Por Alternativa Socialista/ Liga Internacional Socialista
Ha muerto un dictador. Alberto Fujimori mantuvo al Perú bajo su puño de hierro durante una década en la que el país perdió en toda la línea, respecto a la economía, la democracia y los derechos humanos, pero que aún hasta hoy, mantiene una fuerte influencia en la política de nuestro país.
Prometió en los albores de su primer gobierno superar las dificultades económicas heredadas del Gobierno de Alan García y se sumó a la corriente neoliberal que en la década se fue imponiendo en América Latina. Así fue que en agosto del 1990 lanzó un paquetazo que, bajo la premisa de la lucha contra la hiperinflación, hirió de muerte la economía de los más pobres. Cerró el Congreso en 1992, porque carecía de una mayoría parlamentaria, y lo reabrió a petición de la OEA, esta vez con una bancada propia, dos años después. En 1993 impone una reforma constitucional que somete al país a los designios de la economía imperialista e impone el «libre mercado» y las privatizaciones como política de estado.
Con su unidad a toda la derecha del país más el apoyo desembozado del imperialismo que consolidó a lo largo de sus tres periodos de gobierno, fue el mayor privatizador de las empresas del Estado y promotor de un masivo despido de trabajadores estatales y una pérdida de derechos laborales sin igual en la región.
Por aquellos años ganó prestigio incluso entre sectores populares por el supuesto éxito en la lucha contra las organizaciones guerrilleras como Sendero Luminoso. Sin embargo, los testimonios de las numerosas víctimas de violación de derechos humanos durante su gobierno todavía siguen retumbando sin acceder a la justicia. La población civil desarmada y asesinada en acciones militares regulares y no regulares, bajo la sospecha de simpatizar con el terrorismo, permitió, por ejemplo, que el grupo Colina existiera y realizara acciones como la matanza de Barrios Altos y La Cantuta, esta última con estudiantes y un profesor asesinados y carbonizados para esconder el crimen. Los miles de mujeres esterilizadas contra su voluntad y como parte de una política de Estado serán otro baldón destacado del mandato del dictador.
El control de todo el aparato del Estado para proteger la corrupción abierta y grosera se hizo a la par que se compraban las líneas editoriales de la casi totalidad de los medios de comunicación para garantizar que no se filtraran las denuncias.
Al final de su tercer mandato ilegal, por un comprobado fraude, las pruebas de extrema corrupción lograron vencer los bloqueos. Masivas movilizaciones de ciudadanos hartos de la ignominia de un régimen que se caía a pedazos lograron la puesta en fuga del dictador, quien mandó su renuncia a la Presidencia por fax luego de una gira organizada al solo efecto de huir del Perú.
Como detallamos en el artículo que acompañamos, finalmente, durante la tarde del 11/09, dejó de existir Alberto Fujimori, sin haber pedido perdón por sus crímenes y sin pagar ni un centavo de reparación civil a sus víctimas, y dejando como parte de su legado criminal, la todavía inmodificable Constitución del 93 que le da marco legal al retroceso permanente del país con los gobiernos que lo sucedieron a Fujimori y contra lo que luchamos peruanas y peruanos a lo largo y ancho del país.
No queda más que decir que la muerte no borra la historia. Ni logra el olvido y menos el perdón.