Por Marea Socialista
El 12-04-23 apareció una noticia en la que el Partido Comunista de Venezuela (PCV) le exige a la Asamblea Nacional (oficial) de la que forma parte el diputado Oscar Figuera, secretario general del partido, que conforme una comisión que investigue la corrupción e inacción de altos funcionarios del gobierno hasta Nicolás Maduro (https://www.aporrea.org/contraloria/n382023.html). Indicó que todo debe ser investigado por una comisión con «personalidades que no estén comprometidas con las bandas mafiosas y criminales que tienen una confrontación interna» para asaltar las riquezas de la nación. Relacionó todo esto con la denominada ley antibloqueo a la que califica como «ley de la entrega y el saqueo» y criticó el secretismo que impide la contraloría social e institucional, para que pueda haber acciones más contundentes contra la corrupción. Según señaló, la Contraloría General, la Fiscalía y la Asamblea Nacional son poderes del Estado, con el mandato constitucional para adoptar medidas. Y se refirió a los casos de Aryenis Torrealba y Alfredo Chirinos, Eudis Girot, Johana Gonzalez, Marcos Sabariego y Gil Mujica, cuyas decisiones judiciales deben ser revisadas, anuladas y el Estado debe resarcirlos a todos ellos. Remató con un llamamiento a las organizaciones sociales y políticas venezolanas para incorporarse a «un gran movimiento por la dignidad del pueblo».
Marea, organización política anticapitalista, socialista y antiburocrática, avanzó iniciativas contra la corrupción hace ya varios años (desde 2013), a lo largo de los cuales impulsó investigaciones a partir de denuncias de desfalco a la nación y fuga de capitales, y presentó requerimientos ante los organismos públicos que Figuera menciona. Junto con esas denuncias sustentadas y recursos introducidos en entes del Estado, Marea promovió la Plataforma para la Auditoría Pública y Ciudadana, incluyendo también entre sus propósitos la investigación de la Deuda Externa Ilegítima. Ver: www.aporrea.org/contraloria/a320575.html
Ligado a esto también presentamos el reclamo de cumplimiento del Artículo 91 de la Constitución, sobre el ajuste del salario mínimo con referencia al coste de la canasta básica, como manera de defender el ingreso de los trabajadores y el valor del trabajo frente a la voracidad depredadora de las burocracias y las patronales. Ver: https://www.aporrea.org/trabajadores/n357132.html La lucha anticorrupción debe dar entre sus resultados -además de descubrir y castigar los hechos- el rescate de los recursos defraudados y robados para destinarlos a la recuperación del país y sobre todo al bienestar del pueblo, empezando por la mejora sustancial de todos los salarios.
Sin embargo, en aquel momento, muchas organizaciones de izquierda aún no se habían deslindado del gobierno burocrático y corrupto, camuflado tras el discurso de la «revolución» y del «socialismo», pero con una marcada práctica capitalista y antiobrera. En ese entonces Marea era metida en el saco de la oposición de derecha, en vez de darse cuenta de la traición del madurismo a la revolución bolivariana.
El Desfalco Continuado prosiguió en su descomunal saqueo del país, llevándose por delante beneficios alcanzados en servicios y seguridad social, y destruyendo por completo la remuneración del trabajo e importantes logros laborales. Es en gran medida lo que ha sumido al pueblo y a la clase trabajadora en una miseria nunca vista, que no puede «justificarse» con el discurso del bloqueo, las sanciones, el «dólar criminal» o de la caída de los precios petroleros. Aunque sean importantes agravantes, en el fondo de todo está el abismo de la corrupción, que se lo traga todo, y el mantenimiento del capitalismo rentista administrado por una burocracia político-militar devenida en lumpen-burguesía, que más allá de las loas a Chávez y a la revolución, han actuado como una verdadera aplanadora contrarrevolucionaria, revestida por la engañosa retórica pseudosocialista.
Durante todos estos años perdidos y en medio de duros ataques del gobierno, hubiéramos podido intentar, con más apoyo, el impulso de ese «movimiento por la dignidad del pueblo», y quizás habríamos resistido mejor los embates de las políticas antiobreras y represivas, que han hecho un tremendo y prolongado daño a las condiciones materiales de vida de los trabajadores y del pueblo en general, a la organización, a la capacidad combativa, e incluso a la conciencia social.
Habría que retomar esas investigaciones y esas denuncias, entre otras, que muestran lo que el gobierno trata de disimular bajo la cortina de humo que cubre a una disputa entre clanes que se pelean el botín del Estado (el dinero y los recursos del pueblo). Razón por la que no es el gobierno, que forma parte de la causa del problema, quien puede salir ahora a «combatir la corrupción», pues representa al estrato social que la ejecuta y vive de ella a costa de todos los venezolanos y venezolanas que dependen de su propio trabajo.
