Por Daniella Fernández Realin

A inicios de 2026, la Administración de Donald Trump profundizó su ofensiva contra Cuba: la imposición de aranceles a cualquier país que intentara suministrar petróleo a la isla. La medida, justificada bajo la premisa de que el gobierno de la isla representa una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional estadounidense, agravó una crisis energética y colocó al país al borde del colapso.

No se trata de un hecho aislado, sino de la continuidad de una política sostenida durante más de seis décadas. El bloqueo económico, comercial y financiero ha condicionado estructuralmente el desarrollo de Cuba y, lejos de afectar a la cúpula gobernante, ha impactado e impacta de forma directa sobre las condiciones materiales de vida de la población. No es un instrumento de democratización, sino un mecanismo de castigo colectivo.

En este contexto de asfixia, el 13 de marzo de 2026 el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez confirmó lo que ya se sospechaba: La Habana y Washington estaban en “diálogo”. Incluso, desde Estados Unidos, el congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart aseguró que existían conversaciones de alto nivel con el entorno de Raúl Castro, en términos similares a las que la administración Trump sostuvo con el círculo cercano de Nicolás Maduro.

Menos de 24 horas antes, el Gobierno cubano había anunciado la excarcelación de 51 personas tras la mediación del Vaticano. Aunque nunca se utilizó la categoría de “presos políticos”, activistas y organismos de derechos humanos sostienen que parte de ellos integran el grupo de más de mil prisioneros de conciencia que, en reiteradas ocasiones, han sido utilizados como moneda de cambio en negociaciones con Washington.

Cuba llega a este escenario atravesada por una doble presión: la agresión externa del imperialismo estadounidense y las limitaciones internas de un modelo cada vez más cerrado, administrado por una burocracia que ha restringido la participación popular.

Cuba para todos, menos para los cubanos

En un desabastecimiento casi total de crudo y sin capacidad para cubrir una demanda diaria de 100 mil barriles, los apagones en Cuba alcanzan hasta 20 horas continuas —con dos cortes nacionales en menos de 15 días y un total de 7 en menos de 18 meses—. Una parálisis casi total de la economía y afectaciones severas en los servicios más básicos: salud, educación y alimentación. 

La respuesta del gobierno cubano ha sido aplicar ajustes que remiten al Período Especial: llamar al autoabastecimiento y abrir la puerta a inversiones foráneas en el sector privado, incluso provenientes de una diáspora históricamente estigmatizada por el propio discurso oficial.

En declaraciones a NBC News, Oscar Pérez-Oliva Fraga, ministro de Comercio Exterior y sobrino-nieto de Fidel Castro, adelantó que el gobierno cubano estaba abierto a “mantener una relación comercial fluida con las empresas estadounidenses”. 

La disposición a negociar con Washington no es nueva. En 2016, durante el llamado “periodo de deshielo”, empresarios estadounidenses desembarcaron en multitudes para inyectar dólares en la industria del turismo. Barack Obama no solo ondeó la bandera estadounidense en La Habana, sino que presenció un juego de béisbol entre los Tampa Bay Rays y la selección cubana en el Estadio Lationamericano: a su derecha, su familia; a la izquierda, Raúl Castro, presidente del Consejo de Estado de Cuba y del Consejo de Ministros. 

La noticia de nuevas negociaciones —sin transparencia sobre sus términos—, por tanto, despertó una mezcla de expectativa e indignación. En redes sociales se repetía una frase: “prefirieron dialogar con el enemigo antes que con el pueblo”, reabriendo las heridas del 11 de julio de 2021, cuando miles de personas salieron a las calles en una protesta inédita que terminó con más de 1.500 detenciones. Entre ellos, una cantidad importante de menores de edad. 

“La orden de combate está dada”, dijo Díaz-Canel entonces. 

El estallido dejó expuesta la diferencia entre “la dictadura del proletariado” y la “dictadura de un puñado de políticos”. Quedó en la calle los vestigios de una Revolución vaciada de contenido y traicionada. Porque, junto a la exigencia de alimentos y medicinas, el pueblo también gritó libertad. 

La luz que nunca llegó del todo

El proceso revolucionario de 1959 marcó un antes y un después en la historia de Cuba y en la lucha contra el imperialismo estadounidense en América Latina. La caída de Fulgencio Batista fue resultado de la acción combinada del movimiento obrero, campesino y estudiantil, y encontró en la huelga general del 1 de enero un punto de inflexión que consolidó el triunfo. La movilización popular fue el motor de las primeras transformaciones: campañas de alfabetización, impulso a la industrialización y un amplio desarrollo cultural.

Por primera vez en la región, una revolución expropió a los terratenientes y a la burguesía, abriendo un proceso de transición al socialismo a escasas millas de la principal potencia imperialista del mundo. A solo 90 millas, la experiencia cubana se convirtió en una referencia para toda una generación, un impulso para las luchas antiimperialistas, anticapitalistas y socialistas, y un desafío directo al poder de Estados Unidos.

