Por Sofía Martínez, militante de la LIS
El estallido social generado por la reciente crisis política se fortalece y en el sur del Perú anuncian el inicio del Paro Nacional con movilizaciones en todas las regiones; así como también la organización de “La Marcha de los 4 Suyos” y el despliegue de numerosas delegaciones a Lima; la ciudad capital, el símbolo del centralismo, la fragmentación social y la discriminación.
Oficialmente, el Ministerio de Salud (MINSA) ha reconocido 28 personas asesinadas por herida de bala de las cuales 4 eran menores de edad. Así mismo, hay más de 350 heridos, algunos de gravedad con pronóstico reservado. Muchos fueron trasladados para ser atendidos en Lima ante la precariedad o inexistencia de servicios de salud adecuados en sus regiones.
Tras la imposición del gobierno de Dina Boluarte y la declaración de una represión focalizada sostenida con la declaratoria del estado de emergencia en las regiones alzadas en protesta, la respuesta popular ha sido desafiar el gobierno, continuar las movilizaciones y fortalecer la organización de las mismas. Incluso hubo acciones los días festivos 24 y 25 de diciembre.
El Perú ha terminado enlutado, las victimas pertenecen a los departamentos de Apurímac, Arequipa, Las Libertad, Cuzco, Junín; y lo más terrible, Ayacucho, que fue blanco de la salvaje represión militar con un saldo de 10 peruanos muertos. Estos hechos, lejos de acallar la protesta, han enardecido a la población, las familias en medio de un mar de lágrimas han tenido que enterrar a sus muertos, los gritos de justicia han hecho eco en todo el país. El pueblo peruano sumido en una profunda tristeza ha demostrado una admirable capacidad de fortaleza, y la respuesta a la violencia demencial del gobierno, sigue en las calles.
El pedido del pueblo peruano se concreta en lo siguiente: la renuncia inmediata del Boluarte, cierre del Congreso, la convocatoria a nuevas elecciones en el 2023 y a una Asamblea Constituyente. Estos pedidos y otros más, forman parte de los acuerdos tomados en el reciente encuentro de la Región Macro Sur realizado el 28 de diciembre.
La narrativa de los medios de comunicación desde el inicio de las protestas ha sido deslegitimarlas acusando a los manifestantes de vándalos, delincuentes y terroristas. Incluso han hablado de manipulación por parte de supuestos azuzadores que estarían detrás de las protestas. La práctica peyorativa del “terruqueo” con lo cual se tilda de terrorista a todo aquel que protesta, se ha normalizado. La violencia verbal en redes se ha desbordado haciendo gala de racismo y desprecio por la vida.
Han sido los medios internacionales quienes han publicado fotografías (The New York Times) y vídeos (Reuters) de la masacre al pueblo peruano, las redes sociales viralizaron en Tik Tok, Instagram y Facebook, todo el horror de la represión militar, desde allanamientos, disparos por la nuca, disparos de frente, e incluso la muerte en tiempo real de las personas que fueron alcanzadas por proyectiles de bala o metralleta. Se han registrado vídeos de agentes terna (Policía Nacional) siendo ellos los provocadores e incitadores de la violencia. También hay decenas de testimonios, cientos de fotografías y mucha evidencia que da cuenta de las flagrantes violaciones a los derechos humanos.
En Lima, allanaron el local de la Confederación Campesina del Perú y el local del Partido Nuevo Perú, quienes de forma solidaria albergaban a campesinos quechua hablantes que se encontraban en Lima para exigir sus derechos. En un burdo intento para acusarlos de terrorismo, les sembraron 4 machetes que habían comprado y que tenían etiqueta de origen. En las primeras horas se logró identificar a un coronel vestido de civil fue quien dirigió el operativo, no tenía identificación, pero ante el emplazamiento de periodistas independientes dijo su nombre: coronel Percy Huapaya Moreno, Dircote. Amparándose en la declaratoria de emergencia no tenían la orden judicial para el allanamiento. El General PNP Óscar Arriola, jefe de la Dircote (Dirección contra el terrorismo), señaló que allanaron este lugar porque tenían información de inteligencia de que allí se ocultaban sospechosos de causar desmanes. Finalmente, y tras haber permanecido más de 12 horas detenidos, fueron liberados sin haberse encontrado prueba alguna de tales acusaciones.
El 19 de diciembre la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos publicó un comunicando en donde expresa que no hay excusas para eliminar las garantías democráticas y los derechos humanos, rechazando la militarización de la protesta y el creciente autoritarismo. Cancillería ha anunciado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizará una nueva visita a Perú en enero del 2023.
Nuevo escenario de la protesta social
La dictadura cívico militar de Boluarte no ha logrado los efectos de callar la protesta popular, el rechazo a la presidenta alcanza el 84% de desaprobación (Encuesta Diciembre IEP) y el Congreso de la República se encuentra en una situación similar, siendo obvio que Boluarte es solo un títere de los congresistas y que ella tiene responsabilidad directa en los asesinatos cometidos, su gobierno está manchado con la sangre del pueblo.
Al pedido de que se vayan todos, se cierre el Congreso y que la presidenta renuncie; está un eje de lucha sumamente importante: la convocatoria a Asamblea Constituyente. En el interior del Perú las regiones tienen mucha determinación en este objetivo, en Lima se ha abierto un debate interesante sobre la necesidad de una nueva constitución. Esto también brinda la oportunidad de seguir con la discusión de qué tipo de pacto social necesitamos; incluso cuestionar la normativa electoral que es cambiada al antojo de los grupos de poder.
Lima recibirá el 2023 con la presencia de delegaciones del interior que van a movilizarse en las calles, el Perú entero, en sus frentes de defensa y organizaciones regionales, seguirá en lucha y movilización. Son ellos quienes lideran las luchas ante la crisis de dirección, el pueblo sigue organizándose con auto convocatorias espontáneas. Actualmente hay delegaciones que han acampado en Plaza Manco Cápac, en el distrito de La Victoria (Lima) y hay algunas acciones de solidaridad de parte del movimiento estudiantil universitario, principalmente desde la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM).
Grupos de artistas y gestores culturales también emprendieron acciones simbólicas de protesta tanto con la muralización en diversas calles de la ciudad como con performances en los frontis de los canales de televisión, ningún medio de comunicación peruano ha transmitido las denuncias de la masacre y tampoco han brindado cobertura periodística a los familiares. La concentración de medios deja en evidencia que hay un control de las líneas editoriales y revive los recuerdos de la pasada dictadura fujimorista.
Sigamos fortaleciendo la solidaridad internacional
Este periodo de lucha con el que en Perú se empieza el 2023 requiere de la más amplia solidaridad con acciones concretas en las embajadas y consulados, con pronunciamientos que acompañen la lucha del pueblo peruano.
Por justicia y reparación para las familias en luto, por atención y reparación para los heridos, los lazos de hermandad frente a la barbarie deben ser muy fuertes.
Nuestro pueblo hermoso y su heroica resistencia hoy nos convocan a dar lo mejor, no hay futuro posible dentro del capitalismo.
Por una asamblea constituyente libre, soberana, plurinacional y paritaria; por un gobierno de los trabajadores y el pueblo.
Socialismo o barbarie: ¡VENCEREMOS!