¿Fue modélica la transición? ¿Puede dar respuestas progresivas el régimen del ´78? ¿Sirve la monarquía? ¿Hay otra salida?
Introducción
El 20 de noviembre de 1975 murió Francisco Franco. Fue el comienzo oficial de la llamada “transición”, el pasaje de un régimen dictatorial a uno democrático. En 1978 vio la luz la Constitución vigente como norma suprema para el ordenamiento jurídico del Estado español. Fue ratificada en un referéndum el 6 de diciembre, entró en vigor el 29 del mismo mes y luego fue sancionada por el rey Juan Carlos I.
De tal forma, ¿qué se puede esperar de una Constitución que fue fruto de dicha transición, que tuvo a la cabeza a la élite política del franquismo, que controlaba el proceso de reforma? ¿Qué se puede esperar de una Constitución que nace controlada por los mismos dirigentes del régimen dictatorial anterior?
Estableció la monarquía parlamentaria como forma de gobierno, con una organización territorial basada en municipios, provincias y comunidades autónomas. El rey es el jefe de Estado, modera el funcionamiento de las instituciones y asume la representación internacional. Estos son los pilares que, junto al Poder Judicial, el Legislativo y las fuerzas represivas, constituye el régimen institucional burgués.
Al acercarse el aniversario el presidente Pedro Sánchez (PSOE) encabeza la presentación de distintos eventos de festejo. Se realizan debates entre ex presidentes del PSOE y PP, Ciudadanos desarrolla su propia agenda al igual que VOX. Incluso plantean que es necesario cambiar aspectos parciales, en su mayoría más reaccionarios, pero que no se puede porque no hay consenso. Más allá de sus peleas electorales, los une un punto: son acérrimos defensores del régimen del ´78 y de la transición.
No compartimos ese posicionamiento y creemos lícito formular varios interrogantes que inducen al intercambio de opiniones: ¿Fue modélica la transición? ¿Puede dar respuestas progresivas el régimen del ´78? ¿El franquismo sigue enquistado en las instituciones? ¿A qué sectores sociales favorece? ¿Es independiente la justicia? ¿Para qué sirve la monarquía? ¿Cómo se consagró el bipartidismo? ¿Hay una salida distinta? Estas son algunas de las preguntas que responderemos desde una óptica crítica y el convencimiento de la necesidad de realizar cambios profundos. En esta ocasión, abordaremos algunos hechos históricos hasta el presente, incorporando dos notas sobre asesinatos políticos y represión en la transición: Yolanda González y Gustau Muñoz.
Por otro lado, completamos esta edición de SOL DIGITAL con notas sobre el balance de las elecciones andaluzas, la movilización del 25-N, la cumbre del G-20 en Argentina, los enfrentamientos Rusia-Ucrania y la rebelión de los “chalecos amarillos” en Francia, entre otros temas.
De la derrota a la dictadura
Las elecciones de febrero de 1936 le dieron el triunfo al Frente Popular, conformado por partidos republicanos, incluyendo ERC, el PSOE y el Partido Comunista de España (PCE). La derecha, tomó el resultado como una declaración de guerra. El 17 de julio de 1936 sucedió el levantamiento militar franquista en Melilla, un día más tarde se extendió al resto de la península y a los archipiélagos. El golpe triunfó en algunas zonas y fracasó en parte del país (Asturias, País Vasco, Cantabria, Murcia, Cataluña, Madrid, fueron algunas de ellas). La sublevación apenas tuvo respaldo popular, se basó en las fuerzas militares. El alzamiento tuvo distintos resultados de acuerdo con la zona del país, que en un momento quedó dividido.
Tras esto, se provocaron rupturas en las estructuras de la República, y el poder quedó en manos de comités obreros organizados en partidos políticos y sindicatos, sin ningún poder centralizado.
A pesar del gran despliegue obrero y popular, sumado a la fuerza de las brigadas internacionales, Franco tuvo alianzas de gran peso y terminó derrotando a los republicanos tras las batallas de: Guernica, Ebro y Cataluña. En marzo las tropas franquistas llegaron a Madrid y el 1º de abril terminó la guerra, a la que le seguiría una dictadura, que sustituiría el ensayo del período democrático de la Segunda República.
