La ratificación del otorgamiento, a la empresa Southern Peru Copper Corporation, del Grupo México, de la licencia de construcción de la mina de cobre Tía María en una zona agrícola del sur del Perú, ha reavivado un fuerte rechazo de la población de Arequipa (segunda provincia del país por cantidad de habitantes ) y su zona de influencia.
Se reinició así una rebelión popular que viene expresándose ya desde el 2015, ante cada intento de reflotar el proyecto que privilegia la industria minera por sobre el desarrollo agrícola y manufacturero de la región, probablemente una de la más ricas y prósperas del país.
Ese fuerte rechazo, que se expresa en innumerables manifestaciones, paros agrarios y que parece tender a radicalizarse luego que la asamblea regional sur que articula la resistencia a la megaminería en todo el sur del país (Cusco, Tacna, Puno, Ayacucho) llamara a un nuevo paro regional para el 25 de julio.
La situación ha obligado incluso a que se expresen autoridades locales y regionales, como lo hizo la Asociación Nacional de Gobernadores Regionales al presidente Martín Vizcarra para que “imponga el diálogo”.
La Southern Perú, cuenta con un largo historial que provocó las primeras reacciones de rechazo ya por el año en 2010, después de que se conociese que planeaba usar agua del río Tambo en sus operaciones, un recurso utilizado por los agricultores del valle del mismo nombre. Un organismo de Naciones Unidas contratado por el Ministerio de Energía y Minas para revisar el estudio de impacto ambiental hizo más de 130 observaciones al proyecto, lo que llevó finalmente a la empresa a desecharlo.
Entre 2011 y 2015 las manifestaciones ciudadanas contra el proyecto fueron enfrentadas por la Policía Nacional, que causó la muerte por disparos a siete personas en la provincia de Islay (Arequipa). Nadie ha sido sancionado ni hallado culpable por dichas muertes, de acuerdo con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, una red de más de 100 organismos de la sociedad civil.
Tras los disturbios y víctimas fatales, la empresa elaboró otro estudio de impacto ambiental en el que planteó la desalinización de agua de mar para la extracción del mineral a tajo abierto, en reemplazo del agua del río. El Ministerio de Energía y Minas lo aprobó en 2014, con vigencia hasta agosto de este año, para que en ese lapso la empresa cumpliera otro requisito: que los afectados locales aprobasen el proyecto minero, una licencia social que nunca consiguió.
A principios de Julio, fuentes empresariales filtraron la noticia de que Southern obtenía la autorización para la construcción de Tía María, pero el Ministerio de Energía y Minas se negó a confirmar a la prensa dicha versión. Al día siguiente, la empresa difundió un comunicado en el que afirmaba que “Southern Peru reitera su compromiso de no iniciar la construcción del proyecto sin antes generar, en coordinación con el Ejecutivo, espacios de diálogo en los que se absuelvan las inquietudes y se den las garantías que la población necesita, a fin de lograr un contexto social más favorable”.
A diferencia de la aprobación de otros grandes proyectos mineros, esta vez ni el Ministerio ni el Ejecutivo informaron sobre Tía María. Por ello, el jefe del Estado peruano, Martín Vizcarra, ha recibido críticas desde varios frentes, no solo de los dirigentes de la provincia donde se ubican los dos yacimientos de cobre de Tía María, sino además de Congresistas de diversos partidos políticos que le atribuyen falta de transparencia, mientras que el gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres, lo ha tildado de “traidor”.
Las autoridades provinciales y distritales de Islay acordaron iniciar un paro indefinido, en coordinación con las juntas de riego y otras organizaciones sociales. Según una reciente encuesta del Grupo Idessia realizada en la provincia de Arequipa, el 63% se opone a la licencia de construcción de la mina.
Mientras en la capital de la región, Arequipa, y en la provincia de Islay se multiplican las asambleas para organizar las movilizaciones, el sistema de salud ha decretado una alerta amarilla para atender a los posibles afectados por un conflicto social y se evalúa la suspensión de las clases en 178 escuelas de Islay.
“Southern, como otras empresas de la gran minería, quiebran el sindicalismo con el poder económico: ofrecen dinero fresco a los trabajadores sindicalizados, no respetan ni las huelgas ni las negociaciones, ni las multas por infracciones laborales”, critica Jorge Juárez, secretario general del principal gremio de trabajadores mineros de Perú. Sostiene, además, que Southern carece de buenos antecedentes porque viola los derechos laborales y por ello teme un nuevo conflicto social: “El 70% de los trabajadores del sector minero son tercerizados, sin ningún derecho”.
Los cortes de ruta en la región de Islay y las constantes movilizaciones obligaron al Presidente Vizcarra a acceder a «dialogar», intento que como han expresado numerosos dirigentes locales, no es más que una burla después de haber aprobado la licencia para que se desarrolle el proyecto minero.
El proyecto Tía María pone en cuestionamiento, una vez más, como sucede en toda América Latina, el proyecto extrativista / depredador.
Por eso entendemos indispensable el apoyo sin mediaciones a las movilizaciones en contra de Southern y el Gobierno que la protege a lo largo y ancho del país.
El estado de movilización y las dinámicas de las mismas parecen decir, que a pesar de las presiones de las multinacionales mineras y el gobierno, una vez más en Arequipa y en todo el Perú se escuchara más fuerte que nunca » Tía María no va”
Alberto Giovanelli