Por Alternativa Anticapitalista – Nicaragua
El gobierno de Ortega declaró que no va a decretar emergencia nacional ni va establecer ninguna medida de contención y prevención sociosanitarias frente a la crisis por Coronavirus en Nicaragua. Hasta el 13 de mayo, el vocero oficial del Ministerio de salud, MINSA, reportó 25 casos confirmados: 10 activos, 7 recuperados y 8 muertes (con una tasa de letalidad de 32%, la más alta del mundo). El 20 de mayo el MINSA actualizó: “279 positivos, 63 activos, 17 fallecidos y 199 recuperados”.
Por su parte, el Observatorio Ciudadano COVID-19 Nicaragua* reportó al 20 de mayo, un incremento de contagios del 83% en la última semana, con 2,323 personas afectadas, incluyendo casos de 246 trabajadores de salud con sintomatología asociada a COVID-19 (principalmente en Chinandega, Managua y Masaya). Y 465 muertes sospechosas por COVID. Se reveló que 37 de las 98 presas y presos políticos tienen síntomas de coronavirus; lo que anticipa un contagio masivo dentro de los centros penitenciarios nacionales.
La inoperancia estatal es crítica en la fase de contagio comunitario. La falta de información científica sobre el alcance que tiene el virus, propicia la propagación del virus en todo el país. Los hospitales públicos están al borde de su capacidad, y se aproximan a un estrepitoso colapso, tanto a nivel de infraestructura, como de personal médico-sanitario capaz de hacer frente a la pandemia. Según un artículo de confidencial (25/3/20), “las cifras oficiales revelan que en Nicaragua hay 73 hospitales, 143 centros de salud, 1,333 puestos de salud, 5 centros especializados. Por cada 10,000 habitantes hay 12 camas hospitalarias, 10 médicos, 8 enfermeras y 9 auxiliares de enfermería.” Sin presupuesto de emergencia, sin insumos básicos de protección y sin autoridades que indiquen un plan de emergencia nacional, el personal médico sanitario en la primera línea se enfrenta a una crisis sanitaria sin precedentes y de consecuencias catastróficas.
A pesar de que, en abril 2020, la dictadura orteguista recibió del Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, una donación de 26,000 tests de detección rápida del COVID-19, hasta la fecha no hay cifras exactas sobre los testeos realizados en el Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia (CNDR), ni sobre resultados de dichas pruebas. Pese al secretismo y la negligencia estatal; recientemente el mismo BCIE otorgó un préstamo de 11,7 millones de dólares, supuestamente para paliar el impacto de la pandemia en el país.
En las calles de todo el país la cantidad de contagios y muertes crece día a día, y, seguramente el nivel de contagio es mucho mayor, solo que al no tener resultados oficiales sobre las pruebas realizadas por el gobierno; no sabemos realmente la dimensión del impacto que tiene el virus. Con la misma seriedad, médicos y epidemiólogos independientes pronostican un salto dramático en el pico contagios y en la cantidad de muertes las próximas semanas y algunos ponen fines de mayo como pico posible. Como sea, la pregunta es muy sencilla. Si vamos a un escenario extremo en el alcance de la pandemia; ¿Por qué no anticipar la declaración de medidas de fondo que den respuesta real a las necesidades urgentes de la población en Nicaragua?
Y la “oposición”, ¿qué hace?
Puesto que la dictadura ya demostró su absoluta negligencia rayando en el sadismo y la necropolítica; pongamos la mirada sobre el liderazgo de quienes están al frente de la oposición “AYB”, que en este contexto apuntaron medidas para enfrentar la pandemia, medidas al servicio de salvaguardar principalmente las ganancias empresariales.
La Alianza Cívica tiró toda la responsabilidad a la dictadura, pero no interpela al COSEP (y derivados), para prohibir despidos y suspensiones laborales, no propone cuarentena para trabajadores del sector privado “no esencial” con el pago de sus prestaciones completas. Tampoco presentó un plan de contingencia para retrotraer los casi 100,000 despidos efectuados en las zonas francas en las últimas semanas. Ahora sabemos que varias fábricas textiles están produciendo insumos de protección sanitarias para ser exportados a Estados Unidos, incluso ante la gravedad por falta de insumos básicos en Nicaragua. A estos sectores altamente favorecidos durante años, los mueve la necesidad económica de sostener sus ganancias millonarias.
