A pesar de las duras críticas, la coalición del semáforo[1] sancionó la controvertida Ley de Mejora de Retorno que facilita las deportaciones restringiendo los derechos básicos de los solicitantes de asilo. Es finalmente un drástico endurecimiento de la política migratoria.
Por Carolina Menéndez Trucco
La reciente ola de marchas contra la derecha desde que se supo que sus activistas estaban considerando la deportación en masa de millones de inmigrantes y el consecuente llamamiento a la solidaridad no funcionan si luego Alemania aprueba las expulsiones masivas. Ante el inminente peligro de los planes la ultraderecha, el canciller Scholz y la ministra de Asuntos Exteriores Baerbock salieron a las calles el pasado domingo 14 entre más de 10.000 manifestantes. Pareciera mentira que cuatro días después anunciaran un giro radical en su política migratoria, adoptando la política de la derecha. “Tenemos que deportar de una vez a gran escala a quienes no tienen derecho a permanecer en Alemania”, dijo el canciller alemán Olaf Scholz en una entrevista con el semanario Der Spiegel, marcando la pauta para el 2024. El Bundestag -el parlamento federal alemán- ha dado un paso regresivo al aprobar el jueves 18 de enero la Ley de Mejora del Retorno o Repatriación, una legislación que marca un antes y un después en el manejo de las solicitudes de asilo y las deportaciones. Como resultado se criminaliza la asistencia a los refugiados.
El gobierno quiere repatriar con más agilidad a los solicitantes de asilo con peticiones rechazadas y dar más competencias a la policía para evitar fugas. Hasta ahora, las deportaciones a menudo han fracasado en el último momento porque no se puede encontrar a los afectados. Por este motivo, la duración máxima de la detención a la salida se ampliará. En otras palabras, el gabinete Scholz empezará a deportar “a gran escala” a personas que siguen residiendo en el país pese a no tener derecho. Quienes permanecen en situación irregular podrán ser deportados más rápido. La decisión ha generado debates intensos tanto a nivel nacional como internacional. En este contexto, se introducen medidas más estrictas, incluyendo la posibilidad de que la policía realice allanamientos en domicilios para buscar a personas que intentan evitar la deportación. En el futuro ya no será necesario ni siquiera anunciar la deportación de aquellos detenidos que se vean obligados a abandonar el país.
El rigor alemán
La Ley de Mejora de Retorno (Rückführungsverbesserungsgesetz) atenúa sólo en las palabras de su título lo que compromete. “Con nuestro paquete legislativo conseguimos que las personas sin derecho a permanecer en el país tengan que abandonar nuestro país más rápidamente”, afirmó orgullosa el jueves la ministra del Interior del SPD, Nancy Faeser. La nueva normativa amplía la duración máxima de la detención pendiente de deportación de diez a 28 días. Según valoraciones jurídicas, la detención por un período de salida de 28 días podría ser inconstitucional, ya que para los afectados la detención apenas se diferencia del encarcelamiento. “Les confiscan algunos teléfonos móviles y los encierran durante muchas horas al día en una celda”, explica el abogado Peter Fahlbusch al periódico Welt. Wiebke Judith, de la organización de Derechos Humanos Pro Asyl, por ejemplo, afirmó que el gobierno federal está sacrificando los derechos de los afectados por el “discurso populista de derecha”.
¿Los argumentos del gobierno? El motivo principal de la medida es que las autoridades puedan garantizar la deportación de extranjeros que se ven obligados a abandonar el país, evitando fugas. Para ello, una serie de innovaciones evitarán que las personas se oculten antes de que puedan ser deportadas. Luego, que las personas detenidas en espera de ser deportadas puedan recibir asistencia jurídica en el futuro. Actualmente no existen abogados obligatorios para los afectados. El ala más rígida argumenta que estas medidas son necesarias para mantener el orden y la seguridad en el país. Por último, pero no menos importante, los menores quedarán de esta manera “protegidos” de estos procesos. La incongruencia y la hipocresía del gobierno alemán llegaron a sus límites esta semana. “Estas medidas restrictivas son necesarias para que podamos seguir cumpliendo con nuestra responsabilidad humanitaria para con las personas a las que tenemos que proteger de la guerra y el terrorismo”, dijo Faeser, justificando el plan. Según el gobierno, de esta manera se podrá mantener la aceptación social de la protección de los refugiados. En síntesis, una concesión a la derecha y ultraderecha antiinmigrantes.
