Receta del régimen dictatorial de Mulino y su Ministra de Trabajo, para garantizar la aplicación del plan de ajuste económico
Carlos Ernesto Guevara Villar
Simpatizante de la Liga Internacional Socialista
La reciente lucha contra la reforma del sistema de seguridad social, los memorandos de entendimiento con el imperialismo estadounidense y el avance del extractivismo minero ha dejado al descubierto lo que por años fue un secreto a voces: la presencia de direcciones burocráticas dentro del movimiento obrero, dispuestas a vender su alma al diablo -en este caso, al régimen de turno y a la patronal- para conservar sus privilegios económicos.
Esa complicidad se traduce en la entrega de las direcciones combativas, como las de los trabajadores de la construcción (Suntracs) y de los gremios educativos (Asoprof, Aeve, entre otros), así como en la renuncia a históricas conquistas laborales: salarios dignos, protección del medio ambiente, condiciones de trabajo seguras, libertad sindical, derecho a huelga y negociación colectiva, todas ellas obtenidas tras arduas luchas que han cobrado innumerables mártires en todo el país.
Lo anterior explica por qué ni CONATO (trabajadores del sector privado) ni FENASEP (servidores públicos) convocaron a una huelga general antes o durante los momentos de semiinsurrección que vivió el país, en particular en zonas como Darién y Bocas del Toro, donde la población, hastiada de su situación, se levantó espontáneamente para luchar por sus propias reivindicaciones. Por el contrario, esa burocracia -que hoy, sin pudor alguno, se alía con el régimen dictatorial de Mulino y su Ministra de Trabajo- fue la misma que, de forma bochornosa y hasta criminal, en pleno desarrollo de la huelga, llamó a un “diálogo”. Y no como una salida política para evitar una derrota, sino para asegurarse su parte del seguro educativo, desoyendo las consignas y demandas del movimiento que se oponía a medidas lesivas para las y los trabajadores.
Recientemente hemos sido testigos de cómo esa burocracia obrera, amarilla, complaciente y entregada al régimen proempresarial y proestadounidense de Mulino, se ha aliado de manera ilegal y arbitraria con la ministra de Trabajo del gobierno de ultraderecha para despojar a la compañera maestra Nelva Reyes de la dirección de la Central General de Trabajadores de Panamá (CGTP). Se trata de una maniobra que pretende sustituir a una histórica luchadora antiimperialista, defensora incansable de los derechos de la clase trabajadora y referente nacional e internacional de la izquierda revolucionaria, por una dirección sumisa, dispuesta a colocarse sin el menor rubor del lado del gobierno y de la patronal.
Este golpe interno no solo busca silenciar una voz incómoda, sino también allanar el camino para la imposición de nuevas medidas de ajuste en ámbitos tan sensibles como la educación superior, el acceso al agua, la minería, la legislación laboral y el sistema tributario. Al apartar a quienes defienden principios y conquistas históricas, esta alianza burocrática-gubernamental intenta debilitar la capacidad de resistencia de los trabajadores y trabajadoras, comprometiendo derechos ganados con décadas de lucha y sacrificio.
Como bien advierte el viejo dicho popular: “para mentir y comer pescado, hay que tener mucho cuidado”. Y eso fue exactamente lo que vimos ayer, cuando representantes del Ministerio Público, instrumento del aparato represivo del Estado burgués, fueron públicamente reprendidos por un juez de garantías al intentar abrir una investigación penal, en contra de la compañera Nelva Reyes, sin un solo indicio que demostrara la comisión de delito alguno ni la vinculación de persona alguna. Esta maniobra se inscribe en la ofensiva de criminalización contra las y los luchadores obreros y populares.
Es evidente, que el régimen profundiza su campaña, esta vez en contra la compañera maestra Nelva Reyes, a quien, mediante maniobras ilegales y con la abierta complicidad del Ministerio de Trabajo, se le arrebató la dirección de la combativa Central General de Trabajadores de Panamá (CGTP). Para consumar este atropello, se valieron de dirigentes sindicales amarillos, dóciles al capital y dispuestos a servir de correa de transmisión de la patronal y el Estado.
Este atropello no solo merece el más amplio repudio del movimiento sindical y popular, sino que exige una respuesta política unitaria y combativa. Queda demostrado, una vez más, que la llamada legalidad burguesa, administrada por un aparato judicial carcomido por la corrupción, no es sino un instrumento para legitimar la ofensiva contra la clase trabajadora. Frente a ello, solo la organización consciente y la movilización de las y los trabajadores podrán frenar la criminalización de la lucha social.
Seguimos aturdidos tras la reciente huelga. Más allá de que algunos la califiquen como derrota o “victoria a medias”, la realidad es que el movimiento permanece a la defensiva, en una peligrosa retaguardia. Desde el cierre de la lucha no ha surgido un llamado contundente al reagrupamiento en un frente único, democrático y combativo, que articule a todos los sectores con un programa de acción que recoja las viejas banderas de lucha y las nuevas consignas que la crisis impone.
Mientras tanto, el plan de ajuste avanza cada día. El régimen dictatorial de Mulino lo sabe y por eso persigue, criminaliza y judicializa a quienes luchan, interviniendo y cooptando las organizaciones obreras con la complicidad de la burocracia amarilla de siempre. Su objetivo es claro: desarmar políticamente a la clase trabajadora para facilitar la ofensiva del capital.
Frente a ello, urge reagruparnos en una dirección revolucionaria, que supere el desgaste de los viejos aparatos y convoque a trabajadores, trabajadoras, campesinos, pueblos originarios, juventudes y sectores populares. Solo así podremos resistir la embestida del gobierno proempresarial y abrir paso a la verdadera alternativa: un gobierno de los trabajadores y el pueblo, que rompa de una vez con el imperialismo, repudie el pago de la deuda externa, expulse a las transnacionales mineras, nacionalice los recursos estratégicos -incluido el Canal de Panamá- y ponga toda la riqueza nacional al servicio de las mayorías explotadas.
Panamá, 24 de septiembre de 2025
