Este lunes 12 de agosto comenzó el juicio que impulsa la DAIA contra nuestro compañero Alejandro Bodart, ex diputado porteño, dirigente del MST en el Frente de Izquierda Unidad y coordinador de la Liga Internacional Socialista, por defender la causa palestina.
Previo al inicio de la audiencia se realizó una concentración y radio abierta ante el Juzgado Penal porteño Nº 8, en la calle Suipacha 150, a cargo de la jueza Natalia Molina. Allí hablaron varias personalidades y representantes de numerosas organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas expresando su solidaridad con Alejandro y que defender al pueblo palestino, que viene sufriendo un genocidio a manos del Estado de Israel, no es ningún delito.
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Este primer día hablaron los testigos de la fiscalía y la querella: un juez, un referente sionista, un empleado de la fiscalía, dos empleados del INADI y una empleada de la DAIA. Como vemos, muy poca independencia de pensamiento.
Entre sus dichos, el juez Franco Fiumara sostuvo que Israel es democrático, que el 98% de los judíos son sionistas, que el Estado argentino adoptó la definición de antisemitismo de la IHRA y que los tuits de Alejandro son antisemitas. Es todo falso:
- Israel es un Estado teocrático (“la patria de los judíos”), colonialista, que aplica apartheid antipalestino como reconoce la Comisión de Derechos Humanos de la ONU e incluso genocidio, solo les reconoce el derecho de autodeterminación a los judíos, prohíbe el retorno de los palestinos desterrados, otorga menos derechos a los árabes israelíes, ocupa ilegalmente territorios palestinos como reconoció el Tribunal Penal Internacional y hasta legaliza la tortura. De “democrático”, cero.
- Sobre si el 98% de los judíos son sionistas, el juez no pudo citar ni una sola fuente. Y omitió que sectores judíos religiosos ortodoxos son antisionistas, lo mismo que miles y miles de judíos fuera de Israel como los que manifiestan en Estados Unidos, Argentina y muchos otros países que dicen “no en nuestro nombre” frente a los crímenes del Estado israelí.
- La tramposa definición de la IHRA que iguala antisionismo a antisemitismo no la adoptó “el Estado argentino”, sino sólo la Cancillería pero como jurídicamente no vinculante, y para el ámbito administrativo; algunas legislaturas, y las presidencias del Senado y Diputados, no ambas cámaras. O sea, no es ley.
El segundo testigo, un “especialista en redes”, licenciado en Letras y empleado de la fiscalía, dijo por ejemplo que el alcance potencial de los tuits de Bodart es de “más de 74 millones de personas”, buscando demostrar una enorme influencia que genera violencia antisemita. Ante las preguntas de los abogados defensores, María del Carmen Verdú e Ismael Jalil, tuvo que reconocer que esa cifra se refiere a todo un año, no a los tres tuits que son motivo de la acusación de la DAIA.
El tercer testigo, Ariel Gelblung, titular del Centro Simón Wiesenthal, al que definió como “defensor de los derechos humanos”, afirmó que “el antisemitismo moderno se pone el disfraz, la máscara del antisionismo”, equiparando ambos conceptos sin ponerse colorado. Eso no fue todo:
- Definió al sionismo como “el movimiento de liberación nacional del pueblo judío en su tierra ancestral”, omitiendo que antes de acordar con Gran Bretaña ocupar Palestina, la propia dirigencia sionista barajó instalar al Estado de Israel en la Patagonia argentina, en el extremo sur de América Latina, o en Uganda-Kenia, en el África negra.
- También condenó a quienes “quieren vivir en donde el otro está viviendo”, omitiendo cínicamente que el Estado de Israel se fundó en 1948 arrasando 350 aldeas palestinas, asesinando a 15.000, usurpando sus tierras y desterrando a más de 750.000 habitantes árabes originarios, que por otra parte también son semitas.
- Afirmó que el asesinato de la periodista palestina Shireen Abu Akleh, que motivó uno de los tuits de Alejandro en repudio, “fue una muerte no querida, en un contexto de enfrentamiento”. Falso: está probado que las tropas israelíes le dispararon a la cabeza, cuando portaba su chaleco de prensa y sin que hubiera ningún combate.
El cuarto y la quinta testigo, Emiliano Marilungo y Andrea González, son ex empleados del INADI: el que dictaminó que los tuits de Bodart son discriminatorios y su jefa. Marilungo no logró explicar por qué Bodart al cuestionar al sionismo, que es un movimiento político, discrimina a la población judía. Y reconoció que su dictamen expresa “la pseudo-jurisprudencia”, “la bajada de línea” del ente ya disuelto.
Ante la pregunta de Verdú si decir que “terminar con el Estado sudafricano de apartheid no significa exterminar a la población sudafricana” tuvo que darle la razón, ante lo cual la propia fiscal Andrea Scanga, muy nerviosa, le repreguntó ya que eso contradecía su dictamen contra Bodart de que “destruir el Estado de Israel tendría consecuencias funestas para toda su población”…
Además, tanto Marilungo como González negaron que en el expediente del INADI hubiera algo previo al oficio judicial que originó el dictamen, cuando en realidad el trámite se inició por una denuncia de Bodart contra la DAIA e incluso consta que se le dio “tramitación conjunta” y se renumeró. Ese dictamen tampoco fue firmado por la entonces titular del INADI, Greta Pena, ni notificado a ambas partes, como lo ordena el reglamento interno. Vergüenza total.
La sexta testigo, Marisa Braylan, empleada de la DAIA, no salió de las falacias habituales del sionismo.
¡No nos van a callar! ¡Sigamos la batalla por la absolución del compañero Alejandro Bodart, por la defensa del pueblo palestino y por la condena al Estado sionista de Israel, terrorista y genocida!