Por su parte, la posición del Consejo Político de la UNAB, mientras que a les trabajadores les propone aceptar condiciones de precarización laboral, adelanto de vacaciones y reducción de salarios, al mismo tiempo le pide al gobierno exonerar de impuestos fiscales a las grandes empresas y transnacionales. También hicieron una campaña virtual que propone una moratoria de 3 meses para el pago de servicios básicos, que se cobrarian una vez pasada la pandemia; esto sin duda es pan para hoy y hambre para mañana; para la mayoría que que gana la mínima o que ha sido despedidx en este contexto, no es real pagar 3 o más facturas acumuladas.
En este momento urge proveer insumos básicos al personal médico-sanitario en la primera línea de todo el país; y esto es posible con reconvertir la matriz productiva de las fábricas para generar inmediatamente insumos sanitarios básicos necesarios en centros médicos, cárceles y población en general. Ningún programa de mitigación o contención en este contexto va a responder a las necesidades reales de la población, si no reconoce con claridad que esta crisis deben pagarla los que más tienen y no los sectores vulnerables, históricamente negados en sus derechos más básicos. Si la oposición no es capaz de reconocer esto, entonces comprobamos que sus discursos carecen de contenido o significado.
Hay otra salida: Salud y derechos sociales. Nuestra propuesta.
En defensa de la salud pública, el personal médico-sanitario, trabajadorxs de todos los sectores y la comunidad nicaragüense en su conjunto, proponemos una serie de medidas de fondo para enfrentar el impacto sanitario, económico y social de esta crisis; y seguir organizándonos para derrocar la dictadura de Ortega Murillo y los pilares que la sostienen. Desde Alternativa Anticapitalista levantamos este programa porque no tenemos ninguna confianza en el aparato gubernamental, ni tampoco en las direcciones de la “oposición” que defienden el lucro privado en medio de la pandemia. Llamamos a otras plataformas políticas y movimientos sociales en todo el país a que valoren estas propuestas y las tomen como propias para coordinar estrategias de unidad en la acción para lograrlas:
- Impulsar la creación urgente de Comités de Emergencia que discutan democráticamente planes de acción y toma de decisiones para garantizar todas las condiciones y recursos necesarios frente a la pandemia, en cada hospital y lugar de trabajo, barrios, comunidades, mercados, centros educativos y otros espacios de interacción.
- Transparencia estatal y acceso a la información sobre la pandemia: número y resultados de test realizados, localización de los focos de mayor contagio, disponibilidad de insumos en los centros de atención médica y, rendición de cuentas sobre el uso de recursos financieros. Basta de secretismo institucional.
- Declarar una emergencia sociosanitaria para diseñar implementar las medidas de prevención y mitigación de la pandemia, que incluyen, pero no se limitan a la cuarentena, la suspensión de clases en todos los niveles y de actividades que promuevan la aglomeración de personas.
- Libertad inmediata a presas y presos políticos. Realizar pruebas masivas para la designación y adecuación de espacios de cuarentena y aislamiento de presxs y personal del SPN que resulten positivos para COVID-19. Tomar las medidas para evitar el hacinamiento carcelario, sumado a revisión de casos de delitos leves que puedan ser liberados. Garantizar todas las medidas de sanitización y de bioseguridad para disminuir el riesgo de contagio en las cárceles nacionales.
- Sistema Único de Salud bajo control de sus trabajadores. Poner toda la capacidad instalada y recursos de salud privada al servicio de la población sin discriminación alguna(Red hospitalaria y de atención primaria, laboratorios, farmacias, ambulancias, respiradores y todo insumo disponible en el marco de la pandemia). Esta crisis no puede enfrentarse con 3 modelos (público, privado, previsional) privatizados y precarizados.La salud es un derecho no un negocio.
- Contratación inmediata del personal de atención sanitaria, y tareas esenciales, con salario acorde y plenos derechos laborales. Esto incluye a estudiantes y residentes.
- Implementar pruebas de detección masivas y periódicas priorizando al personal sanitario y trabajadores de tareas esenciales. Así mismo, realizar pruebas en centros de aglomeración como mercados, centros de acopios, asilos y cárceles, etc. Esto permitiría encontrar a los positivos y aislarlos oportunamente. Ante la inoperancia estatal y el lucro privado proponemos a la centralización de las pruebas de detección en manos del personal médico organizado e independiente.
- Presupuesto de emergencia para el sector salud, financiado con el no pago de la deuda externa y el cobro de impuestos a las grandes fortunas, empezando por bancos, corporaciones y transnacionales.
- Reconversión inmediata de la matriz productiva de fábricas públicas y privadas administradas bajo control de sus trabajadorxs; para la producción en masa de alcohol al 70%, mascarillas, guantes, batas, jabones, camas y demás insumos sanitarios para suplir la red hospitalaria y de atención primaria. Garantizando elementos de protección y bioseguridad accesible y gratuito para toda la población durante la pandemia.