Por esto que decimos, no albergamos confianza alguna en organismos institucionales, aunque hayamos recurrido a ellos para exigirles sus responsabilidades de Estado, para emplazar, por ejemplo, el TSJ, o la Asamblea Nacional de la que es diputado Oscar Figuera y ni siquiera le dejan hablar, aparte de quererle quitar la legalidad de su partido con artimañas instrumentadas con el CNE. La sabiduría popular venezolana nos enseñó que «zamuro no cuida carne», pero aun así sigue en el pico de los zamuros, porque falta alguien que los pueda espantar: un factor social organizado y poderoso, que sea expresión genuina de la clase trabajadora y los sectores populares, apoyados por la intelectualidad honesta.
Nos parece bien que la corrupción enquistada de manera estructural en el Estado burgués venezolano (administrado por falsos revolucionarios) sea investigada, entre otras posibilidades, por una comisión con «personalidades que no estén comprometidas con las bandas mafiosas y criminales que tienen una confrontación interna» para asaltar las riquezas de la nación. Pero no tiene que ser precisamente una comisión nombrada por la AN, que responde al gobierno y a sus intereses, sino que habría que abrirle camino a la realización de Auditorías Públicas y Ciudadanas, con participación de los trabajadores y de las comunidades, no sólo de «personalidades», e incluso de los gremios profesionales y académicos, conformadas mediante procesos sociales democráticos, para investigar, por ejemplo, la corrupción en la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y sus empresas básicas, además de la que primordialmente debe hacerse en Petróleos de Venezuela (PDVSA).
La clase trabajadora de Guayana, de PDVSA y del país, están en pleno derecho de reclamar su participación de lleno en la realización de auditorías y en la conformación de comisiones interventoras de las empresas, que no sean para maquillar y taparear los entuertos y corruptelas ni estén al servicio del cambio del control a otras manos ambiciosas e ímprobas. Esto requeriría de la realización de asambleas y de encuentros democráticos de revisión, balance, reestructuración y reconducción donde los trabajadores manuales e intelectuales examinen en mesas de trabajo todo dentro de las empresas, vean minuciosamente todos los negocios, le pongan lupa a los libros de contabilidad y a los fondos. Y es una labor que requiere de una absoluta autonomía para su realización.
Es esto lo que cabía esperar si se hubiese aplicado el Control Obrero que no le convenía a las burocracias y a las mafias corruptas, así como a sus asociados empresariales beneficiarios de contratos chimbos; pero lo sabotearon hasta más no poder para que no se desarrollase y finalmente lo extirparon en todas partes. Que no venga a compararlo con los llamados Consejos Productivos de Trabajadores y Trabajadoras (CPTT), que son meros instrumentos al servicio de los burócratas de turno, nombrados a dedo o manejados a «conveniencia».
De esta manera no nos limitaríamos a una labor «parlamentaria» o de meros observadores externos sin verdadero acceso al manejo de la información, sino que estaríamos involucrando a la clase trabajadora y a la participación ciudadana en el protagonismo contralor; sobre todo cuando sabemos que son los trabajadores quienes están en contacto con la producción y son los principales dolientes del desperdicio o del mal uso de su esfuerzo en el trabajo, los que a menudo se dan cuenta de «cosas» y no son escuchados o son víctimas de retaliación por «abrir la boca».
Por razones y montos mucho menores que los que se han «perdido» en manos de la burocracia pseudo-bolivariana y falsamente socialista, con estos capitalistas de nuevo cuño, con el gobierno que los nombró, los promovió y los sostuvo, rotó y defendió por años, fue enjuiciado y destituido el expresidente Carlos Andrés Pérez en la IV República y frente al comportamiento de su gobierno hubo un 27 F, un 4 F y un 27 N. Por tanto, sobran los méritos para que sean investigados el gobierno y la plana mayor de las instituciones y empresas del Estado (en muchos casos en manos de militares). También coincidimos en esta exigencia. Pero, como versa el dicho: ¿Quién le pone el cascabel al gato?
Para eso hay que despertar y promover un potente movimiento consciente, organizado y en plena disposición de lucha para dar el combate contra la corrupción y por la recuperación de los derechos de los trabajadores y el pueblo venezolano, que no puede llevar adelante y concluir su tarea si no es con la vocación de alcanzar el poder y cambiar la estructura del Estado y funcionamiento capitalista de la economía venezolana: Hablamos de un cambio de verdad, con la gente de abajo, y no con burócratas, empresarios, especuladores y militares oportunistas, porque lo que hubo en Venezuela con la promesa «socialista» fue un escandaloso fraude, una estafa al pueblo, cuyo objeto real no fue la transformación social sino el «quítate tú pa ponerme yo». ¡Esto tiene que ser resarcido!
Y no es algo que se resuelva simplemente en un escenario electoral como los que solemos tener en Venezuela, donde lo que cuenta es el dinero, el ventajismo del poder institucional, los recursos del Estado utilizados con peculado de uso y el «marketing», con aditivos de «populismo» clientelar para engatusar con migajas de ocasión. De lo que se trata, es de una forma de movilización profunda, combativa y sostenida, que irrumpa en el desorden imperante, con capacidad de llevar a un empoderamiento fuerte y democrático en favor de los trabajadores y el pueblo.