A partir de 1939 el franquismo y España, se asientan sobre un régimen caracterizado por la concentración del poder político en Franco. Anticomunismo, antiparlamentarismo, antiliberalismo, nacionalcatolicismo, tradicionalismo, militarismo, todos rasgos fascistas, que tuvieron la violencia como medio político. La consolidación del régimen se dio con estas bases, seguidos de una serie de transformaciones y fracasos económicos.
La consolidación de este proceso contra revolucionario coincidió con el inicio de una etapa de derrotas y retroceso de los regímenes fascistas y nazis europeos, lo cual demuestra de la particularidad de la situación de España.
Las huellas frescas del franquismo
Durante 40 años, la dictadura militar impuso niveles de explotación brutales sobre la clase trabajadora en el Estado español. A finales de los ‘60 y principios de los ‘70 la oposición se intensificó y el movimiento obrero y estudiantil se fue fortaleciendo y aunque creó una red social contestataria, no logró derrocarla.
Con la muerte de Franco en 1975 entró por la ventana una bocanada de aire fresco, los trabajadores sintieron que era el momento para producir un quiebre con el pasado y volvieron a las calles. Había motivos para el optimismo: en 1974 se había producido la Revolución de los Claveles en Portugal que volteó la dictadura del salazarista gobernante desde 1926.
Comenzó un fuerte ascenso de la lucha de clases, con oleadas de huelgas por aumentos salariales y por reclamos democráticos, como la libertad sindical y la libertad de los presos políticos. También resurgió la lucha de las nacionalidades. El régimen tambaleó, pero finalmente logró sobrevivir, readaptarse parcialmente y perdurar en el tiempo. Lo pudo hacer gracias a la colaboración del PCE y el PSOE que operaron activamente para desarticular la movilización y garantizar la sed de ganancias del capitalismo.
El PCE junto a la central sindical Comisiones Obreras (CC.OO.), que había sido fundada durante la dictadura, el PSOE y la UGT, pactaron con el rey Juan Carlos Borbón y las fuerzas políticas franquistas el futuro régimen político. Esto avaló al Rey como jefe de estado, garantizó la continuidad del Ejército, la Guardia Civil y la Policía genocidas con su estructura jerárquica. No hubo depuración y se cerró el camino hacia una investigación transparente y el juicio y castigo a los represores, torturadores y asesinos franquistas.
El acuerdo se consagró, finalmente, con las elecciones de 1977. La pregunta entonces es: ¿Fueron constituyentes las elecciones del ´77? En la convocatoria no se expresaba que se iba a llevar a cabo un proceso constituyente, de hecho, eliminaron las partes de la Ley de Reforma Política que se referían al propósito constituyente. Que, exactamente decían “el significado democrático, solo se adquiriría por voluntad mayoritaria de un pueblo; de un pueblo que se constituya en la instancia decisiva de la misma reforma”. Dirigieron a los españoles a reformar unas leyes de un régimen que la mayoría daba ya por enterrado.
En aquel Referéndum y elecciones del 15 de abril del ´77, el gobierno de Suárez se encargó de pactar todo, legalizó a unos partidos y a otros no, como Izquierda Republicana de Manuel Azaña. La razón fue su oposición a la forma de Estado. ¿Y la derecha franquista, por qué no tuvo ninguna restricción para acudir a las elecciones? El PCE fue legalizado tras renunciar a la reivindicación de la República, y el PSOE no tuvo problemas en alcanzar su legalización. Finalmente hubo elecciones con una participación del 78,8% y una abstención del 21,2%.
El pueblo tomó las elecciones como se las presentaron, como constituyentes, pero no fueron convocadas por un gobierno provisional para reunir una asamblea que determinará la soberanía del pueblo. Así que, tras ese proceso de elaboración del Parlamento a su medida, tras dejar fuera a ciertos partidos por ser contrarios a una forma de Estado todavía no instaurada, las dos grandes cuestiones que se debatieron fueron: la forma de Estado (volver o no a la República destruida por el franquismo) y la Ley de Amnistía.
