José María Balcázar Zelada, de 83 años, asume la Presidencia de la República en un contexto de profunda inestabilidad institucional. Con su designación, el país se encamina a tener nueve presidentes en diez años, un dato que por sí solo expresa la crisis crónica del sistema político peruano.

La elección se produce tras la destitución de José Jerí por parte del Congreso, en medio de denuncias públicas por reuniones cuestionadas con empresarios vinculados a capitales chinos y señalamientos sobre la incorporación de personas cercanas a su entorno a la gestión gubernamental. El proceso parlamentario estuvo marcado por votaciones fallidas, acusaciones cruzadas y un clima de evidente fragmentación. Finalmente, en segunda votación, Balcázar obtuvo 60 adhesiones frente a las 46 que consiguió la lista encabezada por María del Carmen Alva.

El nuevo mandatario ejercerá el cargo únicamente hasta el 28 de julio, cuando deberá entregar la banda presidencial a quien resulte electo el próximo 12 de abril. Se trata, por tanto, de una presidencia de carácter transitorio, cuya función central será administrar el proceso electoral y garantizar la continuidad institucional en un contexto de deslegitimación creciente.

El escenario previo a la votación evidenció el estrecho margen de opciones disponibles. De los 130 parlamentarios actuales, 57 se postulan al Senado, 29 a la Cámara de Diputados y dos al Parlamento Andino, lo que redujo significativamente el número de congresistas habilitados para asumir una eventual presidencia interina. La mayoría de quienes podían postular presentan, además, niveles de aprobación pública muy bajos. La elección de Balcázar no puede leerse, por tanto, como resultado de un proyecto político consistente, sino como expresión de los límites y contradicciones del propio Parlamento.

En este contexto, resulta ilustrativo observar el tratamiento mediático. Mientras la designación anterior fue presentada en términos neutros —“nuevo presidente”—, en esta ocasión numerosos titulares apelan de inmediato a la etiqueta de “extrema izquierda”. Esta construcción discursiva no es inocente: forma parte de una estrategia más amplia orientada a instalar un clima de temor frente a cualquier referencia a la izquierda, incluso cuando las decisiones fundamentales del gobierno de transición se orientan a preservar la continuidad del modelo económico vigente. El recurso al fantasma de la “radicalización” opera así como mecanismo disciplinador en el debate público.

Al mismo tiempo, la figura de Balcázar arrastra antecedentes controversiales, incluyendo cuestionamientos éticos y profesionales que han sido ampliamente señalados. En un país atravesado por altos índices de violencia de género y por una persistente impunidad frente a delitos sexuales, la designación de autoridades con este tipo de antecedentes vuelve a colocar en el centro la preocupación por la seguridad, la dignidad y los derechos de mujeres y disidencias. La crisis institucional no es abstracta: impacta directamente sobre cuerpos y vidas concretas.

Más allá de los nombres, la dinámica de recambios confirma una constante: el Parlamento actúa como administrador de la continuidad de un orden político y económico que se sustenta en la Constitución de 1993 y en una orientación neoliberal que prioriza los intereses del capital financiero y los organismos internacionales por encima de las necesidades sociales. La sucesión acelerada de presidentes no expresa un proceso de democratización profunda, sino la dificultad del régimen para estabilizarse sin alterar sus bases estructurales.

Las próximas elecciones se desarrollarán en un clima de desconfianza hacia las instituciones y los partidos tradicionales. En ese marco, desde Alternativa Socialista Perú sostenemos que estos cambios de nombres no modifican el carácter del modelo vigente y por ello impulsamos una alternativa que se propone articular las luchas feministas, populares, rurales y culturales en una perspectiva anticapitalista. En ese sentido, acompañamos y sostenemos la candidatura de Sofía Martínez dentro de Juntos Por el Perú, entendiendo este espacio como una tribuna desde la cual fortalecer una voz independiente de los trabajadores y los sectores populares tanto en el Parlamento como en las calles. Sofia postula con el numero 22 a la Camara de Diputados, apostando por la colectividad de la lucha feminista, anticapitalista e internacionalista que nos caracteriza como movimiento.

La crisis política actual no encontrará salida en nuevos reacomodos parlamentarios. Requiere abrir un debate de fondo sobre el carácter del Estado y del modelo económico. Por esta razon, planteamos la necesidad de convocar a una Asamblea Constituyente libre y soberana, surgida desde abajo y apoyada en la movilización social, que permita discutir democráticamente una nueva institucionalidad. La participación parlamentaria de las y los socialistas solo tiene sentido si está acompañada por la organización popular y la intervención activa en las calles, donde históricamente se han conquistado los derechos fundamentales.

Frente a un régimen que evidencia signos de agotamiento, se vuelve imprescindible que quienes nos reivindicamos anticapitalistas avancemos en la construcción de una alternativa capaz de disputar poder real, no solo administrar su crisis.

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