Por Pablo Vasco
El pasado jueves 12, aunque sin paro general, una masiva movilización en Plaza Congreso repudió la Ley Bases de Milei que estaba tratando el Senado. Desde que la burocracia sindical y los grupos del PJ se retiraron, quedando la izquierda, movimientos piqueteros y estaban llegando las asambleas barriales, la ministra Bullrich inició la represión para evitar que nuevos sectores se sumaran a la protesta.El gobierno utilizó tropas de la Policía Federal, la Policía de la Ciudad y fuerzas de seguridad como Policía Aeronáutica, Prefectura y Gendarmería. Hubo palazos, gases lacrimógenos, balas de goma y carros hidrantes que causaron más de 200 heridos y 33 personas detenidas, incluida nuestra compañera Sasha Lyardet, en lo que fue una verdadera cacería que llegó hasta en zonas alejadas del Congreso. Durante el traslado y la detención en alcaidías, comisarías y penales varias personas sufrieron maltratos de los policías y penitenciarios.En ese marco de tensión se aprobó la Ley Bases, entre represión, votos a cambio de cargos y con la vicepresidenta Villarruel votando para desempatar. Es la primera ley que logra Milei en seis meses y si bien es una versión muy recortada es igualmente nefasta: reforma laboral, ajuste del Estado y despidos, exenciones fiscales a las corporaciones y entrega de los recursos nacionales.
Una dura pulseada
Esta escalada de criminalización se enmarca en el proyecto del gobierno de Milei y la burguesía para recortar los derechos democráticos y cambiar el régimen político por uno mucho más autoritario para imponer un brutal plan de ajuste y entrega. Esta política viene avanzando a partir del protocolo “antipiquetes” de Bullrich, mayores poderes a la policía, represión a distitnas luchas, proyectos de reformas penales más duras en la Nación, la Ciudad de Buenos Aires y varias provincias. Es un salto en la criminalización del reclamo social.
El sistema judicial es funcional a esta ofensiva, iniciada antes contra las organizaciones de desocupados, a cuyos comedores el gobierno les niega asistencia y los allana mientras retiene 5.000 toneladas de alimentos, incluso leche a punto de vencer. El gobierno presiona a los jueces y fiscales para que armen causas contra los manifestantes y les imputen las figuras penales más graves. No sólo las habituales de atentado y resistencia a la autoridad, daños o lesiones, sino también intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional y perturbación del orden en sesiones de cuerpos legislativos.
En paralelo, el gobierno y sus voceros acusan a quienes luchan de grupos terroristas, sediciosos y golpistas, lo que es un absurdo total. Semejantes imputaciones judiciales y acusaciones oficiales no se veían desde la rebelión popular de diciembre de 2001 y, entre otras normas, recurren a las llamadas leyes “antiterroristas” votadas bajo los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
La delirante imputación del fiscal Stornelli es la misma para todos los detenidos. No obstante, días después la jueza federal Servini dictó 17 excarcelaciones y denegó otras 16. La excusa para no liberarlos es absurda: como las posibles penas son muy altas, los detenidos buscarán eludir a la justicia, fugarse. Entonces, los dejan en prisión. Una violación total del principio de inocencia. Es más: el gobierno hasta pretende cobrarnos los gastos del operativo policial a las organizaciones que participamos de la protesta.
La gran mayoría de los detenidos no pertenece a organizaciones políticas, sino que es gente independiente: asambleístas, trabajadores, estudiantes, docentes, un par de vendedores ambulantes y una persona en situación de calle. Esto confirma que les detuvieron al voleo, mientras desconcentraban. Además no tienen ninguna conexión entre sí, lo que desmiente la versión oficial de que intentaban organizar un golpe de Estado. En llamativo contraste, los dos hombres que a cara descubierta incendiaron un automóvil en Plaza Congreso no fueron detenidos…
Lucha y libertad
Estos días implicaron numerosas tareas para la defensa de las y los detenidos. Se recorrieron comisarías, alcaidías, tribunales y cárceles para llevarles frazadas, comida, cigarrillos, aliento y visitarles. Se coordinó la defensa jurídica ante las indagatorias y apelaciones, y acciones en común entre las organizaciones afectadas y los familiares.
El viernes 15, en la sede del Servicio Paz y Justicia que lidera el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, se hizo una conferencia de prensa con diputados nacionales y provinciales del Frente de Izquierda Unidad -entre ellos Cele Fierro, del MST- y también del peronismo, referentes sindicales, sociales y de los derechos humanos. En las universidades donde cursan varios de los detenidos hubo reuniones, ruidazos y marchas. Y circuló un petitorio por su libertad que en un par de días recibió más de 60.000 firmas del país y del mundo.
El 17, con más participación, se formó una Comisión por la Libertad de las Presas y Presos, que acordó las primeras iniciativas. Al otro día, martes 18, se realizó una importante concentración y acto en la Plaza de Mayo, el corazón político del país, con varios miles de personas, en donde los familiares de los detenidos leyeron una emotiva carta. Hubo presencia de un arco político muy amplio, con parlamentarios, rectores universitarios y dirigentes sindicales y sociales. La CGT y las CTA, artistas, periodistas y consejos universitarios pidieron también la libertad. Toda esta presión permitió una gran victoria democrática. Pocas horas después, la jueza Servini resolvió liberar por falta de mérito a 11 detenidos más, entre ellos Sasha. Seguirá la investigación, pero no hay ningún motivo para que sigan detenidos ni para procesarlos. Esto echa por tierra la campaña calumniosa e infame del gobierno y sus medios serviles.
Liberaron a Sasha y a 10 detenidos más.
— Alejandro Bodart (@Ale_Bodart) June 19, 2024
Salió la orden de liberación de 11 de los 16 detenidos injustamente, entre ellos a nuestra compañera Sasha. Esto es un triunfo de la enorme solidaridad recibida, reflejada en los miles de pronunciamientos y un proceso de movilización que… pic.twitter.com/4DFQYbPs6O
El miércoles 19, una delegación de personalidades y diputados entregaron en los Tribunales de Comodoro Py el petitorio. Y el jueves 20 se acompaña la ronda de las Madres en Plaza de Mayo, símbolo histórico de la lucha por los derechos humanos en Argentina.
Luchar sirve, y mucho. Sasha en libertad y 10 compañeros más ✊🏽
— Cele Fierro (@Cele_Fierro) June 19, 2024
Vamos a seguir por la libertad de todos y el cierre de la causa. Le guste o no a Milei, Bullrich, Adorni, en este país tenemos memoria, luchamos por verdad y por justicia. Protestar no es un delito. pic.twitter.com/Kg4EEaSkCQ
Entretanto, prosiguen las tareas por la libertad de los cinco manifestantes que todavía siguen en prisión. El viernes 21 se reúne de nuevo la Comisión, que además reclama el cierre de las 33 causas y el cese de las persecuciones bajo el lema protestar es un derecho, no un delito.
En suma, en la Argentina estamos atravesando una dura pulseada entre el gobierno ultraderechista y represivo de Milei y, del otro lado, una resistencia democrática y popular, con importantes componentes de unidad de acción. En ese marco, el MST propone que el Frente de Izquierda Unidad convoque al activismo independiente a un congreso abierto para construir una alternativa política con peso de masas.