Por Impulso Socialista
A nivel mundial ya se superaron los 96 millones de contagios y 2 millones de muertes. EEUU y América Latina son los más afectados, mientras Europa está cursando por una tercera ola de coronavirus. Al mismo tiempo, nuevas cepas del virus se están presentando en diversas partes del globo.
Esta situación pone sobre la mesa dos cuestiones importantes que se están debatiendo a nivel mundial, la recesión económica que continúa y las vacunas como única forma de contener la pandemia. En el último informe del Banco Mundial para el 2020, se señalaba que esta recesión es la más profunda después de la ocurrida durante la II Guerra Mundial, se registraron datos como que el 30% de las empresas redujeron las horas de trabajo, el 35% redujeron salarios y el 20% despidieron trabajadores. Por otro lado, la desigualdad aumentó de forma drástica, los 10 hombres más ricos del mundo han aumentado sus ganancias en medio billón de dólares durante la pandemia, cifra que podría financiar la vacuna universal para el covid-19, mientras tanto 250 millones de personas en el mundo enfrentan la pobreza absoluta[1].
Colombia no escapa a este panorama, y el gobierno de Duque – Uribe, está al servicio de hacerle pagar a la clase trabajadora y los sectores populares la crisis a favor del Banco Mundial, el FMI, las transnacionales imperialistas, las empresas y los bancos.
Duque aumenta la deuda externa y busca profundizar la política de ajuste
La deuda externa en Colombia llegaría al récord del 56% del PBI del país, el porcentaje más alto en los últimos 20 años, por eso, como lo veníamos denunciando desde la gran lucha contra el paquetazo de Duque en 2019, este gobierno busca abonar el terreno para aumentar el recaudo fiscal a partir de las reformas tributaria, laboral y pensional como lo exige el BM, el FMI y la OCDE.
El gobierno ya viene llevando a cabo una serie de medidas que le permita poder cubrir el déficit fiscal (de 90 billones según CORFICOLOMBIANA) para el 2021 y al mismo tiempo cubrir con las obligaciones que contrajo con el FMI. La emisión de bonos TEST por 45 billones para el mercado interno, bonos de endeudamiento para el mercado internacional, la posible enajenación de ISA por parte de ECOPETROL que representa unos 15 billones, la reforma tributaria para marzo. Este cóctel, más deuda, venta de activos públicos y reformas políticas, es la táctica con la cual el gobierno empeorará las condiciones de la clase trabajadora para salvar de la crisis a unos pocos.
La reforma “fiscal”, nombre con el cual el gobierno busca embellecer la política tributaria, -pues sabe que el pueblo expresa un repudio generalizado contra estas políticas de ajuste-, es presentada por el Ministro de Hacienda Alberto Carraquilla para discutirse en marzo o abril. Con esta pretenden recaudar un 2% del PBI como lo exige el acuerdo con el FMI, es decir aproximadamente 20 billones de pesos. Para poder llegar a esa cifra exorbitante, esta reforma plantea ampliar la base gravable del IVA haciendo que los productos que hoy pagan el 5% pasen a pagar un 19%, también busca aumentar el número de asalariados que declaran renta, pues ya no solo estarían quienes ganan 4,9 millones, sino que quieren incluir a quienes ganan 3,5 millones de pesos, mientras tanto a las empresas les reducen los impuestos bajo la excusa de aumentar la inversión de capitales en el país.
La forma en la que pretenden encubrir este brutal ajuste contra la clase trabajadora, es poniendo como beneficioso el gravamen a las grandes pensiones, la ampliación de la devolución del IVA, más un aumento de los subsidios que es de tan solo 800 mil millones de pesos y que no alcanzaría ni por poco, a cubrir una renta básica digna para millones de personas en Colombia que hoy viven por debajo de la línea de la pobreza. Todos elementos distractores que no son centrales en la recaudación que se pretende.
Esta no es la primera reforma tributaria de este gobierno antipopular, pues ya en el 2018 había pasado la desastrosa Ley de Financiamiento, que consistió en bajar el impuesto de renta a personas jurídicas y aumentar las exenciones de impuestos para algunos sectores empresariales: descuentos al IVA, impuesto de industria y comercio y gravamen a movimientos financieros.
Que la crisis la paguen los capitalistas y no el pueblo
El avance de estas políticas llevaría a profundizar la desigualdad social y económica que vive el país, la cual ya es crítica. Según las últimas cifras del DANE para el 2020, el desempleo llegó al 16% en comparación al 10,5% del 2019, lo cual quiere decir que 3,8 millones de personas están sin trabajo. La pobreza extrema aumentó dramáticamente del 10,9% en 2019 al 14,3% en 2020. Cada uno de estos datos son alarmantes y es por esto que llamamos a la organización y la lucha para frenar y derrotar el paquetazo de Duque bajo un programa de lucha que le dé verdaderas soluciones a la clase trabajadora y los sectores populares.
- Se necesita empezar por la auditoría social, investigación independiente, abolición y no pago de la deuda externa ilegítima y fraudulenta. Por un frente de países deudores. El dinero recaudado no está dispuesto para solucionar las necesidades básicas de la población, sino para pagarle a los buitres especuladores que están en los organismos internacionales. Todo este dinero debe disponerse para solucionar la crisis sanitaria, para activar la economía y para invertir en los derechos básicos como educación, vivienda y trabajo.
