Por Sofía Martínez Lis Perú
No se detiene la movilización popular en el país. Mientras en el último fin de semana las protestas a lo largo y ancho del país provocaron más de 100 heridos y 400 detenidos; el lunes 9 de enero el centro de las protestas y la represión se dió en la ciudad de Juliaca – Puno, en medio del paro indefinido que se mantiene con fuerza en el sur del país contra el gobierno golpista de Dina Boluarte. Al final del día , los datos oficiales confirman 14 muertos (incluído un médico que estaba auxiliando y un menor de edad); más de 40 heridos producto de la represión de las fuerzas militares.
El Hospital y los Centros de Salud de Juliaca colapsaron ante la falta de equipo y personal médico para atender a los heridos, la morgue ya no tenía capacidad para recibir más cadáveres. El Director del Hospital informó a la prensa que todos los heridos y fallecidos han sido por balas disparadas directo al cuerpo.
Paradójicamente , en Lima, esta misma tarde se realizaba una reunión por “el Acuerdo Nacional” convocada por el ejecutivo, la iglesia , el empresariado , los gobernadores regionales, la CGTP entre otros.
Las noticias llegadas desde el sur , y los primeros informes sobre la represión, hicieron que el intento de ese acuerdo no alcanzara a durar media hora, y se multiplicaran las voces exigiendo la renuncia de Boluarte y el cierre del Congreso.
El gobierno golpista de Dina Boluarte ratifica que frente a los reclamos su única respuesta es la represión apoyandose en las fuerzas armadas y policiales, pero sectores del propio empresariado empiezan a desconfiar de la capacidad del gobierno para “estabilizar la situación”. Por eso comienzan a debatir acerca de qué recambio puede ser más eficaz.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos emitió un pronunciamiento público denunciando la flagrante y continua violación a los derechos humanos, denunciando a Boluarte y su consejo de ministros, como responsables directos de la masacre en Juliaca.
Frente a esto, en este mismo momento se convocan cacerolazos en Lima contra los asesinatos en Puno, varios gobernadores regionales exigen la renuncia de Boluarte, así se expresa el descontento y la deslegitimación del gobierno. Son estas razones las que hacen que sea casi imposible alcanzar “acuerdos de paz” duraderos puesto que todo indica que las protestas van a continuar y extenderse. De allí que sea cada vez más decisivo coordinar hasta conformar una Gran Coordinara Nacional de las organizaciones en lucha para derrotar al gobierno derechista, cerrar el congreso e imponer una Asamblea Constituyente Libre y Soberana que nos permita sacarnos de encima el funesto régimen del `93 heredado por el gobierno dictatorial de Alberto Fujimori y avanzar así hacia un gobierno de los trabajadores y el pueblo que comience a andar el camino de las verdaderas soluciones para nuestro pueblo, un gobierno anticapitalista y socialista.