Sin embargo, esa energía nunca se tradujo en un control real de los trabajadores sobre los medios de producción. Con el paso del tiempo, fue absorbida por una burocracia que no cedió el poder y terminó consolidándose como una capa privilegiada.

Hoy, esa estructura se expresa en conglomerados como GAESA, bajo control de las Fuerzas Armadas y sin mecanismos de fiscalización pública: un entramado que abarca desde los puertos hasta el turismo y el negocio inmobiliario, pasando por la red de remesas y las tiendas en dólares —notablemente más abastecidas que aquellas que operan en pesos cubanos—. La ensayista y docente Alina López Hernández llegó a definir a GAESA como un oxímoron dentro de un país que se reivindica socialista.

Una dirigencia que, además, ha entregado recursos estratégicos a otros imperialismos como Rusia y China, y que en 2022 aprobó un Código Penal que amplió los delitos sancionables bajo la figura de “seguridad del Estado”, restringiendo aún más las libertades políticas. La mayoría con la pena de muerte como medida punitiva. 

Pero el rol de esta burocracia trasciende lo nacional. Su consolidación estuvo ligada a la doctrina estalinista del “socialismo en un solo país”, que implicó renunciar a la expansión revolucionaria y asumir la coexistencia con el imperialismo como horizonte. Bajo esta lógica, el Estado cubano actuó más como factor de contención que como motor emancipador. En los años 80, ayudó a canalizar procesos insurgentes hacia salidas negociadas en Centroamérica. Y dos décadas después acompañó al proceso bolivariano bajo los mismos límites: dando prioridad a la estabilidad de los gobiernos por sobre la radicalización democrática y el protagonismo popular.

El resultado es una burocracia que terminó cavando la fosa de su propio aislamiento: un poder cerrado, conservador y cada vez más distante de la base social que dice representar.

Fórmula para resistir las injerencias externas

Cuba llega, por tanto, a 2026 en un escenario crítico, donde la presión externa se combina con un modelo interno agotado. Una crisis multidimensional, con una población envejecida que supera el 20 %, pensiones que no cubren el costo básico de la vida, un sistema de salud deteriorado, una educación en retroceso, servicios públicos intermitentes, infraestructura colapsada y un proceso de dolarización informal que profundiza desigualdades.

A ello se suma la persistencia de la represión política: organismos de derechos humanos calculan un aproximado de 1.214 personas privadas de libertad por ejercer derechos fundamentales —un subregistro, ya que la cifra real se desconoce y el PCC niega su existencia—. Todo ello ha erosionado la confianza social del pueblo sobre un régimen burocrático —y sus aliados internacionales campistas y progresistas— que ha sacralizado conceptos como Revolución o Socialismo, empujando a una parte de la clase trabajadora hacia una ultraderecha que tampoco ofrece respuestas estructurales y a 3 millones de personas al éxodo masivo. 

¿Pueden ser revolucionarios quienes buscan perpetuar un status quo? ¿Lo son quienes limitan las libertades políticas? ¿O quienes luchan por ampliarlas?

Un pueblo sin autodeterminación —sin canales reales para deliberar y decidir— carece de herramientas para resistir las injerencias externas.

En este contexto, emerge también una nueva camada de activismo: una vanguardia juvenil de izquierda crítica que, desde dentro y fuera de la isla, comienza a disputar el sentido mismo de la Revolución. Expresiones como Socialistas en Lucha (SeL), un colectivo marxista, anticapitalista, internacionalista y antiautoritario, impulsan desde una perspectiva antiimperialista y de defensa de las conquistas sociales la exigencia de derechos democráticos, pluralismo político, libertad de organización y de protesta, así como plena independencia respecto del régimen gobernante.

SeL asumió un rol activo durante el paro nacional estudiantil y docente universitario de mayo de 2025, en respuesta al “tarifazo” del gobierno sobre los servicios de internet, que buscó restringir el consumo interno y fomentar el pago en dólares a través de recargas y remesas.

“Disentir del castrismo desde la izquierda es una postura política de sobrada coherencia”, señaló Raymar Aguado Hernández, miembro del colectivo.

En esa grieta —entre la crítica al autoritarismo interno y el rechazo a la injerencia externa— se juega hoy una de las disputas más complejas del presente cubano. 

Por eso, más que nunca es necesario rodear de solidaridad activa al pueblo, sin subordinación al régimen ni concesiones al imperialismo. No una solidaridad abstracta, sino comprometida con la defensa de los derechos políticos, las condiciones materiales de vida y la autonomía de quienes resisten dentro y fuera de la isla.

Recuperar la Revolución no es un gesto nostálgico: es una tarea abierta cuyo desenlace dependerá de la capacidad del pueblo cubano para volver a ser sujeto de su propia historia, reconfigurar sus horizontes políticos y disputar, desde abajo, el sentido mismo de la emancipación.