El próximo 8 de marzo se realizarán las elecciones parlamentarias. Es la fiesta del clientelismo y la corrupción. Los politiqueros de decenas de partidos recorren barrios, pueblos y veredas ofreciendo que trabajarán legislando para el pueblo. Poco entusiasmo despiertan sus promesas, pues los electores andan en su día a día luchando por la supervivencia. Muchos de ellos ya tienen comprometido su voto a cambio de unos pocos pesos o la oferta de un empleo miserable en alguna entidad del Estado, desde el que tendrán que pagar una cuota mensual al político corrupto que los recomendó. La mitad del electorado se abstendrá de asistir a las urnas.
Está demostrado que muy poca gente conoce los partidos a los que pertenecen los candidatos y mucho menos los programas que respaldan. La degradada política tradicional ya nos acostumbró a que los candidatos no son más que traficantes de votos que luego no se toman la molestia de cumplir sus promesas o directamente las traicionan a cambio de prebendas y negociados.
La necesidad del cambio
Es comprensible que amplios sectores de trabajadores, campesinos y juventudes vean en las listas del Pacto Histórico una alternativa frente a la derecha tradicional y la esperanza para que se dé el “verdadero cambio” que, según el relato del gobierno, la oposición de ultraderecha impidió; sin embargo, esta es una visión muy limitada de la coyuntura que afrontamos. La conformación de sus listas, privilegiando figuras “outsiders” e influencers por encima de liderazgos sociales forjados en la lucha sumado a la instrumentalización de las movilizaciones para recolectar firmas y hacer campaña –como en la jornada de defensa del salario mínimo y en el reciente paro del magisterio–, muestran los límites de un proyecto que termina adaptándose a las reglas del régimen. Basta como ejemplo la vicepresidenta Francia Márquez, luchadora de extracción popular, quien, marginada por Petro, ahora prefiere aliarse con un oportunista como Roy Barreras.
La experiencia internacional con otros gobiernos “progresistas” es aleccionadora. Como el caso de Argentina, donde la aprobación del actual proyecto de reforma laboral esclavista fue posible gracias a la alianza parlamentaria del oficialismo minoritario de Milei con bloques provinciales y fuerzas políticas que responden a su agenda de ajuste, pero también con los gobernadores peronistas “progresistas” y sus diputados. México y Brasil también evidencian que incluso con mayorías legislativas no se garantizan medidas favorables a la clase trabajadora cuando prima la conciliación con los poderes económicos privados.
En Colombia, en cambio, hemos demostrado una y otra vez que incluso cuando los partidos tradicionales tienen mayorías parlamentarias y el gobierno de turno es de ultraderecha, gracias a la movilización hemos sido capaces de defender derechos y lograr nuevas conquistas, como en 2006 cuándo, en pleno gobierno de Uribe, se garantizaron tres causales para acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. En 2011, en el gobierno de Santos, derrotamos su intento de privatizar toda la educación superior. Y en 2018 le impusimos al gobierno de Duque un incremento sustancial al presupuesto de las universidades públicas. Pero tal vez el ejemplo más elocuente fue durante el propio gobierno de Gustavo Petro cuando frente al acuerdo de reforma a la Ley Estatutaria de Educación entre parlamentarios del Pacto Histórico con la derecha uribista –que vulneraba derechos conquistados por las maestras y maestros en más de seis décadas de lucha– se desencadenó un paro nacional que hundió la contrarreforma y provocó la caída de la ministra Aurora Vergara.
Por todo eso, en los gobiernos anteriores amplios sectores sociales sabíamos que defender derechos o conquistar nuevos dependía exclusivamente de nuestra organización y capacidad de lucha. Así llegamos al estallido social que enfrentó la represión brutal del gobierno uribista de Iván Duque. En éste, en cambio, sólo nos llaman a llenar plazas para que el presidente presione al Congreso o llegue a acuerdos con los representantes de los grandes empresarios, las transnacionales o el gobierno yanqui, para una que otra reforma, como acaba de pasar con el incremento al salario mínimo.
¿Un Pacto para aliarse con la burguesía o unidad obrera y popular para luchar?
Desafortunadamente, el Pacto Histórico es una mezcolanza de partidos de izquierda, activistas obreros y populares, con politiqueros tradicionales o arribistas de todo tipo. Muchos luchadores sociales no encuentran otra manera de ser elegidos que someterse a una legislación electoral antidemocrática a cambio de un aval. Por esa vía terminan “cargando ladrillo” al gamonal de la región y a las cabezas de lista. Otres terminan cooptados por todo ese aparato y venden sus principios.
El presidente Gustavo Petro y sus asesores dicen que se vieron “obligados” a transar en el Congreso con el presupuesto y los contratos de las entidades a su cargo para que fueran aprobadas algunas reformas. Por eso algunos de sus funcionarios hoy enfrentan procesos judiciales o pagan cárcel. Y, lo peor, esas reformas han sido tan limitadas que los beneficiados sólo han cambiado la comida de hoy por el hambre de mañana. El endeudamiento del Estado, sin siquiera contemplar el no pago de la deuda externa, amenaza la continuidad real de muchas de esas garantías.