- Habilitar toda infraestructura útil para atender las necesidades sanitarias, y sociales. Toda infraestructura pública y privada como los hoteles, estadios, centros de convenciones, centros comerciales, etc, acondicionada con anticipación según requerimientos sanitarios, puede ser utilizada para cuarentena, asistencia o resguardo de pacientes y personal sanitario. Habilitar hospitales de campaña. En este proceso crear centros de refugio para personas sin hogar.
- Subsidio de emergencia universal equivalente al costo de vida para sectores vulnerables, trabajadores informales, desempleades y en situación de calle.
- Suspensión inmediata del IVA a todos los alimentos, productos sanitarios y de primera necesidad.
- Exonerar el pago a los servicios básicos de agua, electricidad, telecomunicaciones a sectores populares y redes hospitalarias. Apostamos por recuperar la propiedad pública, y estatizar bajo el control real de trabajadores y usuarixs de las empresas servicios básicos.
- Soberanía y seguridad alimentaria-nutricional en todo el país. Acceso a la alimentación nutricionalmente necesaria para la población, sin redes de especulación privadas o estatales, para priorizar la salud y no las ganancias corporativas.
- Prohibición de despidos y suspensiones, retrotraer los efectuados, licencias laborales pagas, y todas las condiciones de bioseguridad para el personal laboral esencial. El teletrabajo debe ser consensuado con el personal respetando todos los derechos laborales vigentes, proveer todos los insumos y recursos necesarios para esta modalidad aplicando, además, reducción de jornada laboral, sin afectar los salarios. A grandes empresas y trasnacionales que sean hostiles a esta política exigirles que abran sus libros contables para demostrar sus “números rojos”.
- Aumento general de pensiones y jubilaciones al costo de vida. Aplicar un aumento general de pensiones reducidas y jubilaciones mínimas, indexación automática según inflación.
- Democratizar medios de comunicación. Contra los monopolios mediáticos, y la manipulación informativa del gobierno y empresarios. Basta de censura y asedio a periodistas independientes. Para enfrentar la pandemia es vital contar con libre acceso a información veraz, al servicio de la población en su conjunto.
- ¡Ni una menos, vivas nos queremos! Aplicación efectiva, sin mediación, de la ley 779, y Presupuesto adecuado para su implementación contra la violencia de género, habilitación de líneas de emergencia contra la violencia, creación inmediata de casas refugios, contención psicológica y subsidios para las víctimas de agresión machista, celeridad en el tratamiento de las denuncias, retiro y detención inmediata del agresor del hogar.
- Por una comunidad universitaria al servicio de la sociedad. Huelga estudiantil por la suspensión de clases para atender medidas de prevención de contagios. Organización estudiantil autónoma, sin injerencia empresarial ni gubernamental.
- Solidaridad entre pueblos centroamericanos. Para el abordaje de las problemáticas regionales llamamos a la solidaridad y coordinación entre Comités de Emergencia Sociosanitarios -o sus equivalentes- en Centroamérica.
- Cese total de la represión y el respeto pleno a los derechos humanos, sociales y económicos de la población nicaragüense. Fin a toda persecución política.
- ¡Fuera la dictadura Ortega-Murillo! Por una Asamblea constituyente, libre, soberana, democrática, multiétnica y plurinacional, para dar vuelta a todo.
Los recursos necesarios
para la sociedad entera están disponibles, y son enteramente generados por el pueblo
trabajador. Tenemos que hacernos de ellos y usarlos para frenar la pandemia,
cubrir las necesidades humanas de la población y salvar vidas. Hoy más que
nunca debemos priorizar la salud y el bienestar económico de las mayorías a
costa de las ganancias parasitarias del capitalismo.
Sobre la base de estas propuestas, llamamos a la población trabajadora y a las
juventudes de todo el país a tomar estas medidas como suyas y organizar los
Comités de emergencia en todo el país. A opinar, a exigir soluciones, a
participar activamente denunciando, filmando situaciones de trabajo insano o de
represión, subiendo a las redes sociales toda la verdad que quiere ocultarse,
desde la dictadura y desde la falsa oposición. Estas son las medidas que
levantamos, apuntando a un gobierno de los que nunca gobernamos. En ese camino
nos preparamos construyendo Alternativa Anticapitalista y la LIS.
ALTERNATIVA ANTICAPITALISTA
#AnticapitalistasNic