Nicaragua: Ni diálogo, ni impunidad, libertad para lxs presxs politicxs

Desde Alternativa Anticapitalista levantamos nuestras voces por la libertad inmediata e irrestricta de lxs presxs politicxs, demandamos una evaluación integral sobre su salud, y nos solidarizamos con ellxs y sus familiares por el regimen de tortura, aislamiento y persecución que ejerce la dictadura en Nicaragua.

Por Alternativa Anticapitalista

El pasado 10 de enero, día en que asumió como presidente por 4ta vez consecutiva Daniel Ortega -renovando su mandato por 5 años  más-, acompañamos desde la Liga Internacional Socialista la campaña mediática internacional denunciando la situación de Nicaragua, bajo las consignas “Fuera Ortega Murillo” y “Libertad Presxs Politicxs”. Tuvimos aportes de distintas partes de Latinoamérica y Europa.

Ese día, en discurso presidencial, el dictador Daniel Ortega evitó hablar acerca de las personas secuestradas en las cárceles del régimen, e hizo un llamado de «borrón y cuenta nueva» como un claro guiño hacia las cúpulas empresariales para entablar un nuevo diálogo; uno que limara las asperezas en público para un nuevo modelo de alianza, diálogo y consenso que sostenga la expoliación de Nicaragua en este próximo periodo y, a Ortega y la cúpula del FSLN en su administración. No es casualidad que desde la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia ACDJ, representantes del poder empresarial, persuadan a familiares víctimas del régimen de forma individual, para que les acompañen a convocar negociaciones con la dictadura, en un intento de legitimación de tan descarado oportunismo.

Por lo que queremos abordar el tema de la libertad de los presxs politicxs desde una perspectiva de clase, quienes somos y entre quienes podemos actuar de forma honesta y beligerante para garantizar el cumplimiento de nuestras demandas con el principal objetivo de lograr mejores condiciones para los grandes sectores populares que son los más afectados siempre.

La utilización del discurso de diálogo de Ortega

Sin olvidar que entre los actuales presxs politicxs se encuentran personajes de las cámaras empresariales (COSEP) y colaboradores de antaño de la clase que ha explotado y asesinado a sectores trabajadores históricamente en Nicaragua, a razón de acumular más y mejores ganancias para sus empresas. Entendemos que todas las partes del proceso de secuestro del régimen orteguista violan los derechos humanos y tiene un enfoque meramente político, por tanto, denunciamos las condiciones inhumanas de encarcelamiento de los +170 presxs politicxs sin ningún distintivo político, y el rol de las autoridades judiciales en seguir perpetuado el terrorismo de estado.

Desde el 19 de julio de 2021 Ortega anunció en su discurso que posterior a las elecciones de noviembre (que ya estaban amañadas) iba a iniciar un proceso de diálogo con diferentes sectores “no golpistas” que “quisieran el bienestar de Nicaragua”. Es decir, con sectores que le aseguran impunidad y que están dispuestos a un “borrón y cuenta nueva” sobre los muertos y, además, sobre su manera de gobernar: con absoluto nepotismo y autoritarismo. Cualquier intento de diálogo del COSEP tiene que ser desenmascarado como lo que es: un intento para mantener relaciones económicas de mutuo beneficio a costa de la justicia y el bienestar de la mayoría.

El llamado al diálogo de Ortega se da por la necesidad de estabilizar su gobierno y “generar un clima de inversiones”. No puede gobernar solo por las armas, necesita un grado de legitimidad nacional e internacional, necesita plantearse como el político negociador y “pragmático”, no como el asesino corrupto con el que ya no pueden hablar sus anteriores financiadores de EEUU y las grandes potencias extranjeras. Al sentarse a hablar con los empresarios y con un sector político de Nicaragua, la comunidad internacional podría decir que ve “voluntad”, lo que relajaría la presión sobre Ortega, que al tenerla contenida por medio de la tortura y el terror la presión interna, solo necesitaría aumentar su financiamiento. Algo que sería relativamente sencillo para el BCIE, BM o el FMI, que ya han mostrado no tener escrúpulos a la hora de hacer préstamos a genocidas, al ver que reestablece relaciones con los demás Estados de la región, incrementando la deuda odiosa.

