En estos últimos días, el bonapartismo oligárquico de Daniel Noboa profundizó sus rasgos autoritarios, antidemocráticos y de precarización laboral.

Por: Mario Unda y Maritza Idrobo

La precarización salvaje

Este 19 de febrero, el Ministerio del Trabajo aprobó el acuerdo número 046 “que regula el procedimiento de autorización de turnos u horarios especiales de trabajo”.

El acuerdo recoge elementos de precarización laboral salvaje que la gran burguesía viene exigiendo desde hace algunos años: está presente en la “Ley de apoyo humanitario”, aprobada en el gobierno de Lenín Moreno con pretexto de la pandemia del COVID 19, en el fallido proyecto “Creando Oportunidades” de Guillermo Lasso, y en intentos anteriores de Noboa, incluyendo una consulta popular en 2024 que pretendía ir sustituyendo el contrato indefinido por contratos a plazo fijo y por horas; la pregunta fue rechazada por el 69,5% de votantes.

El acuerdo 046 establece la eliminación de la jornada legal de 8 horas diarias y del pago con recargo de las horas extras o suplementarias, estableciendo las figuras de turnos y horarios “especiales”. El Ministerio “otorgará trámite preferente a aquellas solicitudes que acrediten la contratación de jóvenes”. Con esto se estimula a los patronos para que los nuevos contratos asuman estas modalidades.

Por otro lado, se permite que la jornada semanal de 40 horas sea distribuida de cualquier manera, siempre que no supere las 10 horas diarias. Con esta fragmentación de la jornada, el trabajador pierde la unidad del tiempo de trabajo y la clara separación del tiempo del que puede disponer para sí mismo, para su formación y para su familia.

También acá desaparecen las horas extras o suplementarias, lo que se traduce en una reducción del ingreso de los trabajadores.

Aunque el acuerdo habla de que estas nuevas modalidades se harán de común acuerdo entre empleador y trabajador, esto no hace más que dar vía libre a la imposición de la voluntad empresarial, dada la absoluta disparidad existente en la relación capital-trabajo.

Inexplicablemente, el acuerdo fue borrado de la página del Ministerio del Trabajo y posteriormente el Ministro de dicha cartera se pronunció afirmando que fue una filtración, sin embargo, es un proyecto de interés del gobierno y se encuentra en debate, todo esto luego de recibir fuertes críticas desde los sindicatos y sectores de trabajadores.

Persecución de la protesta social

Como se vio en septiembre y octubre de 2025, la protesta social es perseguida a través de indagaciones, juicios, espionajes, represión directa, congelamiento de cuentas bancarias. Ahora también ha entrado en escena el Consejo Nacional Electoral. Su presidenta, Diana Atamaint, denunció al colectivo Yasunidos en el Contencioso Electoral por supuestas infracciones cometidas durante la campaña por la consulta del Yasuní en 2023. La organización negó las acusaciones y denuncia una persecución política.

Por otro lado, la Fiscalía se ha convertido en punta de lanza de la criminalización de la protesta social, desde que los gobiernos decidieron tratar las movilizaciones sociales como si fueran delito. Pero el 1 de febrero mostró que es capaz de hacerlo incluso en aquellos momentos en que no existen movilizaciones ni protestas.

Bastó con que la Ecuarunari (rama quichua de la Conaie) nombrara en su congreso a un nuevo consejo de gobierno, encabezado por Leonidas Iza, para que la Fiscalía emita un comunicado amenazante: “el ejercicio de los derechos civiles no ampara la comisión de infracciones penales y que el ordenamiento jurídico ecuatoriano diferencia de manera expresa a la movilización social de las conductas delictivas, como la rebelión, el sabotaje, el terrorismo, la paralización de servicios públicos o la incitación a la discordia, tipificadas y sancionadas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). En el marco de sus atribuciones constitucionales y legales, la Fiscalía General del Estado actuará con absoluta firmeza frente a la posible comisión de estos delitos”, etc.

La amenaza es transparente, mucho más cuando crece la inconformidad y el descontento contra el gobierno.

Ataques a la libertad de prensa y expresión

Dos hechos nuevos han venido a sumarse a los reiterados intentos de control y silenciamiento de las voces de oposición.

El 28 de enero, un oficio del jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas instruye a los comandantes de las tres ramas para que se niegue la acreditación para actos militares a medios y comunicadores que “a su juicio mantengan una posición contraria que afecte a la imagen institucional”.

Y el 19 de febrero la Superintendencia de Compañías dispuso, a pedido del gobierno, la intervención de Granasa, empresa editora de los diarios Expreso y Extra, que habían sido de los medios más fuertemente cuestionadores al gobierno de Daniel Noboa.

El control de la justicia

El gobierno sigue avanzando en el control de la justicia. En julio de 2024, con el respaldo oficial, se nombró a Mario Godoy como presidente de la Judicatura, la institución que controla y puede destituir a jueces y fiscales. Pero Godoy se vio envuelto en un escándalo por vínculos con el narcotráfico y renunció en medio de un juicio político, cuando el bloque de ADN hizo público el retiro de su apoyo.

En seguida, el CPCCS (Consejo de Participación Ciudadana y Control Social), controlado por Noboa, nombra como presidente temporal de la Judicatura a Damián Larco, un economista que fue director del SRI (Servicio de Rentas Internas) en el preciso momento en que allí se esfumó una deuda de más de 90 millones de dólares que la Corporación Noboa mantenía con el Estado.

