¿Qué hacemos las organizaciones de izquierda y de la clase trabajadora?
Por Comité Central del PRT – Costa Rica
Poco a poco empieza a caerse la careta de Chaves. El actual presidente, que buscaba colocarse ante la opinión pública como un campeón anticorrupción, un “hombre fuerte” que venía a terminar con todos los chorizos, ha ido perdiendo popularidad por las pifias, pero también por las propuestas que ha realizado en los primeros meses al frente del poder ejecutivo.
En su discurso de los primero 100 días de gobierno anunció que impulsará la venta, es decir, la privatización del Banco de Costa Rica (BCR) y de la mitad del Instituto Nacional de Seguros (INS), lo que ha causado el malestar en muchos sectores de la población, incluyendo el gerente del BCR, que no había sido notificado sobre el asunto en lo más mínimo, tanto las autoridades del Banco como el sindicato han denunciado que sería un pésimo negocio vender el Banco y que no ayudaría en realidad en mucho a mejorar la deuda del país, que es el argumento que está dando Chaves para impulsar la venta.
Por otro lado, la Sala Cuarta ha condenado el cierre del Parque Viva como un ataque indirecto a la libertad de expresión. Ha quedado patente además el desinterés de Chaves de enfrentar el aumento vertiginoso en el costo de la vida, que desde su óptica de tecnócrata del Banco Mundial (BM) lo ve como una cuestión que debe regular el mercado.
En el terreno parlamentario se ha generado un enfrentamiento permanente con las otras fracciones de la Asamblea Legislativa que ya le han aplicado dos resellos de leyes, relacionadas con recortes que pretendía hacer el gobierno, argumentando la aplicación de la regla fiscal, para servicios indispensables como, por ejemplo, los bomberos y el servicio 911; la pifias con la adjudicación de la nueva empresa de revisión técnica vehicular a la empresa alemana Dekra, con la promesa de que no se cobraría la reinspección, cosa que terminó siendo falso, más bien la empresa planteó que si se presentan más de dos fallos cobraría nuevamente toda la tarifa.
Sumemos a ello el costo del marchamo para fin de año; las pérdidas millonarias en los sistemas complementarios de pensiones; la negativa a aumentar el salario de las y los trabajadores de la CCSS y la destitución del anterior jerarca de la institución por atreverse a impulsar dicho aumento ; todo esto y más ha contribuido a que, según la última encuesta del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), la valoración de la gestión de Chaves como buena o muy buena haya pasado del 79% en agosto de este año a 68%, ahora en noviembre. Aunque es un porcentaje de aprobación todavía alto, es claro que las valoraciones positivas de Chaves han caído vertiginosamente.
Pero más allá de lo que puedan decir las encuestas, lo importante es que se agudiza un importante conflicto interburgués, un choque cada vez mayor entre las distintas fracciones empresariales que han gobernado con un consenso de fondo este país durante los últimos 50 años y los intentos de Chaves por favorecer a los grupos empresariales que representa exclusivamente. Esto es lo que explica, en el fondo, los múltiples encontronazos en la Asamblea Legislativa, en dónde el gobierno no tiene mayoría, así como el jaladón de orejas que le aplica la Sala IV, con el objetivo de recordarle las reglas del juego del aparato gubernamental burgués.
¿De dónde sale Chaves?
Chaves es un tecnócrata del Banco Mundial (BM) que trabajó durante 27 años en Indonesia para ese organismo financiero internacional, aplicando políticas privatizadoras y de favorecimiento de grandes corporaciones, como por ejemplo, las de palma aceitera, que deforestaron cientos de miles de hectáreas de bosques y desplazaron masivamente a la población autóctona, para aumentar en miles de toneladas la cantidad de aceite de palma. También favorece a las empresas mineras, que, como es bien sabido, son de las empresas más peligrosas para los ecosistemas en donde se instalan y para las poblaciones que viven en la zona.
Después de que saliera huyendo del Banco Mundial, para evitar el despido por las denuncias de acoso sexual que había en su contra, Chaves tiene un fugaz paso por el Ministerio de Hacienda, en sustitución de Rocío Aguilar que renuncia al cargo luego de que Carlos Alvarado la sancionara por un mes. A partir de esa corta gestión se podía prever con bastante claridad cual sería el signo del nuevo gobierno: durante su gestión como Ministro de Hacienda, Chaves propuso aumentar el impuesto a los empleados públicos que ganaran más de 500 mil colones, propuso destinar el superávit de las instituciones públicas para pagar deuda y se opuso, con una carta pública enviada al presidente a que se excluyera a las municipalidades de la regla fiscal.
El gobierno de Chaves
Era claro que Chaves vendría a intentar aplicar a rajatabla la regla fiscal, que su principal preocupación sería pagar la deuda, que vendría a impulsar privatizaciones y que intentaría descargar todo el peso de la crisis sobre la clase trabajadora, sin tocar los intereses de los grandes capitales, por más que anunciara a los cuatro vientos que pondría en cintura a los evasores fiscales o que acabaría con los salarios y las pensiones de lujo, cosa que nunca ha promovido realmente, ni lo hará.
Sin embargo, lo que no estaba tan claro, hasta después de las elecciones, era que favorecería de manera tan directa y descarada a los sectores que lo financiaron en la campaña electoral.
Chaves ha impulsado políticas que benefician de manera directa a los importadores, en general, pero ha sido especialmente conflictivo el tema del favorecimiento de los importadores de arroz, y las políticas en contra de los productores locales de arroz.