Con dicha ley los responsables de los crímenes franquistas no pueden ser juzgados hasta el día de hoy, no existe una comisión de Derechos Humanos en el Congreso y se mantiene el Registro de Asociaciones en la sede del Ministerio del Interior, como si las personas que deciden asociarse fueran sospechosas. ¿Cómo va a ser este proceso constituyente, si el pueblo no pudo decidir cómo castigar los crímenes franquistas, ni tampoco decidir la forma de Estado? ¿Cómo va a ser un proceso constituyente si el ministro franquista Rodolfo Martín Villa censuró e ilegalizó las libertades públicas y la pluralidad de ideas, que son la base de la democracia?
Así se conformó el régimen del ´ 78, en base a pactos y la institucionalización del silencio (con la Ley de Amnistía), y sin poder reclamar. Esto continuó con el brutal ajuste económico de los Pactos de la Moncloa ese mismo año y con la aprobación de la nueva Constitución el año siguiente.
El rol de la clase trabajadora y los movimientos sociales
Nos suelen presentar a la transición como un éxito que implantó la democracia en España como resultado del compromiso democrático de todos los partidos, especialmente de los de “izquierda” con Carrillo y Felipe González a la cabeza. Esta es la versión hecha a medida por los intereses de la clase dominante, y de la izquierda institucional. Es indispensable conocer cuál fue el papel de la clase trabajadora durante la transición española, pues son lecciones para el presente, que permiten ver la fortaleza y las posibilidades de un movimiento obrero unido.
Fue a partir de los años ´60 cuando la movilización fue a más. Pues a partir de este año, la clase obrera se fue industrializando, a partir de la llegada de trabajadores rurales a los sectores productivos. Junto a este avance de regeneración y movilización, hay que destacar otro avance de organización, el nacimiento de CC.OO., que ayudó a la organización obrera en la clandestinidad.
De esa manera, se fue recuperando de a poco el espíritu de lucha. Comenzó con la huelga de los mineros en Asturias, que obligó al ministro franquista Solís Ruiz a negociar con los mineros. Una de las debilidades del régimen era que carecía de mecanismos de negociación democráticos, lo que facilitaba la expansión y solidaridad en las conquistas de la clase obrera, el pueblo y las mujeres. A ese periodo llamado “huelga del silencio” le siguieron episodios como la conquista de la prohibición del despido libre, o subidas de salarios impensables, todo ello con la clase trabajadora a la cabeza, encabezando siempre esa lucha contra la dictadura, con valentía y determinación.
En esta época hacer huelgas suponía una represión tremenda y además estaba penado con cárcel, por tanto, suponía poner en peligro la vida. Aun así, veremos que la huelga general fue el instrumento para conseguir las reivindicaciones, a lo que el régimen respondía con represión.
El hecho de estar dispuestos a pasar por ese riesgo era fruto de la valentía y fortaleza que tenía la lucha obrera, la cual se basaba en ese sentimiento de organización y militancia perdurable en el tiempo, que planificaba y preparaba las movilizaciones hasta el más mínimo detalle. Y todo ello, a través de la idea central de luchar por el socialismo y la necesidad de las libertades públicas.
Cabe destacar la huelga que llevaron a cabo más de 800 trabajadores en Vizcaya, por disminución salarial y la imposición por parte de la empresa de los ritmos de trabajo, a pesar de que se perdió fue un hito, el Estado tuvo que utilizar el estado de excepción para frenarla. Eran siempre respuestas a ataques capitalistas, en las que los trabajadores más avanzados comprendían que para derrocar al régimen franquista también tenían que llegar hasta sus raíces. Por eso, en 1976 hubo elementos de doble poder tras la huelga general de Vitoria, basados en asambleas de empresa, comisiones elegidas para negociar, utilización de cauces legales. La necesidad de atacar el problema de raíz con el asesinato de cinco abogados de CC.OO. a manos de un grupo de fascistas, aunque chocaba con los intereses del PCE que quería pactar con la burguesía y mantener a las masas bajo control.
Los Pactos de la Moncloa
Los logros de estas luchas fueron grandes pero los Pactos de la Moncloa en 1977 , hicieron que se fuera perdiendo poder adquisitivo, y que los grandes partidos políticos de izquierda, el nacionalismo, el gobierno, CGT y CC.OO., “vendieran el sacrificio de todos los trabajadores por una falsa democracia.”
