Por Alberto Giovanelli
Escribimos estas líneas en momentos en que la crisis política peruana se encuentra en pleno desarrollo y, por lo tanto, con un final abierto. Castillo destituido por un Congreso corrupto y detenido, Dina Boluarte, ex miembro de Perú Libre y vicepresidenta juramentada como la nueva presidenta de la República.
La primera medida del nuevo gobierno fue “llamar a la Unidad Nacional y formar un Gabinete de ancha base” que significa en concreto una repartija de ministerios entre los distintos sectores de la derecha que desde el Congreso destituyeron a Castillo. El modelo no se toca dijo una y otra vez Boluarte, tratando de tranquilizar y conformar a la burguesía, a EEUU y a esa mayoría parlamentaria golpista, racista y antipopular.
El acoso político que durante 16 meses padeció Castillo desde el Congreso fue alentado por bancadas políticas afines al fujimorismo, los restos del aprismo y otras más estrechamente vinculadas a intereses empresariales específicos.
Castillo, como lo dijimos en diversas oportunidades fue acomodando cada vez más su gobierno a las exigencias del fujimorismo y de toda la derecha congresal. Este cambio radical con respecto a su programa de gobierno y el abandono de las propuestas por las que fue votado explica hoy la muy débil defensa popular a Castillo frente a un Congreso que goza incluso de un nivel de popularidad más bajo que el propio Castillo (6% de popularidad).
Una vez más los intentos del “progresismo” latinoamericano se demuestran estériles al no animarse a cuestionar la estructura capitalista. Esto hace posible que se prolongue la dominación de los poderes tradicionales sobre la vida cotidiana de nuestro pueblo.
La larga crisis institucional abarca a todos los poderes del Estado profundamente deslegitimados y provoca una inestabilidad permanente y la imposibilidad de definir con claridad cuál será el devenir de esta crisis crónica. Cuando definimos una y otra vez este proceso como “crisis política” del régimen queremos insistir en su carácter profundo estructural y terminal
Sin embargo y a pesar de esta situación, tanto la nueva presidenta como los congresistas declaran que tienen como objetivo mantenerse hasta el año 2026, por lo que se impone terminar con este régimen absolutamente descompuesto.
Es imperioso entonces que las y los trabajadores, estudiantes, comunidades campesinas y sectores populares empecemos a discutir la necesidad de una amplia convocatoria detrás del llamado a una verdadera Asamblea Constituyente Libre y Soberana que se imponga por la movilización popular, tire abajo la Constitución fujimorista y tome todas las medidas necesarias para sacar a los trabajadores y el pueblo de la pobreza.
No reconocemos legitimidad alguna al nuevo gobierno, impuesto por un Congreso golpista y exigimos la libertad inmediata de Pedro Castillo.
También sabemos, que para superar esa crisis permanente con sus ciclos oscilantes desde la derecha hasta la falsa izquierda es imperioso contribuir a la formación de una organización anticapitalista, socialista y por lo tanto revolucionaria. Que se proponga cambiar todo para que dé una vez y para siempre gobiernen los que nunca gobernaron, los trabajadores y el pueblo.