La pandemia de Covid 19 ha revelado las fallas estructurales de los sistemas de salud alrededor del planeta. Décadas de recortes en la salud pública y de políticas orientadas a su privatización han producido como resultado un sistema desigual e incapaz de responder ante situaciones de este tipo. Las y los trabajadores de salud y pacientes sufren las consecuencias de décadas de recortes.
Esta realidad en América Latina y los países más pobres esta estructuralmente vinculada a la deuda externa. A través del pago de la deuda se transfieren riquezas, de manera sistemática, de la clase trabajadora y el pueblo hacia los sectores más concentrados de la burguesía (sean “nacionales” o extranjeros), y de cada uno de nuestros países hacia los países imperialistas. Es una aspiradora que mantiene el flujo de dinero hacia arriba y hacia afuera.
Al mismo tiempo, la deuda es una herramienta de control político. Se trata de un mecanismo de sujeción estructural. Su carácter impagable implica que siempre está sujeta a renegociaciones y restructuraciones a cambio de concesiones hacia los acreedores y las grandes corporaciones, condicionando las decisiones políticas de los países deudores.
Para sostener el pago de la deuda externa los gobiernos han apelado a políticas de austeridad y privatizaciones. El imperativo de pagar deuda logrando superávit fiscal ha implicado un ajuste hacia abajo, recortando la inversión en salud, educación y servicios públicos, reduciendo salarios, imponiendo flexibilización laboral e impulsando reformas previsionales. Éstas últimas han incrementado la vulnerabilidad de las personas mayores, quienes constituyen el principal grupo de riesgo en la pandemia y sobreviven con pensiones que no cubren necesidades vitales esenciales.
El recorte en la salud ha sido una de las variables centrales del ajuste. En 2018, 46 países del mundo destinaban una proporción mayor de su PBI en pagos de la deuda externa que en inversión en salud. En promedio, estos países gastaban 7.8% del PBI en servicios de deuda y 1.8% en salud pública.[1]
Según datos del propio Banco Mundial la deuda externa pública de los países de ingresos bajos y medios se ha duplicado entre el año 2000 y el 2018. Las políticas impulsadas luego de la crisis del 2008 produjeron un salto cualitativo en el endeudamiento tanto público como privado. Aun antes de la pandemia, países como Argentina enfrentaban crisis estructurales de sus economías en gran parte vinculadas al endeudamiento. En octubre del 2019 el FMI señalaba que 34 países estaban en default o en alto riesgo.
La pandemia desató una crisis económica que ya se venía desarrollando. Uno de los elementos de esta ha sido una caída sostenida, y ahora acelerada, de los precios de los commodities. Según mediciones de la financiera Bloomberg el índice compuesto de los precios de los principales commodities de exportación ha caído un 27% en lo que va de 2020. Por otro lado, la fuga de capitales desde los llamados “mercados emergentes” también se ha acelerado. Sólo en marzo se ha registrado una fuga de capitales de 81 mil millones de dólares. En un mes se ha más que duplicado lo registrado durante la crisis de 2008/2009.
Sin embargo, aun en este escenario, la política de los gobiernos sigue siendo sostener el pago de la deuda externa. Por ejemplo, Alberto Fernandez pago el 30 de marzo pasado 250 millones de dólares, una suma superior a la partida extraordinaria que destinó a enfrentar la crisis sanitaria.
Existen sectores vinculados a los gobiernos llamados “progresistas” nucleados en el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) que impulsan una declaración firmada entre otros por Rafael Correa, Evo Morales, Dilma Rousseff y José Luis Zapatero. En ella solicitan la “condonación” de la parte de la deuda externa latinoamericana con organismos multilaterales de crédito y una restructuración de la deuda con acreedores privados. Es importante recordar que estos mismos sectores sostuvieron el pago de la deuda durante sus gobiernos. En realidad, lo que piden, son nuevas condiciones para poder seguir pagando.
En una línea similar, los ministros de finanzas del G20 acordaron apoyar la suspensión del pago de la deuda de los países mas pobres durante 2020. Esto no incluye a los acreedores privados a quienes se sugiere que adopten un posicionamiento similar. También es limitado su alcance, se estima que solo alcanzaría a los 76 países de menores ingresos del mundo y se trata de una medida de suspensión temporal. En definitiva, se estiran los plazos de pago para poder seguir cobrando.
En el mismo sentido se han expresado desde el Papa Francisco hasta el FMI. Centralmente promueven rebajas simbólicas de capital, quitas de un porcentaje de los intereses que están pautados pagar en lo que resta de este año y el próximo y nuevos plazos hasta que pase la pandemia y los países estén nuevamente en condiciones de pagar.
Se han vuelto buenos todos estos personajes? Claro que no. Los usureros saben bien que se puede apretar fuerte pero no asfixiar al deudor hasta matarlo, ya que es obvio que si muere no paga.
Nuestra propuesta es no pagar las deudas de manera unilateral. Esta decisión soberana permitiría disponer de todos los recursos de nuestros países para redireccionarlas hacia las medidas de salud y sociales necesarias para hacer frente a la pandemia. La urgencia de la actual situación requiere medidas de fondo. Existen condiciones de impulsar la declaración unilateral del no pago de la deuda, rompiendo con los organismos como el FMI y el Banco Mundial. Nuestros pueblos necesitan independizarse económica y políticamente de todos estos organismos financieros internacionales y disponer de los fondos que se destinan a la deuda y los que provendrían de nacionalizar la banca y el comercio exterior bajo control social y fuertes impuestos progresivos a las grandes fortunas para garantizar la salud y un salario digno a las mayorías populares.
Desde
la Liga Internacional Socialista impulsamos la más amplia unidad de los trabajadores
y demás sectores explotados de todo el continente detrás de un proyecto
emancipatorio y anticapitalista. Llamamos a la izquierda y los socialistas
revolucionarios a construir una gran campaña internacional por la investigación
y el no pago de las deudas externas latinoamericanas. Impulsemos desde el
clasismo este eje político en los sindicatos y el movimiento obrero. Desde las
agrupaciones juveniles en el movimiento estudiantil, y en cada uno de los
espacios donde intervenimos, sumándolo a los reclamos concretos contra los despidos,
por salarios y por condiciones de seguridad en el trabajo. Hay que unirlo con
la lucha por todas las medidas de emergencia necesarias para enfrentar la
pandemia, las demandas de las y los trabajadores de la salud y por el
incremento del presupuesto y la nacionalización del sistema de salud privado. Impulsemos
pronunciamientos, reuniones y acciones unitarias en cada uno de nuestros países.
Y en EE.UU. y Europa desarrollemos una
campaña exigiendo la cancelación total y sin condiciones de las deudas, en
apoyo y coordinación con los sectores que desde América Latina desarrollan una
campaña por el no pago.
[1] Fuente: Datos del FMI y Banco Mundial. https://www.cadtm.org/COVID-19-and-debt-in-the-global-south-Protecting-the-most-vulnerable-in-times