La política de diálogo y negociación promovida por el régimen, la empresa privada y la comunidad internacional solo garantizará la permanencia de un sistema capitalista y el estado de terror con mayor impunidad, y sabemos que solo el pueblo sabrá darle el juicio que merecen, bajo un proceso libre de vicios y de carácter popular.

La política de salvataje e impunidad para la Dictadura

La única garantía de Libertad real a todas las personas presas políticas es el derrocamiento de la dictadura. Es que la dictadura no es solo Ortega Murillo o el FSLN; por eso: Derrocar a Ortega Murillo, pasa por enfrentar a las direcciones que le salvaron la existencia desde el 2018 con su “salida institucional, cívica y pacífica”, de “Diálogo y elecciones” con los genocidas y torturadores, y de “unidad con todos”, con actuales y antiguos colaboracionistas de la pareja dictatorial. Y esas direcciones tienen nombre y apellido: Es la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, el vehículo de los grandes capitales para burocratizar y desviar la digna rabia de los pueblos en lucha en Nicaragua, es la Comunidad Internacional que con su pantomima de “sanciones” esconden sus intereses económicos de sus organismos de usura internacional (FMI, BM, BCIE, BID, OCDE, OMC, en los cuales EEUU es el accionista principal) y de las transnacionales extractivas y contaminantes que operan en el país bajo la administración de los Ortega, es la política de la cúpulas de la Conferencia Episcopal Nicaragüense y el Vaticano, que en favor de preservar sus privilegios y la relación de la Iglesia (como institución) con el Estado, han llamado a conciliar tres veces antes de lo que canta un gallo.

Sólo tenemos que voltear a ver que sucedió en las ocasiones pasadas en la que “se tendieron puentes con los gobernantes y las fuerzas vivas” en Mayo 2018, y Marzo 2019, Si bien se liberaron una cantidad importante de las personas presas políticas de ese entonces, al menos 47 fueron secuestrados nuevamente y forman parte de las +170 presas y presos políticos de la actualidad, y las otras personas liberadas por la Ley de Amnistía (Impunidad) que elaboró Ortega en ese entonces, o bien se exiliaron o se encuentran bajo la clandestinidad. Bajo ningún motivo eso puede considerarse “Libertad real”.

A la lista de crímenes del Estado se le suma el asesinato de Eddy Montes, prisionero político que fue asesinado por un custodio de la cárcel la “Modelo” el 16 de mayo de 2019; Santos Flores, prisionero político que fue declarado como suicida, al “encontrarle ahorcado” en su celda en máxima seguridad el 9 de noviembre de 2021; y Hugo Torres, prisionero político que murió el pasado 12 de febrero de 2022, en medio de desgaste de salud por el régimen de tortura que sufría. No podemos dejar en la impunidad todos los crímenes cometidos por la dictadura, esto solo agravaría más aún la situación en Nicaragua.

El camino es la organización y movilización social independiente de zancudos, corruptos y oportunistas. No más diálogos, ni nada que atente contra las justas demandas de no impunidad ante los delitos del estado, sus instituciones y el régimen que le sostiene.

 Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia: la gran oportunista

La alianza cívica aprovechando el comunicado de los familiares de presos políticos ha iniciado un trabajo político de campo intentando sumar a familias que de buena voluntad y buscando cualquier vía posible para la liberación de presxs se unan a la iniciativa.

Alertamos de la trampa – ¿Por qué las llamadas la realizan representantes de la Alianza cívica? ¿Por qué no bien terminada la conferencia de prensa se han pronunciado de manera oportunista las fuerzas de la decadente “¿Alianza Ciudadana” que son CxL, el COSEP y la Alianza Cívica? – Alertamos que quieren montarse en las justas demandas de los familiares para negociar, sin garantías, para mantener un contubernio empresarial como era antes de 2018 con el régimen y negociar cuotas de poder político estatales o fuera del Estado.

