Por Francisca Barbosa y Joaquín Araneda / Movimiento Anticapitalista
Las condiciones de las cárceles en Chile son infrahumanas. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, en su último informe sobre las condiciones de la población penal en el país, revela pésimas condiciones de vida, hacinamiento, castigo y un nivel preocupante de violencia al interior de los recintos penitenciarios[1]. Pero esto parecía no importarle a ningún políticx, los derechos humanos de los y las presas no compran votos ni generan ganancias.
La dignidad y salud de les presxs políticxs no son monedas de cambio.
La idea arraigada de que “los malos” están en la cárcel y las nociones punitivistas que el capitalismo necesita fomentar como reacción a los conflictos sociales, se agudizaron ferozmente desde el 18 de octubre. El proceso abierto de la revuelta dejó en evidencia que las prisiones sirven para encarcelar la pobreza y la rebeldía, y que la única herramienta que conoce la derecha y varios sectores que se hacen llamar “progresistas” es la de la criminalización.
Desde entonces, nuestros recintos penitenciarios se llenaron de presxs políticxs, muchxs de ellxs menores de edad, que hoy se encuentran en prisión preventiva y expuestos al contagio del COVID-19.
En este contexto, las organizaciones sociales y en especial, la Coordinadora 18 de octubre, exigen que los y las presas de la revuelta vuelvan a sus hogares AHORA. Desde que el virus comenzó a expandirse en nuestro país, diversas manifestaciones y motines se han llevado a cabo al interior de las cárceles, donde presxs políticxs y comunes se unen para exigir dignidad.
Lo que pretenden con el proyecto de Ley y el avance de la Derecha.
El 27 de marzo, el ejecutivo despachó un proyecto de ley al Congreso que pretende otorgar un indulto general conmutativo, bajo ciertos requisitos muy específicos y acotados, que NO incluye a lxs presxs políticxs, es para personas privadas de libertad que tengan más de 75 años de edad, que sean mujeres embarazadas o con hijx menor de dos años de edad. El proyecto de ley, propone también el indulto general conmutativo para aquellas personas que se encuentren cumpliendo las penas de reclusión nocturna y las penas de reclusión parcial nocturna y que tengan permiso de salida controlada al medio libre o salida dominical, pudiendo cumplir su condena transitoriamente mediante pena de reclusión domiciliaria total, por el término de seis meses.
Como era de esperarse, la UDI y RN votaron en contra del proyecto y recurrieron a su tan querido Tribunal Constitucional porque esta ley excluía a los asesinos, violadores y torturados de Punta Peuco. A esto, el gobierno de Piñera respondió con un veto que permitiría el indulto a los violadores de DDHH y, además, le puso urgencia a la “Ley Humanitaria” que se ingresó el 2018 por el mismo gobierno para conmutar las penas de cárcel a los reos de Punta Peuco.
No existe cárcel, probablemente en todo el mundo, que tenga mejores condiciones que las de los criminales de la dictadura chilena. Aún así, la derecha está emprendiendo una política ofensiva que podría significar la muerte de miles de presxs por defender a sus «indefensos» viejos decrépitos. Es más, aquí llegaron al baile los aliados por excelencia de este sector político: las iglesias. Algunos “líderes” del cristianismo, intentaron un recurso de amparo en favor de estos criminales, alegando que su dignidad y derechos humanos estaban siendo vulnerados al estar expuestos al contagio del virus.[2]
El derecho internacional de los Derechos Humanos y en particular para nuestro caso, la Corte Interamericano de Derechos Humanos, indican que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, no amnistiables, no indultables: «Son inadmisibles las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos”. (CIDH, Caso Barrios Altos v/s Perú 2001, Serie C nº 75, fundamento 41.)
No tiene ningún sentido, incluso dentro de las mismas lógicas del Estado capitalista, poner en el mismo lugar a les presxs comunes y políticxs con los violadores de DDHH, menos cuando en este país reina la impunidad de los uniformados. Porque no es lo mismo, JAMÁS LO SERÁ, levantarse contra las injusticias y desigualdades que perpetúa y alimenta este Estado, que desde el poder del Estado secuestrar, violar, torturar y asesinar como lo hicieron en dictadura y lo volvió a repetir Piñera desde el 18O.
Violadores de DDHH en cárceles comunes, presxs políticxs en sus casa.
La ex Concertación ya les construyó cárceles de lujo, ahora Piñera intenta fomentar la completa impunidad al liberar a los criminales de lesa humanidad. No se puede permitir, la presión social y política es central para que de una vez por todas el “Nunca más” sea una realidad, es por eso que no tan sólo debemos paralizar el indulto, también continuar con la exigencia de justicia real, en tiempos que la democracia se comienza a estrechar se transforma en un imperativo: hasta que cada violador de los derechos humanos de la dictadura de Pinochet y de los años de “democracia” quede confinado en una cárcel común, sin perdón ni olvido.
La avanzada por parte de Piñera son consecuencias de su continuidad en el gobierno, esta vez aprovechándose de la crisis sanitaria para actualizar la ofensiva hacía quienes se rebelaron contra los 30 años de impunidad económica y social por parte del sistema. Son más de 2mil presxs políticxs, recluidos en cárceles y centros del SENAME, su libertad no puede ser ninguna moneda de cambio, ellas y ellos son la reserva de Dignidad que junto al pueblo expresó las ansias de cambios. Todxs les presxs políticxs en sus casas sin ninguna medida cautelar, basta de perseguir a quienes luchan.
Por otro lado, necesitamos cuestionar la cárcel y desarrollar políticas que más temprano que tarde terminen con estas lógicas. Entender el vínculo que existe respecto a la precarización de la vida y la delincuencia, más aún en el caso de las mujeres. Las compañeras privadas de libertad en su gran mayoría son madres y tienen entre 2 y 3 hijxs ¿dónde está la “ley humanitaria” para estas mujeres? Es necesario a su vez, comprender que el sistema castiga a la pobreza y a todo aquel considerado un “antisocial” por no ajustarse a los parámetros de “cuidadanxs” que nos impone el mismo sistema.
¡LIBERTAD A TODES LES PRESXS POLITICXS!
¡JUICIO, CASTIGO Y CÁRCEL COMÚN PARA TODXS LOS VIOLADORES DE DDHH DE AYER Y HOY!
¡DIGNIDAD PARA TODXS LXS PRESX Y PARA LA NIÑEZ CAUTIVA EN EL SENAME!