Por Verónica O’Kelly
Hoy es un día histórico. El Supremo Tribunal Federal finalmente condenó a los hermanos Domingos Brazão y Chiquinho Brazão a 76 años de prisión por haber ordenado asesinar a Marielle Franco. Ocho años después del crimen que le quitó la vida a Marielle y a Anderson Gomes, la justicia —aunque tardía— llega como resultado directo de una movilización que nunca se apagó.
Esta condena no cayó del cielo. Es fruto de la persistencia del movimiento de mujeres, del movimiento negro, de las organizaciones de derechos humanos, de la izquierda y de miles de personas que, en las calles de Brasil y del mundo, repitieron durante ocho años: “¿Quién mandó matar a Marielle y por qué?”. Fue la presión popular la que impidió que el caso fuera enterrado bajo el peso de la impunidad que suele proteger a milicianos, políticos corruptos y al poder.
¡Celebramos con el puño en alto!
Es una victoria política y simbólica. Muestra que la lucha colectiva puede arrancar respuestas incluso a un sistema de justicia estructuralmente lento cuando los acusados tienen poder, dinero y conexiones. Porque sabemos: para juzgar a jóvenes de las periferias —mayoritariamente negros— el sistema es veloz, implacable y en general arbitrario. Para juzgar a los poderosos, la justicia suele ser cautelosa, demorada y llena de recursos. Esa es la esencia de la justicia burguesa.
Marielle era mujer, negra, de la favela, defensora de derechos humanos. Era también una denuncia viva de la violencia del Estado en las periferias. Su ejecución no fue un “caso aislado”: fue la expresión de un engranaje donde milicias, políticos burgueses y sectores del Estado se entrelazan. No es un detalle que cinco policías militares hayan participado en el asesinato, además de dos comisarios y un policía civil. Esto revela el grado de infiltración y promiscuidad institucional que corroe las estructuras públicas por dentro.
La corrupción del Estado mata. Mata cuando protege esquemas criminales. Mata cuando permite que grupos armados se consoliden. Mata cuando transforma fuerzas de seguridad en instrumentos de poder paralelo. Mata cuando elige quién debe vivir y quién puede morir en las periferias.
La condena de los autores intelectuales no cierra esta historia.
Abre una nueva etapa. La de seguir desmantelando las redes que sostienen a las milicias, de exigir la desmilitarización de las policías y la democratización de las fuerzas para que sean controladas por el pueblo trabajador. La de enfrentar la lógica de criminalización de la pobreza y de garantizar el fin de la impunidad del poder económico.
Mantener viva la memoria de Marielle es más que recordar su nombre. Es continuar su lucha por un mundo sin opresión. Justicia por Marielle y Anderson no es solo una sentencia. Es un compromiso permanente contra la impunidad y contra todas las formas de violencia de Estado.
Hoy celebramos. Mañana seguimos luchando.





