Por Pablo Vasco
El 17 de junio, tras una resolución del Tribunal Supremo británico del 20 de abril, la ministra de Interior de ese país, Priti Patel, autorizó la extradición a los Estados Unidos del periodista australiano Julian Assange, fundador del portal WikiLeaks. A organismos de derechos humanos como Amnesty International y por la libertad de prensa como Reporteros Sin Fronteras se les negó el acceso al juicio, confirmando lo falaz del mismo.
Con total hipocresía, un vocero del Ministerio de Seguridad británico señaló que “no han hallado que la extradición sea incompatible con sus derechos humanos, como el derecho a un juicio justo y a libertad de expresión”. Por su parte, la justicia norteamericana acusa a Assange de 18 delitos de espionaje e intrusión informática a causa de la información publicada en dicho portal, lo que podría acarrarle a Assange condenas de hasta 175 años de cárcel.
Assange permaneció cautivo en Gran Bretaña durante más de diez años sin ser condenado. Primero estuvo bajo arresto domiciliario por supuestos delitos sexuales, en un proceso falso ya desestimado. Entre 2012 y 2019 estuvo refugiado en la embajada ecuatoriana en Londres. Según investigó Yahoo! News, en ese período la CIA de Trump hizo planes para secuestrarlo y/o matarlo. En 2019, debido a un cambio de gobierno, el presidente de Ecuador Lenin Moreno le quitó el derecho de asilo, la cancillería le suspendió los derechos de ciudadanía y así Assange fue detenido por la policía británica y trasladado a la prisión de alta seguridad de Belmarsh, cerca de Londres.
Los “delitos” de Assange
En 2010 Assange expuso públicamente en su portal más de 700.000 documentos y correos electrónicos que confirmaban los crímenes de guerra, asesinatos, torturas, espionaje y conspiraciones diplomáticas y políticas de los Estados Unidos, China, Rusia y la Unión Europea contra poblaciones civiles. En especial, quedaron al descubierto los abusos norteamericanos cometidos en la prisión de Guantánamo (Cuba), Irak y Afganistán.
La difusión de tales crímenes sacudió al mundo. A partir de la publicación en WikiLeaks el gobierno yanqui persiguió a Assange sin tregua a fin de detenerlo, llevarlo a los Estados Unidos, “juzgarlo” y condenarlo a cadena perpetua, a modo de escarmiento para él y amenaza contra cualquier otra persona que sobre esta tierra se atreva a desenmascarar los crímenes del imperialismo.
Assange publicó documentos como periodista, no los entregó a ningún gobierno, pero igual lo acusan de espionaje. Inclusive el espionaje es un delito político, y por lo tanto no extraditable, pero igual lo quieren extraditar. Es decir, los imperios violan sus propias leyes y convención es internacionales con tal de perseguir y castigar a quien desnuda sus crímenes.
La esposa de Assange, Stella, declaró que usará “cada hora del día para luchar por que se haga justicia. Él es muy fuerte. No es que esté acostumbrado a esto, pero tiene que luchar, y ése es su instinto y lo que vamos a hacer”. A su vez WikiLeaks calificó el fallo británico como “un día oscuro para la libertad de prensa” y aclaró que Assange la apelará ante la justicia y, como última opción, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Libertad de prensa y derecho a la información
Como bien lo señala una reciente declaración del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia de la Argentina solidaria con Assange, “la decisión británica de extraditarlo a Estados Unidos constituye un verdadero ataque autoritario contra las libertades democráticas de prensa y de expresión, frente a lo cual reiteramos nuestra exigencia de anular tal medida y conceder su libertad”.
Es más: la alianza anglo-yanqui que hoy se ensaña contra Assange no solamente avasalla las libertades de expresión y de prensa, como una espada de Damocles para amedrentar a todo el periodismo, sino también ataca el derecho democrático del público a recibir información libremente. Desde la LIS, llamamos a los trabajadores, la juventud y los pueblos a redoblar el reclamo en defensa de Assange.