La lucha fue continua y obligó a ceder al gobierno, entonces, ¿Por qué los grandes partidos de izquierda y sindicatos apoyaron los Pactos de la Moncloa, si esto suponía una pérdida de poder adquisitivo en todos los derechos ya conseguidos? ¿En qué momento creyeron los dirigentes del PCE que las formas de democracia obrera debían ser neutralizadas y subordinadas al pacto político con las élites del franquismo? Al principio el objetivo era la huelga general, pero estos pactos hicieron que se pasara de asambleas de trabajadores, a acuerdos que institucionalizaron la negociación entre las cúpulas.
¿Por qué estos pactos supusieron una pérdida de poder adquisitivo, y por tanto un retroceso a todo lo ganado? Los datos estadísticos indican que la inflación subió al 24,6%, el desempleo pasó del 5% al 15-20% en la los ´80, se impuso un tope a la subida salarial, se promovió la subcontratación, la precariedad y la temporalidad laboral. CC.OO. y UGT obtuvieron un 10% de la representación a nivel nacional y 15% a nivel autonómico. Todo esto, a cambio de entrar a las instituciones estatales.
En definitiva, los principales partidos nacionalistas terminaron entrando en este gran acuerdo, renunciando del derecho de autodeterminación y aceptando a cambio una autonomía limitada. Fue el caso de ERC y los partidos agrupados en Convergencia y Unión a partir de la aprobación del Estatuto de autonomía de Cataluña en 1979. Este régimen del 78, de alternancia del PSOE y el PP (Partido Popular, el heredero más reciente de la vieja derecha franquista, hoy en disputa con Ciudadanos y Vox), con el apoyo de los partidos nacionalistas tradicionales, le ha garantizado durante décadas a la burguesía española y europea la “estabilidad” que requiere para exprimir sus ganancias de los trabajadores.
El rol de las mujeres
Durante la transición 21 diputadas y 6 senadoras (en un total de 700 parlamentarios entre las dos cámaras) fueron parte de un duro cambio político y defendieron los derechos de las mujeres. A partir de mayo de 1975 las mujeres comenzaron a tener algo más de independencia y la lucha feminista empezó a hacerse ver.
Estas mujeres fueron parte de conquistas básicas como la desaparición de la figura del marido como cabeza de familia al menos en la teoría y en el Código civil, podríamos destacar en este sentido a María Telo. Como abogada en solitario, ejerció bastante presión en relación con los derechos de la mujer y luchó por la modificación y la conquista de ciertos derechos, por ejemplo, poder abrir una cuenta bancaria, aceptar una herencia, comparecer en juicios y contratar por sí mismas sin necesidad de permiso del marido.
La lucha femenina también se dejó sentir en la conquista de leyes como la legalización de métodos anticonceptivos y la pensión de jubilación a los maestros republicanos perseguidos por Franco. Fueron un grupo de 27 mujeres que desde la vida pública contribuyeron a un cambio político, y gracias a las cuales se instauró el art. 14 que establece que “Los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna…” por supuesto hoy día la lucha va mucho más allá, pero en aquella época fue un logro importante.
Nos dejan un mensaje importante y es que “en política, no vale todo, sino que hay unos valores que conseguir y transmitir”, y otra cosa a destacar es que muchas de esas mujeres compartían la frase “no vamos a dar las gracias por nada”.
Es interesante rescatar una frase de Robespierre: “Un pueblo cuyos mandatarios no deben dar cuenta de su gestión a nadie no tiene Constitución. Un pueblo cuyos mandatarios sólo rinden cuentas a otros mandatarios inviolables, no tiene Constitución, ya que depende de éstos traicionarlo impunemente y dejar que lo traicionen los otros…”.
El gobierno español solamente rinde cuenta a los grandes capitales, es por ello necesario un proceso constituyente y asambleario, para dotarnos de un nuevo marco político al servicio de las mayorías en el que las políticas feministas sean totalmente transversales.
