Por Bernie McAdam, LIS Irlanda
Más de 300.000 trabajadores del sector público de la República de Irlanda se declararon en huelga durante 24 horas el 14 de octubre; para ese momento, ya se había convocado otra huelga para el día 21. El apoyo a la huelga es abrumador en todo el país, se realizaronal menos 2.000 piquetes y decenas de miles de huelguistas recorrieron las calles y se reunieron alrededor de casi todos los edificios públicos.
Los comités de huelga también organizaron piquetes itinerantes para que vigilen los puntos de tránsito del ayuntamiento y las cocheras impidiendo el paso de camiones. Las listas de turnos de los piquetes garantizaron una participación inédita a lo largo de todo el día. El Sindicato Nacional de Autobuses y Ferrocarriles ordenó a sus afiliados que no cruzaran los piquetes, en una impresionante muestra de solidaridad. Un paro verdaderamente masivo.
Los tres sindicatos de docentes —INTO, ASTI y TUI—, junto con los principales sindicatos del sector público, SIPTU y FORSA, intensificaron sus medidas tras obtener mayorías abrumadoras en las votaciones a favor de las huelgas y la huelga de brazos caídos, algunas de con más del 90% de votos a favor.
Es la primera vez en 40 años que el Gobierno permite que un convenio salarial caduque sin que se haya alcanzado un nuevo acuerdo. También es la primera vez desde 2009 que los trabajadores del sector público organizan una acción intersindical de esta magnitud.
La acción es contra la falta de respuesta del Gobierno irlandés a las exigencias por salario y de medidas de protección frente al costo de la vida. La coalición de derecha formada por el Fianna Fáil y el Fine Gael ignora esas exigencias por completo, incluso las de llevar adelante negociaciones serias. Sin embargo, los recientes presupuestos confirman plenamente la intención del Gobierno de darle la espalda a los sindicatos y destinar una mísera suma de 1.200 millones de euros a los salarios y las pensiones del sector público en 2027.
Esto no bastaría para cubrir un aumento salarial de dos dígitos en un momento en el que la ya grave crisis del costo de la vida sigue avivando la creciente indignación en todo el país. El dinero está, el Gobierno de coalición cuenta con un superávit presupuestario de 6.700 millones de euros para 2026 y otros 9.500 millones para 2027, o sea, la habitual entrada extraordinaria anual que reciben en concepto de ingresos por el impuesto de sociedades.
Las protestas por el precio del combustible y los cortes de rutas del año pasado parecen haber servido de llamada de atención para que los dirigentes sindicales pusieran en marcha su propia campaña. Antes de las huelgas, unos 100.000 trabajadores del sector público —entre ellos, docentes, funcionarios, personal sanitario y empleados de las administraciones locales— participaban en una acción de «trabajo a regañadientes» generalizada y continuada en toda Irlanda.
Los profesores se niegan a encargarse de ser supervisados antes y después del horario escolar, o a asistir a las reuniones extraescolares. Del mismo modo, los funcionarios públicos, los cargos de la administración local y los profesionales sanitarios se limitan a cumplir a su horario contractual y dejaron de prestar servicios por “buena voluntad”.
Es hora de luchar
De esta forma, los dirigentes sindicales tomaron medidas de una vez por todas. No hay que olvidar que tienen un historial de inacción y de considerar al Gobierno como «socio» con el que firmaron acuerdos que propiciaron un drástico deterioro del nivel de vida de la clase trabajadora.
FORSA pareció romper con esta tendencia el año pasado cuando convocó a las secretarias y al personal de limpieza de los colegios a una huelga general. Pero, tras solo siete días, la dirección anunció la vuelta al trabajo a cambio de una oferta de negociación. Estas conversaciones se prolongaron durante un año. Sin duda, una huelga general debe utilizarse como herramienta de presión en las negociaciones; para ejercer la máxima presión y obligar a los empresarios a ceder.
Los dirigentes sindicales acaban de volver a recurrir a esta táctica y la huelga del 21 de octubre se suspendió tan solo dos días después de una magnífica muestra de solidaridad y militancia, rompiendo así el impulso generado por la primera huelga. Su excusa, una vez más, fue que se les había ofrecido entablar negociaciones (en realidad, una discusión sobre futuras negociaciones, es decir, «conversaciones sobre conversaciones»). Tenemos que dejarlo claro: las conversaciones no sustituyen la acción; la huelga se hace para ganar.