Al día siguiente detienen al alcalde Guayaquil, Aquiles Álvarez, en medio de un show mediático de humillaciones, como ha venido operando la fiscalía. Días antes, el alcalde había hecho una rueda de prensa en la que se pronunció duramente respecto al tránsito de cocaína y de precursores de fentanilo en los puertos ecuatorianos y denunció el “silencio cómplice” de las autoridades con las mafias.  Álvarez era la figura pública que el correísmo tentaba presentar para las presidenciales de 2029.

Un golpe de Estado contra los gobiernos locales

Bajo el pretexto de poner freno a los “derroches”, el gobierno de Noboa impone un verdadero golpe de Estado contra los municipios.

En el Ecuador, los gobiernos locales fueron rebautizados como “Gobiernos Autónomos Descentralizados” (GAD) en la Constitución de 2008, e incluyen a los Consejos Provinciales, Municipios y Juntas Parroquiales y suelen ser fruto de fuertes disputas políticas, sobre todo cuando la fuerza dominante a nivel nacional pierde su control en circunscripciones de gran importancia poblacional y económica.

El 27 de enero, Noboa envía a la Asamblea con carácter de urgente, un proyecto de reformas al COOTAD (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización). Pretende obligar a los GAD a que utilicen “al menos” el 70% de su presupuesto en inversión, dejando máximo un 30% a “gasto corriente” (sueldos y funcionamiento administrativo). Si no lo hicieran, el Estado les retendrá las asignaciones que por ley debe entregarles.

La propuesta busca poner a los gobiernos locales bajo el control del gobierno central, borrando la autonomía política, administrativa y financiera que les reconoce la Constitución. Además, eso le permite quedarse para sí con parte de los fondos que corresponden a las localidades y eventualmente utilizarlos -digamos- para el pago de la deuda externa.

La aprobación de la ley, hecha por la Asamblea Nacional este 20 de agosto con 77 votos a favor y 71 en contra, producirá miles de despidos, lo que va a tono con la carta de intención firmada por Noboa con el FMI y, sobre todo, se afectarán los programas sociales, culturales, educativos y de salud que mantienen varios municipios, y ello atentará gravemente contra las sociedades locales y contra los sectores populares, que son los principales usuarios de los servicios municipales de educación y salud.

Un ejemplo adicional de sojuzgamiento a los municipios se produjo en la noche del 15 de febrero, cuando el gobierno nacional intervino Segura EP, operada por el municipio de Guayaquil, empresa que tenía a su cargo la vigilancia a través de cámaras en esa ciudad. El gobierno alegó actos de corrupción, pero lo concreto es que se hace con el control de una vigilancia que en más de un momento le resultó incómoda al mostrar nexos entre un atentado con bombas y personas cercanas al oficialismo. Su intervención más importante se dio en el caso del secuestro y asesinato de los chicos de Las Malvinas por miembros de la fuerza armada: fueron los videos de Segura EP los que permitieron reconstruir la verdad del crimen ocurrido, mientras el gobierno persistía en continuar negándolo y la fiscalía miraba para otro lado.

Un garrotazo a los derechos de la naturaleza

El mismo día, el ejecutivo envió otro proyecto de ley urgente “para el fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y energía”. Pero se ve que, para Noboa, la manera de fortalecerlos es favorecer la depredación de la naturaleza.

Para la minería, el proyecto elimina la licencia ambiental, rebajando la jerarquía y los requisitos de las autorizaciones previas. Se amplía la fase de exploración a 15 años (en cambio, para la minería artesanal, los permisos serán de 10 años improrrogables) y se otorga oficialmente algo que ya existe ahora informalmente: la protección de las instalaciones de las compañías por parte de las Fuerzas Armadas.

Las facilidades para las concesiones y la reducción de los controles se constituyen en una nueva amenaza contra los derechos de la naturaleza. Valdría recordar que varias consultas populares últimas se pronunciaron mayoritariamente por poner freno a las actividades mineras y petroleras para defender el agua, la tierra y las comunidades.

Para la energía eléctrica, se trata sobre todo de facilitar e impulsar la privatización de la generación de energía, según consta ya en el acuerdo con el FMI.

Autoritarismo desbocado

A partir de enero de 2024, el gobierno de Noboa fue convirtiéndose en un régimen bonapartista oligárquico y ese derrotero no se ha detenido ni su afirmación ha aminorado en nada. Al contrario, en estas últimas semanas, el ritmo de implementación viene acelerándose nuevamente.

Pero también ha generado rechazo popular, que se suma al descontento con las acciones de un gobierno que no logra solucionar los principales problemas que aquejan a la mayoría de la población. Las dos últimas leyes, las relativas a la minería y a los gobiernos locales, estimularon la realización de movilizaciones en varias zonas del país.

Es evidente que eso no detendrá a un gobierno que se ha caracterizado por desoír abiertamente la voz del pueblo, como lo muestran sus reacciones ante las consultas populares perdidas. En este momento se vuelve tarea urgente avanzar en la lucha e ir generando espacios de unidad entre las organizaciones y movimientos sociales para poder hacer frente a la ultraderecha en versión ecuatoriana.