- Nacionalización de la banca y el comercio exterior, para contrarrestar los bloqueos económicos imperialistas y para determinar lo que entra y sale del país evitando la fuga de capitales.
- Que paguen los que más tienen, por eso hay que imponerles un impuesto progresivo y permanente a las grandes fortunas. Al mismo tiempo se debe retirar el IVA de los productos de la canasta básica, aumentar los salarios conforme al precio real de la canasta básica y prohibir los despidos y suspensiones.
- Para los grandes sectores de desocupados y sectores informales, se necesita una renta básica ya, acorde al costo de la canasta básica familiar mientras dure la pandemia.
Pandemia, vacunas y un gobierno criminal
Colombia ya superó las 57 mil muertes y los 2 millones de contagios por Coronavirus para este 12 de febrero, sin contar con los datos de mortalidad evitable de otras enfermedades fruto del colapso de los sistemas de salud a nivel nacional. Esta situación ha sido empeorada por la medida de cuarentena insuficiente, que si bien es necesaria mientras no exista la vacuna y la erradicación del virus, ha chocado con la pobreza que justamente aumentó durante el 2020 y que no fue contenida bajo ninguna política, pues el gobierno se negó a dar la renta básica como salida para millones de familias que sacaron los trapos rojos como símbolo del hambre.
El gobierno de Duque sale hipócritamente a condenar la falta de cuidado individual y las aglomeraciones, mientras abrió de forma irresponsable la economía, llevando a miles de trabajadores a las calles y los medios de transporte sin ninguna política real para impedir el aumento de contagios, pues el sistema de salud sigue desfinanciado y la privatización de la salud en EPS sigue definiendo la atención y las barreras de millones. El gasto nacional de salud alcanza solo el 5,9% del PIB (4,1% público y 1,8% privado), y el gasto de bolsillo es del 16% en relación con el gasto total.
Hoy, volver a una cuarentena total no es una opción para el gobierno y la burguesía, que prefiere contar los muertos antes que perder ganancias. Duque y también los gobiernos falsamente alternativos de Medellín con Daniel Quintero, o de Bogotá con Claudia López, junto al resto en las diferentes regiones del país, solo han asegurado las condiciones para los empresarios, pues no han hecho nada frente a las medidas necesarias que se deberían tomar, como los testeos masivos, las cuarentenas y aislamiento de casos detectados, el aumento de las UCI con equipamiento necesario, la contratación de trabajadores de la salud en masa, la apertura y expansión de servicios de salud para la atención de la emergencia, etc. La ocupación de las UCI ya ronda el 70 al 80% a nivel nacional.
Ante esta situación el tema de la vacuna cobra una importancia relevante, sin embargo, la situación a nivel mundial es desigual. Los países imperialistas y sus farmacéuticas compiten por el desarrollo de la vacuna, concentran el capital científico y bajo la patente con el secreto comercial, no comparten los avances para que millones de personas puedan salvarse y los diferentes países en el mundo dispongan recursos para la investigación y perfeccionamiento de la misma. Toda una locura, existe la posibilidad de la cura, pero no puedes conocerla.
Es así que Pfizer, AstraZeneca, Moderna y el Centro de Epidemiología y Microbiología Nikolái Gamaleya, que fabrica la vacuna rusa Sputnik V, van por el mundo con su patente negociando la venta de las vacunas, imponiendo los precios y firmando contratos millonarios donde la letra chica dice que no se hacen cargo de los efectos adversos.
En el marco de esta situación el gobierno de Duque-Uribe que le destinó millones a los bancos y empresarios, hoy siguió defraudando con respecto a la negociación de las vacunas. Primero dijo que llegaría en enero, luego que en febrero o marzo, y ahora no tiene más explicaciones que excusarse en el secreto comercial de las farmacéuticas para no dar mayor justificación, pero la realidad es que esto muestra que quedó relegado de las negociaciones respecto de otros países. Es decir, hay una competencia entre los propios países pobres para adquirir alguna de las vacunas, mientras los países imperialistas las utilizan desesperadamente para evitar el colapso de sus economías.
Esto en absoluto absuelve la corrupción y los malos manejos de este gobierno, que va a buscar por todos los medios garantizar el acuerdo a favor de las farmacéuticas y de las potencias, por eso Duque está a favor de la venta de la vacuna para quienes la puedan pagar, una medida que de llevarse a cabo sería tremendamente criminal.
Hasta ahora varios países de la región ya empezaron la vacunación de algunos sectores de la población, mientras Colombia está en un mar de incertidumbre, falta de planificación y corrupción.
Por eso exigimos que
- Vacunación universal y gratuita, se rompa con el secreto comercial y la población sea informada responsablemente del proceso de vacunación.
- Testeos masivos, principalmente a los y las trabajadoras de la salud.
- Aumento del salario de todo el personal de salud y se amplíe su contratación.
- En contra de la privatización de la salud impuesta por la Ley 100 y que vayamos hacia un sistema único, público y universal en salud para que no sean las EPS quienes definan el acceso a la salud.
[1] Tomado del último informe de OXFAM – El virus de la Desigualdad. https://www.oxfam.org/es/notas-prensa/los-mega-ricos-han-recuperado-las-perdidas-ocasionadas-por-la-pandemia-en-un-tiempo