Pero, por supuesto, los líderes sindicales ni siquiera formularon todavía una reivindicación salarial en términos porcentuales. Es una tarea fundamental de la dirección sindical formular una reivindicación salarial basada en su evaluación del retraso que han acumulado los salarios de los trabajadores y teniendo en cuenta todos los factores que contribuyen a la crisis del costo de la vida.
El secretario general de FORSA y principal negociador sindical, Kevin Callinan, refiriéndose a los afiliados a su sindicato, afirmó: «Vamos a insistir en que se proteja su nivel de vida si se va a alcanzar un acuerdo plurianual». Es muy consciente de que, para que eso ocurra, deben recibir un aumento salarial porcentual para este año, así como la compensación por la diferencia entre los salarios y la inflación correspondiente a los años 2021 a 2025.
El secretario insiste, con razón, en que, si se va a producir un aumento plurianual, debería existir un mecanismo que proteja los salarios frente a las fluctuaciones de los precios durante la vigencia de dicho acuerdo. Entonces fijemos un porcentaje, digamos entre el 10% y el 20%, y luchemos por una escala móvil de salarios; además, intensifiquemos la acción pasando de huelgas de un día a huelgas generales indefinidas.
Las bases
Los comités de huelga han garantizado una huelga masiva de 24 horas y deben seguir existiendo en todos los lugares de trabajo para movilizar a los afiliados y evitar cualquier traición. Deben organizarse asambleas masivas en los lugares de trabajo o reuniones de las secciones sindicales, según corresponda, para debatir los objetivos de la huelga y aprobar mociones que condenen la suspensión de las huelgas. Se debe elaborar un pliego de reivindicaciones y un plan de acción que otorgue a los afiliados el control de la huelga y haga que la dirección del sindicato rinda cuentas ante ellos.
El nivel de implicación de los afiliados es alto, pero la burocracia, como es lógico, querrá reducirlo ahora que ya ha dejado clara su postura al gobierno de coalición, para poder llegar a un acuerdo a sus espaldas. Las asambleas masivas en las que se debatan los objetivos de la huelga, cómo llevarla a cabo, cómo y cuándo se debe intensificar la acción, y cómo involucrar activamente a la clase trabajadora en general en la acción, y consolidar una afiliación activa que resulte más difícil de doblegar para los burócratas. Las reivindicaciones que surjan de dichas asambleas deben darse a conocer y enviarse a las sedes centrales de los sindicatos.
Si se llevan a cabo estas propuestas, se facilitará un resultado democrático y no un acuerdo burocrático a puertas cerradas que traicione a sus miembros. Además, supone una oportunidad ideal para que la izquierda dentro de los sindicatos cree grupos de presión que promuevan la democracia sindical y defiendan una estrategia de lucha capaz de lograr la victoria.
Las bases tienen que coordinar una campaña de este tipo que ejerza la máxima presión sobre los dirigentes. La perspectiva debería ser la de un movimiento de las bases, tanto dentro de los sindicatos como entre ellos, un movimiento capaz de forjar una nueva dirección combativa dentro de los sindicatos.
En vísperas de la primera huelga, el ministro de Servicios Públicos, Jack Chambers, escribió cínicamente a los líderes sindicales afirmando que «las cuestiones salariales pueden y deben debatirse de forma prioritaria junto con otros asuntos, como parte de las negociaciones salariales». ¡Todo dentro del límite de 1.200 millones de euros, por supuesto! Y «otros asuntos» es, sin duda, una forma abreviada de referirse a la imposición de reformas, medidas de eficiencia y acuerdos de productividad para financiar cualquier aumento salarial. Los dirigentes sindicales tienen que rechazar esto.
Los dirigentes sindicales tendrían que estar inundados de resoluciones procedentes de las asambleas de miembros en las que se les exija retomar la huelga, incluso mientras las negociaciones siguen en curso. Deberían formular una reivindicación salarial concreta basada en sus propios méritos, que refleje hasta qué punto los salarios de los trabajadores se han quedado rezagados con respecto a la inflación. Todo esto debería ir acompañado de medidas cada vez más fuertes, que puedan llegar incluso a huelgas indefinidas. ¡Todos a por la victoria!