El acercamiento bilateral por parte de la Alianza Cívica hacia familiares de presxs politicxs y no a la colectividad donde se organizan para dar la lucha por la liberación, es una estrategia que no compartimos y la nombramos como un descarado oportunismo por parte de este grupete de gente que se llaman “oposición”. Pasar por sobre la colectividad y acuerdos políticos que tienen cada familiar como parte de las organizaciones UPPN, AMA y OVA, etc. es una conducta oportunista y premeditada para persuadir a título individual desde la vulnerabilidad que da la desesperación. Una artimaña para dividir y pasar por sobre los acuerdos consensuados de lucha por la verdad, justicia, reparación, y las tan necesarias garantías de no repetición; de imposibilitar el apoyo colectivo y el debate político sobre lo que implica firmar una carta de negociación, sus pro, contras y posibles trampas.

Llamar “empatía” a la capitalización de la zozobra y desesperación de familiares de víctimas, para instrumentalizar esta lucha a beneficio del régimen y las cúpulas empresariales, es una falta de respeto a la lucha, familiares y lxs mismxs presxs polìticxs, de quienes tampoco se ha compartido su punto de vista sobre el asunto. Llamar a negociación para la libertad de las y los presos políticos utilizando las firmas de familiares para legitimarse como oposición, no es más que una réplica del oportunismo orteguista, quienes en nombre del pueblo cometen abuso de poder para su beneficio. 

“El problema del diálogo son los actores”

Desde otros sectores de la oposición se ha hablado de que el problema no es que haya un diálogo con Ortega Murillo sino los actores que estén en ese diálogo. Esto es un error enorme de interpretación política, porque ningún diálogo con la dictadura ha representado, ni representará una salida. Aunque estuvieran sentados otros actores nacionales del “azulblanquismo”, ninguno tiene capacidad de respaldo o influencia popular, económico, organizativo o armado para ejercer algún tipo de presión al orteguismo en el contexto actual, peor que en 2018 y 2019. El problema es seguir promoviendo un diálogo con la dictadura, lo que significa seguir repitiendo los errores cometidos, y por tercera vez. Lo que necesitamos es cambiar la correlación de fuerza, y esto solo puede construirse con la organización independiente desde todos los frentes populares posibles, ejecutando estrategias de presión interna e internacionalismo militante para su derrocamiento.

A Ortega no se le puede ofrecer nada, lo que le interesa obtener del pueblo es la carta de impunidad que le legitime, y al empresariado lo compra fácil, garantizándoles sus intereses económicos, a como dijo Rosario Murillo el 10 de enero pasado en la Plaza de la Revolución:

en el modelo de alianza participábamos todos, y ellos ganaban, daban algún trabajo y aportaban al crecimiento que teníamos.>

El error del diálogo no solo es de aspecto político sino también estratégico. Es decir, mientras en mayo de 2018 aún se contaba con una correlación de fuerza con tranques en todo el país, el empresariado entregó el “espíritu de abril”. Ahora, la Alianza Cívica desmovilizó porque teme al potencial de cambio que puede brotar de las mayorías sociales movilizadas. Ahora, de forma oportunista buscan el único interés que Ortega podría tener en ese bloque, restablecer relaciones con el COSEP y en consecuencia con las cámaras empresariales de Centroamérica, y las trasnacionales extranjeras.

La ACJD puede ir con la intención de ofrecerle a Ortega cabildear para detener las sanciones en su contra, pidiendo a cambio cierto reconocimiento como la “oposición legítima” a nivel nacional. El problema es que Ortega sabe que ellos no pueden hacer nada, los países como EEUU o la UE no son títeres de la AC -todo lo contrario- y por los continuos desaciertos han dejado incluso de nombrarla, lo vemos en la reciente resolución de la OEA donde se llama a Ortega a negociar con “partidos políticos” no con organizaciones surgidas en abril, desde donde se nombra la Alianza Cívica. Lo único que pueden ofrecerle es más tiempo en el poder e impunidad en una posible transición.

NO a la instrumentalización y desmovilización.

Nos oponemos a la instrumentalización de la lucha de familiares de presxs polìticxs por parte de la AC, porque la única garantía real de su liberación está en la lucha en una campaña permanente, de forma internacional entre defensores de derechos humanos, la clase trabajadora internacional y todos aquellos que se consideran revolucionarios.