En este sentido las mujeres, también debemos ser parte de un cambio político, dar una respuesta al ataque capitalista y patriarcal que sufrimos, y dejar atrás tanto el régimen instaurado en la transición como toda la clase política que apoyó esa Constitución deslegitimada. Esto implica decidir una nueva forma de Estado y de régimen, sin la monarquía que sustenta al patriarcado, la heteronormatividad y al modelo capitalista.
A diferencia de otros regímenes dictatoriales, el régimen franquista no fue derrotado por la movilización popular, a pesar de la fortaleza que tuvo la clase obrera, con sus esfuerzos por la unidad y la organización, algo que los libros de historia dejan en segundo plano. De esta forma, el poder burgués y sus representantes contaron con margen de maniobra para hacer prevalecer sus intereses. Las direcciones políticas y sindicales cumplieron un rol de primer orden para evitar un quiebre definitivo y categórico con el pasado. En definitiva, pusieron su “granito de arena” para que los preceptos antidemocráticos del franquismo se trasladaran con nuevo ropaje, apenas camuflados, a las instituciones de la democracia formal capitalista. El aire fresco que entró por la ventana por la muerte del dictador se enrareció y vició con la transición que de modélica no tuvo nada. En ese proceso, siguieron actuando los mismos protagonistas del miedo de tantos años, para garantizar la continuidad de los aspectos centrales del franquismo.
En ese período hubo más de 200 asesinatos políticos, la mayoría claramente reconocibles, otros apenas disimulados para desviar la atención. Por este motivo, tomamos dos de esos casos en los que fueron víctimas lxs compañerxs Yolanda González y Gustau Muñoz.
Nos explayamos en el pasado porque sin hacerlo, es imposible entender los problemas del presente, con formas cambiadas, pero con el mismo contenido de fondo. Es imposible no sentir dolor y tristeza por la guerra civil y la dictadura. Pero, “dar vuelta página” no resuelve los problemas, los profundiza; permite que se sigan acumulando contradicciones e injusticias que en algún momento estallarán por distintas vías.
Hay otro camino
El régimen monárquico-franquista hace años que está en crisis y deja ver su agotamiento, su insalvable limitación para brindar respuestas democráticas y sociales a las grandes mayorías. Desde la caída de la dictadura se votó regularmente, pero bajo mecanismos consagrados para favorecer que gobierne el bipartidismo PP-PSOE, el tándem que consolidó la corrupción. La democracia está presa dentro del régimen del ´78 y ni PSOE, PP, Ciudadanos y Vox quieren liberarla con cambios de fondo en la Constitución, y cuando los proponen, son parciales o directamente reaccionarios.
Por abajo crecen las muestras de malestar por la situación social, política y el recorte a las libertades democráticas. Las manifestaciones del 15-M y los Indignados fueron un claro exponente del hartazgo de amplios sectores de la sociedad, también las del movimiento feminista, los pensionistas, los catalanes y otras.
Para salir del enredo social, político y de nacionalidades se necesitan cambios sociales y democráticos de fondo, sin medias tintas. Las elecciones deben consagrar una representación proporcional con elección presidencial directa. Un gobierno bajo control social, sin privilegios, con funcionarios que reciban un salario equivalente al de un obrero calificado y la obligación de utilizar los servicios públicos de salud, educación, transporte, etc. como hace la población. Con severos castigos a los corruptos.
Cuando hay descontento popular con los funcionarios la respuesta es “esperen a que termine el mandato y voten distinto.” Es inadmisible, es necesario que los cargos sean revocables y que se adquieran mecanismos participativos de democracia directa como la Consulta Popular, los Referéndums vinculantes y otros que permitan que el pueblo trabajador decida su propio destino.
Franco fue sepultado en el Valle de los Caídos, en el mismo espacio sus víctimas. Muchos de los símbolos fascistas y los honores que se habían auto otorgado permanece tal cual fueron erigidos. Estamos de acuerdo en retirar los restos del dictador del actual monumento al fascismo en que se encuentran, pero no para “dar vuelta página”, los crímenes impunes del Estado y de lesa humanidad no prescriben, deben ser esclarecidos, juzgados y castigados. Que se abran y se reconstruyan los archivos secretos, se aclaren los robos de bienes y personas para resarcir a las víctimas o sus familiares. Que se retiren del espacio público todos símbolos fascistas.
