Las operaciones realizadas por más de 30 años de la Empresa Bananera Chiriquí Land y Fruit Company han dejado graves secuelas de contaminación tanto al ambiente como a la salud de los que trabajaron en el cultivo y empaque de la fruta.
Después de 20 años de que las bananeras cerraron operaciones, más de 3000 ex -trabajadores de las bananeras tanto del Distrito de Barú como de Changuinola siguen insistiendo y esperando que las autoridades judiciales les hagan justicia respecto a sus demandas. Son miles los campesinos de las bananeras que han contraído enfermedades por los agroquímicos usados como : Esterilidad, dermatitis por contacto, cáncer a la garganta, al hígado, problemas renales y otros males .
Muchas personas afectadas en su salud, a causa de la manipulación y exposición al uso de los agroquímicos como glifosato, gramoxone, ya fallecieron sin que se les haya hecho justicia. Cabe enfatizar que los afectados por los químicos no son sólo los trabajadores sino también su familia, pues llevaban el químico impregnado en sus ropas a casa.
Además, para agravar la situación, las casas de los trabajadores estaban alrededor de las plantaciones que eran fumigadas, por lo que el aire contaminado los respiraban constantemente.
Pero como si fuera poco lo que han sufrido los ex_trabajadores de las bananeras Chiriquiland Company y Fruit Company, ahora el gobierno presidido por Juan C. Varela presenta otro proyecto bananero ante la Asamblea para su aprobación, el Contrato 36-17, suscrito entre el Estado Panameño y las Empresas BANAPIÑA y DEL MONTE, para el que se concesionan 6 MIL hectáreas de tierras a 20 años, los que serán prorrogables por el mismo periodo de tiempo.
Este Contrato Ley fue propuesto por el entonces Ministro de la Presidencia Alvaro Alemán y presentado por el Diputado del P.R.D ( Partido Revolucionario Democrático) Carlos Motta. El mismo fue aprobado por unanimidad. Con el agravante, que muchos diputados ni siquiera alcanzaron a leer dicho Contrato, lo cual ha sido reconocido por algunos de ellos.
Cabe indicar que después de que las referidas Empresas bananeras abandonaron las fincas porque el negocio ya no le “ era rentable ”, es entonces que los ex-trabajadores, más de 3.000 al quedarse sin nada deciden empezar a trabajar aquellas tierras en la agricultura de subsistencia y para abastecer al comercio local, dándole utilidad a la tierra por más de 20 años para su seguridad alimentaria.
Con el objetivo de ejecutar éste nuevo proyecto bananero, en el distrito de Barú, está en ejecución la expulsión de más de 400 productores a través de una demanda de “ Lanzamiento de Intrusos ” interpuesta por ANATI ( Autoridad Nacional de Titulación de Tierras) y ejecutada por la jueza de Paz, Ulzana Valdez, ignorando lo que estipula el Código Agrario que ” reconoce la posesión de una persona natural o jurídica por un periodo mayor de cinco años sobre las tierras de la nación, en el territorio insular y las zonas Costeras.
Según indican los agricultores afectados y en lista de ser expulsados de sus tierras, que son amedrentados permanentemente por grupos de personas cercanas al alcalde de Barú, Franklin Valdez, por personas afines al gobierno central y a los Concesionarios, utilizando la Radio “ Mi Preferida ”, para generar violencia de pueblo contra pueblo, ante su interés en implementar cuanto antes el Contrato BANAPIÑA-DEL MONTE.
Existen amenazas veladas y actos criminales como las realizadas al campesino sr. Lucinio Pittí y Mario Rivera a quienes sospechosamente se les incendiaron sus casas y sus fincas.
Este modelo bananero BANAPIÑA aprobado por la Asamblea nacional significa repetir la nefasta experiencia de explotación y contaminación no sólo a miles de trabajadores sino también a nuestros suelos, recursos hídricos y que no mejoró la situación económica ni de Barú, ni de Chiriquí ni de Panamá. Eso sí enriqueció más, a 2 grandes empresas bananeras. Sólo han dejado más pobreza, enfermedades, cáncer y muerte.
La Organización de la Sociedad civil, Alianza Estratégica Nacional se ha pronunciado públicamente a favor del Derecho a la Tierra que tienen los campesinos que la trabajan de manera pacífica a la vez que exigen al gobierno se respete la Ley de Reforma Agraria y se apoye al campesinado para que continúe haciendo producir la tierra y no sea una carga para el estado.
El Líder Marvin Wilcox, que representa a los ex trabajadores bananeros, manifestó que ellos no quieren que el gobierno les dé un Bono de pobreza cada mes, lo que quieren es trabajar y ganar el sustento para su familia con dignidad. Y no continúe con acciones de despojo a la tierra de los agricultores para Concesionarlas a los inversionistas millonarios y empresas transnacionales.
Ligia Arreaga