Cuando hablamos de correlación de fuerzas nos referimos al poder político real, con capacidad de acción e intervención para que lo que es propuesto pueda cumplirse. En política, esta correlación puede estar dada por el apoyo popular, pero también por el poder económico y el poder de las armas. En este momento, si bien la mayoría popular está contra Ortega, no significa que está con la AC puesto que no ha construido apoyo popular y más bien se encargó de desmovilizar. Y si Ortega llama a negociar y restablecer alianzas, es porque claramente ya tiene el “cuadro rayado” y no piensa perder en la negociación.

Haciendo una lectura de las fuerzas en el país, tenemos que el poder económico de Ortega se ha alimentado por el enriquecimiento ilícito durante sus 4 mandatos, en alianza con empresarios en cámaras como el COSEP, los grandes capitales de Pellas-Ortiz-Zamora, el financiamiento de los organismos financieros y de usura de la comunidad internacional; y se sostiene centralizando los poderes del Estado y reprimiendo con el poder de la policía, el ejército y fuerzas paraestatales. En contraposición, existen  corrientes de falsa oposición, colaboracionistas que han servido de paracaídas del régimen, que durante los últimos años lo único que han ganado es rechazo popular por sus contradicciones internas y por desplazar la lucha de abril; también existen sectores nacionalistas “azul y blanco” que apuntan a reformar el estado capitalista, actuando desde la centro izquierda que cada vez se confunde más con las tareas a llevar adelante para revolucionar el sistema y terminan cayendo en los espejismos neoliberales; por tanto, la ACJD crea expectativas a los y las familiares de presxs politicxs sobre su liberación, para lavarse la cara en un nuevo diálogo, estrategia ya gastada ante los ojos de la población, y a la que recurren porque es la única que tienen a falta de apoyo político, nacional e internacional. Por otro lado, existen fuerzas independientes atomizadas, dispersas, en esa vía desde Alternativa Anticapitalista nos construimos para lograr la fuerza popular con los organismos que creen los pueblos en Nicaragua que pongan en marcha el poder de movilización que sobrepase la fuerza represiva.

El llamado que hacemos: NO AL DIÁLOGO Y NO MÁS IMPUNIDAD

Desde Alternativa Anticapitalista no llamaremos a conciliar con quienes se benefician de un régimen sostenido por la violencia sistémica, menos cuando sigue aumentando la carestía de la vida, la represión y se sigue utilizando el terror contra la verdadera primera línea de lucha contra la dictadura. Las transformaciones de fondo no vendrán de la mano de la estrategia que levantan los empresarios y las élites, todo lo contrario: apostamos a la autoorganización desde abajo y con los métodos de lucha popular, y preparar las condiciones para dar vuelta todo.

La organización y lucha contra la dictadura y los explotadores es la herencia viva en la memoria reciente de los pueblos latinoamericanos, y el mundo entero, Nicaragua no es la excepción. Y ante la creciente polarización política, debemos girar más aún hacia la izquierda para poder crear un polo de resistencia y autodefensa digna.

Si algo ha quedado claro es que, en 2018 nos sobró fuerzas para echar a la dictadura y desmantelar todo su régimen. Todas las acciones de poder popular y manifestaciones masivas, autoconvocadas, espontáneas u organizadas, fueron la expresión máxima de cómo la población puso el cuerpo persiguiendo las ansias de cambios radicales. Pese a todo, y con el fin de preservar sus privilegios, la casta explotadora se acomodó rápidamente, se infiltro en el movimiento popular y fue usurpando espacios en la toma de decisiones e imponiendo “liderazgos” artificiales con la bendición de la cúpula eclesiástica; al punto de desplazar a los actores políticos que realmente opusieron resistencia al régimen, y que se llevaron la peor parte del Terrorismo de Estado: balas, represión, prisión, y exilio.

La historia demuestra que la organización de las bases, desde abajo, que convoca movilizaciones masivas, tiene la fuerza para conquistar derechos e incluso para derribar gobiernos y poner en cuestión a todas las instituciones. En países como Nicaragua sólo la masividad popular organizada puede hacer un contrapeso material, representativo y contundente a la violencia sistémica. Violencia que se sostiene con las fuerzas armadas y grupos de choque que defienden al Estado burgués de los dictadores, millonarios y corporaciones. Abril marcó esa perspectiva.

Nuestra propuesta: Luchar, luchar con rabia para triunfar.

