Las próximas elecciones en El Salvador serán todo menos convencionales. Después de más de tres décadas de ciclos electorales abiertos, la democracia liberal enfrenta una amenaza existencial ante un nuevo régimen autoritario que busca consolidarse en el poder, posiblemente durante muchos años.
Escribe: Alejandro Dreyfus – Corresponsal, LIS –El Salvador
Desde que Nayib Bukele asumió la presidencia en junio de 2019, su gobierno ha dirigido todos sus esfuerzos hacia la concentración de poder y la anulación de cualquier adversario político potencial. Medios de comunicación, partidos tradicionales, organizaciones sociales e incluso la Iglesia Católica han sido blancos de ataques sistemáticos por parte del gobierno. Este régimen ha desplegado de manera efectiva todas las herramientas a su disposición, desde las Fuerzas Armadas hasta las Redes Sociales, y ha modificado de manera arbitraria el sistema electoral para asegurarse un control total, incluso frente a cualquier oposición en las urnas. El ascenso de Bukele y la situación actual han sido el resultado de un proceso de desgaste mutuo de los partidos tradicionales. El bipartidismo, representado en el partido ARENA (Alianza Republicana Nacionalista) y el FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional), jugó al bloqueo constante de las iniciativas contrarias y fue incapaz de consolidar un proyecto de país que estableciera un rumbo claro frente a los problemas existentes. La llegada al poder del FMLN en el 2009 con la promesa de un «cambio revolucionario y socialista» se redujo a la administración del Estado Burgués y fue cobarde en el avance hacia medidas concretas para cambiar las estructuras económicas, sumado al desborde de la violencia y la conciliación con la gran empresa y la oligarquía.Ante este escenario, Bukele encontró el camino despejado para la toma del poder, con iniciativas de vanguardia y una popularidad sin precedentes frente a un FMLN desgastado y carente de rumbo, y a una derecha tradicional corrupta y sin respaldo popular.
De las promesas al deterioro social y económico
La consigna de Bukele se ha sintetizado en el título de su movimiento: Nuevas Ideas. Sin embargo, las promesas de Bukele para una transformación radical, progresista y popular no sobrevivieron a la propaganda. Sus promesas de lucha contra la corrupción, protección del medioambiente, inversión en educación y cultura, derechos para las minorías y proyectos de inversión pública se encuentran hoy en las antípodas de sus políticas de gobierno. La mayoría de sus promesas han sido incumplidas y el retroceso de derechos, acceso a salud, educación y salarios dignos se profundiza. Después de 5 años y total pragmatismo, el bukelismo ha llegado a formar parte de las derechas populistas emergentes en el mundo, enemiga del socialismo, afín al trumpismo republicano y que se autopercibe como la salvación del país con una «misión de dios» para salvar a los «salvadoreños de bien» de las pandillas y de los «mismos de siempre», construyendo un Estado autoritario y bonapartista que consolida su control en todas las instituciones nacionales.
Un régimen autoritario
Para asegurar el cumplimiento de este objetivo durante el 2023, a través de la Asamblea Legislativa, se llevaron a cabo numerosas reformas electorales con la máxima discreción posible para evitar generar alarma pública y no exacerbar el creciente descontento social. La primera reforma eliminó la prohibición de modificar la ley electoral a un año de las elecciones, abriendo las puertas a modificaciones de todo tipo. Posteriormente, se aprobaron reformas a la ley de voto en el exterior, permitiendo el voto electrónico y la participación de ciudadanos con pasaportes y documentos vencidos. En un padrón de 3 millones de personas, el voto en el exterior que suma más de 900 mil votos (en su mayoría a favor de Bukele gracias a la construcción de su imagen en Latinoamérica) puede ser determinante. El 1 de junio, a petición de Nayib Bukele, la Asamblea aprobó una reforma total de la organización político-administrativa del país, eliminando los 262 municipios existentes y anunciando la creación de 44 nuevas entidades municipales sin criterios demográficos o geográficos claros, sino basadas en un cálculo preciso de apoyo electoral, teniendo en cuenta el fracaso de las alcaldías gobernadas por el partido de Bukele y la posibilidad de perder poder local. Además, se reformó la constitución del parlamento, reduciendo de 84 a 60 diputados y cambiando el método de asignación de diputados a la fórmula D’Hont, garantizando la hegemonía del partido oficialista y dejando sin posibilidad de representación a partidos minoritarios y provinciales. Ante esta ola de reformas y a solo meses de las próximas elecciones, el Tribunal Supremo Electoral se vio completamente subordinado a las decisiones del ejecutivo, y los cambios, en lugar de ser cuestionados, fueron avalados sin mayor discusión.
Más allá del resultado electoral: una experiencia en curso
Frente a este escenario, es innegable que Nayib Bukele logrará la reelección y mantendrá la mayoría absoluta en el Congreso y los municipios del país. Sin embargo, las reglas de estas nuevas elecciones difieren significativamente de las que Bukele enfrentó en su carrera presidencial, y la modificación arbitraria de las mismas indica un temor palpable a que el poder acumulado pueda verse amenazado frente al creciente descontento popular en todo el país. Además, la reelección inconstitucional del presidente rompería una regla tácita respetada durante décadas, incluso por los gobiernos militares, colocando al país en un escenario sin precedentes con una dictadura consolidada, un movimiento social bloqueado, organizaciones de izquierda divididas y dispersas, y una creciente represión con las calles militarizadas y las instituciones subordinadas.
La luna de miel de Bukele persiste, pero el impacto de la crisis económica en las familias más pobres, el desmantelamiento del sistema democrático, la represión y la censura abren la puerta a una reacción tan intensa como su ofensiva contra el movimiento popular. El modelo Bukelista no ha significado un cambio en las estructuras de poder y control tradicionales. En un país con una economía primaria, neocolonial y absolutamente dependiente al imperialismo estadounidense la disputa actual no pasa más allá de quién controla la finca y sus beneficios, tomando en cuenta que tal control debe contar con la aprobación de «los dueños del país», definidos así por el mismo Bukele, los grandes oligarcas que no han visto amenazado su poder económico y que hoy por hoy no ven en el nuevo régimen una amenaza a sus intereses. La pasividad de sus instrumentos políticos (gremiales empresariales, medios de comunicación, tanques de pensamiento y ONG’s) representa la aprobación tácita al régimen, mientras no cruce la línea. Sin duda, su gobierno se extenderá más allá de los próximos cinco años, y la vuelta al régimen anterior es ya imposible.
La Liga Internacional Socialista tiene el desafío y la oportunidad de plantear una opción realmente democrática de izquierda anticapitalista y socialista que además recuerde la raíz de nuestros problemas, en una Centroamérica que parece retroceder a las dictaduras y que necesita, hoy más que nunca, encontrar ideas y propuestas que brinden esperanza para este presente lleno de sombras y desconcierto. El escenario es inédito y complicado, el bukelismo, más pronto que tarde, no podrá soportar el peso de sus contradicciones y entonces la propaganda no será suficiente y, por lo tanto, es imperativo plantear una alternativa real para los trabajadores, campesinos, vendedores informales, mujeres, ambientalistas y estudiantes, quienes son las principales víctimas de este régimen y que esperan ansiosos la oportunidad de reorganizarse y avanzar.