Estamos plenamente dispuestos y dispuestas para impulsar la lucha unitaria que reivindique y consiga el desagravio de los casos de Aryenis Torrealba y Alfredo Chirinos, Eudis Girot, Johana Gonzalez, Marcos Sabariego y Gil Mujica (y de cualquier cantidad más de trabajadoras y trabajadores presos por luchar y o denunciar corrupción), con la revisión y anulación de las injustas decisiones judiciales que les fueron impuestas. Eso también requiere un amplio y conjunto trabajo para el que se puede contar con nosotros, en el marco del propósito de contribuir a forjar ese «gran movimiento por la dignidad del pueblo», con sentido de clase.
Con esa finalidad, Marea quiere reiterar y compartir propuestas para un programa común contra la corrupción y el desfalco, y a la vez por la recuperación de los recursos de los que ha sido despojada la clase trabajadora junto con el resto del pueblo venezolano.
· Llamamos a la clase trabajadora y al movimiento popular a ejercer el rol contralor y fiscalizador anti corrupción, lo cual va ligado a la educación y formación de valores y conciencia contra este flagelo, que en Venezuela es parte estructural del sistema de dominación.
· Sostenemos que la lucha consecuente contra la corrupción tiene que estar ligada a la necesidad de luchar por una nueva revolución, para implantar un gobierno democrático, anticapitalista, de los trabajadores y el pueblo, sin burócratas ni corruptos.
· En ese camino, planteamos la consigna de una Auditoría Pública y Ciudadana, con participación de los trabajadores, tanto de las empresas y cuentas del Estado (incluidas las de PDVSA, CVG, Arco Minero, sector agroalimentario…) como de las deudas externa e interna, muy sospechosas de ilicitud e ilegitimidad. Incluso creemos que los trabajadores tienen derecho a esto en las empresas de capital privado. Para aplicarla es necesario un movimiento social preparado y capaz de organizarla y darle impulso.
· Exigimos la investigación, destitución, juicio, prisión y confiscación de cuentas y bienes de los corruptos (para la recuperación de recursos). Se debe incluir la recuperación de las tierras que estaban destinadas al campesinado (por la Ley de Tierras) y terminaron usurpadas por funcionarios, militares o sus testaferros y socios.
· Esto va aparejado a la imprescindible liquidación del nepotismo y la concentración de múltiples cargos en las mismas personas.
· Demandamos la desmilitarización de de la Administración Pública y la revisión de todos los negocios y empresas de la Fuerza Armada nacional Bolivariana (FANB).
· Reclamamos que se investiguen todas las obras inconclusas y fallidas o no realizadas con las que se han dilapidado recursos del Estado (los «elefantes rojos»).
· Incluimos en la exigencia de auditoría e investigación, con su debido castigo de comprobarse corrupción, los casos de empresas y fondos del Estado manejados por el auto-nombrado «presidente interino» Juan Guaidó y su equipo, con usurpación de competencias públicas, y de manera lesiva a la soberanía nacional, en complicidad o al servicio del imperialismo (gobiernos de los EEUU).
· Proponemos un Fondo Independiente y Bajo Control Social, para el depósito y manejo de los recursos que puedan rescatarse de manos de los corruptos, para destinarlos a la mejora de los salarios y de las condiciones sociales, así como a la recuperación de las empresas del Estado, inversión productiva y obras públicas necesarias para el bien común.
· Las consignas anticorrupción, junto con el reclamo de los derechos laborales y del salario constitucional (Art. 91, salario mínimo con referencia al costo de la canasta básica), deben ser parte de los ejes principales que motoricen el desarrollo de la lucha de clases en Venezuela, y la recuperación sustantiva del protagonismo del movimiento obrero-popular.
· Ante el acercamiento de la coyuntura de elecciones nacionales y presidenciales, las demandas anticorrupción deberán ocupar también un lugar central, en el marco del gran descrédito que envuelve al sector gubernamental y a las formaciones burguesas opositoras; cosa que deberemos discutir cómo abordar.
· Para lograr los cambios necesarios, estamos empeñados y empeñadas en impulsar y unir todas las luchas, reconstruir la fuerza orgánica y capacidad de movilización de la clase trabajadora y el pueblo pobre, y continuar en el propósito de construir un partido revolucionario, anticapitalista y antiburocrático, de las mayorías explotadas.
Toda nuestra lucha tiene que estar guiada por la certeza estratégica de que no saldremos de la actual calamitosa situación a menos que se produzca una nueva revolución en Venezuela, que permita superar al actual gobierno y al sistema económico corrupto-capitalista imperante, mediante un gobierno de los trabajadores y el pueblo, sin burocracias político-militares, sin mafias de corruptos, sin que los grandes empresarios se aprovechen del Estado y de la economía pública nacional, con predominio de la propiedad social en función del bien común, sin injerencias ni sometimientos de poderes económicos, políticos o militares externos, con una dinámica de democracia obrera y popular y con respeto pleno y real por los derechos del pueblo.