Mientras urge aumentar salarios, congelar precios y alquileres; mientras estalla la crisis energética y climática, el gobierno de Macron ha hecho que el Parlamento apruebe dos leyes que contradicen las necesidades básicas de la población. Por supuesto, ni la NUPES ni las burocracias sindicales llamaron a la movilización durante este verano ni en los primeros días de septiembre. Mientras los sindicatos reformistas van a negociar con Macron en el Consejo Nacional de Refundación, la CGT, la FSU y Solidaires invitan a esperar para manifestarse el Día D, 29 de septiembre, y nada más, mientras que LFI tiene previsto movilizarse un sábado a mediados de octubre, justo antes de las vacaciones escolares. Este calendario no es más que un plan de apoyo y capitulación a los imperativos marcados por Macron-Borne y la entidad patronal MEDEF. Las masas podrán desbaratar todas estas trampas, barrer estos obstáculos…
La ley de emergencia para la protección del poder adquisitivo fue votada el 4 de agosto de 2022 por la comisión mixta Asamblea Nacional-Senado. Esta ley general revela todo un arsenal de medidas antiobreras. Desde este punto de vista, el componente de “protección del nivel de vida de los franceses” se debe esencialmente al anuncio de prestaciones marginales, puntuales, temporales, exentas de impuestos y de aportes a la seguridad social. Todas estas medidas, sumadas a las de la reforma de la ley de finanzas para 2022 (de fecha 16/8/22) que otorga 44.000 millones adicionales al presupuesto del Estado, se caracteriza por aumentos muy reducidos de salarios y pensiones, por debajo del alza de la inflación (que ahora supera el 6%), la concesión de primas facultativas e irrisorias ¡y ello sin bloquear el alza de los precios de los alimentos, la energía o los alquileres! Aquí están los detalles principales de estas dos leyes.
¡Ninguna indexación de salarios y jubilaciones al valor de la inflación!
De hecho, no hay ninguna medida permanente contra la inflación. Si bien el candidato Macron había prometido la indexación de las jubilaciones a la inflación, el presidente Macron decidió sólo un aumento del 4% en los haberes previsionales básicos, Renta Solidaria Activa (RSA), asignaciones familiares o asignación para adultos discapacitados. Programado para julio, este aumento está muy atrasado y se debe pagar el 9 de septiembre…
4% para las pensiones básicas privadas, sin medidas para las pensiones complementarias ni para las jubilaciones de los estatales… ¡con una inflación del 6,1% y que podría superar el 10% a finales de año!
En cuanto a los estatales activos, el incremento previsto (3,5%) no compensa la pérdida de poder adquisitivo estimada por la CGT en al menos un 10%, tras la congelación del punto índice puesta en marcha desde 2007…
Para el sector privado, Macron quiere alentar, a través de una herramienta de reestructuración de las ramas profesionales, a los interlocutores sociales a elevar regularmente sus mínimos por rama al nivel del SMIC (salario mínimo), tras haber alentado lo contrario en años anteriores.
Como recordatorio, la indexación de los salarios al nivel de los precios fue abolida en 1983 por el gobierno socialista encabezado por Pierre Mauroy, en nombre de la lucha contra la inflación. Incluso hoy en día, los economistas hablan de la espiral inflacionaria que, si los patrones suben los salarios, haría subir los precios, y así sucesivamente. Pero, sin embargo, hay una solución: ¡bloquear la subida de precios!
¡Ningún congelamiento de precios de los artículos de primera necesidad y alquileres!