La restauración monárquica no es simbólica, como dicen algunos para desviar la atención de la existencia de semejante anacronismo. El Rey, sea Juan Carlos I o Felipe VI, tiene una presencia activa tanto en los asuntos externos como internos: venta de armas al régimen asesino de Arabia Saudita, aval a la represión del 1-O, etc. La familia real goza de riqueza y privilegios matizados por escándalos de todo tipo, mientras la población sufre necesidades elementales. En la España Republicana la monarquía era una institución sepultada en el basurero de la historia, el franquismo la revivió y la transición la recicló para que perdurase en el tiempo. Hay que abolir a la monarquía, que Felipe VI y la familia real vayan a trabajar, sean despojados de sus privilegios, bienes suntuosos y puedan dar cuentas ante la justicia como cualquier persona.
En el pasaje a la democracia, el franquismo conservó jueces adictos y consolidó una justicia dependiente del poder político de turno, parcial y vengativa al servicio de los grandes intereses económicos. A los jueces los elige el poder y a él responden. El Juez Pablo Llarena es una expresión brutal de ello. Siguiendo los lineamientos de M.Rajoy y el PP, no dudó en inventar causas falsas de rebelión y sedición contra dirigentes, activistas, vecinos y personalidades del arte y la cultura, por el sólo de hecho de pensar distinto y defender democráticamente sus ideales por la autodeterminación de Catalunya. Fiel a los pactos por arriba, Pedro Sánchez pactó con el PP colocar en el Consejo General del Poder Judicial a reaccionario Manuel Marchena, medida que luego fracasó por el repudio que causó.
Ante una (in) justicia planteamos: libertad a los presos políticos y exiliados, con la anulación de las causas inventadas. Plena libertad de ideas y expresión, abajo la Ley Mordaza. Para garantizar soberanía popular en materia de justicia, hay que estipular que la elección y remoción de jueces, como así también la fiscalización de los procesos judiciales estén sometidos a control social, implantar la elección directa de los jueces por el voto popular, garantizar mecanismos de revocatoria y control social regular de los jueces y finalmente, revisar los e implementar realmente los juicios por jurado, y además que exista una formación con perspectiva de género para magistrados, jueces y fiscales. Son medidas para implantar una real democratización judicial.
La Iglesia Católica, fiel defensora de la dictadura, conserva su poder político y económico como si nada hubiera pasado. Influyendo en las decisiones de Estado que vulneran derechos democráticos de las mujeres, los jóvenes, las minorías sexuales y raciales. Siguen recibiendo dinero del Estado que se podría destinar a fines sociales, tienen riqueza, privilegios y están salpicados por graves escándalos. Frente a esto proponemos: libertad de culto, ni un euro del Estado destinado a la Iglesia Católica, el que quiere un cura que se lo pague de su bolsillo, no a la educación religiosa en escuelas públicas, desconocimiento de la injerencia del catolicismo en la vida sexual de las personas y el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, aborto legal, gratuito y garantizado, separación total de la Iglesia y el Estado.
El franquismo también llevó a la práctica un “genocidio cultural” con la abolición de distintos idiomas de las escuelas y del uso cotidiano, tanto privado como público, con el objetivo de imponer el uso del castellano y homogeneizar a la sociedad bajo preceptos fascistas. Distintos pueblos de la península vieron coartada la libertad de expresión e identidad nacional y cultural. En Catalunya en particular, hay una ofensiva permanente contra la inversión lingüística, la cultura y el reconocimiento de la nación catalana como una expresión histórica y genuina a respetar como tal. Estamos por el reconocimiento del derecho a la autodeterminación de los pueblos y a qué elijan libremente con cuáles otros pueblos desean convivir y bajo qué normas, si quieren o no ser parte del Estado español y la Unión Europea, que es un bloque imperialista al servicio de los poderosos y no de los pueblos. Es el único camino para un relacionamiento sin opresiones ni crispación social.
