Carlos Ernesto Guevara Villar
Liga Internacional Socialista
(Sección Panamá)

La separación del cargo sin derecho a salario contra 298 educadores no es un trámite administrativo ni un error procedimental: es una represalia política deliberada contra el magisterio que ejerció su derecho constitucional a huelga. Tras la participación de más de 20,000 docentes en la huelga nacional en defensa de la seguridad social y las pensiones, el aparato estatal respondió activando un andamiaje disciplinario selectivo para castigar y escarmentar. Convirtieron la protesta social en “falta administrativa”, violentando el derecho a huelga, el debido proceso y el principio de legalidad. Incluso instancias judiciales han reconocido que las decisiones que originaron estos procesos vulneraron garantías constitucionales básicas, confirmando lo que desde el primer momento denunciamos: estas separaciones nacieron viciadas de nulidad absoluta.

Pero lo que está en juego va más allá de un expediente. Este ataque forma parte de los planes de ajuste que el capitalismo imperialista impone en toda la región para descargar su crisis sobre las espaldas de la clase trabajadora. Ante el agotamiento de su modelo, las élites económicas y financieras exigen recortes, reformas regresivas, reducción del gasto social y disciplinamiento de los sectores que resisten. La educación pública y el magisterio combativo se interponen en ese camino. Por eso buscan quebrar la organización, sembrar miedo y dividir al movimiento docente entre “separados” y “en funciones”. No lo permitiremos.

De miles que participaron en la huelga, escogieron a 298 para imponerles la medida más gravosa. Esa selectividad revela su verdadero objetivo: enviar un mensaje ejemplarizante para desalentar futuras luchas. El poder disciplinario fue utilizado no para proteger el servicio público, sino para castigar la protesta social. Cuando el Estado actúa así, no defiende la legalidad; defiende los intereses del capital y de quienes pretenden que los trabajadores paguen la crisis.

Frente a esta ofensiva, levantamos un llamado urgente a la unidad inquebrantable de todos los gremios magisteriales, sin distinción de corrientes; a la unidad entre los docentes separados y quienes hoy continúan en funciones; a la articulación con sindicatos, estudiantes, padres de familia y el conjunto del movimiento popular. El ataque contra 298 es un ataque contra todo el magisterio y contra la educación pública.

No bastan los recursos legales, aunque son necesarios. Los derechos se defienden con organización y movilización. Impulsemos asambleas generales en todos los centros educativos, coordinadoras unitarias, jornadas nacionales de protesta y un plan de acción escalonado hasta conquistar nuestras demandas. Hagamos sentir en las calles que el magisterio no se rinde ni se divide.

Exigimos el reintegro inmediato de los 298 docentes, el pago íntegro de los salarios caídos, el archivo definitivo de todos los procesos disciplinarios y el respeto irrestricto al derecho constitucional de huelga. La Constitución no se negocia. El salario no se castiga. La protesta no es delito.

Panamá, 7 de febrero de 2026

¡Si tocan a uno, respondemos todos.!

¡Si atacan a 298, se levantan miles!

¡Solo la unidad, la lucha consciente y la movilización sostenida podrán derrotar esta ofensiva y abrir paso a una educación pública al servicio del pueblo trabajador, no de los planes de ajuste del capitalismo imperialista en crisis!

¡Unidad, organización y lucha hasta vencer!