Nos asumimos en campaña permanente por la liberación de todas las personas presas políticas, y respaldamos el llamado de UPPN publicado el 25 de Enero 2022, sumándonos a unir esfuerzos en la lucha por memoria, verdad y justicia, por la reparación y no repetición del terrorismo de Estado y por una oposición unitaria en contra de la dictadura en Nicaragua.

El pasado 15 de febrero, levantamos una convocatoria para levantar unMovimiento Internacional por la Libertad de Todos los Presos/as Políticos en Nicaragua. Iniciativa a la que invitamos se sumen más compañerxs y organizaciones dentro y fuera del país, con la finalidad de difundir y movilizar en distintas partes del mundo denunciado a la Dictadura, a cumplirse 4 años de las grandes movilizaciones que pusieron en jaque al régimen.

#LibertadYa – Libertad inmediata e irrestricta de todas las personas presas políticas, por una libertad real, con garantías que le permitan salvaguardar su integridad física y psicológica, junto a la de sus familias. Las demandas de JUSTICIA SIN IMPUNIDAD debe ser bandera permanente en la lucha contra la dictadura, la salida no pasa por bajar las banderas, sino por fortalecer la unidad y fuerza organizativa que las sostenga aún más alto.

#JusticiaSinImpunidad Sentar las bases organizativas para impulsar un plan de lucha que enjuicie socialmente a todos los responsables de los crímenes de lesa humanidad; a sus colaboradores políticos, económicos y civiles. Establecer condiciones reales para la conformación de una Comisión Investigadora Independiente y apertura de los archivos de la dictadura; y el desmantelamiento de todo su aparato represivo. Por la Verdad, Reparación Integral, No Olvido y No Repetición de crímenes de lesa humanidad ni terrorismo de Estado en Nicaragua.

#NoDialogo Cualquier diálogo de las cúpulas que han coexistido y compartido negocios y réditos políticos con el régimen durante años, es una trampa. Los colaboradores de la dictadura y sus élites no nos representan porque son enemigos de nuestros derechos y de nuestras demandas. El único diálogo útil para la mayoría social y trabajadora es entre los sectores oprimidos, explotados y reprimidos históricamente y desde abril.

#OrganizaciónYMovilización – Construir y fortalecer las redes de protección de la vida e integridad, contra el COVID19, la represión y la precarización del estado capitalista. Recuperar fuerza en bases autoorganizadas. Articular los esfuerzos que sostienen desde las más pequeñas acciones de resistencia y desobediencia activa. Construir organización independiente de todos los colaboradores históricos, económicos, e institucionales de la dictadura. Esta lógica permitió crear un tejido importante en los albores de abril. Supimos que, a mayor represión, mayor organización social e independiente.

#FueraOrtegaMurillo – Contra la dictadura, sus cómplices, empresariales y clericales. Por una oposición unitaria contra quienes han precarizado, reprimido y asesinado al pueblo trabajador en Nicaragua. Necesitamos recuperar el protagonismo de la mayoría social, las familias trabajadoras, las juventudes, mujeres y disidencias que luchan día a día, por salir de la dictadura y construir un modelo nuevo de país. Acompañar las demandas democráticas de colectivos y agrupaciones de DDHH, comunidades campesinas, naciones indígenas y afrodescendientes.

Nuestro propósito es luchar con rabia, porque ya la historia nos ha demostrado que, con un pueblo organizado, las dictaduras no pueden seguir gobernando. Para esto es necesario construir una organización anticapitalista, feminista e internacionalista; una herramienta política sin personalismos. Por eso hacemos una llamado a todo el activismo juvenil, movimientos sociales, agrupaciones de familiares y sobrevivientes de la violencia estatal y el exilio a tomar estas consignas y levantar las banderas que defendimos en abril 2018. Nosotros, militantes de Alternativa Anticapitalista, sección nicaragüense de la Liga Internacional Socialista levantamos esta estrategia y nos ponemos a disposición de tender puentes y continuar la lucha contra la dictadura y por su derrocamiento, de la mano de todas las organizaciones de trabajadores y populares, en Nicaragua y el mundo. Solo el pueblo organizado y movilizado de forma independiente, salva al pueblo, unámonos.