieren representar. Hasta hoy no hay un programa claro, solo candidaturas y figuras.
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El rol de las y los revolucionarios
Las organizaciones revolucionarias, que luchamos por una nueva sociedad que funcione de forma radical y completamente diferente al sistema capitalista, cometeríamos un error gigantesco, si no actuamos en este momento político del país, presentando nuestras propuestas, nuestro programa, nuestro proyecto. Para nosotres es más que claro que no es una opción marginarse de la realidad política que atravesamos, porque es dejar la cancha abierta al reformismo y la derecha que, en cambio, ocupan todo el espacio. Aunque esta realidad no se ajuste a nuestro deseo, por el contrario, hay que aprovecharla para participar activamente de ella y poner de manifiesto una política revolucionaria para discutir con el sector de la sociedad que confía en las posibilidades que ofrecen proyectos como el Pacto Histórico.
Por lo tanto, proponemos que los sectores que se dicen de izquierda y representar al pueblo que salió a las calles en este estallido, defiendan y levanten, con independencia de clase el programa y las propuestas que surgieron en las asambleas populares y espacios de lucha, como ejes innegociables:
Que la crisis la paguen los ricos:
- Ruptura con el FMI, el BM y la OCDE. No al pago de la deuda. Plata para salario, trabajo, salud, educación y vivienda, no para el Fondo Monetario.
- Quitar las exenciones a los grandes capitales y reemplazarlo por un impuesto progresivo y permanente a las grandes fortunas, volcar estos recursos a la salud, educación y trabajo.
- Aumento general de salarios acorde al costo de la vida.
- Eliminación del IVA de la canasta familiar. Abolición del impuesto al salario.
Contra la precarización laboral:
- Prohibición de despidos y suspensiones. Basta de trabajo precarizado. Abajo la reforma laboral.
- Por un sistema público de pensiones, no a la reforma pensional y abolición de las AFP.
- Por un salario mínimo individual para las y los desempleados hasta tanto se les brinde un empleo formal.
- Por garantía de trabajo digno para todo desempleado, contratado por el Estado u obligando a los empresarios a contratar nuevos trabajadores y distribuir el trabajo existente entre todos, con disminución de la jornada laboral sin disminución salarial.
Contra el terrorismo estatal:
- Destitución, juicio y castigo para la cúpula militar, policial, alcaldes, gobernadores, jueces, fiscales, quienes dieron la orden o cómplices de las violaciones de DD.HH y los asesinatos sistemáticos en el marco de la protesta social.
- ¡Desmonte del ESMAD ya! Imposibilidad de desarrollar otro cuerpo represivo parecido o similar.
- Retirar de las manos del Ministerio de Defensa y de la cúpula militar a la Policía y que responda a ser una fuerza civil.
- Acabar la justicia penal militar, las FFMM no pueden seguir juzgándose a sí mismas por sus crímenes y delitos.
Por vida digna para la clase trabajadora y sectores populares:
- Educación pública, gratuita y al servicio del pueblo en todos los niveles. Reapertura de los campus estudiantiles con protocolos de bioseguridad, vacunación y condiciones de bienestar aseguradas por el ministerio de salud y de educación. Sanear el déficit presupuestal de las universidades públicas garantizando la gratuidad y universalidad de la educación superior.
- Por un sistema nacional de salud público, único y gratuito: Triplicar el presupuesto en salud y unificar el sistema de salud para que sea público, gratuito y universal. Abolir las EPS y la Ley 100.
- Por un plan de choque que se estatice las principales empresas y recursos estratégicos de la nación.
- Entrega de tierras a las y los campesinos y pueblos originarios. Expropiación a terratenientes, entidades bancarias y a las grandes empresas inmobiliarias y grandes casa-tenientes para dar vivienda digna.
Por ello, es necesario que las organizaciones revolucionarias de Colombia tomemos lugar en el espectro que se abre en materia política en el país, y se propongan llamar e impulsar a encuentros y reagrupamientos con el objetivo de organizar la dirección que hace falta.