La burguesía y la gran burguesía siguen siendo los grandes favorecidos, igual que sucedía con el poder de facto. A 10 años de la crisis del 2008 se puede hacer un balance claro: todavía no se cerró, puede volver en cualquier momento y desfiguró el panorama social. Los banqueros, los empresarios y los ricos fueron salvados de la quiebra una y otra vez, sus ganancias fueron garantizadas con creces por PP-PSOE, que nos endeudaron por años con los usureros internacionales y nos sometieron a los designios de Bruselas. Hay que darle un corte a esta situación: nacionalización de la banca, el comercio exterior y los principales resortes de la economía, no a los pagos usurarios de la deuda, ni las imposiciones de Bruselas a los designios del IBEX35.
La otra cara la brinda una población que se empobrece en medio de una creciente desigualdad social, precios que aumentan, salarios que no alcanzan, un acceso a la vivienda propia casi imposible y alquileres abusivos. Dinero para salud, educación, vivienda, género y ayuda social a los más pobres, a los inmigrantes necesitados y a los socialmente desprotegidos.
Hay una pérdida de conquistas históricas de la clase trabajadora sin precedentes, sumergida en la precariedad laboral, cuyos actores más perjudicados son las mujeres, los jóvenes y los inmigrantes, con miserables monedas para lxs pensionistas que trabajaron toda la vida y con cifras de paro más que abultadas. Esto se hace con la complicidad por acción u omisión de los dirigentes de las centrales sindicales CGT-CC.OO., acomodados con el poder y las patronales, que se distancias cada vez más de la clase trabajadora y sus herramientas tradicionales de lucha como la movilización y la huelga general.
Planteamos: anulación de las leyes de reforma laboral, aumentos de salarios y pensiones para cubrir todas las necesidades, pleno reconocimiento a los derechos laborales y de género de las mujeres, igualdad salarial y de posibilidades de acceder a los cargos directivos, plan nacional de viviendas populares con cuotas sociales, para resolver la necesidad del techo propio, reactivar la economía y eliminar el paro. Que la crisis la paguen los capitalistas y usureros que la causaron y no el pueblo trabajador.
En mayor o menor medida, con más o menos profundidad, los trabajadores y el pueblo siente, sufren, intercambian opiniones o polemizan sobre estos problemas desde distintas visiones. Lo que no se puede negar es que hay necesidades sociales, políticas, democráticas y culturales insatisfechas en estos 40 años que pasaron. Se habla de ellas en las calles, en los lugares de trabajo o estudio, con el vecino, los amigos o los familiares, cuando no se expresan en movilizaciones masivas como el caso del movimiento feminista, los pensionados y el pueblo catalán.
Hay partidos como PODEMOS que van y vienen en sus cuestionamientos al régimen, incluso se han pronunciado por disolver a la monarquía. Sin embargo, no van al fondo de la cuestión y terminan empantanados en los marcos del régimen burgués y el sistema capitalista. Es más necesario que nunca promover y facilitar la posibilidad de la población para debatir y decidir sobre todos estos temas, ese camino pasa por la movilización unitaria para imponer una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, con amplia participación popular. Que tenga en sus manos la posibilidad de opinar y definir sus propios destinos, sobre los desastres de la explotación capitalista y plasmar las definiciones mayoritarias en una nueva Constitución. En este camino, seguiremos luchando por una salida estratégica: por un gobierno de los trabajadores y el pueblo, por el socialismo con democracia obrera y una Federación Libre de Repúblicas Socialistas Ibéricas.
A 40 años del nacimiento de la Constitución´, del régimen del ´78 y de la transición, no hay nada que festejar y mucho por lo cual luchar ya que existen muchas deudas con los trabajadores, los pueblos, los jóvenes, las mujeres, los pensionados y todxs lxs oprimidxs y explotaxs. Todas y todos los españoles, nos deberíamos cuestionar muchas cosas en cuanto a la transición, y cada 6 de diciembre, salir en memoria de todas y todos los compañeros muertos y asesinados en manos del franquismo, y en lugar de limpiar la historia de muchas figuras del franquismo, en lugar de hablar de un proceso democrático, hablar de todos y todas las compañeras que se sacrificaron y lucharon contra la dictadura y sufrieron y pelearon por implantar libertades. Se necesita un debate profundo y honesto sobre el pasado, siendo necesario romper con las políticas de consenso de la burguesía.
Laura Jaén – Manel Lecha