Huida y asilo: un péndulo
Según la ONU, el número de refugiados en todo el mundo sigue alcanzando nuevos máximos. La razón principal son los nuevos conflictos armados, además de la pobreza. El número de personas que solicitan asilo en Alemania también ha aumentado recientemente. De enero a julio de 2023, 175.272 personas solicitaron protección en Alemania por motivos de persecución. Esto supone casi un 80 por ciento más que en el mismo período del año anterior.
En dirección contraria, unas 7.861 personas fueron deportadas en el primer semestre de 2023, cifra que aumentará con la reciente ley, incluso ya no se anunciarán con antelación. En Bruselas, el gobierno alemán está presionando para reformar en sentido reaccionario la ley de asilo de la Unión Europea antes de las próximas elecciones europeas que se celebrarán del 6 al 9 de junio de 2024. Aboga por que los solicitantes ya puedan ser rechazados en las fronteras exteriores de la UE si sus posibilidades de obtener asilo son escasas. De esta forma, menos refugiados llegarían a suelo germano.
Las políticas de integración en la mira
La aprobación de esta Ley de Mejora del Retorno no es un evento aislado, sino parte de un cambio más amplio en la política migratoria de Alemania. De aquella notable apertura durante la crisis de refugiados de 2015, en gran parte por la necesidad de mano de obra, a la actual crisis producto de la contigua afluencia de inmigrantes de distintos países que arriban huyendo del hambre, los conflictos armados, las catástrofes ambientales, las persecuciones, entre tantos otros motivos, las autoridades alemanas argumentan que es necesario endurecer aún más las políticas para garantizar un control más efectivo de las fronteras y una gestión más eficiente de los recursos. La crisis de refugiados ucranianos de 2022, la mayor crisis migratoria desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa, sin dudas terminó por inclinar la balanza. Pero, aunque el panorama esté a la vista, el gobierno del semáforo quiere deportar a la gente a gran escala, cueste lo que cueste. Ahora bien, al adoptar y aplicar la agenda de la ultraderechista AfD (Alternativa para Alemania), el gobierno no hace más que fortalecerla.
Las organizaciones de derechos humanos y la izquierda radical critican que la ley privará aún más de sus derechos a los solicitantes de asilo. Los abogados también advierten contra la criminalización del rescate de refugiados menores de edad, sobre los riesgos de vulnerar derechos fundamentales y de adoptar una postura demasiado severa hacia las personas que buscan refugio y una vida mejor. En definitiva, esta ley plantea preguntas importantes sobre el equilibrio entre el control de la migración y el respeto a los derechos humanos. Además, pone de relieve los desafíos que enfrentan no sólo los países europeos sino todos a la hora de comprometerse con la solidaridad y la protección de los más vulnerables. Este mundo capitalista imperialista, injusto por naturaleza, permite la libre circulación de mercancías, de capitales y de armas, pero restringe y criminaliza la libertad de las personas para migrar. Por eso luchamos por el socialismo. Porque los pueblos, y sobre todo la clase obrera, es una y sin fronteras.
[1] La coalición semáforo gobierna Alemania desde que se oficializó el 7 de diciembre de 2021 tras las elecciones federales del 26 de septiembre de ese mismo año. Alude a los colores del Partido Socialdemócrata, el Partido Democrático Libre y la Alianza 90/Los Verdes, es decir rojo, amarillo y verde respectivamente.