No podemos desconocer que un incremento al subsidio a la vejez, ¡de $230.000!, pueda mitigar en algo el abandono de millones de ancianos. Pero es una limosna; todos sabemos para qué alcanza esa miseria de ingreso. Es claro que el 23.7% de aumento del ahora llamado salario vital, mejora los ingresos de unos dos millones y medio de trabajadores formales, así como de una masa importante de pensionados que ganan exactamente dicha cifra; pero la mayoría de la población trabajadora ni siquiera alcanza el mínimo. Sólo para Bogotá se calcula que una familia de cuatro integrantes necesitaría ¡$7.6 millones mensuales! Y una persona sola $2.1 millones, ¡excluyendo el arriendo! (El Tiempo, 22/2/2026). Por eso afirmar que la mayoría de la población pasa hambre no es ninguna exageración. Pero para un parlamentario que gana más de cincuenta millones mensuales eso es incomprensible.
Sin embargo, es necesario mencionar que si bien limitados, el gobierno de Petro ha tenido aciertos que han beneficiado a varios sectores sociales, como la compra de 635.000 hectáreas durante los primeros tres años de su gobierno, la formalización de 1.5 millones de hectáreas y la cifra de restitución de tierras más alta (el 79.1% del total que ha restituido la Unidad de Restitución de Tierras en 15 años). (urt.gov.co sala de prensa)
En educación, el incremento del presupuesto permitió un aumento en 347.000 mil cupos en la educación superior; aunque no es suficiente, sí se evidencia su ampliación (mineducacion.gov.co). Asimismo, hubo una disminución en la mortalidad infantil (≈39 %), mortalidad materna (≈28 %) y muertes por desnutrición infantil (≈55 %) entre 2022 y 2025.
También se indica la disminución de la mortalidad perinatal (≈37,5 %) y la mortalidad prematura por enfermedades crónicas (≈12,7 %). En 2024, según datos preliminares del DANE, nacieron 63.527 bebés de madres entre 15 y 19 años y 3.159 de niñas entre 10 y 14 años; estas últimas cifras, si bien han disminuido, siguen siendo una seria limitación para el desarrollo de los proyectos de vida de miles de niñas y adolescentes.
Aprender de nuestra historia y nuestras luchas
Los revolucionarios socialistas del pasado nos enseñaron que la lucha electoral es sólo una tribuna para agitar nuestro programa y que un cargo en cualquier cuerpo de elección popular debe ser una trinchera para denunciar la propia inutilidad de esas instituciones y promover la lucha contra el Estado burgués, demolerlo y construir nuevas instituciones, verdaderamente democráticas. Debemos unificar en un solo cuerpo las funciones ejecutivas, legislativas y judiciales y no dar ningún privilegio a los representantes de la sociedad; todo lo contrario, revocarlos de sus cargos cuando incumplan con la función social que se les ha encomendado. Es una lección que aprendimos con sangre obrera en la Comuna de París. Es la misma lección que aprendimos en los portales de la resistencia en el Paro Nacional. Hoy decenas de jóvenes siguen judicializados por el sólo delito de luchar y no se ha votado una ley de amnistía para ellos. Sólo una nueva insurrección popular abrirá las cárceles repletas de pobres y desheredados, para meter en ellas a los ladrones y parapolíticos de cuello blanco que hoy se presentan como candidatos al Congreso y la presidencia.
¡Más que mayorías parlamentarias,
necesitamos mayorías luchando en las calles!
La Unidad Obrera y Socialista ¡UNÍOS! invita a los trabajadores y los pobres a promover la más amplia unidad para retomar las exigencias del pasado Paro Nacional como nuestro programa de lucha y fortalecer la lucha antiimperialista frente a la descarada agresión del gobierno de Trump contra América Latina y otros países del mundo. Es urgente un Encuentro Nacional Obrero y Popular para definir un plan de lucha y movilización.
Y frente a las elecciones del 8 de marzo llamamos a no votar en ninguna consulta pues sólo buscan validar los nombres de quienes quieren gobernar a nombre de los que nos explotan y nos oprimen; y anular el voto del tarjetón para las parlamentarias, demostrando nuestro rechazo a todas las y los candidatos de la ultraderecha, la derecha o el centro, y presionar al Pacto Histórico a que rompa las alianzas con todos los sectores de la burguesía con los que se alía en las regiones y a nivel nacional. Sólo un verdadero gobierno de los trabajadores podrá empezar a aplicar el plan de transformaciones sociales estructurales que se requieren para construir una sociedad productiva, con trabajo para todes, disminución de las jornadas laborales, salarios equitativos y garantías de vivienda, salud y educación como derechos esenciales.
Unidad Obrera y Socialista ¡UNÍOS!
Liga Internacional Socialista – LIS
Bogotá-Medellín, marzo 4 de 2026