Lejos de congelar o bajar los precios, el gobierno apuesta por un aumento “razonable” de los costos de la energía: extensión del “descuento al combustible” hasta fines de 2022 (30 centavos por litro en septiembre y octubre; 10 centavos por litro en noviembre y diciembre); mantenimiento en 2022 del escudo tarifario sobre los precios de la energía implantado a fines de 2021 (tope al aumento de la factura eléctrica en un 4% y congelación del precio del gas al nivel de octubre 2021). También concede diversas ayudas libres de impuestos: ayudas de emergencia para calefacción de viviendas con fueloil (230 millones de euros) y duplica por dos años el tope de exención del bono de combustible pagado por los patrones…
El aumento de los alquileres no puede superar el 3,5% (¡solo hasta el 30 de junio de 2023!), no compensado por la revalorización del 3,5% de la Ayuda Personalizada a la Vivienda (APL) que el gobierno había rebajado previamente…
Bonos, dispensas, exenciones fiscales
Por lo demás, se trata de bonos exentos de cotizaciones sociales (antiguo bono de Macron ahora llamado bono de reparto de valor aumentado a 3.000 o 6.000 euros anuales, opcional y repartido según la buena voluntad del jefe: bono excepcional por parte del Estado de 100 euros por hogar -y 50 euros por niño- para quienes cobran subsidios sociales…)
La ley también suprime o reduce los aportes patronales a la Seguridad Social (posibilidad de horas extras con reducción de tales aportes para empresas de 20 a 249 trabajadores; supresión definitiva de los aportes, hasta 550 euros anuales, para los autónomos con una renta inferior o igual al SMIC…)
Pedimos aumentos salariales, no caridad: 40 millones de euros (¡sobre 44 mil millones!) están destinados a asociaciones de ayuda alimentaria.
La dispensa de aportes a la seguridad social y la exención fiscal son los medios que encuentra el gobierno para que les cueste lo menos posible a los empresarios y al Estado… con su corolario que luego justificará todas las reformas futuras: el aumento del déficit de la Seguridad Social y del Estado!
En fin, son medidas que no les cuestan nada a los patrones y al gobierno, ya que se trata de sumas que ya pertenecen a los trabajadores: desbloqueo posible y excepcional de los ahorros del trabajador hasta fin de 2020; posible uso de tickets restaurant para compra de alimentos hasta fin de 2023.
Y el top of the top: la posibilidad de recomprar días RTT[1] (que estarán exentos del Impuesto a las Ganancias y de aportes sociales hasta fin de 2025). Por suerte, Jospin y Aubry anualizaron el tiempo de trabajo… ¡si no, nunca hubiera sido posible!
No olvidemos las distintas cláusulas legislativas de esta ley de emergencia para proteger el poder adquisitivo: medidas de “protección al consumidor” (facilitación de terminación en línea; lucha contra prácticas comerciales ilícitas, etc.); medidas sobre el transporte de mercancías por ruta; medidas sobre el aceite usado como combustible; medidas sobre la “soberanía energética”.
Uso de combustibles fósiles
Detengámonos en estas medidas de “soberanía energética” y las medidas de seguridad adoptadas para el suministro de electricidad y gas, así como el acceso regulado a la energía nuclear. Algunas de las medidas se refieren al almacenamiento de gas natural para hacer frente a cualquier “amenaza que pese sobre la seguridad del suministro de gas natural o electricidad”, a medidas de emergencia y excepcionales que permitan al Estado decidir en estas situaciones. Al margen de cualquier decisión democrática o controlada por el Parlamento, el gobierno, probablemente en el Consejo de Defensa a partir del 2 de septiembre, decidirá la elección de los usos energéticos: cuáles son esenciales, cuáles inútiles…
En la ley sobre el poder adquisitivo, se decidió utilizar combustibles fósiles: requisición de centrales eléctricas de gas por un máximo de cuatro años, creación de una terminal flotante de GNL frente a Le Havre, reinicio de las dos últimas centrales eléctricas a carbón: la de Cordemais (Loire-Atlantique) aún en funcionamiento y la de Saint-Avold (Moselle) que debía cerrar en marzo pasado…
El proyecto de la terminal de GNL está liderado por TotalÉnergies: el artículo 14 de la ley deroga la obligación de los estudios ambientales y permite simplificaciones administrativas para acelerar su creación a fin de aumentar las importaciones de gas de esquisto de Estados Unidos y gas de Qatar. ¿Un proyecto insostenible? Sólo estará listo de aquí a un año y medio y requerirá al menos 10 años para amortizarse y 20 para ser rentable. ¡Es un uso durable de los combustibles fósiles! ¡Y en cambio, ninguna medida para investigar y desarrollar energías renovables!