Lo de la venta del BCR es claro que favorecerá a Jack Loeb, un empresario ligado al Grupo Prival, dedicado a la banca de inversiones y puesto de bolsa. Se trata de uno de los principales financistas de campaña, quien aportó más de ₡44 millones al opaco fideicomiso Costa Rica Próspera, que ya un informe del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ha señalado como una de dos estructuras paralelas de la campaña de Chaves que conformaron un “esquema oscuro de financiamiento”. Loeb, además, es señalado como parte de la segunda estructura paralela, orquestada para apoyar la campaña del actual diputado oficialista Julio Ubaldo “Waldo” Agüero. Según el TSE, Sofía Agüero, hija del legislador, recibió $195 mil de parte de Loeb (₡126.826.050 a ₡650,39 el dólar). Es de esperar que el asesor nombrado a dedo para administrar el proceso de privatización del BCR sea el mismo Loeb o algún funcionario cercano al banquero.
Otros empresarios beneficiados por Chaves son Calixto Chaves Zamora y su familia, que controla la Sociedad Portuaria Caldera; también algunos empresarios autobuseros, como Esteban Ramírez Biolley —recientemente designado como directivo del CTP— que aportó, según el último informe del TSE, un total de ₡16 millones, mediante el mecanismo de compra de bonos de deuda.
¿Qué hacer frente a este gobierno?
Para colocarnos frente al problema de lo que debemos hacer las organizaciones de izquierda y populares en Costa Rica para enfrentar al gobierno de Chaves, debemos tomar en cuenta el contexto internacional, destacamos la crisis económica que no termina, sino que se agudiza y el aumento de la polarización social y las tensiones geopolíticas producto de la guerra en Ucrania, así como los efectos aún presentes de la Pandemia.
En un documento anterior, planteábamos que, dadas las circunstancias delineadas anteriormente, existen condiciones para un salto en la conciencia de las masas populares, que pueden ver con claridad problemas como el egoísmo de la gran burguesía que solo piensa en salvar sus ganancias. También se ve con mayor claridad, al ser el virus un problema de salud pública enorme, que las barreras artificiales, llamadas fronteras, que impone la burguesía a la clase trabajadora, no tienen sentido. También se puede ver con mayor claridad el hecho de que sin el trabajo de la clase trabajadora, la gran burguesía no puede garantizar sus ganancias, ni el funcionamiento estable del sistema.
Sin embargo, surge también el peligro de gobiernos cada vez más autoritarios, la gran burguesía intenta utilizar el control de los aparatos políticos para descargar todo el peso de la crisis sobre la clase trabajadora, lo cual implica probablemente, ante la situación potencialmente explosiva, una deriva hacia gobiernos cada vez más autoritarios, incluso bonapartistas o fascistas. También existe el peligro de que, ante la desesperación, grandes contingentes de la clase trabajadora terminen trabajando, por extorsión o por mera supervivencia, para las grandes mafias organizadas del narco.
El gobierno Chaves es un severo intento por imponer un ajuste neoliberal a fondo y con métodos bonapartistas, amparado de entrada con medidas “populistas”, un tibio “asistencialismo” y un repunte de la militarización, que pensamos no tendrá mucha cuerda, debido al proceso de crisis aguda y creciente del capitalismo.
La única salida viable a la crisis es construir espacios de autoorganización de la clase trabajadora, en cada país y procurando coordinaciones regionales e internacionales. Solamente mediante la organización independiente y combativa de la clase trabajadora se puede enfrentar esta crisis en sus múltiples dimensiones: ecológica, económica, política, de género y sanitaria. Construir espacios de unidad de las y los trabajadores, en conjunto con otros sectores sociales oprimidos y excluidos es fundamental.
Es urgente reagrupar de conjunto al movimiento popular en su diversidad: sindical, comunal, campesino, feminista, ambientalista, indígena, de lucha por vivienda. El mayor mal que padecemos es la disgregación, el divisionismo, imperante en el seno del movimiento popular.
Por eso proponemos realizar una Asamblea Nacional para crear un Frente Unitario del Pueblo (FUP), una sola coordinación, un frente único obrero y popular que integre a todas las organizaciones que estén decididas a dar una lucha frontal contra este gobierno que se torna cada vez más autoritario. En esa Asamblea Nacional impulsar un Plan de Lucha, que incorpore las consignas más sentidas de los sectores. Nosotros adelantamos las siguiente:
- Congelamiento inmediato de precios de la canasta básica para paliar el impacto de la inflación.
- Aumento a la base de los salarios mínimos, con fundamento en la inflación real, tanto para el sector público como para el sector privado, sin exclusiones.
- No a las privatizaciones o venta de los activos del Estado, ni el BCR, ni los servicios de salud, ni el Instituto Nacional de Seguros.
- Defensa del presupuesto de la educación pública, establecido constitucionalmente.
- Plan de obras públicas y vivienda digna para atacar el desempleo, con plenas garantías laborales para las y los empleados.
- Defensa del régimen de pensiones de IVM y el Seguro de Salud. Defensa de la seguridad social, el INS y la CCSS. Pago inmediato de todas las deudas que tiene el Estado con la Caja para fortalecer los servicios de salud y reducir las listas de espera.
- Reforma tributaria radical, para que coticen de acuerdo a sus ganancias los grandes empresarios, evasores y elusores del fisco, y se alivie la carga de impuestos que pesan sobre el pueblo trabajador.
Si logramos aglutinar aunque sólo sea un sector de los sectores en lucha frontal contra el gobierno, sería el inicio, un importante paso en la construcción de la organización que requerimos para enfrentar al gobierno de Chaves y sus intentos de descargar la crisis sobre las espaldas de la clase trabajadora.
Ninguna confianza en los ricos y sus organizaciones
¡Luchar, crear poder popular!
¡Solo el pueblo salva al pueblo!
Comité Central
Partido Revolucionario de las y los Trabajadores