Por otro lado, en la ley de finanzas, la renacionalización total de EDF (a un costo de 9.700 millones de euros) permitirá al Estado asumir la fuerte deuda de la empresa y orientar la producción de electricidad a la nuclear, invirtiendo en un nuevo programa de reactores. Siempre es el mismo principio: al sector privado y a los capitalistas, las ganancias; al Estado y al pueblo, la deuda y las inversiones!
Entre las diversas ofensivas legislativas: si la destrucción de la arqueología preventiva se evitó por poco gracias a la vigilancia de los empleados del sector, el programa de ajuste capitalista se pone en marcha con la supresión a partir de 2022 del aporte al audiovisual público (tasa de televisión), poniendo en peligro la independencia y la existencia del sector audiovisual público pero también, a iniciativa del Senado, ¡una partida de 20 millones de euros para lanzar el sitio de la tarjeta biométrica Vitale para “luchar contra el fraude social”!
Estas dos leyes definitivamente no tienen nada que ver con defender y aumentar el poder adquisitivo de la clase trabajadora. Las y los desocupados están excluidos del régimen y soportan todo el peso de la reforma del seguro de desempleo. La baja de sus haberes por esta reforma no es a priori suficiente para el gobierno, que se plantea muy pronto una nueva reforma en esta materia.
Mientras el Parlamento votaba estas dos leyes, el gobierno afilaba sus armas para bajar aún más el costo de las jubilaciones, elevando la edad y fusionando los regímenes…
Sólo hay una respuesta: la huelga general
Ante estos ataques, es claro que la NUPES sólo ha gesticulado en el Parlamento. Librando una “batalla de enmiendas”, que por supuesto no produjo resultados, mientras excluye la intervención directa de las masas para elevar la relación de fuerzas contra Macron, la derecha, la extrema derecha y el MEDEF.
Mientras el verano estuvo plagado de múltiples huelgas en Francia por aumentos salariales, como en el resto de Europa, ninguna burocracia sindical se atrevió a convocar una huelga general durante el tiempo del debate parlamentario o incluso desde el inicio del año escolar.
Por el contrario, a partir de junio las y los trabajadores fueron llamados a una gran movilización… ¡el 29 de septiembre! Mélenchon, que supuestamente quería pelear, ¡ahora convoca su “Marcha contra la vida cara” en octubre! Las provocaciones de Macron sobre “el fin de la abundancia” no cambiaron nada de eso: la huelga del 29 no tendrá continuidad.
La única renuncia de las organizaciones políticas y sindicales, aparte por supuesto de la CFDT, la CFDT y la CGC, que sí fueron, será la de no acudir al Consejo Nacional de Refundación (CNR) que convocó Macron el 8 de septiembre. ¡Otra consulta falsa a los franceses sorteados en donde Macron quería tocar su melodía favorita, en mangas de camisa: la del héroe que arrastra a la nación detrás de él! Arrancó bastante mal…
De todos modos, si al 29 no le sigue un 30, ¡de esa movilización no saldrá nada! Para La Comuna, la tarea inmediata es la satisfacción de las necesidades de la clase obrera por un plan de emergencia, mediante la huelga general hasta ganar:
- Aumento general de 500 euros netos en salarios, subsidios sociales y jubilaciones, en igualdad de condiciones para hombres y mujeres.
- Ningún sueldo ni jubilación por debajo de 2.000 euros netos.
- Indexación de salarios y jubilaciones al nivel de los precios.
- Retorno a la jubilación a los 60 años, por 37.5 años de aportes y una movilidad del 75%.
- Rebaja y congelamiento de precios de los artículos de primera necesidad y supresión del IVA.
- Regreso inmediato del Impuesto de Solidaridad a la Fortuna (ISF) para que la crisis la paguen sus responsables: los capitalistas.
- Defensa incondicional de la Seguridad Social y del salario diferido, en base al modelo de 1945.
[1] Días de descanso producto de la Reducción de Tiempo de Trabajo.